Cuauhtémoc Blanco está metido
en un tsunami donde se mezcla la política con la delincuencia organizada, que
uno podría imaginar jamás pensó que viviría cuando el Partido Social Demócrata
le ofreció –según funcionarios de Morelos y federales- 8 millones de pesos por
aceptar la candidatura a la presidencia municipal de Cuernavaca. Blanco ganó la
alcaldía de la capital de Morelos con
una diferencia de ocho puntos sobre la candidata del PRI, y aplastó al
candidato del PRD, quien desde la campaña lo había acusado de tener vínculos
con la delincuencia organizada. Nadie pensó tampoco que aquellas imputaciones
se encontraran hoy en el centro de su naciente administración.
Desde que asumió el cargo el
viernes pasado, Blanco y sus patrocinadores se confrontaron con el gobernador
Graco Ramírez por el tema del Mando Único, un acuerdo de seguridad pública que
terminó su vigencia con el Ayuntamiento al entrar la nueva autoridad. Blanco,
que ha demostrado no saber nada de políticas públicas, comenzó a pagar por el
dinero que le dieron –ganara o perdiera,
reveló el periodista Jesús Castillo García, en una columna publicada en el
portal Periodismo sin Censura, en marzo pasado-, los hermanos Julio y Roberto
Yáñez Moreno, que se quedaron la franquicia del partido en 2012.
El Mando Único en Morelos,
aseguran funcionarios federales y organizaciones no gubernamentales, ha dado
resultados y disminuido los índices delictivos, pero Blanco lo rechazó porque,
aseguró, los ciudadanos de la capital dijeron que las cosas habían empeorado.
El conflicto escaló y Ramírez
se reunió con Blanco el sábado pasado, donde el ex futbolista lo amenazó y le
dijo textualmente “te vamos a romper la madre”, según narró el Gobernador el
domingo en una reunión de coordinación con el Gobierno federal, donde
estuvieron representantes de la Comisión Nacional de Seguridad, la PGR, las
Fuerzas Armadas y el CISEN. En esa misma
reunión, de forma unilateral, anunció que impondría por decreto el Mando Único.
Funcionarios presentes en la
reunión dijeron que Ramírez les presentó el mapa delictivo en el estado y
aseguró que el estado se lo habían repartido Los Rojos y Guerreros Unidos, las
bandas criminales que se empiezan a formar cuando Amado Carrillo, El Señor de
los Cielos, jefe del Cártel de Juárez y último criminal con dominancia nacional
vivía en Cuernavaca en los 90, y crecieron
cuando residió ahí Arturo Beltrán Leyva, uno de los criminales más sanguinarios
de la última década, abatido por la Marina en diciembre de 2009 en esa capital.
El gobernador, agregaron los
funcionarios, les dijo que si bien Los Rojos se ubicaban en los municipios del
norte del estado, pero Guerreros Unidos tenía un mayor número de ellos bajo su
control. Contrario a lo que ha dicho públicamente, Ramírez les aseguró que no
estaban enfrentados, sino que tenían un pacto donde se habían dividido
territorios.
La información que utilizó
Ramírez era de su área de inteligencia, que desde hace más de dos años ha
venido estableciendo los vínculos del crimen organizado con la política. El 30
de octubre de 2014, en este mismo espacio se publicó la columna Partidos,
Franquicia para Criminales, donde se exploraba el tema de la narcopolítica en
Morelos y se mencionaban los alcances de
Guerreros Unidos en el estado, a partir de su bastión estatal en
Amacuzac.
En este espacio se
mencionaron las investigaciones sobre el empresario Federico Figueroa, hermano
del finado cantautor Joan Sebastian, señalado como gestor y publirrelacionista
de Guerreros Unidos ante las élites de la región, y la penetración que habían
tenido en la política. En ese momento se refirió la indagatoria contra el ex alcalde
de Amacuzac, Noé Reynoso, que gobernaba
bajo la bandera del Partido Verde, vinculado a Figueroa, y del ex diputado
local Alfonso Miranda del PT -tío de Santiago Mazari, “El Carrete”, jefe de Los
Rojos-, contra quien el fiscal de Morelos pidió infructuosamente al Congreso
local un juicio de procedencia en su contra por presuntos crímenes.
En el conflicto con Blanco,
el gobernador Ramírez mencionó a Figueroa como una de las personas en el
entorno del alcalde con nexos al crimen organizado, junto con los
patrocinadores del ex futbolista, los hermanos Roberto y Julio Yáñez Moreno,
actualmente secretario general del Ayuntamiento y diputado local, quienes han
negado las imputaciones.
El presidente del PSD en el
estado, empleado de los hermanos, Julio Bordonave, ha pedido al Gobernador que
si tiene pruebas, que las presente. La exigencia es tan correcta, como grande
el desafío que ese grupo político detrás de Blanco están haciendo no sólo a
Morelos, sino al Gobierno federal.
La PGR está analizando si hay
indicios para iniciar una averiguación por delincuencia organizada, ante “la
gran preocupación –como admitió un alto funcionario del Gobierno federal- que
existe es la penetración en campañas políticas y en los municipios”. La columna
de octubre de 2014, concluía: “El Estado mexicano no puede permitir que las organizaciones
criminales sigan escalando hacia el
poder como en Colombia, donde al arquetipo de la narcopolítica universal,
Carlos Lehder, fundó un partido, financió guerrillas y abrió la puerta para que
otros barones del crimen, como su socio Pablo Escobar, vieran en la política el
mejor blindaje para su negocio”.
El contexto del conflicto en
Morelos está bañado de narcopolítica y Blanco, quien parece tener la menor de
las responsabilidades, está en el centro de él. Esos 8 millones para ser
candidato, están resultando muy costosos a Blanco y sus patrocinadores.
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE
PERSONAL” DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 07
DE ENERO 2016)
No hay comentarios:
Publicar un comentario