FOTOS: cortesía
Entorno laboral es la principal línea que
autoridades investigan en el homicidio del reportero que había recibido amenazas
a través del portal Colectivo Pericú. Artículo 19 “exige enérgicamente al
gobierno de Baja California Sur que cumpla sus obligaciones constitucionales y
legales, a efecto de que garantice el ejercicio pleno de la labor periodística
en dicho Estado”
La mañana del viernes 14 de
abril, Maximino “Max” Rodríguez Palacios, reportero de la fuente policiaca de
Colectivo Pericú, salió de su vivienda poco antes de las 11:30 am, con
dirección a City Club, tienda ubicada a poco más de ocho cuadras de distancia.
Le acompañaba Raquel Romo, su esposa.
Al ingresar a la zona de
estacionamientos y apagar su vehículo Nissan Sentra color azul, una ráfaga de
arma larga cubrió al periodista; al menos 15 disparos fueron dirigidos al
veterano comunicador con más de 40 años de servicio. Los agresores dispararon desde
un pick-up color blanco que quedó registrado en las cámaras de vigilancia de la
tienda.
El hombre de 73 años de edad
yacía recostado sobre su lado derecho, hacia el asiento donde viajaba su
esposa, quien resultó ilesa.
Las hipótesis sobre el crimen
del reportero apuntan a su trabajo periodístico, considerando que “fue
silenciado por alguna razón, esa razón es la que estamos investigando”,
refieren autoridades. Los comentarios establecidos en su columna “Es mi
Opinión” pudieron ser clave para causar el enojo de delincuentes, incluso
políticos y autoridades.
Un día antes, el auto desde
donde dispararon al columnista “fue perseguido por Marinos, por toda la
Forjadores, se les perdió en Indeco, por la calle Limón”, comentó un miembro
del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública en Baja California Sur. Sitio
que hasta la mañana siguiente del asesinato del comunicador, derivó un
operativo militar, incluso con apoyo aéreo, donde ingresaron a un domicilio,
pero los presuntos agresores habían abandonado la casa de seguridad.
AMENAZA CUMPLIDA
Desde noviembre de 2015 hasta
el momento de su muerte, el periodista cubría la nota roja, tras la serie de
ejecuciones que se han dado desde el 31 de julio de 2014 en Baja California
Sur. Anteriormente laboró en medios como Canal 10, como corresponsal de El
Heraldo de México, columnista de La Extra y de Colectivo Pericú en los últimos
dos años, entre otros.
Incluso en la revisión de
notas, hecha por la organización Artículo 19, se establece que “… se encontró
información sobre amenazas previas que había recibido Maximino Rodríguez. A
través de una entrevista que le realizó Culco Cultura y Comunicación BCS, la
cual fue publicada el 6 de diciembre de 2016, a pregunta expresa, el reportero
respondió: ‘Sí me hablaron por teléfono que ya le pare, que no lo haga, que va
a cargar… cosas así’”.
Con guardia de honor, es como
periodistas dieron el último adiós a Maximino Rodríguez Palacios, Reportero de
Policiaca de Colectivo Pericú
En su columna denominada “Es
mi Opinión”, Max analizó los hechos de sangre que se presentaron principalmente
en La Paz y Los Cabos, este espacio de opinión generó controversia e
incomodidad a ciertas personas que se manifestaban en las secciones de
comentarios del propio portal.
“Tapó los comentarios de la ejecución de
esta pinche lacra de policía estatal corrupto juan Salvador Díaz y toda esta
pendiente el comandante osorio y la otra lacra de polícia estatal de apellido
oliveria no creen que se los van a chingar puto por culeros ya cayó uno es cuestión
de tiempo para que caigan y puto del máx ya agarro bando por lo pronto ya tapó
los comentarios de la ejecución de esta lacra cuidado seudoperiodista ya están
matando ministeriales y estatales no vayan a empezar a tunvar periodista que
agarran bando máx chayotero en b.c. S”, fue parte del comentario del usuario “Pájaro Inquieto” amenazando al
reportero.
Otro comentario en contra del
fallecido, incluso después de su muerte, es el siguiente:
“Te dige máx que estabas agarrando bando
le tirabas a un solo cartel pero al q le está pagando plaza al gobernador
cameda alias el pinguino no lo mencionadas les digistes que ya no traían nada
los del cartel de Sinaloa que estaban acabados tapaste los comentarios de la
ejecución de la lacra corrupto del policía estatal juan Salvador Diaz que debía
muchas precisamente al cartel de Sinaloa como están pendientes también de
ejecutarlos el comandante osorio y la otra verga q deve muchas el policía
estatal de apellido oliveria también se los van a chingar por puto debiste averte
portado neutral máx nada de esto te uniera pasado”.
En las últimas publicaciones
de Max Rodríguez Palacios destaca “… lo que queda de ‘Los Javieres’ buscan
distraer la fuerza policial en Los Cabos, por la desesperación de ‘El
Colores’”.
Otro reportero de la fuente
policiaca, Cuauhtémoc Morgan Hernández, recibe protección por parte de la
fiscalía a través del programa para dar puntual seguimiento a las medidas
cautelares ordenadas por el Ministerio Público de la Federación para la protección
de la integridad física y vida de los periodistas, familiares y víctimas”,
señala la Procuraduría General de la República (PGR).
Pese a los comentarios
intimidatorios que aparecen en el citado portal, días antes y después del
asesinato de Max Rodríguez, el jueves 20 de abril -seis días después del
asesinato-, el procurador general de Justicia en el Estado, Erasmo Palemón
Alamilla Villeda, dijo desconocer si existen tales amenazas.
“No tenemos antecedente al
respecto, ninguna denuncia presentada por él. Alguna versión que advertimos por
ahí, pero nosotros no teníamos conocimiento oficial, ni nunca nos solicitaron
alguna medida de protección para él, ni mucho menos”.
APENAS LA PUNTA DEL ICEBERG
Cincuenta y seis horas
después del asesinato del comunicador, la Procuraduría General de Justicia del
Estado (PGJE) confirmó que “los resultados de los peritajes del Sistema de
Huella Balística, permiten establecer que el arma con la que lo privaron de la
vida” participó en dos eventos más.
El rifle de alto poder
utilizado en la ejecución de Max Rodríguez fue vinculado con sicarios
mata-policías que habrían participado en al menos tres homicidios:
* El asesinato de Luis Alberto Corrales
González y Miguel Ángel Castro Romo, agentes de la Policía Ministerial adscritos
al Departamento de Homicidios, privados de la vida el 21 de febrero en la
colonia San Bernabé de San José del Cabo, municipio de Los Cabos.
De este suceso se sabe que
dos de las tres armas utilizadas fueron incautadas el 28 de marzo en la colonia
Santa Rosa en San José del Cabo, aunado a la detención de seis sicarios; uno
más perdió la vida en la refriega.
Un golpe muy duro es el que
recibió el gremio periodístico de BCS, tras la caída un compañero, el cuarto a
nivel nacional en lo que va del 2017
* El homicidio de Juan Salvador Díaz
Moreno, del ya casi extinto Grupo Especial Operativo (GEO), perpetrado el 5 de
abril en la entrada principal del Centro de Reinserción Social (CERESO) de La
Paz. Los sicarios fueron vistos huyendo en un Golf color blanco por la Colosio,
en dirección al Bulevar Agustín Olachea, punto donde se encuentra una cámara de
vigilancia de la Subsecretaría de Seguridad Pública.
El procurador estatal afirmó
que la relación entre los homicidios es muy estrecha, tanto así, que pueden ser
los mismos ejecutores de los agentes de seguridad y del reportero Policiaco:
“Esa arma se utilizó cinco días antes, en otro acontecimiento donde un
comandante de la Policía Estatal Preventiva fue atacado aquí a las afueras del
CERESO, a través del Sistema Integrado de Identificación Balística, se pudo
establecer que es la misma arma, el día que el comandante de la Estatal perdió
la vida, hubo una segunda arma que participó ahí, que a su vez se relaciona con
un evento del 21 de febrero de este año, donde privaron de la vida a dos
elementos de la Policía Ministerial; son dos armas que se involucran en tres
homicidios, dos policías de la Ministerial, uno de la Estatal y el señor
Maximino Rodríguez… con la óptica eso es lo que se percibe, por los investigadores
por las tres carpetas de investigación”.
Cómo definir si el arma
participó en los tres eventos en mención es “muy sencillo”, indicó el
especialista en balística consultado por ZETA: “Primero se determina si los
casquillos percutidos coinciden con las características de los otros eventos”.
Evidencia recolectada en el
asesinato del reportero, señala que se utilizó un rifle AK-47 o cuerno de
chivo.
“Analizados los casquillos,
se revisan las ojivas incrustadas en el cuerpo del delito, se unen todos los
fragmentos y así se puede determinar el arma que lo disparó. Las marcas que
deja el cañón de un arma es casi-casi como una huella digital en balística,
cada artefacto deja su propia marca, y por ello se determina si un arma ha sido
utilizada en más eventos”, agregó el experto.
Por su parte, Artículo 19
condenó el hecho contra el comunicador, por lo que exigió a “… todas las
autoridades de nivel federal, estatal y municipal, que cumplan cabalmente con
sus obligaciones para el desempeño de sus obligaciones para el desempeño de sus
funciones públicas y, en el ámbito de sus respectivas competencias, garanticen
el pleno ejercicio de la labor periodística”. Particularmente exige
enérgicamente al gobierno de Baja California Sur, cumplir sus obligaciones
constitucionales y legales, “… a efecto de que garantice el ejercicio pleno de
la labor periodística en dicho Estado, y pueda desempeñarse sin ningún tipo de
obstáculos ni violencia”.
EL MUNDO REACCIONÓ A LA MUERTE DEL PERIODISTA
“Se agotarán todas las líneas
de investigación para poder llevar a los responsables de tan lamentable acto
ante la justicia”, expresó Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California
Sur, al condenar el artero ataque en contra el comunicador, y comprometió el
respaldo con el gremio y los familiares del fallecido.
Cuauhtémoc Morgan, Director y fundador
de Colectivo Pericú condenó el asesinato de colaborador
Asimismo, solicitó activar
los mecanismos de protección a periodistas, incluso personalmente hizo la
petición a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y Raúl
Cervantes, procurador general de la República, para trabajar de manera
coordinada en el esclarecimiento de los hechos.
No obstante, la noticia no se
habría quedado en la entidad. Llegó hasta Organización de la Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (ONU), la cual se unió al repudio de estas prácticas
contra el derecho de la libertad de expresión.
“Desde mi Oficina condenamos
el asesinato del señor Rodríguez Palacios y nos solidarizamos con su familia,
amigos y colegas periodistas a quienes enviamos nuestras condolencias”, expresó
Jan Jarab, representante del organismo en México, ante la agresión a balazos
que le arrebató la vida al periodista originario de Irapuato, Guanajuato.
También la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a
través de Irina Bokova, directora general, condenó el atroz hecho sin precedente
en Baja California Sur, incluso lo denominó un ataque directo para coartar la
libre expresión de los mexicanos.
“No podemos permitir que los
criminales ataquen a los medios por brindar información al público. Pido a las
autoridades que garanticen que este crimen será investigado y sus autores
procesados para proteger la libertad de expresión y la libertad de
información”, solicitó.
La presión para el gobierno
mexicano, y sobre todo para el sudcaliforniano, de inmediato se hizo presente
cuando la Embajada de Estados Unidos en México condenó el suceso: su titular,
Roberta Jacobson, lamentó a través de Twitter “… la muerte de un periodista
más. Esta vez Max Rodríguez en Baja California Sur. Cuarto periodista asesinado
en el año”.
A la par, la solicitud de
protección a la familia de Rodríguez Palacios, llegó desde la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH). La protección incluso fue extendida para los
directivos de Colectivo Pericú, a quienes desde el mismo día de la muerte del
comunicador se les otorgó escolta militar; unidades castrenses custodiaban a
Cuauhtémoc Morgan, titular del colectivo, y a su esposa.
La agrupación Reporteros Sin
Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección contra Periodistas (CPJ) también
condenaron el suceso, incluso Balbina Flores y Jan Albert Hootsen,
respectivamente, se comunicaron en directo con Morgan.
“Muchos años como periodista
y columnista, y sus declaraciones eran muy fuertes, muy críticas”, apuntó
Balbina Flores sobre el acaecido periodista.
Mientras que el director de
Colectivo Pericú declaró: “Muy atentas y oportunas sus llamadas, desde el
primer momento estuvieron en contacto y están ofreciendo su apoyo. De la
oficina de Gobernación nos brindaron todo el apoyo y es por ellos la escolta que
amablemente nos brindaron”.
LEGISLADORES REACCIONARON
El miércoles 19 de abril,
tanto Camilo Torres Mejía, del Partido del Trabajo (PT), como Joel Vargas
Aguiar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentaron iniciativas
para consolidar la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de los Derechos
Humanos, y solicitaron a los periodistas revisar las leyes y hacer
recomendaciones de reforma para mejorarlas.
Previo a la propuesta, el
martes 18 de abril, en plena sesión del Congreso local, periodistas,
comunicadores e informadores se manifestaron por el homicidio del periodista de
Colectivo Pericú. Vestidos de blanco y algunos con cubre bocas, exigieron a los
legisladores que se generen las políticas para el esclarecimiento de la pérdida
irreparable del gremio y que no haya más muertes en la entidad.
“Le hablé a los compañeros
policíacos, ni siquiera me contestaron la llamada, quiero entender que tienen
demasiado miedo, porque aparecieron mantas intimidatorias, de hecho, el día del
crimen hubo una manta en contra de ellos, y tienen temor”, agregó por parte de
la Asociación Sudcaliforniana de Reporteros y Periodistas Asociación Civil
(ASRAC), Araceli Hernández.
Aunque hubo una manifestación
dividida, las diversas agrupaciones de reporteros en la entidad, tienen un
punto en común: el esclarecimiento de la muerte de Max Rodríguez y que haya
garantía para ejercer el periodismo libre. En algún momento los gremios podrán
llegar a un mutuo acuerdo y solidarizarse por el bien de la prensa sudcaliforniana.
Mientras le daban el último
adiós a Max Rodríguez, a los alrededores se realizaba un operativo de seguridad
para ubicar a los sicarios, sin embargo no hubo respuesta positiva del
operativo
Ambas propuestas presentadas
al día siguiente de la manifestación buscan que haya seguridad para que se
ejerza el periodismo y la defensa de los derechos humanos, y es que sólo dos
estados de la República, incluidos Baja California Sur y Tamaulipas, no cuentan
con esa Ley.
“Una homologación es un
mecanismo necesario que necesita, valga la expresión, el Estado para tener un
mecanismo local de protección al periodista y a los defensores de los derechos
humanos. Esta legislación data desde 2012 a nivel federal”, aportó Joel Vargas
Aguiar, diputado local del PRI.
La otra propuesta, del PT, ha
sido elaborada supuestamente “con un grupo de periodistas de aproximadamente
diez compañeros de dos organizaciones diferentes, y con ellos se hizo una
investigación con otras leyes que protegen los derechos de los periodistas que
prevén este tipo de acciones”, justificó Camilo Torres Mejía.
Son dos iniciativas de Ley
que conforman una misma, pero el interés es brindar garantías para que en Baja
California Sur se siga ejerciendo el periodismo y la protección de los derechos
humanos.
“Habla de derechos como son
seguro de vida, seguro social; habla de la protección cuando un periodista o
una parte de los periodistas se sienten o están amenazados”, aseguró Torres.
Se espera que en un plazo no
mayor a 30 días, la entidad pueda contar con una Ley de Protección a
Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos.
Por otro lado, Armando Ríos
Piter, senador por el Estado de Guerrero, condenó el atroz homicidio de Max y de
todos los comunicadores ejecutados en lo que va del año, asimismo, hizo un
llamado desde el Senado de la República al titular de la Fiscalía Especial para
la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, para
“realizar acciones extraordinarias para proteger a los integrantes de los
medios de comunicación, y de manera particular, se le pide identifique a los
responsables de los diversos asesinatos cometidos contra periodistas”.
Mencionó que estos casos ya
han llegado hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la UNESCO,
las cuales han marcado presión al Gobierno Federal para esclarecer los
terribles hechos, lo que calificó como “alarmante”.
LA “ESTRATEGIA” DE OSORIO CHONG
Ante los hechos de violencia
registrados en Baja California Sur, las fuerzas federales intervinieron para
bajar los índices de violencia. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de
Gobernación llegó a Los Cabos.
“Han venido a presidir una
sesión del Grupo de Coordinación de Seguridad en BCS y a plantear y discutir
cuál será este esfuerzo extraordinario que están haciendo los tres niveles de
gobierno y poder garantizar en BCS, específicamente en Los Cabos, la seguridad;
hemos tenido después una reunión con empresarios, a propósito de esto, un
diálogo muy interesante”, dio entrada el gobernador del Estado, Mendoza Davis,
en el marco de la reciente visita del funcionario federal.
La necesidad de retomar el
estado de pánico, el cual se había apoderado de los habitantes, pero sobre todo
de los empresarios, llamó al reforzamiento temporal de corporaciones federales
hacia la entidad, con lo que garantizarían el Estado de Derecho, pero aun con
más de mil 600 elementos de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), Marina, Policía Federal y Gendarmería, el crimen organizado
ejecutó a un comandante de la PEP y a un periodista.
“Hoy en el Grupo de
Coordinación lo vinimos a evaluar, a ver los alcances, qué hay que hacer hacia
adelante, vemos que estamos logrando el objetivo, hemos disminuido en pocos
días de manera considerable la comisión de delitos, de toda índole, sobre todo
homicidios, y queremos seguir en ese camino; para ello vamos a seguir con esa
estrategia, a seguir trabajando en cada uno de los municipios, particularmente
en Los Cabos (Cabo San Lucas y San José), en La Paz, para que esta seguridad
sea duradera”, retomó Osorio Chong.
Derivado a las
investigaciones y trabajos de inteligencia para erradicar cualquier conducto de
la delincuencia organizada, afirmó que es vital la participación coordinada, es
decir, que la comunicación e intercambio de información sea constante y
fidedigna, y sobre todo atender la denuncia ciudadana.
“Se requiere hacer algunas
otras acciones, entre ellas comunicar y comunicarnos bien, el poder estar
informando lo que está ocurriendo con toda transparencia para que se pueda a la
vez, por parte de ustedes (prensa), informar a los ciudadanos, hacerlo
directamente con los ciudadanos para también involucrarlos, queremos mayor
denuncia”, puntualizó.
Es aquí donde los compromisos
entran, donde se busquen soluciones y estrategias de raíz. El compromiso del
gobernador es ir trabajando en la formación de dos policías, “con mayores
alternativas de desarrollo tanto en lo profesional, como en lo personal, y
mientras tanto, todo con el recibimiento del apoyo de la Federación, de hacer y
formar sus propias instituciones de seguridad, y si de los propios municipios,
mientras no haya cambio de Ley, hacer sus propias instituciones; no pueden
quedarse permanentemente las instituciones federales, no va a suceder que se
queden permanentemente, pero sí el tiempo necesario para que dé tiempo al
Gobierno del Estado de conformar sus propias instituciones, que por mucho
tiempo no se hicieron, y que por mucho tiempo no formaron, y por eso estamos en
las circunstancias en las que estamos”, finalizó.
De igual manera, se informó
que se aplicará mayor tecnología para mantener los trabajos de inteligencia,
pero se centró principalmente en “comunicar y comunicar bien”, toda la
información para que las labores de inteligencia surtan efecto.
En su intervención de poco
más de cuatro minutos, el titular de Gobernación no abordó el asesinato del
periodista Max Rodríguez, además, solo se abrió espacio de preguntas y
respuestas para tres comunicadores: Armando Figaredo Cantú, de Televisa Los
Cabos; Verónica Gabriela González, de El Sudcaliforniano; y Leticia Hernández
Vera, de Tribuna Los Cabos. Ninguno de ellos abordó el homicidio del
colaborador de Colectivo Pericú.
(COLECTIVO PERICU/ Edición Impresa/ Investigaciones Zeta/ Martes, 25 Abril, 2017,
12:00 PM)
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