FOTOS: Enrique Botello
Tanto el homicidio de Jaime Palafox en
febrero como el asalto violento del presidente del Colegio de Abogados de
Ensenada, José Ángel Bustamante, a inicios de abril, son producto de la
impunidad y falta de eficiencia de las diferentes corporaciones de seguridad
pública, coincidieron litigantes y representantes empresariales consultados. El
Nuevo Sistema de Justicia Penal, una de las causales de que se haya disparado
la delincuencia
La escalada de homicidios que
afirman las autoridades, afecta solamente a personas involucradas en el
narcotráfico, y el robo con violencia que no escatima zonas de la ciudad,
permeó esta vez a profesionistas del Derecho en Ensenada.
En un lapso de pocas semanas,
cuatro abogados fueron víctimas de la delincuencia en distintos hechos. El 7 de febrero, el abogado y político Jaime
Palafox Toscano fue acribillado cuando conducía su vehículo y llegaba a su domicilio
en la colonia Moderna.
A los pocos días, otro
litigante y ex candidato a diputado, Miguel Alfaro, sufrió un aparatoso robo y
destrozos en una decena de cabañas de descanso que posee a las afueras de la
ciudad, rumbo a Ojos Negros. En un atentado a balazos contra dos individuos en
San Quintín, resultó herido un joven litigante, informó la prensa escuetamente.
Y apenas el 2 de abril, el
presidente del Colegio de Abogados de Ensenada, José Ángel Bustamante y
acompañantes, fueron asaltados en la carretera por hombres encapuchados y
armados, que los encañonaron y despojaron de vehículo, carteras y demás
pertenencias.
Polémico y con muchos
enemigos producto de sus litigios en asuntos agrarios, en el asesinato de
Palafox Toscano, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha
dicho, protocolariamente, que las líneas de investigación son la profesional y
personal, nada más. Mientras, trascendió que la misma familia Palafox está
haciendo indagatorias por su cuenta y que próximamente darán a conocer los
resultados, reveló un allegado.
El abogado Palafox conducía
una camioneta de reciente modelo por la paralela a la calle 11, que se une a la
carretera de salida a Tijuana. A unos cuantos metros antes de llegar a su casa,
en la colonia Moderna, y a una hora de constante tránsito vehicular, fue
balaceado desde un carro sedán que después fue abandonado a unas cuantas
cuadras. Le dispararon hasta en 14 ocasiones con una pistola calibre 9
milímetros -sin registro balístico en otros hechos- y, al perder el control, el
abogado fue a dar hasta la paralela de la carretera en sentido contrario y en
pendiente. Terminó estampado en la barda de una casa particular.
A finales de marzo, José
Ángel Bustamante tomó protesta como nuevo presidente del Colegio de Abogados de
Ensenada. Una semana después fue víctima de un asalto con violencia. Junto con
tres hombres más venía de San Felipe, bajaron a ver el atardecer a la altura
del Kilómetro 68 de la carretera Ensenada-San Felipe, en Ojos Negros, en el
Valle de la Trinidad.
De entre las ramas salió un
hombre con pasamontañas empuñando una escopeta, el cual lanzó unos disparos
antes de dirigirse con lenguaje violento hacia el abogado, mientras otros dos
tipos hacían lo propio con sus acompañantes. Alterados, violentos y gritones,
los despojaron de carteras, teléfonos celulares, relojes y demás objetos,
además del vehículo donde se transportaban, un Isuzu 4×4 2017 que una semana
antes había salido de la agencia, y que cuatro días después del asalto fue
encontrado volteado y quemado.
Después del atraco,
Bustamante y sus acompañantes tuvieron que caminar por más de dos horas en la
oscuridad, tiempo en el cual no vieron circular ni una sola patrulla ni federal
ni municipal, hasta que unas jovencitas les dieron “raite”. El entonces
director operativo de Seguridad Pública Municipal, Jesús Luna Lezama -removido
días después- declaró que se trató de un asalto sui géneris, ya que no hay
registro de otro en la zona ni en el mismo modus operandi.
“Sí, lo creo, pero también ese asalto sui géneris es
producto de la falta de vigilancia”, externó el abogado Bustamante, quien en
medio del drama se enteró que desde el retén de Ojos Negros hasta el de San
Felipe, la Policía Federal de Caminos no patrulla la zona debido a que se
confrontan con los soldados, mientras que la Policía Municipal solo cuenta con
dos patrullas para todo ese territorio.
NADA PERSONAL
Tanto el homicidio de Jaime
Palafox como el violento atraco al presidente del Colegio de Abogados de
Ensenada, son producto de la impunidad y falta de eficiencia de las diferentes
corporaciones de seguridad pública, coincidieron litigantes y representantes
empresariales consultados. El Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) fue
referido constantemente como una de las causales de que se haya disparado la
delincuencia de todo tipo.
Al argumento recurrente de
que la ola de homicidios se está dando nada más entre narcomenudistas y
miembros del crimen organizado, el presidente del Colegio de Abogados de
Ensenada considera que no es del todo cierta, pues junto con ellos se han
incrementado también los crímenes y robos en casa habitación, asaltos en vía
pública y robo de vehículos.
“Sí, podrían ser parte de los
delitos entre personas que se dedican al crimen organizado, narcotráfico y
demás, pero eso no quiere decir que no nos esté pasando a quienes estamos
alejados de esa actividad. Yo no me dedico a defender asuntos penales, lo
nuestro fue circunstancial, pero como nos sucedió a nosotros les puede suceder
a todos los demás”, manifestó Bustamante.
Para referirse al caso
Palafox, el litigante fue cauto: “Cualquier tipo de violencia, no nada más
contra abogados, sino contra cualquier ciudadano es reprochable, las
autoridades deben actuar igual para todos. Ese es un principio de justicia”.
Por su parte, el presidente
del Colegio de Abogados Independientes de Ensenada, Carlos Alberto Alba,
descarta que la afrenta contra sus colegas -Palafox y Bustamante- haya derivado
de ajustes de cuentas propios de sus diligencias, sino es consecuencia de la
mala administración de la justicia y seguridad pública.
“Nosotros los abogados
estamos expuestos todos los días a la simpatía o al rechazo de ciertas
personas, porque les ganas o pierden en juicios. Somos luchadores y el
licenciado Jaime Palafox siempre fue reconocido por polémico, muy estudioso y
que no se dejaba amedrentar. No creemos que haya sido un caso directo contra
él, sí creemos que posiblemente lo quisieron secuestrar, o asaltar”.
José Angel Bustamante presidente colegio
de abogados de Ensenada
Descartó que se trate de un
asunto de crimen organizado, “porque no es la marca ni el estilo que tienen los
narcotraficantes para trabajar, usaron una pistola 9 milímetros, y hay muchos
disparos que no dieron en el blanco y en un vehículo que había sido robado”.
Y en el caso de Bustamante,
líder del otro gremio de abogados, dilucidó: “Estoy seguro que no fue directo
contra él, fue un asalto como le hubiera sucedido a cualquier otra persona. Le
tocó a él desafortunadamente, o afortunadamente para que todos voltearan a ver
e hicieran caso, porque cuando se comete un delito con una persona común y
corriente, trabajadora, que no brilla en la sociedad, nadie le hace caso”.
“Sí, es cierto, puede que sí
sea cierto”, dice no muy seguro del todo Jorge Nava Jiménez, presidente de la
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Ensenada,
respecto a la reiterada explicación de las autoridades respecto a la
delincuencia, obedece a confrontación entre los mismos grupos delictivos.
— ¿Qué lectura se puede hacer del
asesinato de Palafox y el robo violento al presidente del Colegio de Abogados?,
cuestiona ZETA.
“La lectura es que en la
guerra entre grupos de delincuencia organizada siempre hay segundos o terceros
afectados, y esa es la sociedad. Siempre va a haber la posibilidad de que un ciudadanos inocente
se vea involucrado en una guerra de bandas de delincuentes y que sea asesinado
por interponerse en una situación, o desgraciadamente estar en lugar equivocado
el día equivocado. La noticia de que ‘se están matando entre ellos’ los
delincuentes de ninguna manera es una justificación para que la autoridad lo
permita”.
LOS RESPONSABLES
En el momento del asalto,
José Ángel Bustamante, presidente del Colegio de Abogados de Ensenada, conservó
la calma y, con la experiencia de lidiar con delincuentes en los seis años que
fue coordinador de jueces calificadores en el Ayuntamiento, y a pesar de ser
encañonado dos veces, se mostró frío con sus atracadores. De otra forma tal vez
el resultado hubiera sido fatal.
Hay una denuncia interpuesta
ante el Ministerio Público, pero bien sabe que difícilmente caerán los
responsables. Afirma que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)
ha hecho lo que ha podido, pero limitada bajo el NSJP: “Esta legislación está
basada en que todo el mundo se conduzca con absoluta verdad, lo cual no está
mal, pero sí es complicado actualmente resolver un asunto”.
Agregó que anteriormente,
cuando se detectaba a un ladrón, en flagrancia o cuasi flagrancia, se le
procesaba bajo el sistema tradicional y pasaba entre seis meses y un año tras
las rejas, mientras que hoy en día no existe la flagrancia ni se le puede
detener a la misma persona varias veces por el mismo delito, por lo que el
maleante ya está en la calle al día siguiente: “Bajo esas premisas, si no hay
una constante vigilancia policíaca o cobertura de seguridad por cámaras, es muy
difícil que una persona que roba o se dedica al narcomenudeo pueda ser
capturada”.
Refirió Bustamante que
también el NSJP trajo que se redujera el personas en todas las áreas de
procuración y administración de la justicia, mientras que a la Policía
Municipal se le dio una carga adicional, pues tanto los oficiales como los
primeros al llegar a la escena del crimen, tiene que llenar hasta 21 documentos,
lo cual distrae y absorbe tiempo, y que a la larga redunda en menos vigilancia
en la calle, que es su tarea. Todo lo anterior “es parte de lo que explica el
incremento en cierto tipo de delitos”.
“Sí, es cierto que la reforma
al Código Penal ha hecho que los delincuentes sean más vaquetones y conozcan
mejor sus derechos que nosotros. Pero también es cierto que cuando quieren
hacerse las cosas se hacen -como pasó en su momento en Guadalajara y Tijuana-,
donde llegó a decirse que se utilizaban medios de fuerza mayor a tal grado que
los derechos humanos se vieron violentados, pero se acabó la delincuencia”,
sugirió Carlos Alberto Alba, presidente del Colegio de Abogados Independientes.
Pero la culpa de que se haya
disparado la delincuencia en Ensenada la atribuye a las autoridades municipales
y estatales: “La seguridad se les salió de las manos, no es posible que de la
noche a la mañana tengamos una delincuencia tan alta como la que estamos
viviendo. En San Quintín casi diario tenemos un muerto”.
Carlos Alberto Lara Presidente abogados
independientes
Opinó que, aunque es un
policía de carrera, el director de Seguridad Pública Municipal, Emilio Camarena
Castillo, no tiene la capacidad para encabezar la corporación y no ha sido
capaz de estructurar un plan de trabajo como se le ha insistido.
“Ahí debe estar una persona
como un policía federal de caminos o un militar de estrategia contra el
narcotráfico, lo importante es que tenga autonomía, porque de nada sirve que
tengas a los mejores elementos si no les das autonomía. Necesitamos una persona
con una estrategia distinta, el veneno con veneno se mata”, considera.
A la administración estatal
también le fincó la responsabilidad de no tener realmente una estrategia y voluntad real de encarar la delincuencia,
evidenciada en solapar la circulación de autos “chocolate” o no poner a
trabajar como debe ser a los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP).
Dice que los planes y coordinación que se anuncian son pura faramalla: “Yo sí
culpo directamente al gobernador Francisco Vega de que no ha hecho su trabajo.
Nos dice que toda está bien, que hay una estrategia, que sabe que hay tres
grupos delictivos que se están disputando la plaza, pero no puede darnos información”.
El empresariado tampoco ha
visto definición en las autoridades estatales, refiere el presidente de
COPARMEX Ensenada que pese a la insistencia que han ejercido con la procuradora
de Justicia, Perla del Socorro Ibarra Leyva; con el secretario de Seguridad
Pública Estatal, Daniel de la Rosa; así como con autoridades municipales, la
delincuencia sigue escalando.
“Todavía algo más
preocupante, las diferentes instituciones de Seguridad Pública se andan
reclamando o denunciando, el secretario de Seguridad Pública del Estado nos dio
a entender que hay policías municipales inmiscuidos en la delincuencia
organizada. Por otro lado también escuchamos el señalamiento al secretario
sobre su involucramiento con grupos organizados de la delincuencia. Lo cierto
que por ningún lado hemos cumplido con la tarea tan importante de transparentar
los Exámenes de Control y Confianza de los policías, de ninguna corporación”,
expuso Jorge Nava, presidente de ese organismo.
Con la Policía Federal dijo
que de plano ni cuentan, no les informan de temas de seguridad, ni les dan indicadores que les permitan ver que
efectivamente hay coordinación con las autoridades locales y que se está
combatiendo la delincuencia organizada.
“No vamos a dejar de insistir
que haya un sistema de seguridad coordinado, porque no existe ninguna
coordinación, unos no se llevan con otros, se pelean, ya vimos cómo se andan
tirando balazos entre ellos”.
En ese contexto, planteó el
líder empresarial, definitivamente serían bienvenidas las Fuerzas Armadas para
resguardar a Ensenada, pues hasta ahora los resultados “por desgracia nos hace deducir: o hay
ineficiencia en las instituciones de seguridad de nuestro Estado -de los tres
órdenes-, o hay contubernio con las organizaciones de la delincuencia organizada”.
JUSTICIA POR PROPIA MANO
El NSJP se implementó en
nuestro Estado desde 2010, y apenas en 2016 empezó a operar en Ensenada. El
abogado Bustamante narra la anécdota de Costa Rica -donde se estableció desde
mucho antes-, donde en la capital, San José, el gremio de taxistas tuvo que
ajusticiar y casi medio matar a un ladrón que tenían detectado y que los tenía
azorados, mientras la nueva justicia no podía hacer nada. Se lo llevaron a la
sierra y le dieron una brutal golpiza. Solo así le pusieron remedio a la
situación en un contexto donde los ciudadanos viven resguardados en cercos con
púas electrificadas.
Igual acá, “esta nueva
legislación nos está generando impunidad, que a la larga va a generar
frustración en la sociedad y puede dar lugar a violencia, las personas
desafortunadamente puede empezar a tomar justicia por sus propia, eso es muy
peligroso porque a veces la justicia de esa naturaleza se equivoca, y es algo
que está prohibido en nuestra Ley fundamental, pero el sistema como está
diseñado y las condiciones para operar, no están dando un resultado positivo”.
Alberto Alba, del Colegio de
Abogados Independientes, comparte el mismo temor, y advierte que los grados de
impunidad ya alcanzaron un nivel crítico, que empieza a reflejarse en San
Quintín, donde han ocurrido la mitad de los 60 homicidios en lo que va del año
en el municipio, y donde la gente empieza hacer justicia por propia mano.
“Si un delincuente puede
dispararle a alguien y matar en la calle y no pasa nada, o sale cuando mucho a
los cuatro años, ¿qué pasa si yo ando armado y mato al cuate que me quiere
hacer algo? A final de cuentas el Artículo 20 constitucional dice que mientras
sea en defensa propia puedo portar un arma menor a calibre 20 milímetros”,
expone.
Como ya ha pasado en otras
regiones del país donde linchan a delincuentes y no permiten la intervención de
los policías, “la gente está enfadada, nos vamos a empezar a armar, a derramar
sangre, a eso es a lo que le tengo miedo, a que entre nosotros mismos nos
empecemos a matar”.
Por último, ante la crisis de
impunidad y la abulia de las autoridades, de las que no ven ni acciones preventivas
ni persecución de delincuentes, el líder de la COPARMEX Ensenada advirtió:
“Desgraciadamente creo que vamos a tener que buscar otros mecanismos de presión
que nos permitan hacer que estos funcionarios cumplan con su deber”.
(SEMANARIO ZETA/ Edición Impresa/ Juan
Carlos Domínguez/Lunes, 1 Mayo, 2017 12:00 PM)
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