LOS MIEDOS DEL CHAPO

El capo alega que su extradición a Estados Unidos es inconstitucional, autoritaria y antipatriota

Joaquín el Chapo Guzmán tiene sus miedos a la extradición. El líder del Cártel de Sinaloa teme tratos crueles, degradación inhumana, fabricación de delitos que no cometió y la imposición de la pena capital en Estados Unidos.

Después de su segunda detención en febrero de 2014, su equipo de abogados ha intentado frenar su extradición por medio de amparos en distintos juzgados, alegando siempre que su cliente será víctima de malos tratos y coaccionado para reconocer la comisión de delitos. Y horas después de su tercera captura el 8 de enero pasado, los defensores volvieron a los tribunales para tratar de evitar que su jefe sea enviado a Estados Unidos.

De acuerdo con sentencias de amparos y recursos de queja tramitados por sus abogados después de su segunda detención en febrero de 2014, el Chapo alega que su extradición es inconstitucional, autoritaria y antipatriota.

En al menos tres sentencias consultadas por Ríodoce, el capo recurre a los mismos argumentos, en los que reclama que de ser enviado a Estados Unidos será obligado a declararse culpable mediante tortura y acusado con testigos falsos.

Los Estados Unidos de Norteamérica, menciona, mantienen cárceles secretas destinadas para inferir abominables torturas a sus prisioneros para declararse culpables de la comisión de delitos que ellos dicen cometidos y le apliquen penas inclementes.

“Autoridades norteamericanas a quienes les reclamo la comisión de actos futuros e inminentes relacionados con su obstinada intención de extraditarme hacia los Estados Unidos de Norteamérica para ser juzgado en esa nación y con la aplicación de feroz degradación, cruel e inhumano maltratamiento, y con atestes de testigos colaboradores, pagados, aleccionados y protegidos, para obligarme a que me declare culpable de la comisión de delitos graves que no he cometido, ellos con la ejecución de la institucional orden de extradición, relacionada con la pena capital”, señalan los amparos.

A las autoridades mexicanas reclama “la inconstitucional, autoritaria y antipatriota orden o disposición que den las autoridades ministeriales y judiciales para que finquen un proceso en mi contra con fines de extradición a los Estados Unidos de Norte América o a algún otro país extranjero en donde los Estados Unidos mantienen cárceles secretas destinadas a inferir abominables torturas”.

En las solicitudes presentadas ante Juzgados de Distrito del Distrito Federal, el Chapo reitera en varias ocasiones que será sometido a tortura y sentenciado a la pena capital.

En un recurso de queja presentado en marzo de 2015, la defensa señala que desde su ingreso al penal fue sometido “a las más infame, cruel e inhumana forma de encarcelamiento en una celda especial de segregación y castigo donde ha sido sometido a un brutal daño sicológico y moral.

“En el presente caso, tanto su familia, el quejoso y sus abogados defensores, tenemos temor fundado de que con argucias y artilugios inconstitucionales e improcedentes, sea extraditado hacia los Estados Unidos de Norteamérica o algún otro país extranjero, en donde los Estados Unidos tienen cárceles secretas para ser ‘juzgado’ y condenado a la pena capital o prisión perpetua”, establece el escrito presentado.

El Chapo alegaba además en esos amparos que la extradición se estaba tramitando en secreto por la vía diplomática entre autoridades estadunidenses y mexicanas.

El líder del Cártel de Sinaloa pedía a los jueces que suspendieran la extradición para evitar una “descomunal” violación a sus derechos y exigía respetar el Estado de Derecho.

“En este acto, el suscrito compareciente en esta instancia de legalidad constitucional, ruega a sus señorías: ¡Que no se violente la Constitución General de la República! ¡Que no se violenten las leyes mexicanas! ¡Que sea respetado todo el Estado de Derecho! ¡Que no sea extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica o a ningún otro país el quejoso! ¡Que se conceda el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos de autoridades de quienes se queja!”, menciona uno de los abogados en un recurso de queja.

LUCHA CONTRA LA EXTRADICIÓN

Apenas el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, anunció el 21 de enero de 2015 que el Chapo podría ser extraditado, sus abogados empezaron a promover amparos para evitar que el capo sea puesto a disposición de la justicia estadunidense.

Ese mismo día solicitaron el primer amparo contra la extradición en el Juzgado Décimo de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal. En los meses siguientes solicitaron al menos otro cinco en diferentes juzgados.

Hasta el momento, el equipo jurídico de Guzmán Loera no ha obtenido ninguno de los amparos solicitados en esos meses debido a que cuando fueron tramitados no existía el pedimento de extradición.

El viernes 8 pasado, horas después de haber sido detenido por tercera vez, solicitaron otro juicio de amparo contra la extradición y lograron la suspensión de plano.

Cuatro días más tarde, el martes 12, el abogado José Luis González Meza, promovió otro más en el Juzgado Décimo y también consiguió la suspensión de la extradición.

Con las dos medidas dictadas por los jueces, la Procuraduría General de la República debe frenar el procedimiento de extradición hasta en tanto dictan sentencia.

De acuerdo con la Procuraduría General de la República, el 16 de junio y el 31 de agosto de 2015 el Gobierno de Estados Unidos presentó la peticiones formales del delincuente por los delitos de asociación delictuosa para importar y poseer con la intención de distribuir cocaína, delincuencia organizada, contra la salud, lavado de dinero, homicidio y posesión de armas de fuego.

Después del análisis, la fiscalía promovió ante jueces federales las órdenes de detención con fines de extradición internacional y los juzgadores las concedieron.

Las órdenes de detención con fines de extradición fueron ejecutadas el domingo 10, con lo que dio inicio formalmente el proceso, pero los abogados de Guzmán Loera lograron frenarlo de momento.

Los defensores del Chapo lograron que el Juzgado Noveno de Amparo concediera una suspensión de plano contra la extradición, por lo que la PGR debe detener el procedimiento hasta que el Juez dicte sentencia en el juicio de amparo.

“La incomunicación, tormentos, pretender privar de la vida y tratar de sacar al quejoso del país, deportado, extraditándolo a los Estados Unidos de América, sin respeto a las formalidades esenciales del procedimiento en especial, hacerlo víctima de desaparición forzosa”, reclamaron en la demanda.

NO PUDIERON CONTRA LA EXTRADICIÓN

El equipo jurídico de Guzmán Loera está tratando de frenar algo que otros capos no han podido.

El Gobierno Mexicano ha extraditado a Estados Unidos a líderes de grupos delincuenciales para que sean juzgados en tribunales de ese país. Sus abogados han intentado evitarlo pero no obtuvieron los amparos contra las extradiciones.

Los hermanos Benjamín, Eduardo, Rafael Arellano Félix, del Cártel Arellano Félix, también fueron capturados en México y enviados a Estados Unidos.

Sandra Ávila y Javier Torres cumplieron las sentencias que dictaron las cortes de ese país y devueltos a prisiones mexicanas, donde la “Reina del Pacífico” obtuvo su libertad; Rafael Arellano liberado en Estados Unidos y asesinado en México por un hombre vestido de payaso en una fiesta, y el resto permanece, presuntamente, en las cárceles estadunidenses que el Chapo no quiere pisar.

(RIODOCE/ REDACCION/ 17 enero, 2016)