La Montaña de Guerrero es una de las
regiones más pobres y abandonadas del país y, por supuesto, de los gobiernos
federal y de la propia entidad. Ahí no llega el progreso, pero sí los huracanes,
las tormentas y el peor de los flagelos: la delincuencia organizada.
De acuerdo con cifras oficiales, el año
pasado fueron asesinadas más de 2 mil personas en Guerrero. Foto: SinEmbargo,
especial.
Ciudad de México, 2 de marzo
(SinEmbargo).– Antes de aquel 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, día
de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos, de Ayotzinapa, la entidad gobernada entonces por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), vivía años de tensión por la pugna entre los
cárteles de la droga en distintas regiones y la lucha de grupos civiles por
contenerlos.
La delincuencia había
golpeado prácticamente a todas las zonas de la entidad y a la par del
movimiento de autodefensas de Michoacán, en Guerrero, la policía comunitaria
que nació en La Montaña en los 90, se había extendido a la Costa Chica y el
Centro.
En 2011, el entonces
Secretario de Gobernación Francisco Blake Mora anunció la operación “Guerrero
Seguro” en Acapulco, debido a que los asesinatos relacionados con el
narcotráfico aumentaron casi el triple en relación con 2010 al pasar de 289 a
884 en un año.
Sin embargo, al evaluar los
resultados del operativo, a un año de su anuncio, las ejecuciones habían
crecido. Según datos oficiales del Gobierno del estado, entre octubre de 2011 y
septiembre de 2012 se registraron 936 ejecuciones. Un total de 38 más que en el
mismo periodo de 2010.
Entre 2010 y 2012 las cifras
de ejecutados solo en Acapulco se incrementaron oscilando entre los 50 y los
142 asesinatos mensuales.
Pero los muertos no sólo se
contaban en el puerto. En las poblaciones de la región de La Montaña, Tierra
Caliente y Costa Chica, los crímenes eran invisibles para las autoridades
estatales y federales.
OPERATIVOS FALLIDOS
Guerrero se ha convertido en
una de las regiones más profusas de fosas clandestinas en el país. El año
pasado, Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos no viajaran a
la entidad. Foto: Cuartoscuro.
Abel Barrera Hernández,
director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), explica
que el detonante que abonó a la aparición de la policía comunitaria en la
región de la Costa Chica y La Montaña y en otros puntos de Guerrero fue la
delincuencia organizada.
“Las autoridades federales se
concentraron en enviar militares y hacer el operativo en Acapulco, en las
ciudades más importantes del estado, descuidando las regiones indígenas y
campesinas. Esta concentración de los cuerpos de seguridad del Ejército y La
Marina, mostraron las inconsistencias de los operativos que se han dado desde
2011, en donde hay poca efectividad y presencia de los cuerpos de seguridad”,
dice.
El activista añade que el
crecimiento del crimen en las zonas abandonadas por el Estado, fue notorio. En
la región colindante entre Guerrero y Michoacán, los grupos delincuenciales se
disputaban el corredor de la droga.
“Vemos como estos grupos se
van ampliando, incursionan en territorios donde hay más posibilidades de
asentarse y llegar a acuerdos con las corporaciones policiacas y los políticos.
Los grupos de la delincuencia hicieron alianzas de distinta índole y tomaron a
Acapulco como el centro neurálgico de todas sus operaciones”, indica.
La población abandonada a su
suerte empezó a armarse y fue la policía comunitaria que se gestó en La
Montaña, la que abonó a que la Unión de Pueblos Originarios del Estado de
Guerreo (UPOEG) creciera y se fortaleciera.
Las policías comunitarias
fueron creadas en 1995 por el sacerdote Mario Campos Hernández, párroco de
Tlapa de Comonfort, en La Montaña de Guerrero en contra de la impunidad y la
inseguridad. Entre el 14 y 15 de octubre de ese año nació el primer policía en
Santa Cruz del Rincón.
La Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias (CRAC) de Guerrero se creó para luchar en contra de
los asaltos, las violaciones sexuales y los asesinatos. De acuerdo con Campos
Hernández la medida logró contener la delincuencia de aquellos años.
Pero no fue suficiente. En La
Montaña hay alrededor de 15 municipios que funcionan con un sistema de
seguridad basado en sus usos y costumbres como la CRAC, pero a partir de 2013
la UPOEG se extendió y hoy, sólo en esa región, se estiman unos 25 municipios
que operan con ese tipo de seguridad ciudadana.
Fueron la UPOEG y la CRAC,
los movimientos que bajaron de la sierra a Costa Chica en 2013 y ayudaron a la
población a levantares en armas en contra del crimen organizado que mantenía a
varios pueblos secuestrados.
El hedor de la muerte se
respiraba en Xaltianguis, El Ocotito, Ayutla de los Libres y varios municipios
de la Costa Chica, hasta que en enero de 2013 siete municipios establecieron
sus policías tradicionales, sumando a la Costa Chica, La Montaña y el Centro de
Guerrero.
Pero la violencia no cesó: en
febrero de 2013 seis turistas españolas fueron violadas cerca de Acapulco y
para agosto de ese año, más de 100 mujeres se levantaron en armas a unos
cuantos kilómetros del puerto. Xaltianguis se levantó en armas en abril. La
UPOEG avanzó entre 2013 y 2014 e hizo “limpia” de criminales en varios pueblos.
De acuerdo con datos de la
Sistema Nacional de Seguridad Pública la entidad fue la más violenta del 2013
al registrar 2 mil 87 homicidios. Además de ser el estado con más plagios, al
contabilizar 207 casos, tan sólo después de Tamaulipas. En cuanto a extorsiones
se mantuvo en la media con un reporte de 174.
El Consejo Ciudadano para la
Seguridad Pública y Justicia Penal colocó en el segundo lugar de su ranking de
las 50 ciudades más violentas del mundo 2012, a Acapulco, después de San Pedro
Sula, Honduras.
ESTADO EN LLAMAS
Arcelia es uno de los municipios en los
que se han registrado enfrentamientos constantes entre grupos del crimen
organizado. Foto: Israel Flores, El Sur
Para enero de 2014 Guerrero
estaba encendido y las policías comunitarias avanzaban en su lucha en contra
del crimen organizado. A finales de ese mes alrededor de 150 planteles de
educación básica detuvieron sus labores en Acapulco, después de que un profesor
fue secuestrado.
Aunque el profesor fue
rescatado en cuestión de horas, los maestros denunciaron que eran víctimas de
una ola de extorsiones en las colonias de la periferia de la ciudad.
Las colonias Ciudad
Renacimiento, Emiliano Zapata, Simón Bolívar, La Venta, Paso Limonero y Postal
eran las demarcaciones más afectadas por la presencia del crimen organizado.
A la par, unos 500 policías
comunitarios ingresaron al pueblo de Chilpancingo a petición de los pobladores.
Tras su ingreso realizaron operativos donde detuvieron a 16 presuntos
integrantes de la delincuencia organizada que se dedicaban a extorsionar y
secuestrar a las personas de esa comunidad.
Esa misma semana miembros del
Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC) entraron a la comunidad de
Mazatlán, cercana a Chilpancingo, asumir el control y las tareas de seguridad.
De acuerdo con la prensa
local, los elementos de policía comunitaria ingresaron armados a la localidad a
bordo de varias camionetas y después convocaron a los habitantes de esa
comunidad a una asamblea en la plaza principal.
Los reportes también
indicaron que este grupo tomó varios puntos de Mazatlán [Chilpancingo de los
Bravo, Guerrero]. Elementos del Ejército Mexicano arribaron al poblado de El
Ocotito para desarmar a los integrantes de la policía comunitaria que asumió el
control de la población luego de la violencia denunciada por sus pobladores.
Sin embargo, los habitantes
de esa localidad impidieron el paso de las fuerzas castrenses sobre la
carretera federal Acapulco-México, motivo por el cual se mantuvo una fuerte
tensión en el lugar, informó la prensa local y nacional.
Los ciudadanos se movilizaron
ante el temor de que las guardias civiles fueran desarmadas, luego de que la
zona fue sobrevolada por un helicóptero de la Secretaría de Marina y que
pasaran por la carretera federal dos camiones con efectivos del Ejército
Mexicano.
El 29 de enero cerca de las
20:00 horas Pioquinto Damián Huato, presidente de la Cámara Nacional de
Comercio (Canaco) de Chilpancingo, regresaba de una asamblea con policías
comunitarios realizada en el poblado de El Ocotito, cuando sufrió un atentado
en donde murió su nuera.
El entonces Gobernador, Ángel
Aguirre Rivero, y el dirigente Nacional del Partido de la Revolución
Democrática (PRD) en ese momento, Jesús Zambrano Grijalva, dijeron que el
atentado a Pioquinto Damián y el avance de las autodefensas en Guerrero, eran
“hechos aislados” y “para nada” se parecían a los sucesos violentos que
ocurrían en Michoacán.
Ambos líderes hicieron un
solo frente para afirmar que en Guerrero, la violencia no estaba superando al
Estado.
“Fue un hecho aislado, yo le
puedo decir con datos que hay una disminución en los índices de violencia no
solo en Acapulco, sino en todo Guerrero”, dijo Aguirre.
Jesús Zambrano declaró que la
entidad gobernada por los perredistas, estaba controlada y que lo sucedido a
Pioquinto era un hecho aislado.
“Este estado que ha estado en
el foco de atención por hechos aislados, como ha sucedido hace unas horas y nos
han comparado con Michoacán y para nada se parece”, dijo.
Ocho meses después, en
Iguala, Guerrero, sucedió la desaparición y el asesinato de estudiantes, que
sumió en una crisis al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y que tuvo un
costo político elevado para Aguirre, Zambrano y el resto de los perredistas.
LA GUERRA
DESPUÉS DE LOS 43
Marcha de los padres de los 43
normalistas desaparecidos en Iguala, hace ya 17 meses. Foto: Valentina López,
SinEmbargo.
En octubre de 2014, días
después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, llegaron a
Iguala la policía federal y la Gendarmería Nacional para tomar el control de la
seguridad. En Chilpancingo arribaron cerca de 2 mil policías antimotines para
reforzar la seguridad ante la posibilidad de que continuaran las movilizaciones
de los estudiantes y maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero (CETEG).
Un mes después, en noviembre
de 2014, la Gendarmería Nacional reforzó la vigilancia en Acapulco con mil 300
elementos, para brindar seguridad a los turistas que vacacionaron ese fin de
año en el puerto.
El 4 de diciembre el gobierno
federal puso en marcha el Operativo Especial de Seguridad Tierra Caliente en 22
municipios de Guerrero, ocho del Estado de México, cuatro de Morelos y dos de
Michoacán con más de 2 mil elementos de la Policía Federal (PF).
Las fuerzas federales
asumieron por completo las tareas de seguridad de esos municipios. El objetivo
principal era combatir al crimen organizado que golpea a la región.
El año de los sucesos de
Iguala cerró con 2 mil 197 homicidios, de los cuales mil 514 fueron dolosos.
Esa cantidad fue superada
sólo entre enero y noviembre de 2015 donde se registraron 2 mil 461 homicidios,
de los cuales mil 824 fueron dolosos.
Lo anterior, además, sin
contar los cientos de secuestros y extorsiones que se dieron en la entidad.
En octubre de 2015 llegaron a
Guerrero más de mil 500 elementos de la Policía Federal como parte del
operativo de reforzamiento de seguridad que anunció el Secretario de
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong.
El 1 de diciembre de 2015 de
acuerdo con medios locales, llegaron entre 5 mil y 5 mil federales antimotín a
Acapulco y Chilpancingo, sólo para vigilar la jornada de evaluación docente.
Pero el operativo del gobierno
federal poco sirvió para frenar la violencia en la entidad. Durante los
primeros 13 días de 2016 se dieron cinco homicidios diarios en promedio y 22
secuestros en ese periodo, 17 de ellos ocurridos en el municipio de Arcelia, en
Tierra Caliente.
En total, de acuerdo con las
cifras documentadas por diarios locales y nacionales fueron alrededor de 65
homicidios, 50 de ellos entre el 1 y el 8 de enero, 10 el fin de semana del 9 y
10 de enero, y cuatro más el martes 12 en Acapulco y en Ciudad Renacimiento.
Los muertos se reportaron el
mismo día que el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó en
ese puerto el Acuerdo Guerrero Incluyente y Próspero, que es “la siguiente
etapa” del Plan Nuevo Guerrero.
De acuerdo con cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en
2015, respecto a 2014, se incrementaron los homicidios, especialmente los
dolosos.
A pesar de los operativos que
se han realizado en la entidad, el estado está fuera de control, dicen varios
activistas.
FUERA DE CONTROL
Para el sacerdote Mario
Campos lo que sucede en la entidad es complejo y la principal razón de los
homicidios, secuestros y extorsiones sin freno, es que la delincuencia
organizada está fuera de control.
“El factor principal es la
delincuencia. Es muy grave porque es más bien el rostro de la delincuencia lo
que estamos viendo, que está presente ahí y que está haciendo mucho daño”,
dice.
Mario Campos agrega que los
crímenes han aumentado a pesar de que hay fuerzas federales en Guerrero, debido
a que falta coordinación con la sociedad.
La policía comunitaria,
explicó, es rechazada y mal vista por las autoridades, pero es una forma que
varios pueblos de Costa Chica y La Montaña, han encontrado para protegerse de
los grupos criminales que se pelean las plazas.
“Falta la aplicación de la Ley.
Que se activen las instituciones para que se haga realidad la seguridad en
Guerrero que todos aspiramos. Aquí nadie está contento con lo que está
pasando”, indica.
En Guerrero, dice, en las
poblaciones en donde la sociedad se ha organizado, hay “cierto control” de la
delincuencia.
“Donde hay cuerpos de
seguridad hechos por el pueblo, hay más control. No debe haber un afán de
competir con el gobierno, sino en plan de coadyuvancia, así debe verlos el
Gobierno, pero parece que hay poca voluntad y esfuerzo”, anota.
Los delincuentes que tienen
más presencia en Guerrero son secuestradores, extorsionadores,
narcotraficantes, grupos que se “pelean las plazas, que tienen rivalidad,
venganzas que están provocando todos los asesinatos y levantones”, explica.
Mario Campos destaca el papel
que han jugado las policías comunitarias de La Montaña y de otras regiones de
Guerrero para acceder a la justicia. Incluso, dice, en los municipios donde
opera la UPOEG, fueron lugares más difíciles de controlar.
Manuel Vázquez, vocero
estatal de la UPOEG, coincide con Campos. El también abogado explica que la
organización tiene presencia en los municipios de Costa Chica y La Montaña y
que la única solución para los municipios de Tierra Caliente y Costra Grande,
es organizarse.
Hoy la lucha para los
municipios que se defienden por su cuenta en contra de los criminales libra
otra lucha: desean liberarse de los partidos políticos, que en Guerrero, han
demostrado estar en varias ocasiones, en la cancha del crimen organizado como
ocurrió en Iguala.
A través de la Consulta
Popular buscan elegir a sus autoridades tradicionales, en base a sus usos y
costumbres. Ya existe una iniciativa para Ayutla de los Libres, y varias
impugnaciones por parte de los partidos, que hasta el momento los ciudadanos
han ganado.
“Los partidos tienen que
respetar la decisión que se está tomando. Los políticos han obstaculizado las
decisiones de la población”, indica Manuel Vázquez.
Abel Barrera opina que las
autoridades estatales y federales en Guerrero, han respondido con acciones
tardías a la problemática que se vive en la región.
“La estrategia de seguridad
desde [Felipe] Calderón ha fallado. No está cimentada en una estrategia donde
la sociedad participe. Son decisiones populares, donde se apuesta a enviar
efectivos y equipos militares, que la verdad dejan mucho que desear, porque son
operativos de relumbrón”, dice.
(SIN EMBARGO.MX/ Shaila Rosangel / marzo
2, 2016 00:00h)
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