AGUSTÍN RODRÍGUEZ: LA RUTA DEL DESAFUERO

El hombre del día, ayer, fue el diputado federal plurinominal Agustín Rodríguez Torres, al trascender que el espinoso caso de Gisela Peraza podría tomar la ruta del desafuero para el legislador y, eventualmente, la acción penal en su contra.

Rodríguez Torres, quien fungiera como secretario particular de Guillermo Padrés Elías cuando éste firmaba como gobernador de Sonora, está señalado como parte de un grupo de funcionarios públicos que participaron en la retención ilegal, tortura y encarcelamiento de la ex trabajadora doméstica de la familia Padrés-Dagnino, acusada del robo de cinco millones de pesos en efectivo y joyas diversas que la primera pareja del estado guardaba en su domicilio.

Por esas acusaciones Gisela Peraza cumplió una sentencia de cuatro años y, ya en libertad, fue absuelta por un juez, tras el desvanecimiento de pruebas.

El abogado de Peraza, Juan Antonio Ortega ofreció ayer una rueda de prensa en la que informó que el diputado federal acudió la semana pasada a un careo con la hoy acusadora, en el que se mostró altanero y soberbio, lo cual no es de extrañar, considerando que Agustín Rodríguez siempre ha tenido esa actitud, si bien la desarrolló exponencialmente a su paso por la secretaría particular de Padrés, donde varios funcionarios y ex funcionarios del padrecismo sostienen que se convirtió en un señor de horca y cuchillo.

La mitología de los pasillos palaciegos cuenta que el señor se arrogaba el derecho de picaporte en la oficina principal, y tomaba decisiones políticas sin consultar siquiera al gobernador.

Cuando se supo en el entorno familiar sobre el presunto robo en Casa de Gobierno, el primero en ser llamado para interrogar a Gisela Peraza fue Agustín Rodríguez y él mismo decidió qué hacer con ella, girando instrucciones al jefe de escoltas del gobernador, Ernesto Fernández Portillo, hoy comisario de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Nogales, para obligarla a declararse culpable, mediante métodos bastante salvajes.

Una vez que Gisela fue absuelta, tras cuatro años de traslados inexplicables a los penales más retirados de Hermosillo (San Luis Río Colorado y Huatabampo), así como diferentes actos de tortura física y sicológica, según denunció en su momento, el abogado defensor inició una contraofensiva legal exigiendo entre otras cosas, una indemnización por 20 millones de pesos.

Como parte de ese proceso, es que diversos funcionarios han sido llamados a declarar, tocándole el turno ayer al diputado federal, quien lo hizo en calidad de testigo, un recurso utilizado por la parte acusadora, ya que el fuero del que goza lo protege para declarar como inculpado.

Por ello, José Antonio Ortega confió a algunos periodistas que iniciará un juicio de procedencia para que el diputado sea desaforado y enfrente las acusaciones que pesan en su contra.

Hay que apuntar que ese camino es complicadísimo. En la historia del país, existe un solo caso en el que procedió el desafuero: en 2010, el diputado michoacano Julio César Godoy fue acusado por la PGR de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y de mantener vínculos con la delincuencia organizada, concretamente con el grupo criminal conocido como La Familia, que lidera La Tuta.

Godoy Toscano (medio hermano del entonces gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy) ganó la elección en junio de 2009, pero antes de tomar posesión la PGR giró una orden de aprehensión en su contra, por lo que se mantuvo prófugo durante más de un año, lapso en el que obtuvo un amparo que le restituyó sus derechos políticos.

El amparo, sin embargo, no suspendía la orden de aprehensión en su contra, por lo que días antes del 23 de septiembre de 2010 fue introducido a la Cámara de Diputados escondido en la cajuela de un auto, para que pudiera rendir protesta y gozar del fuero que le otorgaba su cargo como diputado.

Imposibilitada para aprehenderlo, la propia PGR solicitó el juicio de procedencia, se integró una Comisión Instructora que estudió el caso y determinó que ‘ha lugar’ la procedencia; así, el 14 de diciembre en una sesión ‘fast track’ la cámara de diputados votó a favor de que le fuera retirado el fuero para que el legislador quedara a disposición del Juez Noveno del Distrito de Jalisco.

Fueron 384 votos a favor del desafuero, 21 abstenciones y dos en contra (uno de ellos de Gerardo Fernández Noroña). Ese mismo día, Godoy Toscano desapareció del mapa y hoy, a más de cuatro años de esa declaratoria de procedencia, permanece prófugo.

El desafuero, o juicio de procedencia como ahora se le conoce, no es un procedimiento sencillo, aunque tampoco es imposible. Si el abogado de Gisela Peraza se lanza a esa empresa, es posible que no lo consiga, pero es indiscutible que pondrá al señor Rodríguez en la mira de la prensa nacional durante un buen tiempo, manteniendo fresco en la memoria el recuerdo del sexenio padrecista, que por cierto tiene otros frentes abiertos, no menos importantes, como el caso de los ‘perdones fiscales’ que investiga el SAT.

Ahora bien, el fuero de Agustín Rodríguez termina con su periodo en la Cámara de Diputados; una vez fuera, el juicio en su contra se reactiva, de modo que tampoco puede cantar victoria. A menos que de San Lázaro pase a otro cargo de elección, lo cual luce bastante improbable.

En fin, este caso seguirá dando de qué hablar en los próximos meses.

(DOSSIER POLITICO/ Arturo Soto Munguía Dossier Politico/ 2016-01-07)