Foto: Agustín Reyes
A un día de haber declarado públicamente
que el convenio celebrado entre el Ayuntamiento de Tijuana y la empresa
Turbofin por 89 millones de pesos en la renta de camiones para recolección de
basura estaba en el portal de transparencia, el alcalde, la síndico, el
consejero jurídico, el secretario del Ayuntamiento, un regidor y el “encargado”
de transparencia, clasificaron que tal documento estaba reservado durante los
próximos seis meses
En el tema de los camiones
recolectores de basura en Tijuana, todo ha sido opacidad. A tal grado que la
síndico municipal Marcela Guzmán, aliada incondicional del alcalde Juan Manuel
Gastélum, reservó -junto a un “Comité de Información”- la información relativa
al convenio con la empresa privada por un lapso de seis meses, justificando es
un tema que está denunciado.
Sin embargo, nadie en el
Ayuntamiento de Tijuana sabe decir a cuál denuncia se refiere la síndico, se
desconoce quién y por cuáles motivos denunció corrupción en una transacción tan
reciente, especialmente cuando fue una asignación directa del alcalde y no una
convocatoria para concursar por la renta de camiones de basura y que ganara la
empresa que más experiencia y mejor precio tuviera.
El regidor independiente
Roberto Quijano Sosa fue uno de tres ciudadanos que por la vía de la
transparencia solicitaron toda la información concerniente al convenio
realizado entre el Ayuntamiento de Tijuana y la empresa Turbofin de Jaime
Aragón Rogozinski por 89 millones de pesos, pues ni él como edil, tuvo acceso
al convenio o los detalles de la transacción. La falta de transparencia en las
negociaciones de la presidencia municipal de Gastélum, también prevalece al
interior del gobierno municipal.
Como respuesta le dieron: “No
es factible atender positivamente su petición, toda vez que el Comité de
Información mediante el ___ Confirmó la clasificación de reserva total por un
plazo de seis meses el expediente número ____ por tratarse de la integración de
una investigación administrativa”.
El caso, por supuesto,
Quijano lo llevará a la instancia del Instituto de Transparencia y Acceso a la
Información Pública de Baja California, pero en tanto no se resuelva ahí, en el
Ayuntamiento de Tijuana persiste la opacidad.
Efectivamente, ante los
cuestionamientos de la transacción hecha con Aragón por un monto de 89 millones
de pesos, la cual se realizó sin la aprobación del Cabildo de Tijuana, Gastélum
optó por valerse del Artículo XI de La Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública. En el Artículo 113, capítulo II, la ordenanza permite
mantener reservada la información “que vulnere la conducción de los expedientes
judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio,
en tanto no haya causado efecto”.
Para ello su Sindicatura
Municipal realizó la solicitud correspondiente a lo que llamaron el “Comité de
Información”, e integrado por puros afines o subordinados del alcalde,
empezando por él mismo, además: la síndico procuradora Marcela Guzmán Valverde;
regidor de la Comisión de Gobernación y Legislación, Arnulfo Guerrero;
secretario de Gobierno municipal, Raúl Felipe Luévano; consejero jurídico
Leonardo Martínez; y el titular la Unidad de Transparencia, Carlos Contreras.
Se supone que el 8 de junio
el comité tomó la decisión de mantener oculta la información del oneroso
contrato y sus anexos, bajo la clasificación de “reservada”. Un día después que
Juan Manuel Gastélum declaró: “No batallen, está en transparencia”, al
referirse a los requerimientos que regidores del Partido Encuentro Social le
hacían públicamente para que el convenio con Jaime Aragón Rogozinski fuera
transparentado.
De la demanda de juicio
político en su contra y de la síndico procuradora a causa de mantener
clasificada la información del contrato, Gastélum advirtió que, aunque se está
en el ejercicio del derecho, “sí hay que tener cuidado con el abuso del
ejercicio del derecho, porque cuando se abusa del derecho, del ejercicio del
derecho, también es un boomerang, no es nada más me quejo”.
Luego calificó de ignorantes
a los regidores que presentaron la solicitud de juicio político: “Yo lo que
quisiera es platicar con los asesores de ellos, porque ellos no son abogados,
de leyes no saben nada y por consecuencia se van con la finta… ¡Oye, está
escondido, hay que decirle a la gente que está escondido! No está escondido, en
términos de la normatividad, de acuerdo al área de responsabilidad de
Sindicatura, cuando un expediente se declara reservado es para que nadie le
meta la mano. Si hay alguna irregularidad, a ver, con cuidadito”.
Del convenio con Aragón
Rogozinski dijo: “No se hace público porque una investigación tiene que seguir
cierto grado de secrecía por el Nuevo Sistema de Justicia Penal”.
CRISIS INTENCIONADA
En el umbral de la
administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, el 1 de diciembre de 2016 el
servicio de recolección de basura colapsó, dejando de prestarse hasta por un
mes en la mayor parte de las casi 900 colonias de Tijuana.
El argumento del gobierno
panista para tal situación fue que había recibido la mitad de los 120 camiones
recolectores de basura en estado inoperable y que carecía de recursos
suficientes para repararlos.
Durante un mes y medio se
agudizó la crisis en la recolección de
basura, para luego declarar un “estado de emergencia” que tomó como sustento
para negociar en forma unilateral el contrato con la empresa Turbofin, SAPI de CV, es decir, sin plantearlo al pleno del
Cabildo del XXII Ayuntamiento.
Al contrato de arrendamiento
de los 52 camiones de recolección y transferencia de basura, de un costo de
casi 80 millones de pesos, Gastélum sumó un convenio más para la renta de 12
patrullas tipo panel para 12 pasajeros, renta por la que se presupuestaron 10
millones de pesos de recursos municipales, lo que significa que por cada unidad
se estará pagando un arrendamiento mensual de 138 mil pesos, un promedio de 4
mil 600 pesos diarios y no los mil pesos que dijo el tesorero Ricardo
Chavarría.
El arrendamiento lo
comprometió por lo que resta de 2017 y, para cerrar la transacción, hizo un
depósito en garantía de 20 millones de pesos y comprometió un pago mensual de
5.8 millones de pesos.
Pese al pago anticipado, a la
fecha la empresa solo ha entregado al municipio 15 camiones recolectores de
basura.
El regidor Manuel Rodríguez
Monarrez señaló que en ambas convenios intervino Eduardo Vilaso, cercano a Juan
Manuel Gastélum Rivera, hijo del alcalde, “a Vilaso se le relaciona como socio
de Aragón Rogozinski, lo que vuelve turbio el contrato que no se turnó a
Cabildo y pone de manifiesto que Gastélum Buenrostro llegó a la alcaldía para
hacer negocios”.
DEMANDA JUICIO POLÍTICO CONTRA ALCALDE Y SÍNDICO
Cuestionado en torno al
ocultamiento de la información de los contratos de arrendamiento con Turbofin,
Gastélum Buenrostro respondió con otra evasiva: “En el tema de la basura no
hubo información porque no fue licitación…”.
La falta de transparencia
llevó a los regidores del Partido Encuentro Social del Cabildo de Tijuana a
presentar el 24 de mayo una queja ante la Sindicatura Procuradora, a cargo de
Marcela Guzmán Valverde, para que se investigara el contrato de arrendamiento
de camiones de recolección de basura y de patrullas.
Pero al ser cuestionada sobre
el avance en la investigación, Guzmán Valverde se negó argumentando la secrecía
que debía a la indagatoria.
Ante la cerrazón del alcalde
y de la síndico, los ediles del PES -Manuel Rodríguez, Mónica Vega y José
Manuel Ortiz Ampudia- presentaron ante el Congreso del Estado una demanda de
juicio político en contra de Juan Manuel Gastélum y Marcela Guzmán Valverde.
En la denuncia presentada
ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo requieren asentar
responsabilidad administrativa en contra del alcalde de Tijuana y de la
síndico, “por las irregularidades detectadas en la adjudicación directa de los
contratos de arrendamiento de camiones para el servicio de basura de la ciudad
para que los diputados puedan determinar la procedencia de juicio político”,
subrayó Rodríguez Monarrez.
LOS ARGUMENTOS PARA EL JUICIO POLÍTICO
Mónica Vega, coordinadora de
los regidores del PES, precisó que los puntos principales para impugnar el
contrato son:
El contrato de arrendamiento
se realizó sin hacer primero una declaratoria de emergencia, ni buscar
soluciones alternar para cumplir con el servicio de recolección de residuos.
La demora en la entrega de
las unidades rentadas.
La negativa de la Sindicatura
Procuradora de negar la información que el 31 de mayo solicitaron sobre la
adjudicación del contrato, optando la dependencia por clasificarla como
reservada el 8 de junio, lo que puede considerarse como una violación
sistemática a los Reglamentos y Ley Municipal por parte de la síndico y de lo
cual ya se interpuso un recurso de inconformidad ante el Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California.
La incapacidad de Sindicatura
de seguir este procedimiento “porque no puede ser juez y parte”.
Posible conflicto de
intereses, abuso de autoridad y tráfico de influencias al otorgarse sin
licitación a Grupo Turbofin, SAPI de CV, propiedad de Jaime Aragón Rogozinski,
el convenio de 89 millones de pesos.
SOLICITUD DE JUICIO POLÍTICO SORPRENDE A SÍNDICO
“Yo no esperaba eso, pues
porque apenas me voy enterando, para mí fue novedad, fue sorpresivo”, declaró a
ZETA Ana Marcela Guzmán Valverde, respecto al juicio político solicitado en su
contra ante el Congreso del Estado.
Y agregó: “Tengo que ser muy
respetuosa de las personas y de ellos como regidores, están en todo su derecho
de hacer valer la acción que ellos consideren procedente y el Congreso
dictaminará lo conducente y estaremos preparados, yo estaré preparada en el
caso particular de la síndico de comparecer ante el Congreso para el
esclarecimiento de los hechos”.
La fiscal municipal reconoció
que “yo no me puedo investigar a mí misma, pero aquí lo importante es que yo ya
no puedo opinar más porque no conozco el contenido de ese expediente”.
LOS FUNDAMENTOS PARA OCULTAR INFORMACIÓN
“Se está tergiversando el
hecho de que se clasificó la reserva de la información, no fue aislada, no se
está reservando aisladamente el contrato y las documentales que contiene este
arrendamiento, sino derivado de la investigación que se lleva acabo aquí en la
Sindicatura, pues estas documentales forman parte de la misma”, expuso Marcela
Guzmán en un intento por explicar por qué, al menos durante seis meses, se
mantendrá oculto el contrato con Grupo Turbofin.
Foto: Isabel Mercado
No fue una decisión autónoma
de la Sindicatura, sino colegiada; se sometió a consideración de la Comisión de
Información de Transparencia la clasificación de su reserva hasta por seis
meses, con motivo de la investigación que se está llevando, con motivo de la
denuncia presentada por los regidores del PES, argumentó.
“Aquí es importante la
fundamentación que prevé la Ley General de Transparencia, que es la Ley marco
de la Ley Estatal de Transparencia, en su Artículo 113, por citar un
fundamento, refiere en el capítulo 2 de la información reservada como
información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación, y en su
fracción décimo primera señala lo siguiente: ‘Vulnera la conducción de los
expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en
forma de juicio, en tanto no hayan causado estado’”, asentó.
— ¿Por qué reservar la información, en que puede
beneficiar a la investigación de la queja presentada?, se le cuestionó.
“Bueno, es que aquí no es un
tratamiento especial que se le debe de dar a este expediente, es un tratamiento
que se le debe dar a todos los expedientes de investigación que obren en esta
Sindicatura”.
— ¿Así lo establece la Ley?
“Bueno, es una petición que
hace la Sindicatura a efecto de proteger la investigación que debe revestir
dentro del procedimiento administrativo, pero tiene que ser autorizado por la
Comisión de Información, también conocido como Comité de Transparencia”.
— ¿Por qué se hace esta petición?
“Se hace en todos los
expedientes, para cuidar el sigilo y la secrecía de las investigaciones, hasta
en tanto no cause estado -se resuelva-.
“Como el expediente está en
investigación hay que cuidar la secrecía que debe guardar, pero no es un tratamiento
especial, sí quiero dejar aclarado, no es una reserva aislada como se ha estado
manejando en algunas partes, nos es una reserva aislada del contrato y la
documentación que ampara este arrendamiento, es una clasificación de reserva
del expediente de responsabilidades, del expediente administrativo iniciado con
motivo de la denuncia presentada ante Sindicatura en relación a la renta de los
camiones -de basura-“. Respecto a los seis meses establecidos como reserva,
subrayó que esto no implica que sea un plazo forzoso.
Y diciéndose respetuosa de
las leyes y reglamentos, resaltó:
“Todos aquellos ciudadanos
que hayan solicitado solicitudes de acceso a la información relacionadas con
este tema podrán informarse de esta clasificación de reserva, ya al Instituto
de Transparencia le tocará determinar sobre dicha clasificación”.
— Esta decisión se presta a suspicacias; además, el
periodo de reserva es justo la duración del convenio -con Turbofin-, planteó
ZETA a Guzmán Valverde, a lo que contestó:
“Te repito, ya no podría yo
hablar más porque estos documentos forman parte de la investigación, tenemos
que respetar esa reserva, hasta en tanto no exista resolución al contrario de
parte del Instituto de Transparencia, en base a alguna inconformidad que hagan
valer los ciudadanos, con motivo de sus solicitudes de acceso a la información
que hayan sido negadas”.
— ¿Tiene que ver con cláusula de confidencialidad -con
Turbofin-?
“No tiene nada que ver, en
cualquier contrato se pudiera establecer alguna confidencialidad entre las
partes, pero no puede estar por encima de la Ley de Transparencia”, justificó
la síndico.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA /
ISABEL MERCADO /LUNES, 19 JUNIO, 2017 12:00 PM)
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