WASHINGTON,
DC - MAY 19: U.S. Attorney General Eric Holder listens during a news conference
to announce indictments against Chinese military hackers on cyber-espionage May
19, 2014 at the Department of Justice in Washington, DC. A grand jury in the
Western District of Pennsylvania have indicted five Chinese military hackers
for computer hacking, economic espionage and other offense directed at six
American victim in the U.S. nuclear power, metals and solar products
industries. Alex Wong/Getty Images/AFP
Rápido
y Furioso, un capítulo abierto sobre el tráfico de armas ilegales a México con
la anuencia del gobierno norteamericano
El
ex Procurador de Estados Unidos, Eric Holder, no sólo estuvo enterado del
operativo Rápido y Furioso, sino que además manipuló y desvió información en
torno a las investigaciones que autoridades estadounidenses realizaban, para
así deslindar de responsabilidades, revela un informe presentado la semana
pasada en Estados Unidos.
Según
un reporte de 300 páginas, presentado por el Comité Especial de Revisión de la
Cámara de Representantes, Holder sabía de las posibles consecuencias del
operativo, implementado desde mediados de 2009 a principios de 2011, y no hizo
nada para detenerlo, aun cuando tuvo consciencia que la meta era permitir el
paso de cientos de armas de alto calibre (poco más de 2 mil) a territorio
mexicano para que éstas llegaran a manos de capos del narcotráfico, y entonces
arrestarlos.
El
operativo sin embargo fue fallido, y parte de
las armas que formaron parte de Rápido y Furioso desataron una guerra
sin igual en territorio mexicano, provocando la muerte de un número desconocido
de personas, y eventualmente la del oficial de la Patrulla Fronteriza Brian
Terry, el 14 de diciembre de 2010.
“Es
claro que Holder, entonces procurador del Departamento de Justicia de Estados
Unidos (USDOJ), ocultó constantemente hechos y evidencias a los investigadores
del caso, incluyendo a la familia de Terry, que por entonces exigían detalles
sobre el operativo, y porqué el ATF había permitido el trasiego de armas a
México”, se lee en el reporte.
Estas
revelaciones desmienten las constantes declaraciones que Holder hizo a la
prensa entre 2011 y 2013, cuando dijo a medios de comunicación en Estados
Unidos que “él nunca estuvo enterado de ese operativo, y que el ATF actuó por
iniciativa propia”.
De
acuerdo al abogado Luis Carrillo, que pertenece a la barra de abogados de
California, cuando una persona miente en una audiencia pública, se tipifica
como obstrucción de investigación y perjurio, lo cual se paga con hasta 5 años
de cárcel.
“Es
considerado grave ese tipo de delitos porque desvía la meta de una
investigación, que es conocer a verdad, pero con una buena representación legal
un acusado puede salir libre bajo fianza”, explicó el abogado.
En
una revisión de documentos del USDOJ, a los cuales Ríodoce tuvo acceso, hasta
el momento no existe una denuncia formal en ninguna corte estadounidense en
contra de Holder, aunque eso puede cambiar en los próximos días, no obstante
expertos en el tema consideran que al final nada pasará en torno a ese delito.
Otra
observación que se hace en el reporte, es sobre las audiencias a puerta cerrada
que Holder tuvo en el Senado de los Estados Unidos, y como esquivó una serie de
preguntas hechas por el senador Chuck Grassley, presidente del Comité Judicial
del Senado, y como una forma de evitar responder, dijo al senador que “el ATF
hacía todo lo posible para interceptar” las armas adquiridas por terceras
personas para los delincuentes, un método popular de compra entre los cárteles
de drogas.
Ese
tipo de omisiones podrían tipificarse como obstrucción de una investigación.
Poco
después de publicado el documento, el Comité de Supervisión de la Cámara de
Representantes celebró una audiencia sobre el extenso informe del panel en la
que participaron Grassley, la madre del agente Terry, Josephine, su vocero
Robert Myer y el agente de la ATF que reveló el escándalo, John Dodson.
CRÓNICA DE UNA INFAMIA
Tuvo
que ocurrir una muerte de un ciudadano estadounidense para que Estados Unidos
investigara el caso: la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza Brian
Terry. Antes de eso, cientos de mexicanos fueron muertos por las armas de
Rápido y Furioso, y a nadie pareció importarle. Incluso, meses después de
revelarse Rápido y Furioso, una de esas armas, un fusil AK47, fue encontrado a
lado del cuerpo de una ex reina de belleza, Susana Flores Gámez, en 2012, y el
arma pertenecía a Orso Iván Gastélum, ex integrante del cártel de Sinaloa.
Cuatro
años después, en enero de 2016, varios pistoleros de Joaquín el Chapo Guzmán
portarían parte de las armas que formaron parte de ese operativo, luego que
elementos de la Armada de México descubrieron al menos dos de éstas junto a los
cuerpos abatidos en la casa de seguridad donde se ocultaba el capo, en Los
Mochis Sinaloa.
Pero
no serían las únicas armas encontradas en Sinaloa, pues según señala un mapa
del USDOJ, al menos ocho de estas armas habrían sido encontradas en Sinaloa en
los tiempos en que el estado se salpicaba de sangre entre 2008 y 2009, producto
de la guerra entre los Beltrán Leyva y el Cártel de Sinaloa.
Entonces
nadie resultó culpable en México, aunque según reveló el organismo “Desarma
México”, era imposible que funcionarios federales y policiales no estuvieran
enterados de este caso.
Ello
provocó que ese mismo organismo presentará una demanda en Octubre de 2014,
exigiendo a la PGR investigar a fondo para determinar qué funcionarios
públicos, jefes policiales y agentes mexicanos participaron en el operativo
Rápido y Furioso.
“Hay
una gran sospecha de que funcionarios mexicanos de la administración de Felipe
Calderón, estuvieron involucrados en ese operativo, y ello con base en las
declaraciones que se han hecho en el Senado y Congreso estadounidense”, dijo
Gonzalo Aguilar Zinser, integrante de Desarma México.
Aunque
no se precisa el número de personas que hasta el momento han sido muertas
producto del operativo, está comprobado que la basta mayoría de las armas
terminaron una parte en manos del cártel de los Beltrán Leyva, y la otra parte
en manos de pistoleros de el Chapo Guzmán, según reportes de autoridades
estadounidenses.
“Nosotros
hemos insistido una investigación, pero hasta ahora seguimos sin tener
respuesta, y consideramos que México debe investigar a fondo ese caso, pues es
vergonzoso que éstos detalles sigan saliendo a la luz pública en Estados
Unidos, y que en México no se investigue un hecho que ha provocado la muerte de
cientos de mexicanos”, dijo Aguilar Zinser, en entrevista con Ríodoce.
ASESINO SINALOENSE
La
muerte de Terry fue el detonante que motivo al gobierno de Estados Unidos a
investigar la muerte del agente de la Patrulla Fronteriza.
Luego
de una amplia investigación, se detuvo a Heraclio Osorio-Arellanes, originario
de El Fuerte, como el posible responsable del homicidio, quien eventualmente
diría como se hizo del arma con que mató al oficial.
“La
obstrucción de Holder por parte del Departamento de Justicia para realizar la
investigación del Congreso contribuyó a que la familia Terry no pudiera
encontrar respuestas en su momento”, señala el nuevo informe.
Y
las negaciones, por parte de Holder, era que el fiscal supo antes de la muerte
de Terry que la ATF estaba “dejando pasar” las armas a México y que un día
después de su muerte algunas de esas armas estaban involucradas en el tiroteo
en el que murió, pese a que lo negó en medios de comunicación.
Robert
Myer, primo de Terry y vocero de la familia, pidió al gobierno de Donald Trump
revisar el “privilegio ejecutivo” en relación con la operación para que sean
liberados más documentos que están sellados.
La
jueza federal Amy Berman dictaminó en 2016 que la Casa Blanca no puede invocar
ese privilegio y debe entregar al Congreso documentos conectados con Rápido y
Furioso.
Rápido
y Furioso sería el tercer operativo secreto que permite la entrada de armas a
territorio mexicano, y que dejó como consecuencias un número no estimado de
muertes y sangre.
*Con
información de Revista Proceso y Fox News
CRONOLOGÍA DE TRÁFICO DE ARMAS HACIA
MÉXICO
2005
Primer
operativo para que pasaran armas a México. Este
operativo fue conocido como “Gunrunner”, y fue
implementado en Laredo, Texas.
2006
La oficina
de Tucson del ATF inicia una operación llamada “Wide
Receiver”, el segundo operativo de este tipo.
2007
La ATF
publica el operativo “Gunrunner”, un
documento de estrategia en el que se establecen los objetivos principales, que
es expandir el rastreo de armas en México
La ATF en la
Ciudad de México discute un primer intento de coordinación
entre la ATF y los federales mexicanos con el Procurador General de México,
Eduardo Medina Mora.
Es la primera vez que un fiscal general recibe un
informe sobre este tipo de estrategia.
2009
La ATF
advierte al Congreso que el 90 por ciento de las armas recuperadas en México,
que la agencia ha rastreado, fueron vendidas en los Estados Unidos.
2010
La oficina en
Phoenix de “Gunrunner” presenta un
oficio en el que se habla de dejar caminar armas. El documento identifica 20
intermediarios, 53 armas recuperadas y cinco incautaciones, tres en México y
dos en Estados Unidos. En una de las operaciones en México, se decomisaron,
además de las armas, 500 kilogramos de cocaína y 2 millones de pesos.
El
congresista republicano de California, Darell Issa, recibe por primera vez información
detallada sobre la operación Rápido y Furioso durante una reunión en la que
participaron otros dos congresistas republicanos.
2011
Enero:
Semanas después de la muerte de Brian Terry, la ATF suspende la fase
investigativa de la operación Rápido y Furioso.
Según la entonces Procuradora General Marisela Morales,
para esta fecha el gobierno mexicano se entera de la existencia del programa Rápido
y Furioso.
2012
Julio 31: El
congresista Darell Issa y el senador Charles Grassley presentan el primero de
tres reportes sobre la operación Rápido y Furioso.
2014
Enjuician a
los asesinos de Brian Terry.
Septiembre
23
El
grupo Desarma México presenta una denuncia ante la PGR solicitando se
investigue en México lo relacionado al caso de Rápido
y Furioso.
Septiembre
25
Renuncia
Eric Holder como procurador de Estados Unidos.
2017
Revelan que el ex Fiscal de Estados Unidos Eric Hoder sí supo de Rápido y
Furioso.
(RIODOCE/ MIGUEL ÁNGEL VEGA/ 12 JUNIO, 2017)
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