La inmobiliaria Abilia, propiedad de la
empresaria María Asunción Aramburuzabala, se anotó un triunfo en el litigio que
lleva en los tribunales en contra del personal de Protección Civil del gobierno
capitalino que en 2015 clausuró la obra de la calle Rubén Darío 225, en la
colonia Polanco: logró que comparezca el ex conductor de El Noticiero de
Televisa Joaquín López Dóriga. En otro de los juicios emprendidos por los
abogados de la afectada –en el que lo acusaban de extorsión–, López Dóriga la
libró, pero esta vez tendrá que comparecer. Es un precedente sin parangón,
dicen los defensores de Aramburuzabala.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
El martes 20 de junio el conductor Joaquín López Dóriga deberá presentarse en
calidad de “testigo” ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos
Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia de la
Ciudad de México para rendir su declaración en la demanda que interpuso la
inmobiliaria Abilia, propiedad de la empresaria María Asunción Aramburuzabala,
en contra del personal de la Secretaría de Protección capitalina por haber
clausurado la obra de la calle Rubén Darío 225, en 2015.
Será la primera vez que el ex
conductor de El Noticiero –el antiguo espacio informativo estelar de Televisa–
acuda a las oficinas de la procuraduría capitalina para declarar, junto con
otros vecinos del inmueble de la calle Rubén Darío 223 –aledaño a la obra–, en
la larga batalla en tribunales que la empresaria Aramburuzabala emprendió en
contra de él, de su esposa Teresa Adriana Pérez Romo, así como de otros
representantes vecinales y del abogado Mario Alberto Pocoroba por presunto
intento de extorsión.
El juicio de la empresa
Abilia en contra del personal de Protección Civil capitalina es uno de los tres
que están pendientes en los tribunales de la Ciudad de México desde 2015: uno
por la tentativa de extorsión, otro por abuso de autoridad del INVEA al
clausurar la obra inmobiliaria y este tercero en contra de Protección Civil.
En este caso, según explicó a
Proceso el abogado de Aramburuzabala, Javier Coello Zuarth, se trata de una
victoria jurídica para su cliente, ya que la misma procuraduría capitalina
había considerado como “ociosos e irrelevantes” los testimonios de los vecinos
y determinó en agosto de 2016 el “no ejercicio de la acción penal”, en el caso
de la demanda por intento de extorsión.
A pesar de que el pasado 31
de enero, Aramburuzabala ganó el amparo ante el Juzgado Segundo de Distrito de
Amparo en materia penal en la Ciudad de México, la esposa de López Dóriga y
otros coacusados (Gabriela Torres, Paloma Baños, Mario Alberto Pocoroba y Érika
Mendoza) interpusieron un recurso de revisión para frenar la posibilidad de que
declaren los vecinos.
Sin embargo, los abogados de
Aramburuzabala lograron que la misma procuraduría los cite a declarar en
calidad de “testigos” en el otro expediente en contra de los funcionarios de
Protección Civil.
Fragmento del reportaje publicado en
Proceso 2119, ya en circulación
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ JENARO
VILLAMIL/ 10 JUNIO, 2017)
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