FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM /
Jorge Dueñes
El Gobierno de la República busca
desaparecer las Juntas de Conciliación, crear nuevos Juzgados y tribunales,
judicializar los pleitos laborales, crear un organismo que registre contratos
colectivos y tener un control nacional de los procesos de carácter colectivo.
De aprobarse la iniciativa, los gobiernos estatales ya no tendrán injerencia en
conflictos laborales
La reforma en materia de
justicia cotidiana presentada la semana pasada por Enrique Peña Nieto en el
tema laboral, que contempla la desaparición de las Juntas de Conciliación,
tiene pros y contras.
El gran acierto es que de
aprobarse la iniciativa, los conflictos laborales ya no dependerán operativa y
económicamente de los gobiernos estatales, pues se resolverán ante jueces.
No obstante, sin hacer un
análisis de los avances que ha tenido la reforma a la Ley Federal del Trabajo
(LFT) de 2012, que considera como primordial la conciliación en un conflicto
laboral y donde se contempla la figura de los “funcionarios conciliadores”,
como parte del personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje
Federales, ahora Enrique Peña Nieto lanza una serie de ambiciosos cambios para
la impartición de la justicia.
De acuerdo con el Colegio de
Abogados Laboristas de Baja California, al cabo de tres años de aprobada la
enmienda a la LFT, existen tribunales donde presupuestalmente no cuentan con
dicho personal, además de que las Juntas federales son las que menos apoyo
reciben y tienen gran carga de trabajo.
Ante tal escenario, el
Presidente de la República pretende que en México se pueda dar una justicia
pronta en favor de los trabajadores con la aprobación de dos iniciativas de
reforma en materia laboral, dadas a conocer el 29 de abril de2016 y que
modifican el modelo actual, desapareciendo las Juntas de Conciliación y
Arbitraje, generando un cambio a la Ley Federal del Trabajo para diversos
procedimientos.
Se trata de ocho iniciativas
de reforma constitucional y cuatro legales, fundamentadas en el Informe sobre
Justicia Cotidiana, elaborado en abril de 2015 por el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), y que contiene 217 recomendaciones y 20 acciones de
inmediata implementación.
Los cambios buscan sustituir los Juzgados
tradicionales, donde los juicios son lentos y costosos (algunos duran años)
para que la justicia laboral esté a cargo de Juzgados de Distrito y tribunales
unitarios, en su lugar se creará un órgano conciliador de justicia optativa, lo
que equivale a acciones que habrán de centralizar la justicia, y en ese sentido
habría un retroceso, según advirtieron analistas consultados por ZETA.
Según información oficial, de
los 2 millones 100 mil casos que se arbitran anualmente en las instancias de
justicia, 13 por ciento se refiere a asuntos penales, el resto, 87%, son
asuntos de justicia cotidiana en los ámbitos laboral, administrativo y
mercantil.
PROS Y CONTRAS
El ex presidente del Consejo
Coordinador Empresarial (CCE), Juan Manuel Hernández Niebla, expuso que con los
cambios propuestos por la Presidencia desaparecen los órganos colegiados en
cuestión.
FOTO: Cesar Rene Blanco V.-Francisco
Cueva, Presidente Colegio Abogados Laboristas
“Las van a colgar como un ala
dentro del Poder Judicial. La parte positiva es la independencia a los futuros
órganos y los gobiernos del Estado de cada entidad, porque muchas veces éstos
se utilizan como una herramienta típica coercitiva para presionar a entidades
locales, al momento que las centralizas, les das independencia y autonomía”.
Agregó que hay una parte negativa, pues al momento de centralizar todo el
aparato de justicia, la capacidad de reacción se mueve de una manera más lenta.
“Algo similar estamos viendo
ahorita con el Instituto Nacional Electoral (INE), donde prácticamente tienes a
un instituto estatal que está tratando de dictar las reglas del juego, y por
otro lado, el nacional viene y se las cambia; eso a corto plazo genera
incertidumbre jurídica”, declaró, para precisar:
“En cuanto a la administración
pronta y expedita, eventualmente viene este ajuste y queremos pensar que el
resultado sea bueno, aunque centralizar todos esos esquemas nos hemos dado
cuenta que nos salen más complicados”.
Abundó que por otro lado la
iniciativa es positiva, ya que las Juntas de Conciliación no serán sufragadas
por los gobiernos estatales, como tampoco tendrán injerencia operativa.
Por su parte, el actual
presidente del CCE, Humberto Jaramillo, expuso que en un principio las Juntas
funcionaron como un espacio de diálogo y arreglos entre los trabajadores, pero
“el problema es que se corrompió, dejó de cumplir el propósito tanto a favor
del trabajador como del patrón.
Desgraciadamente ambos no
están de acuerdo en la forma en que ahora operan. El problema tiene que ver con
la impartición de justicia por estos dos actores”.
ESPERAN CAMBIOS
Ocho mil juicios se presentan
anualmente en la Junta de Conciliación y Arbitraje en Tijuana, aproximadamente
300 se van a laudo.
Registros dan cuenta que en
el 95% de los casos, las partes
involucradas llegan a conciliar.
Respecto a la iniciativa
peñista, el titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Arturo
Méndez Preciado, externó:
“Los juicios son tardados
porque no tenemos los recursos para sacarlos rápido. La propuesta del Ejecutivo
establece que en las Juntas hay mucha corrupción, que los juicios son lentos,
costosos; esa es la dedicatoria de la reforma para profesionalizar más la
justicia laboral. Han pasado muchas décadas y tiene que haber un cambio”.
Luego precisó:
“Debo reconocer que tenemos
problemas por cúmulo de trabajo. La agenda y el ritmo de los juicios no se los
damos nosotros, la dan los litigantes, pues presentan un juicio, y luego un
amparo, otro amparo.
Las mismas partes los van
haciendo complejos y algunos llegan a durar hasta cinco años, los casos en
rebeldía duran en promedio de cinco a ocho meses. Las resoluciones son 50% para
los patrones y 50% para los trabajadores”.
Previo a la propuesta en
2008, el Gobierno Federal hizo cambios en el tema de justicia penal, dejando al
margen la justicia laboral por ser un tema muy complejo que tiene repercusiones
sociales, con participación de las cámaras empresariales del país y los líderes
de los trabajadores.
“El viernes pasado (29 de
abril) se presentó una iniciativa de reformas constitucionales y legales, que
van a lo familiar, civil, mercantil. Lo que nos llama la atención es el tema de
la justicia cotidiana y le dan mucho énfasis a la conciliación, antes de irte a
un juicio”.
El entrevistado agregó que los
cambios propuestos, son en el ámbito constitucional y legal, en el primero se
toca el tema de integración de Juntas, que utiliza el término desaparecer, lo
cual no implica un shock para ellos, pero habrá que ver los impactos que
genere, de llegarse a ser aprobada tal cual.
Arturo Méndez Preciado, Conciliación
y arbitraje
“Se judicializan los juicios laborales, se crea un organismo
descentralizado para que registren contratos colectivos y haya un control
nacional de todo lo de carácter colectivo y se encarga de la conciliación”.
Méndez recordó que la
enmienda deja de lado la conformación tripartita de las Juntas, donde está la
representación del obrero, el patrón y el Estado.
Aunque reconoció que de
aprobarse la reforma de Peña, el cambio no se dará de la noche a la mañana:
“Hay muchas dudas que
tenemos, no va a ser como decir ‘ahí te van 12 mil juicios y ahí tienes el
presupuesto para la integración de las Juntas’. Es una iniciativa y me imagino
que mucho del contenido será motivo de negociaciones, de los partidos, cámaras,
centrales obreras; finalmente no sabemos si va a quedar tal como está, pero
conocemos la ruta, que yo no creo que el Presidente vaya solo. Ya debe traer
sus consensos”.
LAS MODIFICACIONES
De acuerdo con la Secretaría
de Trabajo y Previsión Social (STPS) federal, existen 61 juntas federales de
Conciliación y Arbitraje, y siete oficinas auxiliares.
El documento del Ejecutivo
federal reforma el Artículo 123 Constitucional, desaparece dichos entes y son
sustituidos por órganos del Poder Judicial federal o local, según sea la
competencia; sus leyes se definen por las características específicas con que
operarán las juezas o jueces de lo laboral.
El presidente del Colegio de
Abogados Laboristas de Baja California, Francisco Javier Cueva Rodríguez,
apuntó que previo a decir que si con la nueva estructura se garantizaría por sí
misma una justicia, efectiva, pronta y expedita, como lo cita el Artículo 19
Constitucional, no será la letra en sí la que garantice tal situación; podrían
ser otros factores los que lleven a buen término el proceso.
“Me gustaría recordar que en
2012 se da una reforma a la Ley Federal del Trabajo, y por citar un ejemplo, se
genera el cargo de funcionario conciliador. En cada entidad federativa van a
establecer nuevas reglas para profesional al personal, con presupuesto,
instalaciones adecuadas.
“Al cabo de tres años existen
tribunales donde presupuestalmente no cuentan con el incentivo de contar con
dicho personal. Llevan a cabo la conciliación pero no tienen el nombramiento,
son otros empleados que llevan el proceso conciliatorio”, explicó a ZETA.
A la par, señaló que la
iniciativa no plantea la razón por la cual ya no deben intervenir los
representantes de los tres ámbitos, plantea que se generen Juzgados
unipersonales, es decir, donde un solo individuo denominado juzgador conoce y
dirime la controversia con el personal jurídico administrativo que lo conforma.
“La naturaleza de los
conflictos provoca la integración tripartita porque debe tener el consejo,
sensibilidad de ambos y no sólo un aspecto jurídico, cuando existen aspectos
económicos, sociales que deben influir en la preservación o extinción de un
empleo”.
Y concluyó:
“Nos faltaría revisar si el
Estado en su conjunto se ha puesto las pilas, ha puesto todo el ímpetu en
brindar las herramientas necesarias para que esos tiempos de acotamientos en
proceso se puedan disminuir.
“Tijuana se caracteriza por
la conciliación, pero no significa que los que se van al litigio sus casos se
resuelvan rápido, antes de hablar de una reforma tenemos que replantearnos si
realmente hemos cumplido con lo que tenemos antes. No se ha hecho un análisis
exhaustivo de la reforma a la LFT de 2012, y ya hablamos de una iniciativa de
reforma en 2016”.
NO DESAPARECEN SINDICATOS
La propuesta del Gobierno de
la República introduce en la
Constitución el principio libertad de contratación, que busca garantizar la
representatividad de los sindicatos y la certeza del registro, firma y depósito
de los contratos colectivos.
En ese punto, el secretario
general de la Federación Nacional de Agrupaciones Sindicales de la Industria
Maquiladora de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC),
Jesús Javier Merino Duarte, aclaró que con los cambios propuestos, los
sindicatos no desaparecerán.
“Va a manejar las cuestiones
de sindicatos por un organismo independiente. La justicia en un tribunal
judicial puede ser más rápida, por eso la quieren judicializar. A los
sindicatos los van a hacer más fuertes, los van a obligar a ser representantes
dignos de los trabajadores, porque si no, van a desaparecer, porque no atienden
a su gente”, advirtió.
(SEMANARIO ZETA/ Francisco Navarro
Fausto/ Lunes, 9 mayo, 2016 01:00 PM)
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