GUADALAJARA, Jal. (apro).-
Con la complacencia del alcalde de Amacueca, César Augusto Anaya Valenzuela, un
par de mujeres se apoderó de una superficie de poco más de dos hectáreas
pertenecientes a Ferrocarriles Nacionales Mexicanos, incluidas dos vialidades y
una cancha de futbol, las cuales ya pusieron en venta.
Lo anterior propició que dos
vecinos afectados, que se opusieron a que les quitaran la calle Aldama por la
que han circulado desde hace más de 60 años, terminaron detenidos.
Leticia Pérez Ramos y su
sobrino, José Julio Pacheco Pérez, sucesora de ferrocarrileros y jefe de
estación jubilado, respectivamente, habitan sobre la calle Aldama –la otra
vialidad en conflicto es Ferrocarril–, en la población de Cofradía, municipio
de Amacueca.
Sin embargo, desde hace casi
una década han luchado para impedir que la vialidad, que cuenta con servicios
básicos de agua y energía eléctrica, así como la cancha de futbol y sus áreas
verdes, se conviertan en propiedad privada.
En su esfuerzo por impedir el
despojo, los afectados consiguieron varios documentos oficiales que demuestran
que María Guadalupe Cibrián Montes y María Verónica López Núñez, quienes se
ostentan como propietarias del predio en disputa, adquirieron de manera
irregular la superficie, y que la actual autoridad municipal está coludida en
el despojo.
Pacheco Pérez subraya que en
el decreto que extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles
Nacionales, con fecha 4 de junio de 2001, se estableció en el artículo 2, inciso
IV, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se encargaría de
donar a las entidades de los tres niveles de gobierno, a pensionados y
jubilados, instituciones públicas o privadas y asociaciones sin fines de lucro
los activos remanentes, incluyendo las casas-habitación, “a fin de que sean
utilizados para beneficio social”, no para un aprovechamiento privado, insiste.
El 7 de junio pasado Pacheco
López solicitó al primer edil, Anaya Valenzuela, ampararse para evitar perder
las áreas de uso común, pero no obtuvo respuesta.
Una de las pruebas de los
quejosos es el oficio –DGAG/1223/2010– que emitió la Dirección Comercial y de
Atención a Gobierno de Ferrocarriles Nacionales de México, a cargo de Jaime
Reyes Montoya, con fecha del 16 de agosto de 2010, en el cual a raíz de una
solicitud por parte de Pacheco Pérez de investigar la invasión a dos predios,
la empresa en liquidación respondió que, según el expediente DCAG-GI-13-2561,
en diciembre de 2001 Cibrián Montes y López Núñez, por medio de su
representante Susana Ojeda Rosales, solicitaron comprar una superficie de 22
mil 250 metros cuadrados, divididos en tres polígonos, correspondientes a la
línea 1 de la Estación de Atoyac (conocida como Cofradía del Rosario),
municipio jalisciense de Amecueca.
Luego de un avalúo
–identificado con el número VMA/09-0150– que realizó Vicman Avalúos SC, se
ponderó un precio de venta por 79 mil 700 pesos, cuando su valor fiscal es de
casi 1.3 millones y la superficie que tienen registrada ante catastro es de sólo
9 mil 930 metros cuadrados.
La compraventa, con fecha 3
de abril de 2008, se canalizó a través de Sergio Alejandro López Rivera,
fedatario número 64 de Guadalajara. Sin embargo, de acuerdo con el oficio de la
Dirección Comercial, la carta “de instrucciones al notario se envió por parte
de este organismo el 24 de marzo del presente año (2010), sin que aún se haya
protocolizado la escritura.
“Cabe destacar que la
operación en comento fue totalmente apegada a la normatividad del procedimiento
P-023 de ventas establecido en este organismo”.
No obstante, en una búsqueda
que se hizo no se encontró ninguna normatividad que hable sobre el
procedimiento P-023.
Más aún, el 14 de junio
pasado el mandatario estatal Jorge Aristóteles Sandoval revocó su fiat a López
Rivera por haber reincidido en conductas irregulares en su desempeño como
notario.
A la fecha, la propiedad no
está asentada en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, con sede en
Ciudad Guzmán. Pacheco Pérez solicitó una búsqueda para saber si María Verónica
López y “codueños” tenían alguna propiedad a su nombre.
Entonces, el 23 de junio
anterior, el jefe de la Unidad Departamental del Registro Público de la
Propiedad de Ciudad Guzmán, José Pablo Mercado Espinoza, respondió que “en
nuestros archivos (…) no se encontró ninguna propiedad” a nombre de López
Núñez.
PREDIO SUBVALUADO
En contraste, el director del
Departamento de Catastro e Impuesto Predial de Amacueca, Patricio Ramón García
Peralta, le respondió el 8 de junio pasado a Pacheco López que tiene registrada
la cuenta 4279 a nombre de María Verónica López y codueños, correspondiente al
“predio urbano ubicado como polígono número 1, en la población de Cofradía,
municipio de Amacueca, con una extensión superficial registrada de 9 mil 930
metros cuadrados y un valor fiscal registrado de un millón 291 mil 395 pesos”.
“El predio que se describe
con antelación fue adquirido por los ahora propietarios María Verónica López
Núñez y su esposo J. Guadalupe Ávalos Ramírez; María Guadalupe Cibrián Montes y
su esposo Ramón Ramos Sánchez en copropiedad y en partes iguales, predio
identificado como polígono 1, adquirido mediante compraventa a la Compañía del
Ferrocarril Central Mexicano, en escritura pública número 5 del patrimonio
inmueble federal, de fecha 21 de abril de 2014, otorgada ante la fe del
licenciado Eduardo Páez Castell, notario número 4 de Ciudad Guzmán y tramitado
bajo comprobante con anotaciones catastrales 174/2016”.
“Estos son los únicos
antecedentes con lo que cuenta el predio en mención, búsqueda de 1936 a la
fecha”, se advierte.
Pacheco López apunta que con
estos documentos se evidencian las irregularidades de cómo las mujeres se
apropiaron de un espacio público, y considera como grave que la autoridad
municipal se preste a mentir. Un dato que considera relevante es que la
supuesta empresa vendedora Ferrocarril Central Mexicano desapareció como tal en
1909, cuando fue entregada a Ferrocarriles Nacionales de México.
Por ello cuestiona cómo es
posible que una empresa que no existe desde hace más de un siglo haya podido
vender el predio en cuestión. Además, menciona que sus vecinas López Núñez y
Cibrián Montes viven al día, y están dentro del padrón de beneficiarios de
Oportunidades –hoy Prospera– del gobierno federal, por lo que no es posible que
tuvieran esa cantidad de dinero.
Y enseguida asevera que
Susana Ojeda, quien también laboró para Ferrocarriles, está detrás de la venta
irregular y es la verdadera propietaria del predio.
Para demostrar su
señalamiento, José Julio Pacheco mostró un documento en el que Susana Ojeda
solicita una autorización a la delegación de la Semarnat para el
“aprovechamiento de recursos forestales” que están dentro de su propiedad, y
menciona la ubicación de la manzana 2, lote 2, localizada junto a la estación
ferroviaria de Cofradía. En ese lote se ubica el campo de futbol, detalla el
afectado.
Las ahora dueñas de las casi
dos hectáreas ofrecieron al municipio donar cinco metros cuadrados del lado
izquierdo de la calle Aldama, aunque pretenden vender el campo de futbol.
Por su parte, Leticia Pérez
muestra a Apro dos solicitudes. Una con fecha 19 de febrero de 1980, firmada
por el entonces secretario particular del gobernador, Héctor Alfredo Ixtláhuac
Gaspar, donde pide al presidente de la Junta Estatal de Agua Potable, Francisco
de Paula Sandoval, el que se incluyera a la calle Aldama dentro del Programa de
Obras 1980.
La respuesta fue positiva,
recuerda Pérez Ramos, quien en ese tiempo era presidenta la sociedad de padres
de familia de la escuela del poblado de La Cofradía.
La otra petición es a la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que se instalaran dos lámparas en
la calle Aldama, con fecha 10 de septiembre de 1975. “Ahí están las pruebas de
que siempre ha sido una propiedad pública: si no fuera el caso, nunca habrían
entrado esos servicios públicos”, señala la afectada.
LA INVASIÓN
En tanto José Julio Pacheco
recuerda que las mujeres invadieron la calle Aldama y colocaron “postes de
mezquite con alambre de púas, dejaron solamente cinco metros de ancho de la
vialidad pública (…) y el 4 de agosto se realizó dicha invasión a las diez de
la mañana”.
Luego acota que, tras la
invasión, acudieron con el presidente municipal, pero no los pudo recibir, por
lo que fueron canalizados con el síndico Adán Barragán, quien les mencionó que
procedía el cierre de Aldama de acuerdo con “documentos oficiales y
disposiciones emitidas por la representación del organismo de Ferrocarriles
Nacionales de México en liquidación”.
En las administraciones
municipales 2007-2009 y la 2012-2015, sus respectivos alcaldes no reconocieron
la posesión de las mujeres sobre los predios. Incluso en el oficio 804/2009,
con fecha 23 de septiembre de 2009, tras una queja que presentaron Cibrián
Montes y López Núñez ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
por supuestas violaciones a sus derechos al no investigar la autoridad quiénes
fueron los autores de quitar los postes y alambrado para delimitar su
propiedad, el entonces alcalde Enrique Rojas Díaz respondió al organismo que
ninguna había acreditado la legitima propiedad, y personal de Ferrocarriles
Nacional tampoco había confirmado la transacción.
También dijo que en los
terrenos que supuestamente adquirieron las quejosas se encuentran el campo de
futbol y vialidades que “benefician a cientos de personas”. Y luego mencionó
que estaba en negociación con la gerente de Inventarios de Ferrocarriles, Elizabeth
Sánchez, para “dar mejor solución a este conflicto”.
En tanto, el entonces
director de Obras Públicas, Roberto Meza Valdivia, con fecha 6 de febrero de
2013, respondió mediante el oficio 446/2013 a López Núñez que no se le otorgaba
el permiso de construcción dentro del predio en disputa, puesto que no ha
acreditado “legalmente la posesión del terreno”.
“Ahora la actual
administración le da todas las facilidades a las infractoras para apoderarse de
la calle Aldama”, se queja Pacheco López.
Igual recuerda que el 29 de
mayo de 2009 fue detenido junto con su tía, acusados por López Núñez y Cibrián
Montes, del delito de despojo y amenazas, pero salieron libres por falta de
pruebas.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ GLORIA REZA M./ 23
AGOSTO, 2017)
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