Foto: Cortesía
Entre créditos bancarios e “inversiones”
mediante Asociaciones Público Privadas que se traducen en contratos
multimillonarios a pagar por décadas, Francisco Vega de Lamadrid y su gobierno
han aumentado los pasivos de Baja California en mil 200 por ciento
Francisco Vega de Lamadrid,
junto con algunos de sus funcionarios clave, tales como Antonio Valladolid,
secretario de Finanzas; la oficial mayor Loreto Quintero y Manuel Guevara,
secretario de Desarrollo Urbano, han llevado el endeudamiento de Baja
California.
Por un lado se encuentran los
créditos solicitados a instituciones bancarias que suman cerca de 19 mil
millones de pesos; y por otro, es el “flujo de presupuesto a largo plazo” o el
endeudamiento del presupuesto -incluso de futuras administraciones– que el
gobierno se ha comprometido a pagar por medio de Asociaciones Público Privadas
(APP), las cuales finalmente afectan la capacidad de pago de la entidad.
BC estancado con Kiko y Valladolid.
Sin contar los contratos de
miles de millones de pesos adquiridos por las APP, el gobierno panista de
“Kiko” Vega triplicó en menos de tres años la deuda histórica de Baja
California. Pero sumando los compromisos financieros que le generan los montos
y plazos de las APP, el Estado debe más de 92 mil millones de pesos.
13 MIL MILLONES DE PESOS A LA MITAD DEL KIKIATO
En 37 meses de gobierno, es
decir, en tres años, la administración de Vega de Lamadrid contrató créditos
bancarios por 13 mil millones de pesos. Más de doble -casi el triple- de los
más de 7 mil 253 millones 460 mil pesos que heredó de deuda pública de la
administración pasada.
De acuerdo a la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja
California, la administración estatal tiene la obligación de publicar la
información relativa a la deuda pública en su portal de internet. Sin embargo,
la información que presenta el Ejecutivo no está completa, no está concentrada
y no expone siquiera la “autorización de la propuesta”, la cual debe de estar
en línea.
Reportes del Poder
Legislativo detallan que la administración actual ha contraído créditos con
diversas instituciones financieras por
19 mil millones de pesos. Mientras que en la información pública solo se
puede saber que desde 2006 hasta enero de 2017, Baja California ha obtenidos
créditos por 17 mil 600 millones 443 mil 726 pesos.
No obstante en esta
investigación realizada por ZETA se han localizado contratos de créditos no
contemplados en esta suma. Un ejemplo: la deuda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de
Baja California (Issstecali) en el portal aparece en ceros, contrario a
informes del Órgano Superior de Fiscalización del Estado.
Según datos obtenidos por la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno Federal, Baja
California tenía una deuda de 20 mil 716 millones 160 mil pesos en 2006,
situándose en el número 7 de los 10 estados más endeudados del país. Recordando
que la administración pasada heredó 7.26 mil millones de pesos en deuda, el
restante, más de 13 mil 450 millones de pesos, fueron comprometidos por Vega de
Lamadrid y su gabinete.
PÚBLICOS A MEDIAS, SOLO 7 MIL 643 MILLONES DE PESOS
El Gobierno del Estado solo
estuvo dispuesto a publicar mediante su obligación por la Ley de Transparencia,
los montos y los acreedores de cierta parte de su deuda pública (en el cuadro
también se muestra los años por los que fue contratados los créditos, la
mayoría por 20 años).
Estos son los montos que
publica el gobierno sobre sus dependencias centrales. En las paraestatales
únicamente publica las contraídas por las diversas Comisiones Estatales de
Servicios Públicos.
Por ejemplo, la CESPT
(Tijuana-Rosarito) debe 2 mil 111 millones 734 mil 977 pesos en créditos
bancarios, de los cuales 892 millones 108 mil pesos fueron adquiridos en solo
dos meses de la administración de Vega.
De los más de 892 millones a
pagar hasta 2035, Vega de Lamadrid contrató más de 662 millones con el Banco
Nacional de Obras y Servicios Públicos, el resto, un crédito de 230 millones de
pesos, con Banco Multiva, SA.
La Comisión Estatal de
Servicios Públicos de Mexicali es la segunda paraestatal más endeudada, con mil
126 millones 287 mil pesos, la mayoría adquirida en la administración en curso.
El gobierno de Vega obtuvo un crédito con Banobras por 926 millones 287 mil 935
pesos; el resto se contrató con su antecesor, Osuna Millán, con Corporación
Financiera de América del Norte.
Rueda, Álvarez (ex director de CESPT) y
Loreto.
En la CESPE (Ensenada)
únicamente se ha contratado un crédito en el gobierno actual por 112 millones
de pesos, también con Banobras, y se pagará hasta 2035. Tecate tiene un
contrato por 10 millones 170 mil pesos con una tasa de interés de casi el 10% y
a pagar hasta 2023, pero firmado en el gobierno pasado.
El resto de los créditos son
ocultos. Pero una revisión a la cuentas públicas de algunas paraestatales, por
ejemplo, la del Issstecali, revela que la dependencia tiene una deuda de más de
2 mil 184 millones de pesos, parte de ella convenida en diciembre de 2015 y el
resto financiada en 2014.
UN ESTADO ESTANCADO
De acuerdo con información de
la SHCP, “Kiko” Vega triplicó, en sus primeros tres años de gobierno, el
importe de la deuda contraída por José Guadalupe Osuna Millán, quien a su vez,
quintuplicó la deuda contraída por el ex mandatario Eugenio Elorduy y contrajo
once veces más deuda que en el período de los ex titulares del Ejecutivo,
Héctor Terán Terán y Alejandro González Alcocer.
Del presupuesto ejercido por
el gobierno estatal, solamente el 18% es generado por sí mismo, el 82% de los
ingresos restantes, los recibe vía participaciones y aportaciones del Gobierno
Federal.
Para Nancy Sánchez, diputada
federal priista, el gobierno de Baja California ha optado por una salida “tan
fácil como opaca al recurrir a un mayor endeudamiento y trasladar los costos de
su ineficiencia a la administración federal”.
Explica que los montos
contraídos como deuda pública “no se reflejan en obras de infraestructura que
puedan ser detonantes de desarrollo, ni en una mejor red de vías de
comunicación”.
La también presidenta de la
Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, califica como caótico y opaco
el manejo financiero de la actual administración estatal.
“La capacidad del Gobierno
del Estado para destinar el mejor de los usos a estos recursos, provocan el
estancamiento del Estado en los principales indicadores productivos”, observa.
Y para ello utiliza un
ejemplo: “En caso de una contingencia, el Estado tendría que destinar nueve de
cada diez pesos recibidos vía participaciones federales para pagar la deuda, lo
cual enciende los focos rojos ante un escenario de alta volatilidad financiera
internacional”.
EL OTRO ENDEUDAMIENTO QUE NO ES DEUDA PÚBLICA
El 10 de julio de 2014 se
aprobó la Ley de Asociaciones Público Privadas en Baja California, con el
objetivo de realizar “proyectos para el desarrollo de infraestructura y de
prestación servicios públicos”, a decir de la misma Ley.
Y esos “proyectos”-define la
Ley en su Artículo 2- son “aquellos que se realicen con cualquier esquema para
establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector
público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector
público”.
Por otro lado, la Ley de
Deuda Pública del Estado de Baja California y sus municipios considera deuda
pública la “suscripción o emisión de títulos de crédito o de cualquier otro
documento pagadero a plazos”, o bien, “la adquisición de bienes o contratación
de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos”; e incluso en su Artículo 6
fracción V anota: “Cualquier otra operación de financiamiento que para su
cobertura se utilicen recursos públicos, independientemente de la forma como se
le denomine o documente”.
Resultado de la Ley de las
APP, el gobierno de Francisco Vega ha concretado seis proyectos públicos
privados (otros en espera de aprobarse) justamente para “la adquisición de
bienes o contratación de obras o servicios cuyo pago se pacte a plazos”.
Guevara y sus APP´s.
Sin embargo, otro artículo
reformado a la Ley de Deuda Pública establece que “no se considerarán deuda
pública (…) las obligaciones plurianuales derivadas de los contratos que se
celebren al amparo de la Ley de Proyectos de Asociaciones Público Privadas para
el Estado”.
Sin ser considerada deuda
pública, el Estado compromete su presupuesto a plazos largos en los mencionados
proyectos y por sumas multimillonarias. Por ejemplo, el de la Construcción de
la desalinizadora de Playas de Rosarito adjudicada a la empresa Aguas de
Rosarito, a la cual se le pagarán durante 37 años 149 millones 312 pesos cada
mes. Sumando a lo largo del plazo, 66 mil 294 millones 535 mil 992 pesos en los
años pactados.
El Comité de Asociación
Público Privadas que otorga los contratos se conformó por el gobernador “Kiko”
Vega, Antonio Valladolid, titular de Finanzas (cargo actualmente ocupado por
Bladimiro Hernández), la oficial mayor Loreto Quintero y Manuel Guevara,
secretario de Desarrollo Urbano.
El gobierno de Vega ya ha
comprometido 72 mil 303 millones 239 mil pesos en los seis proyectos de las APP
contratados hasta la fecha. Sin embargo, para 2017 están contemplados cinco
contratos más.
Así los proyectos por ahora
aprobados de APP, sus montos, los pagos y los tiempos:
ES DEUDA DISFRAZADA
Para Fernando Rosales,
abogado del Movimiento Mexicali Resiste y vicepresidente del Colegio de
Abogados en el Ejercicio Libre del Derecho, “el Decreto 57 que crea el
endeudamiento millonario a cargo del Estado, se utiliza a través de las APP
sobre la Ley vigente para encubrir el gasto corriente con la deuda pública”.
El licenciado, quien ha
encabezado un movimiento social en la Capital del Estado, asegura que “los más
de 65 mil millones de pesos que se endeudó el Estado para pagarse en tres
décadas (en el caso de la desalinizadora), no va entrando como deuda pública,
sino como gasto corriente, y ésa es la simulación jurídica que fue orquestada y
votada por el Congreso del Estado”.
Y amplía:
“A final de cuentas, es un
endeudamiento muy alto que está pagándose más de cuatro veces, el costo de una
obra. Sin pasar por alto, la dirección que le da el Gobierno del Estado a
ciertos entes como Víctor Hermosillo, que tiene un conflicto de intereses
grandes. Se va a privilegiar ese gasto corriente sobre el tema de pensión,
salud, educación y cultura”.
Rosales remata: “Las APP
finalmente son una deuda. El presupuesto es uno solo y el Gobierno del Estado
tiene que capitalizar ingresos para pagar a esas personas morales. El Gobierno
del Estado se convierte en un obligado solidario”.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA / ISAÍ
LARA BERMÚDEZ /LUNES, 19 JUNIO, 2017 12:00 PM)
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