El negocio del robo de
combustible es un gran negocio. Todos los cárteles de la droga han expandido
sus actividades criminales hacia la ordeña de los ductos de Pemex porque es lo
que más dinero les está dejando. Una célula de Los Zetas, que es la
organización que comenzó la ordeña de manera organizada como un negocio
colateral al narcotráfico y contrabando humano, obtiene un promedio de siete
millones de pesos semanales. Diariamente, en la hoy famosa zona del Triángulo
Rojo en Puebla, las ganancias que obtienen las bandas criminales por ese hurto
es de dos millones de pesos diarios. Tan grande es el valor de esa actividad,
que Pemex reconoce que el año pasado perdió 30 mil millones de pesos por el
combustible que extrajeron de sus ductos. La merma financiera para Pemex es
monumental, pero el problema, que es viejo, no había sido atacado de manera
abierta y enérgica como hasta este mes. La muerte de cuatro soldados derrumbó
la negligencia gubernamental, que era asombrosa.
Tuvieron que suceder dos
ataques directos a soldados en el Triángulo Rojo, la de mayor incidencia de
robo a combustibles, a principio de mayo –cuatro militares murieron en uno de
los enfrentamientos con los criminales-, para que el gobierno cambiara su
actitud y, tomara con seriedad el combate a esos grupos criminales. La decisión
del Presidente Enrique Peña Nieto para que se enfrentara en forma transversal
el fenómeno criminal se dio únicamente al final de todo un año de conflicto en
esa zona huachicol, cuya reacción, no prevención, es la narrativa de cómo este
crimen les estalló en las manos.
El Presidente Peña Nieto
tendría que haber estado muy bien informado del problema que se vivía, pues
desde hace unos tres años promovió a quien había sido su jefe de seguridad en
el gobierno del Estado de México, el General brigadier Eduardo León Trawitz,
como subdirector de Salvaguarda Estratégica de Pemex, que es el área
responsable de los ductos. El General Trawitz sostenía reuniones regulares con
los responsables del área logística de Pemex para discutir del robo de
combustible, donde había acusaciones cruzadas. Ex funcionarios que conocen de
esas reuniones, recuerdan que el general afirmaba que el robo tenía cómplices
dentro de Pemex, mientras que los encargados de logística respondían que era
responsabilidad de los militares la vigilancia.
El alegato del general es que
tenía que haber complicidad en Pemex con los criminales porque para poder
ordeñar un ducto se necesitaba, a fin de evitar una explosión letal, que no
estuviera transportando combustible, información que sólo podría provenir del
salón de control de ductos de la empresa. Esta idea sigue permeando en el
Gobierno Federal y se está investigando en Pemex la posibilidad de complicidad
con los criminales. Pero el alegato de los responsables de logística, sobre
todo en el periodo 2014-2015, era por la infoormación que se tenía en las áreas
de seguridad del gobierno poblano, que la ordeña de ductos en el Triángulo Rojo
estaba avalada y, en algunos casos, controlada, por los militares. Un
enfrentamiento entre soldados y policía estatal en Amozoc, uno de los seis
municipios de la zona huachicolera, por el manejo del combustible robado, hizo
emerger la corrupción institucional, pero el expediente se congeló por el daño
que haría a la imagen de los gobiernos, pero particularmente al Ejército.
Pese a esas señales de
alarma, no se hizo nada. José Antonio González Anaya relevó a Emilio Lozoya en
la dirección de Pemex a principio de 2016, y entre las cosas que cambió
drásticamente, fueron las acciones en marcha para enfrentar la ordeña de
ductos. Canceló el proyecto de desarrollo de trazadores que estaba realizando
una empresa privada mexicana, por falta de presupuesto, y también paró una negociación
con una empresa colombiana que vendía un sistema que utilizaba una especie de
pelotas que corrían por los ductos y que en el momento que se registrara una
perforación, tapaban el orificio.
El descuido se potencia
porque en el Triángulo Rojo se incrementó el desafío de los criminales este
año: el 11 de febrero asesinaron al regidor de Industria y Comercio de
Quecholac, en un enfrentamiento contra huachicoleros; el 9 de marzo asesinaron
a tres agentes de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto cuando
investigaban a una banda dedicada al robo de combustible; el 16 periodistas y
ONGs denunciaron amenazas de muerte de huachicoleros en esa zona; el 27, los
habitantes de la zona atacaron un convoy militar para evitar que se llevaran
dos camioneras con combustible robado; el 26 de abril los huachicoleros
atacaron un destacamento militar en respuesta a un decomiso de otros vehículos
con combustible robado; y en mayo, el 3, huachicoleros y pobladores de
Palmarito atacaron a militares y mataron a cuatro soldados, y tres días
después, cuando los militares se llevaban otras camionetas con combustible
robado, volvieron a atacar a un destacamento militar en la misma comunidad.
Sólo así reaccionó el
gobierno. El Presidente ordenó el envío de dos mil 500 soldados a la región,
para reforzar a los 500 policías estatales enviados para combate y control en
la zona huachicolera. En Pemex restablecieron las negociaciones –aunque los
costos se elevaron 100 por ciento en todo el tiempo de abandono-, y el Secretario
de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, a manera de reclamo, afirmó:
hubieron omisiones y fallas de autoridades para proteger el combustible
mexicano. Tiene razón. Este problema ya cumplió 14 años de edad, que pudrió a
las comunidades y corrompió a las autoridades. Otro capítulo más de la
microhistoria mexicana.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter: @rivapa
(NOROESTE/ ESTRICTAMENTE PERSONAL/
Raymundo Riva Palacio/ 25/05/2017 | 01:00 AM)
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