Una
de las explicaciones más jocosas –porque no se le puede llamar de otra manera-
de la renuncia de Humberto Castillejos, consejero jurídico de la Presidencia de
la República el viernes pasado, fue lo que en forma oficiosa se dijo en Los
Pinos: necesitaba tiempo, le dijo al Presidente Enrique Peña Nieto, para
preparar su boda. Por esa razón, una de las personas de mayor influencia en Los
Pinos en los últimos años, pieza central de Peña Nieto para ir copando de
leales al Poder Judicial, se tiraba al vacío en el servicio público y una
carrera ascendente, puesta en un suspenso que, al final del sexenio, parecería
más un suicidio. Por supuesto, esa razón es una mentira blanca. La renuncia de
Castillejos es parte de un entramado mucho más ambicioso.
La
salida de Castillejos de Los Pinos sin horizonte público tangible es un gambito
del Presidente Peña Nieto que, como buen jugador de ajedrez, sacrificó a su
pieza –la conserjería jurídica- para obtener no una, sino varias posiciones
favorables en el corto y mediano plazo. Esta jugada tiene como precedente el
decreto del 13 de diciembre de 2013, cuando se publicó en el Diario Oficial de
la Federación que creó la Fiscalía General de la República, que tenía como artículo
Décimo Sexto transitorio lo siguiente:
1.-
La entrada en vigor de la Fiscalía General de la República como órgano
constitucional autónomo se verificará en la misma fecha en que lo hagan las
normas secundarias que el Congreso de la Unión expida para dicho efecto, y
siempre que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de entrada en vigor
de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.
2.
El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento
de expedirse la declaratoria de autonomía de la Fiscalía, quedará designado
Fiscal General de la República como ministerio constitucional.
Cuando
se publicó el decreto el Procurador General era Jesús Murillo Karam, quien
explicó en su momento que la transición podría durar dos años, y una vez que
estuvieran aprobadas todas las leyes secundarias. Murillo Karam no sobrevivió
en el cargo, y fue sustituido por Arely Gómez, quien fue vista también como una
figura efímera en la PGR o, en su defecto, que no necesariamente sería ella la
que durante el resto del sexenio pudiera asumir la Fiscalía General. Gómez dejó
la PGR en octubre de 2016, cuyo relevo, Raúl Cervantes, provocó la polémica que
ninguno de sus antecesores había provocado. La objeción contra el Décimo Sexto
transitorio, personalizado en él, es que el presidente quería dejar a un
incondicional como Fiscal General.
Cervantes
no era tan cercano al Presidente como a otras figuras de la clase priista, pero
es tío –aunque se dicen primos por razones generacionales- de Castillejos y del
actual director de la Comisión Nacional del Deporte, Alfredo Castillo, que fue
procurador en el gobierno del Gobernador Peña Nieto en el Estado de México. La
oposición en las cámaras al pase automático llevó a un ofrecimiento del PAN al
Presidente: si modificaba el artículo transitorio que lo establecía, aprobaban
primero los transitorios en su conjunto y después, de cualquier forma, votarían
a favor de Cervantes.
El
29 de noviembre del año pasado, en una acción que sorprendió a Senado, el Presidente
Peña Nieto envió una reforma a ese transitorio para que, “ante las voces, entre
ellas las del propio Procurador Cervantes” que señalan que el pase automático
“no abona a centrarse en la discusión del modelo institucional”, le otorgaba
ese derecho al Senado, que debería designarlo. Una vez enviada la reforma al
transitorio, de acuerdo con personas que conocieron los detalles de esas
gestiones, el Presidente cayó en cuenta que el PAN y el PRD le había tendido
una trampa, por lo que instruyó a la bancada del PRI a congelar la enmienda. La
decisión presidencial sería que buscarían otras fórmulas para reponer el
proceso que el mismo Peña Nieto había detenido.
Las
elecciones en el Estado de México detuvieron muchas de las acciones planeadas
para la última parte del sexenio, pero cinco días después de pasada la
elección, regresaron a la ruta trazada. El viernes comenzó a perfilarse el
rumbo, con la renuncia de Castillejos. Uno de los argumentos esgrimidos por la
oposición en contra del pase automático, quedó borrado. Si el primo del
Procurador ya no era el consejero jurídico de la Presidencia ni tampoco ocupaba
ningún cargo en el servicio público, el conflicto de interés inherente quedaba
eliminado. Al no aprobarse la enmienda del Presidente, se mantiene vigente el
artículo transitorio Décimo Sexto, por lo que quedará abierto el camino para
que Cervantes, tenga el pase automático a la Fiscalía General.
Castillejos
no se sacrificó por su primo. Una segunda jugada está cocinándose: la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. Por supuesto que existe el argumento que no hay
nadie que esté en vísperas de su jubilación, pero no es necesario. El Gobierno
mexicano está promoviendo a la Ministra Margarita Luna Ramos como la candidata
del gobierno para ocupar una de las 15 sillas en la Corte Internacional de
Justicia de La Haya. El próximo año quedará vacante una de las dos sillas que
corresponden a América Latina, al terminar su periodo de nueve años el
brasileño Antônio Augusto Cançado. Ahí está el gambito de Castillejos y el
diseño estratégico del Presidente. La boda es un chascarrillo. El Poder
Judicial es el fin.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter:
@rivapa
(ESTRICTAMENTE
PERSONAL/ RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 13/06/2017 | 04:05 AM)
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