FOTOS: Enrique Botello
El daño que dejó la pasada administración
sigue causando estragos al nuevo ayuntamiento de Ensenada. Compañías que
facilitaron materiales, equipo y servicios al gobierno de Gilberto Hirata Chico
por más de 30 millones que no se han pagado, consideran demandar
El daño patrimonial que dejó
la pasada administración municipal según lo documentado por Sindicatura, tuvo
repercusiones en todos los sectores de la sociedad, y los empresarios del giro
de la seguridad no fueron la excepción, a quienes les adeudan unos 30 millones
de pesos tan solo de la proveeduría del 2016.
Las compañías facilitaron
materiales y servicios al ex alcalde Gilberto Hirata Chico, sin embargo, hay
nueve empresas que surtieron de equipo con recursos del Programa de
Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) y que demandan el pago inmediato
por alrededor de 30 millones de pesos.
El Secretario del
Ayuntamiento, Iván Barbosa Ochoa, recibió a la iniciativa privada, quienes han
expresado “preocupación” porque tienen empeñados sus bienes, e incluso han
advertido sobre la posibilidad de demandar.
“Estamos revisando las
condiciones de los contratos y cada una de las cláusulas, la penalidad y si es
que la deuda, de las compras que hicieron, generan algún tipo de interés”,
agregó.
El dinero se usó para la
adquisición de chalecos antimotín y antibalas, uniformes, sistemas de
vigilancia, apoyo para jóvenes, cargadores, patrullas, hasta el que tenían
contemplado para el pago de los ascensos policiales, cuyo proceso nunca se
concretó, se lo gastó el Gobierno en otros rubros.
Amalia Vizcarra Berumen,
Oficial Mayor Municipal informó que
durante el proceso de entrega recepción se dio cuenta de varias
irregularidades, incluso pasivos que desconocían que tuvieron que dar cuenta a
Sindicatura para que ésta iniciara la investigación.
“Está en manos de la
Sindicatura y la Auditoría Superior de la Federación, enviamos la lista de los
proveedores y no podemos hacer el pago hasta que la autoridad nos dé
instrucciones de que efectivamente son adeudos que tenemos que cubrir”, comentó
la abogada quien por primera ocasión ha ocupado un cargo público.
DESPILFARRO MAL INVERTIDO
El Secretario de Seguridad
Pública del Estado (SSPE), Daniel de la Rosa Anaya consideró que sin duda la
adquisición de cámaras de seguridad es prioridad para ir ampliando el rango de
cobertura, como parte de la coordinación, ya que la información que se obtiene
de imágenes se concentra en el Centro de Operaciones Policiales (COP).
“Las cámaras son una medida
preventiva y de investigación”, sugirió.
Informó que el recurso
aprobado este 2017 del Fortaseg para Ensenada alcanza los 58 millones de pesos
y destacó que una de las inversiones más importante para la ciudad debe ser la
compra y reparación de cámaras de vídeo-vigilancia.
No obstante, mencionó que no
se trata solo de comprar tecnología con dinero de Fortaseg sino que se use para
el mantenimiento de las mismas.
“Pero de qué nos sirve una
tecnología o recursos públicos que se están invirtiendo cuando ni siquiera se
tienen la capacidad los analistas”, indicó el titular de la seguridad en el
estado.
En COP, dijo, es donde
confluyen las corporaciones municipales, estatales, ejército, grupos de
rescate, policía ministerial, marina y cruz roja.
A comparación del año pasado
en este la federación hizo un recorte de alrededor del 20 por ciento al fondo
para la seguridad por motivos presupuestales.
IP SIN PAGA
Gustavo Morachis, secretario
en el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, opinó que una estrategia
para mantener la seguridad en el puerto sin duda es el equipamiento.
“En muchas ciudades es común
que áreas como el centro de la ciudad esté seguro con cámaras bien instaladas
para poco a poco ir ampliando el rango de cobertura”, opinó.
Si el dinero se invirtiera en
estos sectores, sugirió, pudiera ser una estrategia para que la sensación sea
de seguridad.
Sobre el tema de impago el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), Marco
Coronado, declaró que la mayoría de los proveedores afiliados al organismo
tienen el mismo problema, sobre todo el de la industria de la construcción.
Recordó que la totalidad de
los recursos económicos del RAMO 33 se desvió y que desde entonces no les han
pagado a ninguna empresa las obras que les contrataron.
Lo desafortunado, comentó, es
que algunas de las construcciones fueron terminadas con recursos propios, lo
que generó un “bache” económico en las empresas.
NI EL MATERIAL DE PRIMER RESPONDIENTE PAGARON
Hasta las licitaciones de
“kits” de primer respondiente se deben, todo se entregó cuando revisaron el
recurso estaba ejercido completamente, se llevó el proceso de licitación, pero
no se cubrió a pesar de que se dieron los fondos.
Vizcarra Berumen detalló que
ciertas empresas recibieron hasta un 30 por ciento de anticipo, pero ya no se
les saldó el adeudo.
Sobre cómo influirá este
problema de impagos en las próximas licitaciones comentó que algunos concursos
los licitarán a nivel nacional porque hay negocios que ya no quieren distribuir
al ayuntamiento.
“Podemos hacer una licitación
a nivel nacional porque si no le cubres al proveedor no le quedarán ganas de
volver a participar, ésa será la percepción, pero lo pueden volver a hacer”,
indicó.
En este gobierno no queda más
que cuidar los recursos luego de encontrar una administración en número rojos
debido al desvío de millones de pesos con los que ha tenido que lidiar el XXII
ayuntamiento.
“Y quiero aclarar que estos
desvíos son transacciones reales que hemos detectado”, remató la oficial mayor.
RECORTAN PRESUPUESTO A SEGURIDAD
Ricardo Gil Villafaña,
subdirector administrativo, informó que el recorte para este 2017 será del 20
por ciento, y de 48 MDP que destinará la federación 10 MDP los proporcionará el
ayuntamiento.
Adelantó que 7 MDP se
invertirán en el programa del centro
nacional de prevención, medio millón en 318 evaluaciones de control y
confianza.
2.8 MDP serán para la compra
de “kit” de primer respondiente como lámparas, banderines, gises,
identificadores como también listón amarillo y rojo.
Para ampliar la red de
vídeo-vigilancia, sobre todo en los accesos a la ciudad, habrá un recurso de 2
MDP y la misma cantidad de dinero para la adquisición de radios Matrix.
También se comprarán más
camionetas, motocicletas, vehículos sedán, hasta bicicletas para la policía
turística, agregó.
Gil Villafaña reconoció que
el dinero que se use para estos fines estará sumamente vigilado por la
Sindicatura.
(SEMANARIO ZETA/ EDICIÓN IMPRESA/ LORENA LAMAS /LUNES, 1 MAYO, 2017 12:00 PM)
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