En un país con Estado de
derecho, con infraestructura de seguridad y un apropiado sistema penitenciario,
de rehabilitación y confinamiento, los presos peligrosos son puestos en
cárceles de máxima seguridad.
Normalmente alejadas de la
mancha urbana, de las ciudades cosmopolitas y de los centros de desarrollo o
educativos.
Los sistemas penitenciarios
se han encaminado en países desarrollados hacia la privatización, en el
entendido que los gobiernos bien administrados, no cuentan con los recursos
suficientes para erigir fortalezas para mantener cautivos a quienes desde la
delincuencia y la criminalidad han hecho daño a la sociedad.
El sistema penitenciario
privado que se ejerce de manera total o parcial en países como los Estados
Unidos, Francia, Inglaterra, Chile, entre otros.
En México, al final del
sexenio de Felipe Calderón éste elaboró convenios para la construcción y
administración de penales privados.
Dos de ellos con Homex, que
hasta donde se sabe, antes de la crisis económica que afectó a la
desarrolladora de Eustaquio de Nicolás, pagó deudas a instituciones financieras
y bancarias, una de ellas del grupo de Carlos Slim, precisamente con los
contratos obtenidos en el sexenio calderonista para la administración de esas
cárceles, a saber –debido a la opacidad gubernamental en México- una en
Guanajuato y la otra en Hermosillo.
La crítica hacia las
prisiones administradas en su totalidad o de manera parcial por empresas
privadas, sean de seguridad o de desarrollo de vivienda, es que se concentran
en el espacio y no en la rehabilitación.
Vaya, hay una mejoría en las
instalaciones, en los lugares de confinamiento para el reo, incluso con
espacios no considerados en cárceles del Estado, para esparcimiento,
alimentación y recreación, pero dejan de lado la labor de rehabilitación.
No se centran o lo hacen de
manera superficial, en programas para ayudar a los reos a encontrar un camino,
conductual y físico, hacia el desarrollo personal y en dirección contraria de
las acciones criminales.
En México seguimos sin saber
si el experimento de Felipe Calderón funcionó, y ni siquiera lo hemos visto en
la información pública.
Lo que sabemos de los penales
es en referencia a los públicos, a los que le pertenecen al Estado, y en la
mayoría de las entidades se encuentran en condiciones deprimentes, con una mala
administración, una pésima infraestructura y una laxa política de
rehabilitación y confinamiento.
Suelen existir autogobiernos
en las prisiones federales y estatales, a raíz de la corrupción en las
corporaciones de custodios y las administradoras, así como la impunidad de los
reos confinados.
Joaquín Guzmán Loera, “El
Chapo”, ha vulnerado dos de los penales de máxima seguridad en México.
Primero el de Puente Grande,
Jalisco, cuando tejió una red de corrupción entre custodios y autoridades
penitenciarias, para controlar la vida carcelaria e ir abriendo el camino para
su primera fuga, la cual consolidó en enero de 2011, cuando se evadió en el
carro de la ropa sucia, evidenciando la pobreza en los sistemas de seguridad
del sector penitenciario en el país, y la vulnerabilidad de custodios y
empleados del gobierno hacia la corrupción.
En febrero de 2014, el capo
fue reaprehendido y en esta ocasión, como la primera vez que lo detuvieron,
enviado a la prisión de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, llamada El
Altiplano.
Orgullo del gobierno
mexicano, esa cárcel fue mancillada por Guzmán Loera de la manera más burda: a
la vista y oídos de los presos, custodios y autoridades penitenciarias con un
túnel que para construirlo requirió de tiempo, maquinaria, ruido, mucho ruido,
y desahogo de materiales, cuando en julio de 2015 se fugó.
Así, los penales de máxima seguridad
en México quedaron evidenciados, lo mismo que la red de corrupción que entorno
a ellos puede tejer un capo de “alto nivel” y un reo de alta peligrosidad.
Cerrado el de Matamoros por
remodelación, quedan pocas cárceles con sistemas de seguridad de alto nivel
para contener a reos peligrosos. De los diez principales penales federales,
Estado de México, Jalisco, Nayarit, Matamoros, Veracruz, Tabasco, Durango,
Sinaloa, Tamaulipas, el Gobierno mexicano decidió trasladar a Joaquín Guzmán
Loera, al número 9, al de Juárez, uno de los peores evaluados.
El penal de Juárez ha
destacado como muchos otros mexicanos, por los autogobiernos que han generado a
partir de los delincuentes ahí encarcelados, integrantes de los distintos
cárteles, particularmente de Los Zetas.
La impunidad que los
detenidos siguen gozando, al no ser sentenciados o estar en permanente estado
de amparo judicial, los lleva a echar raíces y controlar los sitios en los que
están recluidos, ante los pocos filtros de control, evaluación y confianza que
existen sobre custodios y autoridades penitenciarias.
Si “El Chapo” vulneró los dos
principales penales de máxima seguridad, donde se supone tienen los mejores
métodos de control y sistemas de seguridad, es de sospecharse que también lo
hará en Juárez, una ciudad abandonada, dejada de la mano del Gobierno Federal,
con un penal de los peores de México, y de manera sistemática en manos de la
criminalidad organizada.
El hecho de pretextar el
cambio con una ciudad fronteriza para una “rápida” extradición, es tan endeble
como los barrotes de la prisión de Juárez, es sabido que esa acción se realiza,
por seguridad, vía aérea.
De ahí queda reírse aún más
del sospechoso el traslado de “El Chapo”. A diferencia de otros países, donde
un reo de alta peligrosidad es trasladado de manera constante de prisión,
precisamente para evitar actos de colusión y corrupción, el sistema
penitenciario mexicano no está preparado ni en infraestructura ni en
estrategias de seguridad para el debido confinamiento de un recluso tan
peligroso, y en esas condiciones, Joaquín Guzmán Loera, sigue siendo un
problema para México.
A la deficiente procuración
de justicia, y la convenenciera administración de la justicia, y ante un pésimo
sistema carcelario, lo ideal sería que los dos poderes se coordinaran, Federal
y Judicial, para extraditar, a la brevedad a “El Chapo”.
En la prisión de Juárez
pueden suceder muchas cosas. Muchas.
Del tipo que evidencien de
nueva cuenta al Gobierno mexicano, hoy encabezado por Enrique Peña Nieto.
(SEMANARIO ZETA/ FOTO: NACHO RUÍZ
/CUARTOSCURO.COM/ ADELA NAVARRO BELLO
MIÉRCOLES, 11 MAYO, 2016 02:20 PM)
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