La mayoría de los grandes proyectos de
la Comisión Federal de Electricidad han recaído en ex funcionarios y
empresarios estrechamente ligados al poder. Esto desmiente una de las
principales promesas de la reforma energética, que aseguraba que se ampliaría
la competencia: por el contrario, ha enriquecido más a los que ya eran
consentidos del poder. Así, el conflicto de interés, la falta de transparencia
y el desprecio a los contribuyentes son el común denominador de dichas
licitaciones.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).-
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es fuente de millonarios contratos
que, lejos de promover la competitividad que se prometió con la reforma
energética, enriquecen a un puñado de empresas y apellidos cuya sola mención
remite al poder político.
Los “Principales Proyectos”
de la CFE, expuestos en su página de internet con algunos datos generales,
muestran que quienes más se benefician son compañías bajo el mando de quienes,
en 30 años, han figurado en lo más encumbrado de los directorios gubernamentales,
ya sea como colaboradores de los últimos cinco presidentes de México (incluso
con vínculos de parentesco) o como favorecidos con las privatizaciones de los
noventa.
La lista presenta 45
licitaciones concluidas que devinieron contratos por obras. En dos casos no es
explícito cuántos recursos está comprometiendo la CFE. Sólo la suma de los 43
contratos con montos transparentes da cerca de 7 mil 505 millones de dólares
(mdd), pues en esa moneda fueron cotizados.
Los montos son dispares. Un
ejemplo: cuatro contratos asignados a Carso, Ideal y FCC, empresas bajo control
de Carlos Slim, suman mil 854 mdd, esto es, 25% del monto total destinado a los
43 proyectos principales.
Se trata de los gasoductos
internacionales, asignados en enero de 2015, Waha-Presidio, por 767 millones de
dólares (mdd); y el Waha-San Elisario, asignado a Carso y un asociado, por 596
mdd. Además, el Proyecto 2111 fase 5, de subestaciones y líneas de transmisión
eléctricas en Tamaulipas, asignado en abril siguiente por 19 mdd y, el
gasoducto Samalayuca-Sásabe, en Chihuahua, asignado por 471 mdd, en septiembre
del mismo año.
Los contratos para la
construcción de gasoductos son los de montos más elevados. Si bien las empresas
de Slim consiguieron tres (los dos internacionales y uno nacional), hay otros
nueve por el mismo concepto.
Las licitaciones se
realizaron apenas aprobada la reforma energética, e incluyen, además de los 12
gasoductos, tres centrales de generación como obra pública financiada; tres
centrales de generación de energía renovable; ocho líneas de transmisión; 17
contratos por reducción de pérdidas en distribución, y tres centrales de
productores independientes que en los 25 años posteriores a que estén
terminadas venderán su electricidad a la CFE. Son estos últimos los que no
tienen montos transparentes.
De las 46 licitaciones, 35 se
realizaron en 2015; en 2014 fueron sólo cinco y, seis en lo que va del presente
año. Todos los procedimientos ocurrieron en la gestión del actual director,
Enrique Ochoa Reza, pues no se consideran en la lista de licitaciones de 2013,
cuando era director Francisco Rojas Gutiérrez, quien renunció en febrero de
2014.
LOS MÁS CAROS PARA LOS CONOCIDOS
Si los dos gasoductos que
construyen las empresas bajo control de Slim fueron los más caros, el tercer
proyecto más oneroso fue para el Grupo Fermaca, de capital suizo. Se trata del
gasoducto El Encino-La Laguna, que parte de Chihuahua, atraviesa Durango y
llega al extremo suroeste de Coahuila. Para edificarlo se destinaron más de 530
mdd, en diciembre de 2014.
Entre los directivos de
Fermaca destaca Raúl Monteforte, quien fue integrante de la Comisión Reguladora
de Energía, a donde arribó en 1996 –durante el gobierno de Ernesto Zedillo– y
permaneció hasta 2007. En esos 11 años fue especialmente activo como presidente
del Comité Nacional de Normalización de Gas Natural y Gas LP por Ductos;
condujo los procesos de regulación para gasoductos, almacenamiento de gas e
instalaciones de gas natural licuado, entre otros asuntos relacionados.
Fermaca obtuvo también el
gasoducto La Laguna-Aguascalientes, en un contrato otorgado el pasado 16 de
marzo, por un monto de 372.5 mdd. Trece días después se le otorgó la
continuación, con el gasoducto Aguascalientes-Guadalajara, por casi 270
millones de dólares.
Con esos tres contratos, la
empresa suma mil 172 millones. Esto es: de los 7 mil 505 millones de dólares
que la CFE destinó a 43 de sus principales proyectos, ese grupo obtuvo, en tres
contratos, 15% de los recursos.
Una de las consentidas del
sexenio de Enrique Peña Nieto es la española OHL, inmersa en escándalos de
corrupción desde que a principios de 2015 se inició una filtración de
conversaciones telefónicas en las que se escucha a sus directivos conspirar
para sobornar a funcionarios de la élite mexiquense.
OHL estuvo dirigida en México
hasta finales del mes pasado por José Andrés de Oteyza, quien fue secretario de
Patrimonio y Fomento Industrial en el sexenio de José López Portillo y
embajador en Canadá durante el de Miguel de la Madrid.
En asociación con la española
Senermex, OHL obtuvo el contrato para construir la termoeléctrica Empalme I, en
Sonora, por 425 mdd en marzo de 2015. Es el cuarto contrato más oneroso.
De Oteyza no es el único ex funcionario
que ha estado en OHL. Por su consejo de administración y equipo directivo han
pasado Jesús Reyes Heroles, secretario de Energía en el gobierno de Ernesto
Zedillo y director de Pemex en el de Felipe Calderón; Mario de la Vega
Grajales, actual funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), hijo de Jorge de la Vega Domínguez, hombre del sistema y dirigente del
PRI en el sexenio de Salinas; Emilio Lozoya Austin, hoy exdirector de Pemex,
donde tuvo por director de Administración a Mario Bouregard, también ex directivo
de la firma española.
Actualmente, Sergio Hidalgo
Monroy, quien fue director del ISSSTE y titular del Servicio de Administración
y Enajenación de Bienes en el gobierno de Felipe Calderón, es director general
de la firma.
TECNÓCRATAS CON ENERGÍA
De las 46 licitaciones
principales, 18 las ganaron empresas con ex funcionarios públicos o con
vínculos familiares en cargos directivos y consejos de administración. Esas 18
licitaciones, juntas e incluyendo lo asignado a las empresas de Slim, suman 5
mil 872 mdd, es decir, obtuvieron 78% del monto total licitado de los
principales proyectos de la CFE.
Otra de las españolas que en
México echa mano de la clase política es Iberdrola, cuya dirección fue ocupada
hasta 2015 por Herminio Blanco, jefe del equipo de negociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en el sexenio de Carlos Salinas y
secretario de Economía, Comercio y Fomento Industrial en el de Zedillo.
En septiembre de 2015,
Iberdrola obtuvo los contratos para construir dos termoeléctricas: los
proyectos llamados Noreste, ubicado en Nuevo León, y Topolobampo II, en
Sinaloa, cuya producción será comprada por la CFE durante 25 años.
Semanas después de obtener
los dos negocios, Herminio Blanco renunció y entró al relevo Sergio Manuel
Alcocer Martínez de Castro, quien durante los dos últimos años del gobierno de
Calderón fue subsecretario de Energía y que, iniciado el de Peña Nieto, ocupó
la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. En junio de 2015 renunció para
buscar infructuosamente la rectoría de la UNAM y, para diciembre, lo había
fichado Iberdrola.
Este consorcio tiene
escándalos previos en la industria eléctrica española. Por ejemplo, durante los
meses en que la CFE le otorgaba los mencionados contratos, la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia, en España, informó que la firma incurrió en
prácticas ilegales, al forzar un alza de 10% en los precios de la electricidad
en su país de origen, a finales de 2013.
Los contratos que obtuvo con
CFE hasta ahora no son transparentes.
Un año antes, la empresa se
vio salpicada en otro escándalo cuando, en 2014, se denunció en España que el
coordinador de Vinculación de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez
Stabros, era miembro al mismo tiempo del consejo de administración de Iberdrola,
lo que devino en la renuncia del funcionario al equipo de Peña Nieto.
Un caso más es el de IEnova,
una subsidiaria de Sempra Energy, que obtuvo un contrato por 192 mdd en
noviembre de 2014 para construir el gasoducto ramal Ojinaga-El Encino, en
Sonora. El pasado 2 de mayo logró otro nuevo contrato por 10 millones de
dólares en la misma zona.
IEnova tiene como presidente
y operador en México a Carlos Ruiz Sacristán, quien fue subsecretario de
Hacienda y director de Pemex en el sexenio de Salinas, y durante el gobierno de
Zedillo fue titular de la SCT.
Finalmente, Francisco Gil
Díaz está al frente del consejo de administración de Avanzia, empresa de
capital español. Identificado en el viejo grupo de tecnócratas del salinismo,
cuando ocupó la Subsecretaría de Hacienda y luego fue vicegobernador del Banco de
México, llegó a titular de Hacienda con Vicente Fox. Avanzia tiene un contrato
por 425 mdd, otorgado en mayo de 2015 para la construcción de una
termoeléctrica que abastecerá de energía al Valle de México.
PARENTELAS DEL PRI Y EL PAN
Los contratos con el sector
energético no son exclusivos de los exfuncionarios priistas, también los hay
panistas, aunque unos y otros pueden estar unidos por vínculos familiares o por
puro negocio, y también se llevan su tajada de los proyectos energéticos.
Acciona, el gigante español
de infraestructura, tuvo el tino de incluir en su consejo de administración
internacional a Jerónimo Marcos Gerard Rivero, el cuñado del expresidente
Carlos Salinas de Gortari y del actual titular de Pemex, José Antonio González
Anaya.
Como financiero, a través del
fondo denominado Infraestructura Institucional, Gerard respaldó diferentes
operaciones de, entre otros, Juan Armando Hinojosa Cantú, a su vez constructor
y financiero de la Casa Blanca de Peña Nieto (Proceso 2014).
Acciona obtuvo dos proyectos
principales: una línea de transmisión, conocida como Empalme II, que se le
asignó en noviembre pasado por 90 mdd, y un contrato para reducción de pérdidas
en distribución –en consorcio con Troy T&D y Construcciones
Electromecánicas Milenio–, por 85 mdd.
Otra familia es la de los
Bours Castelo, conocida por sus dos actividades empresariales: las granjas
Bachoco y Megacable. También porque Eduardo, uno de los hermanos, fue integrado
por Carlos Salinas en el equipo de Herminio Blanco para las negociaciones del
TLCAN y, en 2003, se convirtió en gobernador de Sonora.
Hoy la familia Bours Castelo
participa en la infraestructura eléctrica a través de Ho1a, que de acuerdo con
su página corporativa tiene 24 años de experiencia en servicios digitales de
telefonía y, a partir de 2014, “evolucionó” para ofrecer servicios de
telecomunicaciones.
Fue con Ho1a como los Bours
consiguieron en nueve meses tres contratos relacionados con la reducción de
pérdidas en la red de distribución de electricidad. El primer contrato se les
asignó en diciembre de 2014, fue para operar en el Valle de México y por un
monto de 105 mdd y, el segundo, por 8.5 mdd, para Coahuila, Sonora y Durango.
Un tercer contrato se les asignó en agosto siguiente, por 6.5 mdd para una zona
de Veracruz.
En suma, en nueve meses, la
empresa de la familia Bours consiguió de la CFE 121 millones de dólares en
contratos.
En el consejo de
administración de Megacable Holdings, controladora de Ho1a, destaca el panista
Mario Laborín Gómez, cuñado de Eduardo Bours y pariente –de acuerdo con el
libro Crónica de un sexenio fallido, de Ernesto Núñez–, de la exprimera dama,
Margarita Zavala Gómez del Campo.
No es el único empresario con
ascendente panista en negocios con la CFE. Es el caso de la jefa delegacional
de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, exdirectora de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y excandidata al gobierno de
Hidalgo, Xóchitl Gálvez.
Gálvez es dueña de Hightech
Services, que junto con las empresas Catsco, Dina, Obras Especializadas del
Pacífico y Actividades de Construcción y Servicios El Roble, consiguió un
contrato por 86 mdd en agosto de 2015. De entre los integrantes del consorcio
destaca la participación de Dina, empresa dedicada a la fabricación de camiones,
propiedad del veterano priista y declarado peñanietista Raymundo Gómez Flores.
En otra licitación, realizada
en octubre de 2015, el mismo consorcio –pero sin la participación de Dina–
obtuvo un contrato por 12 mdd, para sumar cerca de 100 mdd en dos contratos
para instalar redes de transmisión, en el primer caso en Sonora, y en el
segundo, en Baja California.
De los 46 contratos
licitados, 36 fueron calificados por testigos sociales que avalaron los
procedimientos. En 22 de ellos participó Transparencia Mexicana. La CFE en sus
comunicados fue persistente en mencionar la presencia de notarios, aunque en la
mayoría (32 procedimientos) se contrató al fedatario capitalino Enrique Zapata
López.
Las principales licitaciones
de la CFE siguen su curso y, faltan aún por asignarse cinco gasoductos
nacionales y uno internacional; cuatro centrales de generación de electricidad
y un contrato de reducción de pérdidas, que se concluirán en el transcurso de
2016.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL /ARTURO
RODRÍGUEZ GARCÍA/ 19 MAYO, 2016)
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