CIUDAD DE MÉXICO
(proceso.com.mx).- Una maniobra para convertir una inexistente deuda de 50 millones
de pesos del gobierno federal al gobierno del Estado de México, supuestamente
contratada en 1997, en un mecanismo para transferir al menos 3 mil 100 millones
de pesos del erario federal al mexiquense desde la administración de Enrique
Peña Nieto, fue documentada y denunciada por el abogado Paulo Díez Gargari,
defensor de la compañía Infraiber.
La demanda de hechos, de 13
cuartillas, presentada ante la PGR el pasado 26 de mayo por presunta
delincuencia organizada, involucra al exgobernador y actual presidente de la
República Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Finanzas mexiquense y
exsecretario de Hacienda federal, Luis Videgaray; al exsecretario de
Infraestructura estatal y actual titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza; al
exdirector de Banobras y aspirante priista a la gubernatura, Alfredo del Mazo
Maza, y al actual gobernador mexiquense Eruviel Ávila.
La reconstrucción documentada
por Díez Gargari revela que estos funcionarios se coludieron para “crear un
mecanismo que les permitiera canalizar miles de millones de pesos de ‘dinero
sucio’ al financiamiento ilegal de las campañas políticas del Estado de México,
a partir de un reclamo fraudulento y un derecho inexistente que ha generado un
quebranto multimillonario a la hacienda pública federal y ha incrementado el
costo fiscal del rescate carretero”.
La historia se origina en
1991 cuando el gobierno del Estado de México supuestamente aportó 50 millones
de pesos para la liberación del derecho de vía de la autopista Chamapa-Lechería,
que “no quedaron incluidos en el sistema fiscal carretero”.
En 1997, durante el sexenio
de Ernesto Zedillo, fueron considerados como aportaciones “no recuperables”
esos 50 millones de pesos, de modo que el gobierno federal no asumió el
reembolso de esa cantidad supuestamente aportada para la liberación de los
derechos de vía.
El 29 de agosto de ese año,
la Secretaría de Hacienda designó a Banobras como agente financiero y
mandatario del gobierno federal en relación al rescate carretero. El 31 de agosto
de 1997, el gobierno federal otorgó a Banobras, vía la SCT, “la concesión para
operar, explotar, conservar y mantener las autopistas carreteras”, incluyendo
la autopista Chamapa-Lechería.
Durante el gobierno estatal
de Enrique Peña Nieto, el 21 de marzo de 2007, el entonces secretario de
Comunicaciones e Infraestructura mexiquense, Gerardo Ruiz Esparza, presionó al
gobierno federal de Felipe Calderón para que “de manera fraudulenta”,
recuperaran los 50 millones de pesos.
Paulo Díez, abogado de la empresa
Infraiber. Foto: Eduardo Miranda
Mediante el oficio No.
21100000/08/2009, Ruiz Esparza informó a la SCT el 21 de abril de 2009 que
existía un convenio de concertación que preveía una aportación de 50 millones
de pesos, “pero que, en realidad, el gobierno del estado habría aportado 125
millones de pesos y que esa cantidad actualizada a la fecha con una tasa de
interés de 10.0 puntos reales era de 3,671 millones de pesos”.
Es decir, convirtieron una
supuesta deuda de 50 millones de pesos en otra de 3 mil 671 millones de pesos
del erario federal al erario mexiquense. Díez Gargari afirma en su demanda que
“la tasa de 10 puntos real anual que el gobierno del Estado de México utilizó
para llegar a esa cifra fantástica no tiene soporte legal y/o contractual
alguno”.
Actualizado a la inflación
sería de 234 millones de pesos al 30 de abril de 2009 o de 344 millones de
pesos al 30 de abril de este año, calculó el experto.
LA ILEGALIDAD CON EPN EN LOS PINOS
Ruiz Esparza no obtuvo
respuesta del gobierno federal de Calderón, pero cuando llegó Enrique Peña
Nieto a Los Pinos, asumió la existencia ficticia de un “convenio de
transacción” que versa de “una obligación inexistente (del gobierno federal) y
un derecho inexistente (del gobierno del Estado de México)”.
Según Díez Gargari, Peña
Nieto, el titular de Hacienda, Luis Videgaray, Ruiz Esparza en la SCT y Alfredo
del Mazo en Banobras diseñaron un “doloso” plan criminal “para crear un vehículo
que les permitiera canalizar al gobierno del Estado de México miles de millones
de pesos.
“Parte o la totalidad de
estos recursos habría podido destinarlos al financiamiento ilegal de las
campañas del Estado de México, incluyendo la de Alfredo del Mazo”, afirma Díez.
El convenio de transacción
obligó a la Secretaría de Hacienda a pagar 3 mil 600 millones de pesos como
reembolso. Tan sólo en 2016 habrían pagado al menos mil 600 millones de pesos y
el quebranto, al día de hoy, sería superior a los 3 mil 100 millones de pesos.
La documentación aportada por
Díez Gargari afirma que utilizaron al Sistema de Administración del Sistema
Carretero del Estado de México (Saascaem). El 30 de septiembre de 2016 se ve al
cierre del ejercicio el saldo de 1 mil 600 millones de pesos en la cuenta
Bancomer 0102614057 del Saascaem.
Estos recursos “no están
registrados ni como ingresos ni como disposición de crédito en los estados
financieros del Saascaem”.
El 31 de diciembre de 2014 en
otra cuenta de Bancomer de Saascaem había 500 millones de pesos
correspondientes al “pago al gobierno del Estado de México del Convenio de
Concertación de Acciones en la liberación del derecho de vía, por la
construcción de la carretera Venta-Lechería, en su tramo Chamapa-Lechería”. Al
año siguiente, al 31 de diciembre de 2015, el saldo de la misma cuenta Bancomer
era de 0 pesos. Los 500 millones de pesos desaparecieron sin dejar rastro.
Para Díez Gargari esta
justificación constituye “una auténtica confesión del delito”.
En la Cuenta Pública Federal
del 2016, en el apartado del ejercicio de egresos de la SCT, no se hace
referencia al Convenio de Concertación ni al Convenio de Transacción.
Simplemente se señala que en “subsidios” se registró un gasto mayor al
presupuesto aprobado de 305.9 por ciento, entre otras cosas, al pago de
“compromisos” con el Gobierno del Estado de México, a través de la SCT.
Díez Gargari denuncia a los
funcionarios involucrados por ser autores no sólo de “un quebranto
multimillonario de la hacienda pública federal (superior a los 3 mil 100
millones de pesos probablemente)” sino también de actuar “de manera deliberada
y dolosa para incrementar sustancialmente el costo fiscal del rescate
carretero, en perjuicio de todos los mexicanos”.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JENARO VILLAMI/ 28 MAYO, 2017)
No hay comentarios:
Publicar un comentario