LA CRÓNICA DE LOS DOS “COYOTES”

* Una zona de constantes conflictos por la tierra

* Ubicación y confusión derivada del nombre

Allá por la Subdelegación de La Fortuna, a treinta kilómetros al Noreste de La Paz, bañada por el Mar de Cortés, hay una pequeña comunidad llamada “EL COYOTE”. Está formada por parajes agrícolas y de pastoreo, pero antes fue un campo pesquero habitado por no más de veinte personas. Fue ahí donde se dio el primer desembarco para llevar provisiones al fuerte de La Paz en el siglo XVII.

El primero de Los Coyotes fue originalmente adjudicado a Agustín Arreola en un procedimiento de adquisición basado en su posesión de dos sitios de ganado mayor. Tenía forma rectangular y se introducía en aproximadamente 4.5 kilómetros de ancho tierra adentro, y 8.4 de largo, abarcando el arroyo “El Coyote” y la costa, lo que hoy en día se conoce como Coyote Sur (la parte que compró el “Gringo” Raymond Novelli) y Coyote Norte, aclarando que es un terreno proindiviso que tiene aproximadamente 200 dueños registrados en la Dirección de Catastro, por lo que no resulta extraño que muchos se confundan, pues todos los propietarios son dueños de alguna parte de “El Coyote”.

El segundo “Coyote”, conocido como “Punta Coyote”, con superficie de aproximadamente 500 hectáreas, colinda al Norte con el Golfo de California; al Sur con el Primer Coyote; al Este con el Golfo de California y al Oeste con el predio “Cachimba”. Dejó de ser propiedad de la Nación al ser titulado a Gloria Aragón de Olachea, el 19 de octubre de 1964, quien lo vendió en 1965 al señor William Matthew Parr, en representación de su menor hijo Miguel Antonio Parr Bennett quien lo transmitió, con autorización judicial, en 1973, al señor Rogelio Fernando Bosque Barba y éste, en 1985, al suscrito, Matthew William Parr Bennett, su actual propietario.

Los conflictos ocurridos en “Los Coyotes” y la intervención del PRD.

Desde el siglo XVIII, el primer Coyote fue habitado pacíficamente por diversos agricultores y ganaderos, por sus tierras relativamente fértiles y la abundancia de agua, gracias al arroyo que cruzaba sus predios. Se cuenta, sin embargo, que cuando llego al poder el PRD a Baja California Sur, la convivencia pacífica terminó, ya que sus gobernantes permitieron a Carlos Sánchez Cota, alias “el Pichi” y a su hijo, Saúl Iván Sánchez Camarillo, que se dedicaran a tumbar cercos y a desalojar violentamente a los habitantes del predio proindiviso “El Coyote”, para quedarse con sus tierras, aprovechando su parentesco con el entonces gobernador del Estado Leonel Cota Montaño, iniciándose varias averiguaciones en su contra ante Agencias del Ministerio Público de la capital por los delitos que a continuación se señalan para probar que los hechos de esta narración son ciertos:

A.P. 119/686/ZA/97.-Denunciante RAMON COTA ROCHIN y hermanos, por el delito de robo, despojo y daño en las cosas en contra de CARLOS SANCHEZ COTA.

A.P. 1776/ZA/23/2000.- Denunciante JERONIMO JUAREZ GALINDO, por el robo de una mula en contra de CARLOS SANCHEZ COTA.

A.P. 3304/2000.- Denunciante AGUSTIN JUAREZ por el delito de despojo cometido probablemente por el señor CARLOS SANCHEZ COTA.

A.P. 059/02/2001.- Denunciante JESUS AVALOS por el robo de un caballo en contra del señor CARLOS SANCHEZ COTA.

A.P. 04/236/2002.- Denunciante MANUEL ROBLES SINTA por el delito de despojo, al parecer en contra de CARLOS SANCHEZ COTA y otros.

A.P. 02/274/2002.- Denunciante MANUEL ROBLES SINTA por homicidio en grado de tentativa, daños y otros, imputando a CARLOS SANCHEZ COTA el haber derrumbado su casa con un trascabo estando el ofendido dentro.

A.P. 165/ZA/04/2002.- Denunciante FREDDY ANTONIO FUENTES por el delito de daños, acusando a CARLOS SANCHEZ COTA por haber destruido su casa con un trascabo.

A pesar de la prepotencia y el descaro del acusado, las denuncias no procedieron. Cuenta el señor Manuel Fuentes, antiguo habitante de la zona, que también a él le tumbaron su casa con un trascabo, pero que nunca se procedió en contra de Carlos Sánchez Cota ya que el gobierno del PRD lo protegía.

Tiempo después se reunieron los afectados y pidieron apoyo al Gobernador Narciso Agundez, recibiendo promesas que nunca se cumplieron, incluso se les recogieron todas sus escrituras con el pretexto de hacer un estudio y ayudarlos, pero nunca pudieron recuperar sus documentos. En esta misma época, Saúl Iván Sánchez Camarillo señaló en un programa televisado de canal 10, que era posesionario de 4500 hectáreas en “El Coyote”, más que toda la extensión de dicho predio.

El segundo Coyote permaneció en su estado natural, ya que no tenía agua, existiendo solamente un paraje de pescadores hasta 1988 cuando, su último adquirente, Matthew William Parr Bennett, mexicano por naturalización, construyó un camino de acceso y tránsito, creando un circuito desde el arroyo “El Coyote” hasta la carretera de Pichilingue y diversas obras en el inmueble.

En I989 los señores Ramón Rojas y Juan Fuentes Talamantes fueron contratados para cuidar el predio, construir el cerco, una casa-almacén, bebederos, corrales y pilas de agua, ya que “Punta Coyote” operó desde entonces como rancho ganadero. A la muerte de este último, en 1994, ocupó su lugar en la vigilancia del terreno su hijo, el señor Manuel Fuentes Monteverde, hasta que ocurrió el despojo a manos de Saúl Iván Sánchez Camarillo en enero del 2013.

Antecedentes del despojo de “Punta Coyote” y la intervención de Rosa Delia Cota Montaño.

En el año2000, señor Carlos Sánchez Cota ocupó ilegalmente el terreno y el pozo contiguo a “Punta Coyote”, conocido como predio “El Potrero” o Acuífero “El Coyote”, concesionado a Matthew William Parr Bennett, por lo que 8 de junio del año 2000 se interpuso acusación en su contra ante el Agente del Ministerio Público de La Paz, en la Averiguación Previa 401-2249/ZA/2000 por el delito de despojo en grado de tentativa, que nunca prosperó y cuyas constancias aparentemente desaparecieron.

Años después, en mayo del 2004, el señor Carlos Sánchez Cota rompió los cercos del segundo Coyote, alegando que una criba que ahí se encontraba era parte de su propiedad. Se presentó denuncia en su contra por el delito de robo, daño en las cosas y despojo en grado de tentativa el 21 de junio del 2004 en la averiguación previa 0427/TRES/2004, misma que fue consignada ante el Juez Primero Penal de La Paz en el año 2005, pero solo por robo y daño en las cosas, dictándose orden de aprehensión en su contra, en el expediente número 230/2010, solo por el delito de robo el 12 de Mayo del 2006 y auto de formal prisión el 7 de junio del año 2006, siendo hasta el año 2007 cuando se remite la causa a la Juez Tercero Penal de este Partido Judicial, al admitirse la escusa planteada por el Juez original, quedando el expediente con el numero 470/2007 por poco tiempo, ya que la Juez Tercero se excusó también, volviendo el asunto al Juez Primero, con el mismo número de expediente de ese juzgado hasta el 11 de octubre del año 2011 (más de 7 años después de cometido el delito), en que falleció el inculpado, sin que se hubiera dictado sentencia en su contra, advirtiendo como dato curioso, pero sintomático también, las excusas de dos de los jueces.

Los hechos antes referidos, no son aislados ya que, independientemente de los delitos imputados al señor Carlos Sánchez Cota, otras personas, incluyendo a Saúl Iván Sánchez Camarillo y algunos funcionarios, fueron acusadas por diversos ilícitos y actos de corrupción, creando una grave situación de inseguridad y de violencia en la región que se refleja en el informe remitido por el Subdelegado Municipal de La Fortuna al Presidente Municipal de La Paz, el 25 de junio del 2007, en el que se refiere a la reunión de vecinos, ocurrida el 10 junio de ese año, para analizar la problemática planteada por los diversos propietarios y/o posesionarios de el predio “El Coyote”, Municipio de La Paz, a la que asistieron la entonces Diputada Rosa Delia Cota Montaño, el Agente del Ministerio Publico David Villavicencio en representación del Procurador General de Justicia, así como el señor Héctor Villa Valencia, representando al Director del Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra del Gobierno del Estado.

Se advierte de este documento que la reunión fue accidentada, ya que las personas hacían uso de la voz con gritos e insultos, por considerarse propietarios de pequeñas fracciones del predio en que se actúa y que, “entre las personas más atacadas verbalmente se puede señalar al C. Carlos Sánchez Cota, a quien la mayoría de los que tomaron la palabra acusaban de diversos delitos relacionados con fracciones de terreno, cercos destruidos, casas y, siendo que manifestaban la existencia de hechos delictivos, los representantes del Procurador General del Estado, en cada oportunidad le sugerían que pasaran a la Agencia del Ministerio Público para plantear sus quejas, con el objeto de iniciar las averiguaciones previas que procedieran”.

“Es de informarse -dice el Subdelegado Municipal- que, de acuerdo al desarrollo de la reunión, se observó un clima de descontento entre los asistentes, quienes usaron palabras altisonantes y ofensivas, que presumen un ambiente negativo para la paz social, situación que se debe atender de inmediato ya que los asuntos, tanto entre las partes como en relación a las autoridades municipales (Catastro y Registro Público), Estatales y Federales (Secretaría de la Reforma Agraria), fueron en tonos muy graves, acusándose de despojos, daños en propiedad, amenazas, portación de armas, tráfico de influencias, duplicidad de claves catastrales, duplicidad de inscripciones en Catastro y Registro Público, además de corrupción en diferentes oficinas municipales”, transcripción que describe claramente una situación que se prolonga y agrava hasta la fecha, pues el señor Saúl Iván Sánchez Camarillo y miembros de su familia han continuado la tradición de su difunto padre, participando en actos delictivos caracterizados por el uso de la violencia y la presencia de armas de fuego.

Cuenta Manuel Fuentes Monteverde que Saúl Iván Sánchez Camarillo le Invadió y despojó de su terreno ubicado en el Primer Coyote, pasando un tractor por encima de su casa cuando fue al mandado. José Cota Arredondo, en 2006, y Beatriz Gilbert en 2007, lo acusan de haberlos despojado con violencia, como también hicieron los Rochin, el “Gringo” Novelli y muchos mas, logrando apoderarse de gran parte del primer Coyote gracias a la protección que le brindó la cúpula del Gobierno perredísta, destruyendo la comunidad agrícola que ahí se encontraba, ya que invadía, destruía y golpeaba impunemente.

En mayo de 2010, Rosa Delia Cota Montano, en su calidad de Presidente Municipal, emitió una CARTA DE POSESION Y EXPLOTACION a su pariente, Saúl Iván Sánchez Camarillo, en la cual certifica que éste tenia en posesión y explotación, desde el año 2000, el predio que el suscrito Matthew William Parr Bennett, había adquirido ante notario e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio desde el 26 de septiembre de 1985, bajo el Número 198, Volumen 144 de la Sección I siendo que, para otorgar la carta de referencia, era necesaria la certificación del Registro Público de que el inmueble no aparecía inscrito a nombre de otra persona.

Saúl Iván Sánchez Camarillo compareció, posteriormente, ante notario y levantó un acta con su propia manifestación de estar en posesión del “Rancho el Coyote” o “Punta Coyote”, apoyado en el dicho de dos testigos, a fin de apoderarse de la propiedad de Matthew William Parr Bennett con este ridículo documento y la certificación de la Presidenta Municipal.

El despojo del segundo Coyote, una historia ofensiva.

Fue así que, el 28 de enero del año 2013, según versión de cinco testigos, mientras varios trabajadores reparaban el cerco y la casa afectada por un ciclón, el señor Saúl Iván Sánchez Camarillo llegó al lugar en un pick up rojo, acompañado de aproximadamente treinta personas que estacionaron sus vehículos metros atrás, arrollando un tanque de plástico vacío que casi golpea a uno de los presentes, gritando a los trabajadores y guardias de seguridad que estaban desarmados, que “se fueran mucho a la chingada”, que “si no lo hacían ahí se iban a quedar, porque a él no le importaba pagar algún muerto” y otras amenazas del mismo tenor, lo que constituye un claro despojo tumultuario y violento en lugar despoblado, siendo él quien dirigía o encabezaba al grupo.

Debe hacerse notar que, hasta ese momento, ni Saúl Iván Sánchez Camarillo ni su familia habían tenido posesión del inmueble, sino que habían arrancado cercos, como lo hizo su padre, o amenazado a trabajadores y guardias para que se retiraran, como ocurrió los días 20, 21 y 22 de enero del 2013, pero en esta última ocasión invadieron el predio y colocaron vehículos en las dos entradas del mismo, ignorando la propiedad que desde hacía más de 25 años tenía sobre el predio el suscrito Matthew William Parr Benett y su indubitable posesión, derivada de las obras fedatadas, el hecho de que tuviera vigilantes en el lugar, ganado y trabajadores reparando los cercos y la casa-almacén, mientras que los responsables del despojo no pueden alegar ningún acto posesorio previo en el predio en ninguna parte de la superficie de 475-92-07.173 hectáreas.

A raíz de estos hechos se realizó la averiguación previa y, en su momento, se ejercitó acción penal en su contra, librando el Juez competente la orden de aprehensión que se ejecutó legalmente, lo que demuestra que las condiciones políticas en el 2013 habían cambiado. Sin embargo, durante los tres días del término constitucional, el Juzgado fue ocupado por cerca de cuarenta personas que apoyaban a Saúl Iván Sánchez Camarillo, quienes portaban pancartas y gritaban consignas, impidiendo que los abogados y los testigos de la víctima ingresaran al juzgado, logrando que el juzgador dictara un auto de libertad, argumentando absurdamente que si bien estaba probado que el inculpado había penetrado violentamente en el predio, no había quedado establecido la superficie ocupada por lo que era necesaria la pericial topográfica para tal efecto.

Una vez reestructurada la averiguación y llenando el requisito de la pericial, se libró nuevamente orden de aprehensión, la que no ha sido ejecutada hasta la fecha, no obstante que se expidió hace más de un año y que el Juez del amparo sólo le otorgó la suspensión al quejoso para que una vez detenido quedara a su disposición, por tratarse de un delito grave.

Solo para ilustrar la dinámica del despojo y la violencia empleada, resulta conveniente invocar la declaración condensada de tres de los testigos, mencionando solo sus nombres de pila, advirtiendo que su dicho aparece en las constancias procesales:

José Ramón señala que el acusado “arribó en un vehículo tipo pickup, color rojo, con varias personas a bordo golpeando con el mismo pick up un tinaco de agua tipo rotoplás, el cual se encontraba vacío con el cual casi golpeaba a uno de mis compañeros; bajándose una persona del pickup rojo, en forma altanera diciéndonos que nos saliéramos o que si no habría problemas, observándosele a Saúl Iván Sánchez que traía en la cintura un arma de fuego, tipo escuadra, diciéndonos “sálganse a la chingada porque si no va ha haber golpes hacia ustedes”, y nos mostro el arma que traía indicándonos que no tenia miedo de matar a alguien, observándose en la entrada principal del predio un camión tipo volteo, color amarillo, y un pickup con 30 personas a bordo aproximadamente”.

Carlos Eduardo dijo que “llegó una camioneta color rojo pick up chevrolet, y a bordo de dicho vehículo venían dos personas de sexo masculino,…y también vi un camión de volteo color amarillo y a bordo de éste venían aproximadamente veinte personas del sexo masculino de diferentes edades y un pick up lleno de personas, pero que el camión y este último pick up se quedaron atrás, pero el pick up rojo se acercó al predio y chocó contra un tinaco que estaba en el suelo y casi atropella a un compañero de seguridad que estaba ahí, bajándose una persona muy enojada…un compañero de seguridad reconoció a este sujeto y me dijo que se llamaba Saúl Iván Sánchez,…después éste nos comenzó a decir palabras altisonantes tales como: “hijos de la chingada, que nos saliéramos a la fregada de ahí, que ese predio era de él y que si queríamos nos quebraba ya que tenia para pagar…” alcance a ver que portaba una cacha de pistola, e hizo como que la iba a sacar ….”por lo que todos los agentes de seguridad y yo optamos por salirnos del predio…ya que temíamos por nuestra integridad, porque yo pensé que Saúl Iván Sánchez nos iba disparar”.

Marcelo explicó que “llegó un pick up de color rojo, en compañía de un camión de volteo de color amarillo, con un aproximado de treinta personas a bordo del mismo y de un pick up, creo de color blanco, mismos vehículos que se quedaron a una distancia del lugar, pero dentro del predio”, agregando que “el pick up entró a toda velocidad y tumbando un tambo para el agua que casi golpea a uno de mis compañeros, donde iban abordo dos personas del sexo masculino, después uno de ellos se bajo del vehículo y con tono amenazante dijo” sálganse a chingar a su madre de aquí o me los quiebro” y a su vez nos enseño las cachas de una pistola, al parecer de color negro que traía fajada en el pantalón, por lo que decidimos retirarnos del lugar, ya que no yo ni mis compañeros estábamos armados…y que las personas que venían en el camión y en el pick up se acercaron a la casa tomando posesión del predio”.

Saúl Iván Sánchez Camarillo fue demandado también por la vía civil, en un interdicto de recuperar la posesión que tomó cuatro años de litigio, en el que se dictó sentencia, en enero del presente año, ordenando el juez de la causa que se restituyera el inmueble a la actora, la que no se ha cumplimentado porque éste interpuso tres demandas de amparos sin haber agotado el recurso de apelación.

Recurrió además, a la intervención fraudulenta de uno de sus testigos en la causa penal, quien aseguró falsamente ante el Juez de Distrito que había celebrado contrato de comodato con él sobre el predio “Punta Coyote” por el término de veinte años que concluyen en el año 2036, solicitando que no se ejecutara la sentencia por ser un tercero extraño al juicio interdictal.

El caso es que el suscrito, Matthew William Parr Benett, no he podido disfrutar del inmueble desde enero del 2013, no obstante que se dictó orden de aprehensión en contra de Saúl Iván Sánchez Camarillo, que se le condenó por la vía civil a restituirme el predio y que las autoridades agrarias determinaron que no tenía interés jurídico cuando trató de cancelar el título que me expidieron como propietario de el predio “Punta Coyote”.

De nada ha servido que se hayan interpuesto denuncias penales e impulsado las siguientes averiguaciones en el fuero común:

+ Averiguación LPZ/573/AMP6/2013, acumulada con la averiguación LPZ/33/AMP2/2016, seguida en contra de Saúl Iván Sánchez, Luis Ángel Avilés Camarillo y José Miguel Avilés Juárez, por presentar cuatro documentos falsos ante el juez. Asunto consignado desde 2016, esperando orden de aprensión.

+ Averiguación previa LPZ/549 /AMP8/2013 en contra de Oscar Banda, por declaraciones falsas ante el Ministerio Publico. Ya consignada desde 2016.

+ Averiguación LPZ/070/SPB/2016 contra de Rosa Delia Cota Montano, por falsificar documentos, uso indebido de autoridad y declaraciones falsas ante el Ministerio Público.

+ Averiguación LPZ/450/AMP10/2015 en contra de los cómplices de Saúl iban que le ayudaron en el despojo.

+ Averiguación LPZ/ 276 /SPB/2015 en contra de el ex Registrador Público de la Propiedad, Alejandro Davis Monsón por emitir documentos e informes falsos.

+ Averiguación LPZ/567/AMP1/2016 en contra de Lidia Camarillo, madre de Saúl Iván Sánchez Camarillo, por declarar falsamente ante un juez.

+ Averiguación previa LPZ/455/AMP 5 /2013 presentado por Ramón Rojas Green contra de Saúl Iván Sánchez Camarillo por despojarlo de la posesión de un predio menor dentro de “Punta Coyote”, que le fue otorgada por el propietario.

También se plantearon diversas acusaciones ante el Ministerio Público Federal en contra de Saúl Iván Sánchez Camarillo, por presentar documentos falsos en un juicio de amparo (AP/PGR/BCS/LP-IV/ 062/2014) y por presentar documentos de este tipo ante la Secretaría de la Reforma Agraria (AP/PGR/BCS/LP-I/ 302B/2015).

La restitución del segundo Coyote, ante el sistema de justicia y los temores e intereses políticos.

No es fácil dar a cada quien lo suyo cuando el obligado tiene parientes incursionando en la política, incrustados en el PRD, que lo protegen, o cuando el gobierno se preocupa por evitar manifestaciones o reacciones violentas y olvida el cumplimiento de sus obligaciones.

Saúl Iván Sánchez Camarillo se hace acompañar por más de treinta personas para despojar un inmueble; presiona con manifestaciones tumultuarias a los jueces para que le dicten auto de libertad; alegando falsos derechos, destruye con un tractor las casas de los poseedores para hacerse justicia por su propia mano y, cuando recurre a los tribunales, lo hace abusando del juicio de amparo o presentando documentos y testigos falsos, todo esto en el Estado de Baja California Sur en donde se trata de eliminar cacicazgos e implantar un régimen respetuoso del derecho.

El final de esta saga está por escribirse, pero este capítulo corresponde a las autoridades.

(COLECTIVO PERICU/ REDACCIÓN/ JUNIO 1, 2017)