Javier Duarte. (Cuartoscuro)
Una razón poderosa por la
cual Javier Duarte pudo haber salvado un proceso de juicio político como
gobernador de Veracruz para enfrentar acusaciones de presunto enriquecimiento
inexplicable y desvío de recursos, debe encontrarse en la amenaza que deslizó a
finales del año pasado: una parte del dinero que afirmaban que había caído en
su bolsa, dos mil 300 millones de pesos –decían–, habían sido para la campaña
presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. ¿Es verdad?
Muy pocos podrán hablar con
pleno conocimiento de ello, pero lo que es cierto es que el presidente no
autorizó que el PRI buscara el desafuero, con lo cual la campaña para renovar
al Ejecutivo en Veracruz se convirtió en un pantano de estiércol.
Como sucede normalmente en
estos procesos, el pleito todo debió haber terminado el domingo con la
elección, como pasó en otros campos de batalla negros como Tamaulipas y Oaxaca,
o en otros nada impolutos como Durango y Puebla. Pero no en Veracruz, donde el
conflicto postelectoral cambió la ruta de los tribunales a los medios. Odios
que parecen irreconciliables entre el gobernador saliente, Duarte, y el virtual
gobernador, Miguel Ángel Yunes, expresados a lo largo de esta semana con una
continuación de la guerra de acusaciones y amenazas, de descalificaciones y
vituperios, están llevando al estado a una etapa de ingobernabilidad. Eso va a
ser inadmisible.
Yunes, sometido a una campaña
de descalificación sistemática y profunda como nunca antes en su vida, como él
mismo lo reconoce, tampoco ha dejado de estar señalando en entrevistas de
prensa que va a meter a Duarte en la cárcel. Es tal el encono, que Yunes pasa
por alto que él no tendrá atribuciones de Ministerio Público cuando llegue a la
gubernatura, y que como ha sucedido en otros casos de ajustes de cuentas entre
gobernadores entrantes y salientes, tiene que recurrir al apoyo de la
federación porque tampoco está dentro de sus atribuciones legales. No obstante,
Duarte tuvo una reacción propia de un comportamiento bipolar.
El martes pidió a los
veracruzanos dejar atrás el enojo y trabajar unidos. Pero como Yunes no aceptó
su mano e insistió en que lo meterá en la cárcel, el gobernador, que tiene la
piel delgada, difundió este jueves un video en donde sin decir nombres, dijo
que las acusaciones en su contra sólo existen en la mente de quien sí tiene
denuncias formales por enriquecimiento ilícito. “Una cosa es la propaganda
electorera basada en la infamia y la acusación sin bases, y otra muy distinta
probar los dichos”, dijo. “Los desvíos de los que se habla sólo existen en la
mente tortuosa de quien sí tiene denuncias formales por enriquecimiento ilícito
y gravísimos señalamientos por falta de probidad como persona”.
Los términos de la batalla
fueron ratificados. Duarte contra Yunes, a ver hasta dónde le alcanza. El
gobernador, podría decirse, tiene ventaja. El relevo de mandato será hasta
dentro de más de tres meses, por lo cual dispondrá de los recursos políticos
que tiene un mandatario en México para preparar el terreno, de su salida por un
lado, que significa limpiar las cuentas públicas para minimizar la posibilidad
de que le atrapen en ellas irregularidades, y desbarrancar o descalificar a
Yunes como un mecanismo preventivo y de control de daños para lo que venga
después. Si uno se atiene al temperamento de ambos, el reguilete de estiércol
continuará durante un tiempo más. Aquí es donde viene la duda: ¿harán de la
vida púbica veracruzana un chapoteadero de acusaciones de corruptos, ladrones y
pederastas durante los meses por delante? Duarte y Yunes deben pensar que sí.
El punto es si no habrá una autoridad superior que los ponga en su lugar.
En la lógica del acuerdo
entre los nuevos siete gobernadores que tendrá el PAN, concretado el miércoles
con el líder del partido, Ricardo Anaya, para trabajar coordinadamente con el
gobierno federal, no sería extraño que le pida a Yunes detener por ahora su
cruzada contra Duarte. Después de todo, si el gobierno del presidente Enrique
Peña Nieto actúa en aras de la gobernabilidad, Duarte tendrá que ser
silenciado. No será un tema de censura, sino de responsabilidad y disciplina
política. El gobernador no puede declarar la guerra a un adversario político
sin pensar que no habrá represalias, no de él, sino de quienes son los
responsables de la gobernación en el país.
El secretario de Gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong, está obligado a llamarlo a cuentas y forzarlo a que
se calle la boca, pues sus palabras sólo enturbian más el entorno y radicalizan
la problemática política en Veracruz, un estado de sí azotado por la inseguridad
y la violencia. La locuacidad del gobernador, disparada por las amenazas de
Yunes, no ayuda al estado, pero menos a él. Duarte va de salida y Yunes tomará
posesión.
Sus gritos no impedirán la
transmisión de poder. Lo que tampoco debe soslayar es que en estos momentos es
una pieza desechable, despreciada por la sociedad veracruzana y por el país; el
peor gobernador evaluado en la nación. Es decir, cualquier acción política
puede caer sobre de él. El desafuero, quizás. Una acción judicial que le finque
responsabilidades por delitos asociados con la corrupción, tal vez. Su cabeza
es muy apetecible para la gradería popular, y tanta histeria histriónica le
pudieran dar el presidente la oportunidad de responderle a los votantes del 5
de junio: ya los escuché.
Twitter: @rivapa
(FINANCIERO/ Estrictamente Personal/
RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 10.06.2016)
No hay comentarios:
Publicar un comentario