SAN FERNANDO, Tamps (apro).-
Un grupo de sacerdotes entró a este municipio para bendecir la bodega donde
justo hoy hace siete años quedaron tendidos los cuerpos de los 72 migrantes
masacrados, crimen que –dijeron— debe ser considerado delito de lesa humanidad.
Un vistoso dispositivo de policías con armas largas llegó a escoltar la
sorpresiva caravana dejando claro que el municipio aún sigue tomado por el
crimen organizado.
Cuando llegaron a la derruida
bodega del rancho El Huizachal, donde se cometió el crimen, los sacerdotes se
tendieron al suelo -ahora cubierto de hierba- y lo besaron, donde el 23 de
agosto de 2010 “derramaron la sangre” los 72 migrantes “martirizados”;
bendijeron con agua la tierra y paredes de block de concreto de ese lugar al
que consideraron santuario; leyeron el Evangelio del grano de trigo que muere;
entonaron cantos y dejaron una veladora encendida sobre un auto desvalijado
para honrar a los hombres y las mujeres asesinados en ese lugar a manos de
miembros de Los Zetas y coludidos con funcionarios públicos.
“La tierra que era maldita
ahora es bendita con la sangre que derramaron”, dijo en la ceremonia
conmemorativa de las víctimas el jesuita Pedro Pantoja, director de la Casa de
Migrantes de Saltillo, Coahuila.
Poco antes del ingreso de la
sorpresiva caravana de curas que encabezan distintos albergues para migrantes,
una persona fue secuestrada en pleno centro de San Fernando, y a 20 kilómetros
de la ciudad, un grupo de hombres armados atacó al agrupamiento Fuerza
Tamaulipas e hirió a un policía que tuvo que ser trasladado a Matamoros, por lo
que los visitantes encontraron al municipio patrullado por marinos, policías
federales y estatales.
La misión compuesta por
sacerdotes dedicados a auxiliar migrantes –junto con Pantoja estaba Fray Tomás
González, del albergue La 72 de Tenosique, Tabasco; Carmen Flores Torres,
vicario de la zona de Reynosa; el ecuatoriano Hernán Astudillo de una parroquia
que atiende latinos en Toronto; el sacerdote Luis Eduardo Zavala junto con
integrantes de Casa Monarca de Santa Catarina, Nuevo León, y algunos
periodistas- tomó por sorpresa a las autoridades municipales.
En respuesta éstas montaron
un fuerte dispositivo encabezado por Policías Ministeriales y la Unidad
Investigadora del gobierno estatal que, armados con vistosas armas R-13, 2.23,
Beretta 9 milímetros y 38 súper, acompañó y escoltó al grupo que viajó a San
Fernando desde la ciudad de Saltillo.
Después de la ceremonia, que
no llegó a ser misa por el apuro de los religiosos y demás miembros de la
caravana de salir pronto del municipio, el jesuita Pantoja expresó que las
organizaciones que velan por los migrantes y las familias de las víctimas se
sienten frustradas por la falta de respuesta de las autoridades mexicanas.
“Hoy pedimos saber, primero,
quiénes fueron los autores criminales; segundo, sentar responsabilidad de
autoridades también (en la masacre) no sólo los de abajo, sino también fuerzas
del estado, así sea el ejército, la policía federal, Gobernación o quien sea;
tercero, que se haga justicia y se informe a las familias de las víctimas hasta
donde va avanzando el caso y, por último, la indemnización de las familias
según la ley de víctimas y la CEAV (la comisión ejecutiva de atención a
víctimas)”, dijo.
Pantoja denunció que la PGR
tiene la intención de terminar con el convenio con el cual se creó la Comisión
Forense, que el ex procurador Jesús Murillo Karam había firmado con el Equipo
Argentino de Antropología Forense y diversas organizaciones mexicanas y centroamericanas
que representan migrantes, mecanismo que hizo posible la identificación de los
cuerpos de decenas de migrantes sepultados en fosas en Tamaulipas y Nuevo León.
Señaló que en este momento la
red de organizaciones nacionales y centroamericanas de familias de migrantes
tienen “un problema muy grande con la PGR”, debido a que dicha institución no
quiere cumplir en lo que más quieren las familias: “la identificación y el
retorno de los cuerpos (con sus familias), que sería lo más fuerte para hacer
justicia”.
Por su parte, Fray Tomás
González recordó que en 2011, un año después de la masacre, la caravana de
madres centroamericanas en busca de sus hijos e hijas desaparecidos llegó a ese
rancho y encontró la ropa de los asesinatos tirada, como muestra de que las
autoridades ni siquiera levantaron bien las evidencias. Dijo que las familias
siguen sin recibir justicia.
El presbítero ecuatoriano que
trabaja en Toronto, Hernán Astudillo, hizo la ceremonia de renovación de sus
votos sacerdotales en esa bodega rodeada de campos de sorgo del rancho El
Huizachal; al terminar, en una llamada telefónica, dijo que estaba impresionado
al ver en las paredes las marcas de los proyectiles de cuando los 72 migrantes
fueron asesinados y el esqueleto de un auto oxidado, que parece que antes fue
quemado. Pero consideró que al haber acudido a esa tierra del “martirio” de los
migrantes se hace un grito de denuncia de “los crímenes de lesa humanidad”
cometidos contra la comunidad migrante a pesar de la tardanza de las autoridades
mexicanas para impartir justicia.
En todo el trayecto desde
Reynosa hasta San Fernando, por la carretera donde cientos de migrantes fueron
bajados de los autobuses o camiones que los transportaban, y asesinados, los
visitantes toparon con convoyes de fuerzas armadas. En contraste, el presidente
municipal José Ríos Silva apareció en diarios nacionales asegurando que San
Fernando ha recuperado la paz y seguridad, y promoviendo la llegada de turismo.
PROMESA A LAS FAMILIAS
El sacerdote Pedro Pantoja,
quien encabezó las oraciones, rezos y entrevistas, expresó que el municipio de
San Fernando representa el principio de la historia donde los migrantes ya no
sólo son perseguidos, también exterminados. Recordó que al año siguiente de la
masacre de los 72 migrantes –58 hombres y 14 mujeres- en el mismo municipio
fueron descubiertas 45 fosas con 195 restos de personas que mayoritariamente
eran migrantes. La mayoría han sido identificados gracias a la intervención del
equipo argentino.
En otra breve ceremonia
previa que llevaron a cabo en la iglesia de la Virgen de Guadalupe, en la
cabecera municipal de San Fernando, Pantoja dijo en el mensaje que pronunció
desde el altar: “Traemos el dolor, las voces, los clamores, los sentimientos,
los brazos extendidos desde el día de ayer por las esposas y familiares de
hermanos nuestros masacrados en este territorio (…) quisimos venir a tocar la
tierra donde fueron masacrados sus esposos, sus hijos, sus hijas, llevamos el
rostro de ellos.
“Les hemos jurado que
estaríamos acá, ahí donde fue derramada la sangre, porque no solamente
queríamos consolarlas sino abrir caminos de Justicia”.
El sacerdote Pantoja, quien
es miembro de la red de organizaciones por la Verdad y la Justicia, expresó que
las familias de las víctimas siguen esperando que las autoridades mexicanas
respondan “por qué los mataron y quiénes los mataron”.
En una entrevista explicó que
decidieron viajar a San Fernando porque prometieron a las madres y esposas de
las víctimas que ellos acudirían en su representación a orar en la escena del
crimen, el lugar que horrorizó al mundo hace siete años cuando se difundieron
las fotografías de los hombres y mujeres con los ojos vendados, manos
amarradas, un balazo en el cráneo; un crimen que siempre fue adjudicado a Los
Zetas y en el que, según posteriores revelaciones, participaron policías
municipales. Sigue sin juzgarse el papel del Estado mexicano en esta masacre.
Para los integrantes de la misión aún falta por descubrirse la verdad.
(PROCESO/ CRÓNICA/
MARCELA TURATI/23 AGOSTO, 2017)
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