Desplazados Cosalá 2015
El Gobierno del Estado no ha
podido resolver el problema de los desplazados de 2012 y ya enfrenta nuevos
desplazamientos forzados por la violencia.
De acuerdo con cifras de la
Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado (Sedeshu), son aproximadamente
690 familias las que viven desplazadas desde hace cuatro años.
La dependencia estima que son
alrededor de 2 mil 700 personas las que permanecen sin poder volver a sus
comunidades.
A esas personas se suman al
menos 300 familias que huyeron de los poblados de La Tuna y otros de
Badiraguato, por los enfrentamientos entre el Cártel de los hermanos Beltrán
Leyva y el de Sinaloa.
La Sedeshu estima que en
promedio son 4.5 personas por familia en la zona rural del estado, lo que
significaría que el número de desplazados por la violencia aumentó a más de
cuatro mil 50 personas.
De acuerdo con la
dependencia, las personas no han regresado a sus comunidades debido a que
consideran que no hay condiciones de seguridad para hacerlo.
Los desplazamientos de los
últimos cuatro años han ocurrido en los municipios de Culiacán, Escuinapa,
Mazatlán, Sinaloa, Choix, Mocorito, Badiraguato, Ahome, Concordia y Angostura.
El Procurador General de
Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, afirmó que en Badiraguato ya hay
condiciones de seguridad para que los habitantes regresen.
“Hay un grupo permanente (de
policías y militares) que se están analizando las posibilidades no solamente de
mantenerlo un par de semanas sino mantenerlo de manera definitiva para dar
seguridad a los habitantes”, dijo.
DESPLAZADA
DOS VECES
Desde hace cuatro años y
cinco meses, Esperanza Hernández Lugo vive en una casa que no es suya, en un
pueblo que no es el suyo; y una vida diferente a la que tenía.
Ella ha sido desplazada dos
veces, primero de su comunidad en Sinaloa municipio y luego del estado, debido
a que recibió amenazas y tuvo que irse a la Ciudad de México unos meses.
La mujer originaria de
Ocorahui actualmente vive en el estado, pero el mes pasado fue amenazada otra
vez para que deje el movimiento social que encabeza a favor de los desplazados.
Esperanza es de las miles de
personas que en 2012 tuvieron que dejar sus pueblos por la ola de violencia que
los azotaba y el temor a morir en los tiroteos y matanzas que se registraron en
esa zona.
Es también parte de las 690
familias que desde hace cuatro años viven en casas de parientes o rentadas, que
no han regresado a sus pueblos.
Para Esperanza, representante
de los desplazados de Sinaloa en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, el Gobierno del Estado no ha podido resolver ese problema pues solo
simula que lo atiende.
El Estado solo los atiende
con despensas y consultas médicas pero no garantiza la seguridad en sus
comunidades para que puedan volver y eso, dijo, es lo que más anhelan.
En su caso, desde abril de
2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado Mexicano
garantizara su seguridad debido a que fue amenazada, pero a la fecha está
abandonada a su suerte y amenazada otra vez.
La Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE) le retiró los rondines de vigilancia que tenía en su
domicilio y lo único que recibe de la fiscalía es una despensa cada mes.
Con el gobernador Mario López
Valdez ha estado pidiendo audiencia desde enero y en la Comisión Ejecutiva de
Atención a Víctimas, la atendió por última vez en agosto del año pasado.
Con el desplazamiento de
vecinos de Badiraguato la semana pasada, Esperanza revive “el horror, la
desesperación, la tristeza, el dolor, la rabia, la impotencia, la frustración e
incertidumbre” que vivió ella cuando tuvo que dejar su casa.
Y también, ve más lejana la
posibilidad de que ellos puedan regresar a sus pueblos, pues los nuevos
desplazamientos demuestran que la sierra todavía es un lugar peligroso.
Desde junio de 2011,
recuerda, se acabó la tranquilidad de su pueblo con la irrupción de un grupo
armado que sembró el horror en las comunidades alteñas.
“Patrullaban las comunidades
en varias camionetas amenazando, hostigando en medio de fuertes balaceras
llegaban a los comercios tomando lo que querían sin pagar nada, incendiando y
asesinando a quien se oponía.
“En ese infierno soportamos
todos esos meses aferrados a no perder lo que era nuestro y tanto nos había
costado, fue el día 12 de enero de 2012 que no pudimos soportar más, estábamos
enfermos de miedo y de tristeza, recoger los difuntos se hizo tarea de las
mujeres, la mayoría de los asesinatos, no hubo presencia de las autoridades”,
expresa.
Solo con lo que traía puesto
junto con el resto de los pobladores, dejó su casa y todo lo que tenía para
trasladarse a otro lugar.
Ese día, recuerda, no solo
perdió amigos y vecinos y sus bienes materiales, también la estabilidad
emocional, social y económica, sus raíces, sus costumbres y la seguridad de
vivir en un lugar propio.
Durante semanas clamaron
ayuda de las autoridades para poder recuperar sus pueblos pero nunca la
obtuvieron.
Allá en la sierra de Sinaloa
municipio, los habitantes contaron 36 pobladores asesinados en esos días y los
cuerpos allá se quedaron pues las autoridades nunca subieron.
“Enloquecidos solo pensamos en
huir, solo con lo que traíamos puesto ante la amenaza de que tomarían la
comunidad y reclutarían a los hombres, huimos llenos de dolor dejando ahí
tirados los cuerpos de nuestros vecinos”.
Desde entonces lamenta, están
solos, sin el apoyo gubernamental que garantice que pueden regresar a los
pueblos que dejaron hace cuatro años.
“A lo largo de estos cuatro
años y cinco meses de lucha, uno de los obstáculos más grande ha sido la
insensibilidad de las autoridades así como de la sociedad civil”.
DESPENSAS Y COLCHONETAS
El subsecretario de
Desarrollo Humano, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, mencionó que
en la entidad la cifra de desplazados alcanzó poco más de mil 400 familias en
2012.
Señaló que la dependencia
solo los apoya con lo que está dentro de sus facultades como despensas,
colchonetas y los acerca al Servicio Estatal del Empleo para que consigan
trabajo.
Más de la mitad decidieron
regresar a sus poblados y habitar de nueva cuenta sus viviendas.
Señaló que el resto
decidieron quedarse a vivir en otros municipios o consideran que todavía no hay
condiciones para volver a sus pueblos.
Hasta el reporte trimestral
más reciente que tienen de los Alcaldes, en 10 municipios todavía permanecen
alrededor de 690 familias desplazadas.
Comentó que esas personas
viven con familiares y otras optaron por rentar casas y buscaron trabajo.
“El único lugar que nos ha
faltado la atención y se deriva de diversas circunstancias es en el municipio
de Salvador Alvarado, Guamúchil, hay un grupo de desplazados de Sinaloa de
Leyva, de Ocorahui que tiene que ver en el seguimiento que se les dio, de 113,
114 familias, aceptaron solamente 30 familias que son desplazadas”, dijo.
En algunos casos como
Concordia ya están ubicados en un lugar donde se les asignaron lotes, se les
otorgaron servicios y en algunos casos se le construyó vivienda, igual en
Sinaloa de Leyva.
En el caso de Sinaloa
municipio, Esperanza Hernández, confirmó que construyeron viviendas, pero éstas
no contaban con los servicios básicos, además que les pedían 15 mil pesos.
Las casas que construyó el
Gobierno Estatal, indicó, nunca fueron habitadas por los desplazados y
permanecen abandonadas.
De acuerdo con un informe
sobre desplazamientos internos de la Cámara de Diputados, la violencia entre
comunidades y la violencia criminal han sido las principales causas de
desplazamiento en México, en especial como consecuencia de la violencia
generada por los cárteles de la droga, cuyos actos habrían ocasionado el
desplazamiento de miles de personas a partir de 2007.
En el caso de Sinaloa,
establece que los desplazamientos han ocurrido únicamente por violencia,
mientras que en otras entidades también se presentan por fenómenos
meteorológicos y problemas religiosos.
La información disponible,
indica el documento, sugiere que donde ha habido estallidos críticos de
violencia, se ha producido una ruptura del orden social tradicional seguido por
el desplazamiento interno.
Las organizaciones criminales
ya no sólo se pelean por las rutas de tráfico de drogas, aspiran a controlar
cada vez más territorio en general y estos actos de violencia han obligado a
las personas a huir de forma individual y en masa en las zonas rurales y
urbanas.
Datos de la Comisión Mexicana
de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indica que en poco más de cinco
años del gobierno de Mario López Valdez, alrededor de 33 mil personas fueron
desplazadas por la violencia, sobre todo en municipios ubicados en la zona
serrana.
INVISIBLES PARA EL ESTADO
Para la Comisión Nacional de
Derechos Humanos el desplazamiento forzado interno es un problema invisible por
las autoridades.
El informe especial
Desplazamiento Forzado Interno señala que es un fenómeno no reconocido
oficialmente, por lo que es necesario que el Estado Mexicano adopte una postura
al respecto y emprenda acciones específicas para su atención.
“Quien sufre un
desplazamiento forzado en nuestro país queda en vulnerabilidad, tanto por las
condiciones inherentes al hecho mismo del desplazamiento, como por la falta de
normas y capacidades institucionales específicas para la protección,
acompañamiento y asistencia a las víctimas”, señala.
La dificultad para abordar
este tema, indica, empieza desde el hecho de que no existe una norma que
establezca qué se debe entender por desplazamiento forzado o un marco de
actuación.
Además, no existe información
completa, actualizada y verificable sobre el número de víctimas.
El organismo pidió al
Gobierno Federal y a los 31 gobiernos estatales crear una política pública
integral en derechos humanos para proteger y garantizar los derechos de las
víctimas, así como formular protocolos de atención para autoridades,
corporaciones y funcionarios.
(RIODOCE/ ALEJANDRO MONJARDÍN/ 26 junio,
2016)
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