Si el Sistema Nacional Anticorrupción se
aprobara hoy, tal y como está propuesto, ningún funcionario –ya sea que
trabajen en la administración pública federal o en las locales– pagaría con
cárcel haber cometido delitos de corrupción, sin importar cuántos millones de
pesos hayan robado o malversado. ¿Quiénes se oponen al castigo de estos actos?
Hasta ahora las propuestas en el Sistema
Anticorrupción no contemplan castigos penales para funcionarios públicos que
cometan faltas graves de peculado. Foto: Cuartoscuro
Ciudad de México, 20 de mayo
(SinEmbargo).– El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) propuesto por el
Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Verde Ecologista de
México (PVEM) y las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), en representación
de la sociedad civil, exonera a los funcionarios públicos de ser castigados con
cárcel, aun si cometen faltas graves de corrupción con los recursos del Estado.
Dos semanas antes de la
presentación del documento, varios de estos grupos civiles –entre los que
destacan Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO)–, de la mano con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el
Partido Acción Nacional (PAN), habían lanzado un frente común que incorpora
iniciativas, como la de Humberto Fernández, Senador del Sol Azteca, que
pretendía tipificar los actos de corrupción como delincuencia organizada y, en
ese sentido, también contemplaba castigos severos.
Pero algo cambió al interior
de las ONGs que conformaron el proceso, y el pasado 28 de abril la propuesta “grupos
civiles-PRI-Verde” borró las iniciativas que incluyen reformas al Código Penal
Federal y la creación de una Fiscalía Anticorrupción.
“Vamos a continuar
exactamente igual, descafeinaron la iniciativa para dar la oportunidad a que la
corrupción y la impunidad continúe. Sencillamente, si alguien roba lo
inhabilitan y ya, pero ya se llevó los beneficios. Aquí en Puebla tenemos el
caso de Antonio Gali del PAN, quien en cuatro años creció su fortuna de 19
millones a 77 millones de pesos y siendo un funcionario menor. Esto es
inexplicable, pero no pasa nada, no hay investigaciones en su contra, y eso es
justo lo que está provocando el actual sistema”, dijo Luis Sánchez Jiménez,
Senador del Partido de la Revolución Democrática y vicepresidente del Senado.
La impunidad se ha erigido
aun por encima de casos de funcionarios investigados en otros países. Por
ejemplo, en junio del año pasado una Corte en el sur de Texas recibió una
denuncia del Departamento de Justicia del Gobierno estadounidense en contra del
priista Eugenio Hernández Flores, ex Gobernador de Tamaulipas, por los delitos
de “conspiración para lavar dinero y operar un negocio de transacciones
financieras sin licencia para ello”. No obstante, al ex mandatario tamaulipeco
sigue libre y sin orden de captura.
PROPUESTA PRI-VERDE-ONG’S
El Sistema Nacional Anticorrupción se compone de siete
leyes, sin embargo, la propuesta del PRI-Verde-ONG’s sólo contempló expedir
tres y reformar otras cuatro:
El periodo de sesiones del Senado
concluyó sin dictámenes del Sistema Nacional Anticorrupción, sólo con
propuestas de cada grupo parlamentario. Foto: Cuartoscuro
EXPIDE
1.-
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
2.-
La Ley General de Responsabilidades Administrativas de
los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves.
3.-
La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa.
REFORMA
1.-
La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
2.-
La Ley General de Contabilidad Gubernamental
3.-
La Ley de Coordinación Fiscal.
4.-
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la
Federación.
De acuerdo con el PRD y el PAN, faltan dos leyes sin
las cuales el Sistema Nacional Anticorrupción no podrá funcionar:
1.-
Reformas al Código Penal Federal
2.-
Reformas a Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República.
CINCO DE SIETE
De tal suerte que de siete
leyes reglamentarias que solicitó la ciudadanía la propuesta del PRI-Verde-ONGs
sólo incluyó cinco. Y se limitó a las sanciones por actos corruptos expuestas
en la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, que no castiga con sanciones de cárcel delitos graves de corrupción.
“Las faltas administrativas
graves de los servidores públicos se sancionarán con suspensión del empleo,
cargo o comisión; destitución del empleo, cargo o comisión; sanción económica;
inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el
servicio público”, cita el capítulo de sanciones.
Grupos de oposición han
criticado el poco carácter punitivo de esa propuesta. Su contenido se basa en
un argumento del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en la tesis aislada P. XXXV/2002, que reza: “Responsabilidades de los
servidores públicos: El sistema de imposición de sanciones administrativas que
regula la Ley Federal relativa, no debe analizar a la luz de los principios
rectores de las sanciones penales, dada su diversa naturaleza”.
El 28 de abril, las
Organizaciones No Gubernamentales, también promotoras de la “Ley 3 de 3”,
lanzaron un comunicado en el que se congratulaban por los consensos en cinco
leyes, pero acusaban la falta del tema penal.
“Estimamos imperativo que se
reformen los tipos penales relativos a los delitos de corrupción y que se hagan
explícitas las competencias que tendrá la nueva Fiscalía”, demandaron.
LAS SANCIONES DISUASIVAS NO SON UN MAL MENOR
La corrupción le costó a
México el 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2015, de acuerdo
con cifras del Banco de México (Banxico). Además, datos del Fondo Monetario
Internacional (FMI) refirieron que la Nación perdió en el 2014 unos mil 100
millones de dólares por esa actividad criminal.
Por su parte, la organización
Transparencia Internacional elabora cada año el Índice de Percepción de la
Corrupción (IPC), mismo que posicionó a México en el puesto 95 de los 168
países que observa.
Por su parte, la alianza
PRD-PAN para aprobar el SNA sí contempla impulsar las siete leyes.
Además del Código Penal y la
Fiscalía mantiene otras como la Ley Federal para Protección de los Denunciantes
e Informantes de Actos de Corrupción, que detalla diversos castigos penales. De
ahí la inconformidad de estos grupos en cuanto a la posibilidad de dejar un
Sistema sin castigos.
“Las disposiciones de esta
Ley son de orden público y observancia general, y tienen por objeto establecer
las medidas y procedimientos para facilitar e incentivar la denuncia de actos
de corrupción, susceptibles de ser investigados y sancionados, tanto
administrativa como penalmente”, destaca el artículo 1 de la propuesta,
propuesta por el Senador Zoé Robledo.
UN RELOJ SIN ENGRANAJES
Pablo Escudero Morales, Senador por el
PVEM y presidente de la Comisión Anticorrupción en la Cámara alta, ha sido
acusado por legisladores de oposición de dilatar la dictaminación del SNA.
Foto: Cuartoscuro
El último día de sesiones en
el Senado de la República, Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión
Anticorrupción y Participación Ciudadana, presentó un trabajo consensado con
las organizaciones civiles.
La iniciativa del legislador
representante del Partido Verde contempló la expedición de tres leyes: la Ley
General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares
vinculados con Faltas Graves y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa, así como modificaciones a otras tres ya existentes.
Sin embargo quedaron fuera la
iniciativa para la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y las
modificaciones al Código Penal, lo que de acuerdo con Juan Carlos Romero HIcks,
Senador del Partido Acción Nacional, deja sin funcionar a cabalidad el SNA.
“Tanto Acción Nacional como
el Partido de la Revolución Democrática consideramos que son siete leyes, no
son cinco. Ayer hubo una expresión de uno de los compañeros, señalando que ya
había avances importantes en los cinco y eso es parcialmente correcto. Sólo que
el PRI y Verde se levantaron de la mesa desde el 21 de abril. No han regresado
y no se ha convocado tampoco a comisiones”, dijo el Senador el miércoles pasado
en la Comisión Permanente, donde un reducido grupo de legisladores labora en
los periodos de receso en el Congreso.
“Hago una reflexión muy
comedida a mis compañeros del PRI y del Partido Verde: si el paquete no incluye
la parte penal no es un paquete integral. Y lamentablemente, al día de hoy, no
ha habido una sola expresión del PRI en torno a la iniciativa que existe para
una Fiscalía Anticorrupción, con independencia técnica y presupuesto, ni
tampoco en torno al Código Penal”, expuso Hicks, en el pleno.
Otros partidos, como el
Partido del Trabajo, ven con pesimismo las propuestas tanto del PRI-Verde, como
las del PAN-PRD.
“Todo ha sido un show
político”, dijo el Senador Manuel Bartlett Díaz. De esta cuenta, aseguró, es
necesario que se consideren otras propuestas que alcancen al Presidente de la
República.
“El Sistema Anticorrupción
aprobado en la reforma es una pifia. Yo voté en contra. Es una cosa enorme y
sin control, pero los cargos a los que se les entrega esas tareas son todos
cooptados. Nombramientos fraudulentos, en organismos autónomos, que son
nombrados por el propio Presidente, a través de su mayoría en el Congreso, y
que se reparte las cúpulas como si fueran ganancias corporativas”, dijo
Bartlett.
El Senador impulsó ayer una
iniciativa para reformar el artículo 108 constitucional, para que sean
investigados los casos de corrupción en los que pudo incurrir el Presidente,
cuyo debate se llevará a cabo en el periodo extraordinario.
FUERA DEL PLAZO
El Sistema Nacional Anticorrupción no
será aprobado dentro del plazo constitucional establecido, y será hasta el 13
de junio que se retomarán las discusiones. Foto: Cuartoscuro
El miércoles pasado, las tres
bancadas mayoritarias del Senado acordaron convocar a un periodo extraordinario
de sesiones del próximo 13 al 17 de junio, pasadas las elecciones del domingo 5
de junio.
De esta forma, el SNA no
cumplirá con ser aprobado dentro del plazo constitucional que vence el 28 de
mayo, tal como lo estableció la promulgación de esta reforma a la Constitución.
A la fecha no existen siquiera dictámenes de las comisiones encargadas:
Anticorrupción, Justicia y Asuntos Legislativos.
Representantes de diversos
partidos de oposición en las cámaras Alta y Baja lamentaron que se no se haya
aprobado el SNA en el plazo constitucional.
“Desgraciadamente no hay una
penalización, una sanción, algo que nos obligue a cumplir. Es muy lamentable
que por cuestiones político electorales, una norma que debió estar antes de que
concluyera mayo se tuviera que ir para después”, dijo el Senador Jiménez, quien
acusó al PRI y al PVEM de maniobrar políticamente para “descafeinar” el SNA.
Manuel Barquín Álvarez,
abogado constitucionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), ratificó que en estos casos nada se puede hacer. El incumplimiento con
los plazos fijados ha sido una constante en el Poder Legislativo.
“Si fuera un solo legislador
se podría hacer un Juicio Político, pero al ser consensos entre los partidos no
se les puede castigar a todos por igual. En otros países sí que existen estas
sanciones, pero este no es el caso”, explicó.
Hasta ahora el PRD y el PAN
han hecho un listado de 30 observaciones temáticas con las que no están de
acuerdo, respecto a las iniciativas presentadas por el PRI y el PVEM. El
Senador Pablo Escudero se tomó una semana para responder en no más de cinco de
ellas, por lo que el proceso de dictaminación en comisiones sigue sin
consensos, en un contexto en el que los partidos se juegan en las elecciones
del próximo 5 de junio 12 gubernaturas en el país.
(SIN EMBARGO.MX/ JUAN LUIS GARCÍA
HERNÁNDEZ/ MAYO 20, 2016 - 12:05 AM)
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