Migrantes durante una misa en la Iglesia
Central del Nazareno, que da albergue a mujeres y niños haitianos en Tijuana.
Credit Meghan Dhaliwal para The New York Times
TIJUANA — Esta ciudad
mexicana estaba abrumada, incluso desde antes de que el presidente Donald Trump
decidiera construir un muro en la frontera.
El año pasado comenzaron a
llegar tantos migrantes haitianos con la esperanza de cruzar hacia Estados
Unidos que las iglesias, los salones comunitarios, los programas de clases
extracurriculares, los centros de rehabilitación y ciudadanos particulares han
abierto sus puertas para darles techo, comida y ropa.
En un albergue, cerca de 250
inmigrantes (hombres, mujeres y niños) comparten dos escusados y una regadera.
En una iglesia están apretujados 400 más. Un comedor de beneficencia aloja a
cientos en corredores, la bodega y un terreno a la intemperie en la parte
posterior.
Ahora, a algunos funcionarios
y defensores les preocupa que el plan de Trump pueda dar pie a una crisis
migratoria en pueblos y ciudades a lo largo de la frontera y, de hecho, en todo
México.
El gobierno mexicano, dicen,
podría no ser capaz de manejarla.
Trump está buscando reforzar
la frontera, restringir la inmigración y aumentar las deportaciones desde
Estados Unidos. Al anunciar sus acciones la semana pasada, dijo que “ayudarán a
México al desalentar la inmigración ilegal”.
“Será de verdad muy muy bueno
para México”, declaró.
Sin embargo, algunos
defensores y funcionarios internacionales prevén una posible pesadilla para el
país.
Una creciente cantidad de
personas ha estado dirigiéndose hacia el norte desde Centroamérica, escapando
de la violencia y la pobreza en su tierra natal. Durante el año fiscal 2016,
que terminó en septiembre, aproximadamente 409.000 personas fueron atrapadas
mientras trataban de cruzar la frontera suroeste de Estados Unidos, lo que
representa un incremento del 23 por ciento en comparación con el año fiscal
previo, de acuerdo con estadísticas del gobierno estadounidense. Esta tendencia
se ha mantenido durante los meses recientes.
En el Templo Embajadores de Jesús,
ubicado en las afueras de la ciudad, viven alrededor de 400 migrantes
haitianos. Credit Meghan Dhaliwal para The New York Times
Mientras más migrantes sean
detenidos en la frontera de Estados Unidos y más indocumentados sean deportados
del mismo país, más abrumadas estarán las comunidades fronterizas, los refugios
para migrantes podrían sobrepoblarse, los niveles de desempleo podrían aumentar
y México sería el que tendría que soportar esa carga, sostienen defensores y
funcionarios.
“Nos preocupa”, dijo
Christopher Gascón, representante en México de la Organización Internacional
para las Migraciones. “La forma en que México maneje esto será un aspecto
preocupante. No creo que tenga la capacidad para absorberlo”.
Incluso antes de esta semana,
México ya estaba enfrentando presiones migratorias extraordinarias. Las olas de
centroamericanos que se dirigen al norte ya habían puesto a prueba a la
patrulla fronteriza mexicana en el sur del país y han provocado un aumento en
la cantidad de personas que solicitan asilo en México, de más del doble de 2015
a 2016.
“La forma en que México
maneje esto será un aspecto preocupante. No creo que tenga la capacidad para
absorberlo”.
CHRISTOPHER GASCÓN, REPRESENTANTE EN MÉXICO DE LA
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES
Los funcionarios mexicanos
también estaban apresurándose para desarrollar una estrategia en caso de que
Trump cumpliera con sus promesas de aumentar las deportaciones de
indocumentados, una población que incluye a millones de mexicanos. Un grupo
intergubernamental comenzó el 23 de enero a estudiar maneras de ayudar a
integrar a los deportados a la sociedad mexicana.
Los cambios recientes en las
políticas estadounidenses durante el gobierno de Obama de por sí habían
contribuido a que aumentara la oleada de migrantes haitianos. Miles de cubanos
también terminaron atorados en México y Centroamérica este mes después de que
el gobierno de Obama dio fin a la política de “pies secos, pies mojados” que
favorecía a los cubanos.
Debido a la presión ejercida
por Estados Unidos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, había estado
tratando de frenar el flujo de migrantes que atravesaban su país y comenzó el
Programa Frontera Sur como un esfuerzo para controlar el flujo de gente y
bienes que cruzaban desde la frontera con Guatemala. Bajo el plan se duplicaron
las deportaciones de 2013, cuando se aprobó, a 2016. Casi todos los deportados
en los años recientes provenían de Centroamérica.
Sin embargo, las fronteras
siguen teniendo muchos huecos. La Organización Internacional para las
Migraciones calcula que entre 400.000 y 500.000 migrantes indocumentados
transitan a través de México cada año y que el 90 por ciento de ellos son
centroamericanos.
Aquí, en el estado de Baja
California, la crisis migratoria ha subrayado la capacidad limitada del
gobierno mexicano para lidiar con el reto.
La fila para el reparto de comida en el
Desayunador Salesiano Padre Chava. El comedor comunitario y albergue en algún
momento alojó a 500 personas, la mayoría migrantes haitianos. Credit Meghan
Dhaliwal para The New York Times
Los migrantes haitianos
comenzaron a llegar en la primavera pasada. Durante un tiempo, no tuvieron
problema para cruzar a Estados Unidos. Reconociendo las dificultades en Haití
después del terremoto de 2010, los oficiales de la frontera estadounidense
permitían entrar a los haitianos indocumentados con una autorización temporal
por motivos humanitarios, con permiso para quedarse hasta por tres años.
Los migrantes llenaron los
numerosos albergues y los hoteles baratos de Tijuana mientras esperaban, a
veces durante semanas, sus citas con los funcionarios de la frontera
estadounidense.
Luego, a finales de
septiembre, el gobierno de Obama anunció de pronto que estaba retomando
completamente las deportaciones de haitianos, con la esperanza de que ese
cambio de política disuadiera la emigración. No obstante, los haitianos
siguieron llegando.
Mientras que la población de
migrantes haitianos se ha elevado (en la actualidad hay cerca de 4500 haitianos
en Tijuana y en otras partes del norte de Baja California), las autoridades
mexicanas no han cedido a las súplicas de abrir un albergue de emergencia
operado por el gobierno.
Más de 30 albergues están
atendiendo a los haitianos, pero ninguno es gubernamental. La mayor parte de la
carga de alojar, alimentar, vestir y atender al flujo incesante de haitianos ha
recaído en personas y grupos pertenecientes a la sociedad civil, los cuales han
acusado al gobierno de no actuar a tiempo.
Este mes, una coalición de
los principales albergues de Tijuana y Mexicali envió una carta al presidente
Peña Nieto exigiendo una “intervención” federal más sólida para enfrentar la
crisis. Todavía no han recibido una respuesta, afirmaron.
Además, grupos humanitarios y
activistas en Tijuana presentaron la semana pasada una queja ante la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos en la que sostienen que los funcionarios
federales han violado los derechos humanos de los migrantes “de manera amplia y
repetida” al no hacer frente a la crisis.
Los funcionarios federales
han rechazado las críticas acerca de que han sido negligentes.
“¿Se puede hacer más? Sí”,
dijo Rodulfo Figueroa Pacheco, el delegado en Baja California del Instituto
Nacional de Migración, durante una entrevista antes de que se presentara la
queja. “Ha sido una lucha”.
“Pero”, señaló, “no es verdad
que los gobiernos no hayan reaccionado”.
Francine Charles y su hija, Yviana
Montsinas, en una de las locaciones del albergue Movimiento Juventud 2000, que
pasó de albergar a 25 personas a alrededor de 250. Credit Meghan Dhaliwal para
The New York Times
La crisis, ahora en su noveno
mes, ha sido una carga apabullante para los refugios.
La población de migrantes en
Movimiento Juventud 2000, un albergue de muchos años que tiene una capacidad
para aproximadamente 25 personas, se ha elevado a 250, muchas de las cuales
viven en tiendas de campaña donadas y levantadas en un terreno adyacente que se
convierte en un lodazal cuando llueve.
El Templo Embajadores de
Jesús, situado en un barranco baldío en el extremo oeste de Tijuana, alberga a
cientos de personas a pesar de no estar conectada al sistema de abasto de agua
municipal y de tener que llenar sus tanques con una pipa de agua.
Los administradores del
Desayunador Salesiano Padre Chava, que durante años ha funcionado como un
comedor de beneficencia, dieron un nuevo propósito a prácticamente toda la
edificación, incluyendo los corredores y la bodega, convirtiéndola en un
dormitorio improvisado que en cierto momento llegó a dar techo a más de 500
personas.
Claudia Portela, coordinadora
de Padre Chava, que hace poco abrió un segundo albergue más pequeño, calcula
que las donaciones han satisfecho el 98 por ciento de sus necesidades durante
esta crisis.
Aunque reconocen que la mayor
parte de la ayuda humanitaria ha venido de la sociedad civil, los funcionarios
gubernamentales insisten en que ellos han proporcionado servicios cruciales
pero que han estado lamentablemente limitados por presupuestos que ya estaban
restringidos debido al deterioro de la economía en México.
“Nuestra contribución ha sido
muy pequeña”, dijo Figueroa. “La capacidad institucional no es tan sólida como
quisiéramos”. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, dice que las entidades
gubernamentales han donado desde finales de octubre más de 280.000 pesos
mexicanos, cerca de 445.000 comidas, miles de cobijas, cientos de colchones y
muchos otros bienes y servicios.
Los funcionarios estatales y
federales, dijo, todavía estaban discutiendo la posibilidad de abrir un
albergue, pero la propuesta había levantado difíciles cuestiones filosóficas y
prácticas.
“¿Construiremos algo que
después no podamos deshacer?”, preguntó.
Migrantes viven en tiendas de
campaña donadas y levantadas en un terreno adyacente a Movimiento Juventud
2000. Credit Meghan Dhaliwal para The New York Times
Redes de grupos humanitarios
se han lanzado a ayudar.
“Para mí, la peor parte es la
omisión del gobierno federal”, dijo Soraya Vázquez, una de las nueve mujeres
que operan el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria Tijuana, un grupo local
formado en septiembre. “El gobierno debe reconocer que esto es una crisis
humanitaria”.
Una mañana reciente, ella y
su colega Adriana Reyna se subieron a la camioneta de esta última y dieron un
recorrido por varios albergues en Tijuana para evaluar sus necesidades.
“El gobierno debe reconocer
que esto es una crisis humanitaria”.
SORAYA VÁZQUEZ, DEL COMITÉ ESTRATÉGICO DE AYUDA
HUMANITARIA TIJUANA
En el Templo Embajadores de
Jesús, la iglesia en el barranco, una niña haitiana de un año y medio se había
caído. Sus padres tenían la preocupación de que se hubiera fracturado un hueso.
Así que las mujeres llevaron a la niña y a sus padres a una clínica cercana
donde la examinaran gratuitamente, luego fueron a una farmacia a conseguir
medicina para tratar el dolor y la inflamación.
En otro albergue, las mujeres
programaron citas con un doctor para un hombre con una herida infectada en una
pierna y dos migrantes cuyos embarazos presentaban complicaciones. También
planearon la instalación de un taller de piñatas que podría dar empleo a los
migrantes.
En la Iglesia Central del
Nazareno, que se ha convertido en un albergue, la coordinadora Ruth Gaxiola les
preguntó a las mujeres si habían escuchado alguna novedad sobre cómo estaban
recibiendo a los migrantes haitianos en la frontera de Estados Unidos. ¿Los
estaban deportando?
Fue un día después de la toma
de posesión de Trump y los rumores volaban.
“Espero que puedan cruzar.
Espero que estén bien”, dijo Gaxiola, tratando de no llorar. Se veía exhausta.
Vázquez extendió los brazos y las dos mujeres se abrazaron.
(THE NEW YORK TIME/ KIRK SEMPLE 30 DE
ENERO DE 2017)
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