Diputados federales de
Movimiento Ciudadano, del PAN y el diputado independiente Manuel Clouthier exigen al Ministerio Público Federal investigar
al Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez y a su Secretario General de
Gobierno, Gerardo Vargas Landeros por
ser los presuntos responsables que están detrás del enredo narco político que
concluyó con la autorización del desafuero e la diputada Lucero Guadalupe Sánchez López, acusada de
falsificar documentación cuando visitó a Joaquín Guzmán Loera en el Penal de
Máxima Seguridad del Altiplano.
En tribuna y ante el Pleno de
la Cámara Baja, cuestionan también que habiendo 350 expedientes de juicio político
contra muchos delincuentes de cuello blanco –algunos secretarios de Estado,
gobernadores y altos funcionarios- que deberían estar en las cárceles por
delitos graves contra el patrimonio de
los mexicanos, se curan en salud enjuiciando a una diputada local por
falsificar un documento.
El diputado independiente
Manuel Clouthier, expuso que el caso del desafuero de la diputada local no debe
quedar ahí porque detrás de esos vínculos entre narcos y políticos está toda
una red organizada de políticos que promueven este tipo de candidaturas.
Acusa al Gobernador Mario López Valdez de ser quién postuló a la entonces candidata
del PAN a diputada local por Cosalá y por tanto exigió al Ministerio Público
Federal se investiguen posibles vínculos que puedan existir entre el Mandatario
estatal con el narcotraficante sinaloense en torno a esta postulación de Lucero
Guadalupe.
Abiertamente el diputado del
PAN, pidió que esta investigación se haga extensiva al Secretario General de
Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, el hombre de mayor confianza del Gobernador, por estar directamente involucrado en la
comisión del delito que llevó al desafuero de la diputada local.
Y le señala que siendo
Secretario General de Gobierno, Vargas Landeros
le expidió de forma extemporánea en el 2014 a la todavía diputada, un
acta de nacimiento falsa para consumar el delito, y esto obliga al Ministerio
Público Federal a someter al funcionario a una rigurosa investigación
La declaración de procedencia
que autoriza el desafuero a la diputada local sinaloense Lucero Guadalupe
Sánchez López, desencadenó una avalancha
de acusaciones contra la Sección Instructora a la que Morena, el PRD y
Movimiento Ciudadano exigieron hacer de lado la simulación y desempolvar los
350 casos de solicitudes de juicios políticos; desaparecer el fuero a diputados
y hasta el Presidente de la República.
Luis Toribio, agente del
Ministerio Público federal, expuso los argumentos para que esta soberanía se
pronuncie a favor del desafuero de la hoy legisladora, por uso de documentos
públicos falsos, y mostró dos imágenes de las cámaras de ingreso al penal del
Altilano, con identificación falsa y a nombre de Devany Vianney Villatoro
Pérez.
Rubén Tamayo, abogada de la
inculpada, dijo que este es un juicio político, no un caso de desafuero, y
cuestionó por qué un juicio como este ha tenido tanta celeridad y si hay tantas
solicitudes. Dijo que el caso nace con la detención arbitraria el 20 de enero
en Culiacán saliendo de su domicilio, por agentes del Ministerio Público de la
federación, en cumplimiento a una orden de búsqueda y presentación.
Señaló que los agentes
federales la condujeron con lujo de violencia hasta la Ciudad de México.
“El delito fue por
delincuencia organizada y uso de documentos falsos. Se le investigó en bancos y
el Registro Público de la Propiedad y la información de la PGR no fue
suficiente para afirmar que la diputada hubiese tenido uso indebido de sus
recursos. Por tanto, delincuencia organizada no prosperó, solo uso de
documentos falsos”.
El litigante pidió a los
diputados apegarse a derecho y pronunciarse en contra del desafuero.
El diputado Ricardo Ramírez
Nieto, presidente de la Comisión Instructora, afirmó que Sánchez usó documentos
falsos que le imputan la probable responsabilidad, y este órgano legislativo
determina que existen méritos suficientes para emitir la declaración de
procedencia.
“Esta Sección Instructora
considera que obran elementos probatorios para demostrar un delito federal por uso de documento falso y hay elementos
que demuestran el cuerpo del delito. Por tanto, que se proceda penalmente
contra la diputada y se proceda a desaforarla”, dijo
En tribuna, el sinaloense
Manuel Clouthier Carrillo, diputado independiente, dijo que el narco es la mayor amenaza a las instituciones
mexicanas y a la incipiente democracia porque está metido en las más altas
esferas y actividades del país, en todos los partidos políticos y poder
ejecutivos y judicial y hasta en instituciones
de la salvaguarda nacional.
“la corrupción no es
individual, es organizada. Y cuando se pone al descubierto se pone de forma individual, como es el caso
de la diputada Lucero Sánchez, que fue postulada por el Gobernador Malova”.
Empezar a limpiar la
narcopolitica, agregó, fue el reclamo e los ciudadanos en la pasada elección en
Sinaloa y otros estados.
El diputado Macedonio Salomón
Tamez, de Movimiento Ciudadano, manifestó que “no nos engañemos ni engañemos al
pueblo, la decisión no tendrá satisfecha la población. El fuero debe
desaparecer y dar ocasión para estudiar este tema para que todo servidor
publico pueda ser sometido a la acción
de la justicia”.
Aseguró que hay otras 350
demandas de juicios políticos en esta legislatura que permanecen “congelados”,
y afirmó que esperan que este caso sirva de ejemplo para que Ministerio Público
investigue nexos entre políticos y delincuentes, porque “la justicia no puede
darse a pedacitos”
Alfredo Basurto, legislador
de Movimiento de Regeneración Nacional, sostuvo que en este y otros casos, se
aplica el criterio de “justicia para mis amigos, y la ley para mis enemigos”.
“Hay asuntos tan delicados
para el país y si se procediera bien, muchos diputados estuvieran en la cárcel.
Hay muchos delincuentes de cuello blanco y hasta se les premian con
diputaciones y gubernaturas, y hoy se sanciona a una diputada por una
falsificación de documento. La Sección Instructora no hizo bien su trabajo”.
Impunidad y corrupción,
añadió, deben ser combatidas por los legisladores, y esto no se logra si se
incurre en simulación.
“Resulta importante evitar
que la delincuencia penetre la estructura de gobierno, sobre todo a servidores
públicos. No permitiremos que el narco penetre la política. Debe sancionarse de
acuerdo a la ley y de manera ejemplar para que no se repita”, dijo.
Juan Pablo Piña, de Acción
Nacional (PAN), criticó el hecho de que se haya denunciado este caso, de la
supuesta falsificación de documentos oficiales, ocho meses después de que se
detectó esta irregularidad, en el penal del Altiplano.
“Hay corrupción e
ineficiencia en el penal de máxima seguridad porque el juez dijo que no
autorizó el ingreso. Otro dato es que el gobierno del Estado de Sinaloa le
autorizó un acta de nacimiento en el 2014, tan solo 32 años después de la fecha
de nacimiento y el responsable es el secretario General de Gobierno , Gerardo
Vargas Landeros”.
Como un acto de congruencia,
explicó, el blanquiazul votó a favor del dictamen, porque la ley debe aplicarse
a quien la infrinja, pero también señalan irregularidades del Gobierno federal
en torno al funcionamiento del penal de máxima seguridad.
(RIODOCE/ REDACCION/ 14 junio, 2016)
No hay comentarios:
Publicar un comentario