CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A
siete años de distancia, la investigación de la masacre de San Fernando,
Tamaulipas, donde perdieron la vida 72 migrantes centro y sudamericanos, sigue
envuelta en la oscuridad.
Ni la Procuraduría General de
la República (PGR) ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) han
logrado dar claridad a la indagatoria.
Por el contrario, Ana Lorena
Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático
de Derecho (FJEDD), denunció que las familias de las víctimas de la masacre
ocurrida en el rancho El Huizachal, en 2010, siguen sin tener acceso a los
expedientes a la fecha.
Además, no está claro aún
quiénes son los responsables, si alguna línea apunta a la participación u
omisión de agentes estatales, y, por si fuera poco, hay 10 restos sin
identificar y las familias viven con la incertidumbre sobre si los restos que
les entregaron son sus familiares que se dirigían a Estados Unidos.
En conferencia de prensa en
el Museo Memoria y Tolerancia, Delgadillo, quien representa legalmente a algunas
familias, comentó que antes de emprender una nueva acción legal para
transparentar la investigación sobre la muerte de 58 hombres y 14 mujeres esperarán
a que se venza el plazo que tiene el Comité de Información de la CNDH para
entregar los expedientes, el cual termina a fin de este mes.
A la FJEDD le interesa de
sobremanera tener en la mano el expediente del caso, pues con ello esperan
conocer la línea de investigación que siguió –y sigue– la PGR, amén de que
podrán conocer los nombres de autoridades federales, estatales y municipales
involucradas en la violación a los derechos humanos de las víctimas y de sus
familiares.
Lorena Delgadillo también
señaló que hace 15 días se detuvo a otro sospechoso de la masacre, sin que la
PGR notificara a la defensa, como se había comprometido.
“Requerimos un poder judicial
fuerte y sólido e independiente para que sea contrapeso de las violaciones que
sufren las familias”, manifestó.
En el encuentro participaron
también Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto
Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; Ana Cristina Ruelas, y
Carolina Jiménez, directora adjunta de Investigación para las Américas de
Amnistía Internacional y familiares de las víctimas.
En la rueda de prensa, Carmen
Solórzano denunció que después de siete años siguen sin ser identificados 10 de
los 72 cadáveres, y que no existe certeza jurídica de que los cuerpos hayan
sido entregados a sus verdaderas familias.
A la fecha, el caso sigue
abierto en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada y la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.
Y de los ocho detenidos
ligados a estos hechos ninguno se encuentra sentenciado.
Por todo ello, los familiares
de las víctimas no han podido recibir la reparación del daño correspondiente.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ ARELI VILLALOBOS/ 23
AGOSTO, 2017)
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