Chihuahua, Distrito Federal, Estado de
México, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Oaxaca son los que lideran los índices de
opacidad, deuda y violaciones a los derechos humanos, en índices de organismos
nacionales. Sólo nueve gobernadores han presentado la declaración patrimonial
#3de3, un ejercicio ciudadano diseñado por el Instituto Mexicano de
Competitividad.
Ciudad de México, 29 de enero
(SinEmbargo).- Los estados que mas deuda pública y per cápita tienen
actualmente son los menos transparentes, los que menos crecen y los que tienen
más recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, según información
obtenida por SinEmbargo en las bases de datos de diversas fuentes, como el
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y el Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO).
Casos como el Distrito
Federal, la ciudad con más población en el país, es emblemático: tiene una de
las deudas más grandes, que asciende a 65 mil 800 millones de pesos, 7 mil
427.30 pesos per cápita, de acuerdo con los datos al tercer trimestre de 2015
del “Reporte de Deuda Subnacional del IMCO”, basado en indicadores de
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Además está reprobado en
transparencia presupuestaria con 56 puntos según el índice de Información
Presupuestal Estatal 2015 del IMCO. El Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera
Espinosa, por ejemplo, no ha presentado su declaración patrimonial, de
intereses y fiscal en la plataforma #3de3 del IMCO y la organización
Transparencia Mexicana.
Según la información del
IMCO, sólo nueve gobernadores han cumplido con el ejercicio de transparencia:
Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, San Luis
Potosí y Sonora.
Ernesto Gómez Magaña,
director Ejecutivo de la organización Participación Ciudadana, dijo que los
ciudadanos están demandando un cambio y la legitimidad de los servidores
públicos.
“El hecho de que hasta el día
de hoy la transparencia sea un reclamo, quiere decir que los servidores
públicos no están tomando en cuenta como norma de conducta esta petición”,
explica.
Los informes sobre la deuda
pública y la transparencia presupuestal son básicas, dijo, pero la declaración
patrimonial y el conflicto de interés es por demás, una muestra de querer
combatir la opacidad.
“Cómo podemos confiar que se
lleve a cabo una buena gestión, si no tenemos los datos personales del
Gobernador a cargo”, anota.
En el caso del DF, es una de
los lugares que menos creció en el segundo trimestre de 2015, con respecto al
mismo periodo de 2014, de acuerdo con el Inegi con 1.1 por ciento, y posee seis
recomendaciones por violaciones a derechos humanos dirigidas al Estado o al
Jefe de Gobierno por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) entre 2013
y 2015.
LOS ESTADOS DE LOS DUARTE
Javier y César Duarte, los gobernadores
de Veracruz y Chihuahua, respectivamente. Fotos: Cuartoscuro
Otra de las entidades que
siguen un patrón similar al DF es Veracruz, que tiene una deuda de 37 mil 400
millones de pesos y un crecimiento de 0.0 por ciento, de acuerdo con datos del
Inegi.
El estado que gobierna el
priista Javier Duarte de Ochoa es también uno de los más opacos en
transparencia presupuestaria con 71 puntos, en comparación con entidades como
Jalisco, Coahuila y Puebla.
El Gobernador Duarte de
Ochoa, al igual que la mayoría de los mandatarios, no ha realizado su
declaración patrimonial #3de3.
Además, la entidad tiene ocho
recomendaciones de la CNDH dirigidas al Gobernador y al estado en el lapso de
dos años.
La administración de Duarte
de Ochoa está marcada por la violencia, inseguridad, pobreza. Sin embargo, ha
minimizado en reiteradas ocasiones la violencia que se vive en su entidad,
llegando incluso a declarar que en Veracruz ya no se hablaba de balaceras y
asesinatos, sino “de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”.
“Antes se hablaba de
balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy
hablamos de robos a negocios, de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en
el Oxxo”, dijo en alguna ocasión. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de diciembre de 2010 a agosto
del año pasado en Veracruz hubo 3 mil 136 asesinatos.
En pobreza, Veracruz no se
queda atrás: En 2010 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) reportó que en el estado aproximadamente el 62 por
ciento de la población percibía ingresos por debajo de la línea de bienestar.
En 2012 el porcentaje bajó al 56 por ciento, pero para 2014 la cifra era de 63
por ciento. Durante los primeros tres años de gobierno de Duarte los
veracruzanos en pobreza extrema en la entidad disminuyeron en un ligero
porcentaje, pasando de un estimado de un millón 590 mil a 1 millón 263 mil. Sin
embargo, durante 2014 los pobres en Veracruz repuntaron de acuerdo con el
Coneval, y se colocó como la segunda entidad con más pobres.
De los dos millones de pobres
más durante ese año, el Estado de México (Edomex) aportó 941 mil 200 y Veracruz
492 mil 480, es decir representó 24.7 por ciento del total.
En la entidad gobernada por
Duarte los pobres pasaron de 52.6 por ciento a 58 por ciento, colocándose por
encima de la media nacional.
El 28 de octubre pasado el
Congreso de Veracruz aprobó la contratación de deuda por más de 21 mil millones
de pesos solicitada por Javier Duarte de Ochoa.
Con 35 votos a favor y 9 en
contra y una abstención, los diputados locales avalaron que la Secretaría de
Finanzas y Planeación (Sefiplan) use como fuentes de pago participaciones y
aportaciones de la Federación e ingresos generados por la entidad.
La aprobación de los recursos
tiene como fin pagar la deuda del estado para lo que se destinaron 15 mil
millones de pesos, otros 5 mil millones pesos para el mismo fin y para
“inversiones público-productivas en materia de obras y acciones sociales básicas
que beneficien a la población en pobreza extrema o a localidades con alto
rezago social” se permitió un endeudamiento de hasta mil 700 millones de pesos.
Chihuahua, el estado que
gobierna César Duarte Jáquez, sigue los pasos de Veracruz, según los datos obtenidos.
La entidad lidera la lista de los estados más endeudados, menos transparentes y
con el mayor número de recomendaciones de la CNDH en materia de derechos
humanos.
El estado tiene una deuda
pública de 41 mil 300 millones de pesos, una calificación de 66 puntos en
transparencia presupuestaria, una de las deudas per cápita más grandes con 11
mil 127.40 pesos por cada habitante, un crecimiento de 3.6 por ciento y cuatro
recomendaciones por violaciones a los derechos humanos dirigidas al Gobernador o
al Estado.
EL NUEVO LEÓN DEL “BRONCO”
Sin bien el Gobernador de
Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como “El Bronco”, es uno
de los gobernadores que cumplen con la declaración #3de3 del IMCO y
Transparencia Mexicana, su entidad pasó de panzazo la trasparencia
presupuestaria con 61 puntos y es una de las más endeudadas del país con 56 mil
millones de pesos y 11 mil 005.90 pesos por persona.
Nuevo León tiene dos
recomendaciones de la CNDH al igual que Hidalgo, Jalisco, Zacatecas, Yucatán y
Quintana Roo.
En el caso de Chiapas,
Guerrero, Michoacán, Puebla y Oaxaca, aunque su deuda pública no se compara a
la del Distrito Federal y Nuevo León, su crecimiento es menor, al igual que su
calificación en transparencia presupuestaria – excepto Chiapas – y lideran la
lista en recomendaciones de la CNDH por violaciones a los derechos humanos con
8, 9, 6 (uno considerado grave), 3 ( uno considerado grave) y 11 casos,
respectivamente.
De la lista, Michoacán es uno
de los estados reprobados con 52 puntos en transparencia presupuestaria y con
-2.0 por ciento de crecimiento.
Campeche, Coahuila y Tabasco
son las entidades que aunque están bien calificadas en transparencia
presupuestal, tuvieron un crecimiento negativo según los datos del Inegi con
-8.4 por ciento, -2.1 por ciento y -1.7 por ciento.
LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Los casos a las violaciones
de derechos humanos en las entidades señaladas que originaron recomendaciones
de la CNDH a los gobernadores o al Estado, son, en su mayoría, por malas
prácticas en la procuración de justicia y por negligencias médicas.
Una de las recomendaciones en
el DF es por indebida procuración de justicia en el caso de la custodia de dos
menores; en Guerrero por agresión y secuestro de 22 personas en Acapulco,
negligencia médica, recurso de impugnación en contra del Consejo Estatal de
Seguridad Pública y otro más en contra de la Secretaría de Educación, así como
una recomendación por la indebida procuración de justicia en agravio de una presunta
víctima del delito de trata de personas.
Las recomendaciones en el
Estado de México son por la tortura y posterior fallecimiento de un interno del
Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “Altiplano” en Almoloya de
Juárez, y otra por excesivo uso de la fuerza, privación de la vida, trato
indigno e indebida procuración de justicia.
En Nuevo León algunas de las
recomendaciones son por el asesinato de 43 reos en el Centro de Reinserción
Social Apodaca tras la fuga de 30 internos. El crimen ocurrió cuando intentaban
trasladarlos a otro centro de reclusión. Fueron heridos 73 internos más.
Otra de las recomendaciones a
Nuevo León es por la violación a los derechos de la verdad y acceso a la
justicia en agravio a familiares de una persona asesinada por elementos de la
Secretaría de la Marina (Semar). Una más por privación de la vida, indebida
procuración de justicia y trato digno.
En cuanto a Veracruz, las
recomendaciones de la CNDH son por negligencia médica en el Hospital General de
Minatitlán y otra por abuso y acoso sexual en la Escuela Secundaria General
“José Vasconcelos” ubicada en Tuxpan.
El caso de Veracruz es
emblemático y aunque no está oficialmente como una recomendación de la CNDH,
los crímenes contra periodistas es una realidad que no se puede negar.
Desde que Javier Duarte de
Ochoa llegó al poder, le entidad se distingue por ser la más peligrosa para los
periodistas, pues de 2011 a la fecha han asesinado a 14 comunicadores que
tienen en común el haber sido críticos de su gobierno.
El último reportero gráfico
asesinado, amenazado por el Gobierno de Duarte según sus propias palabras, fue
muerto en la colonia Narvarte del Distrito Federal cuando huía de las garras de
sus verdugos: Rubén Espinosa Becerril.
Antes de morir torturado y
con un tiro en la frente, denunció ante los medios de comunicación y
organizaciones como Artículo 19, que el gobierno de Javier Duarte lo amenazó de
muerte y que era seguido y vigilado en Veracruz, razón que lo obligó refugiarse
en la Ciudad de México, de donde era originario. No le sirvió de nada.
Junto con él fueron
asesinadas y torturadas cuatro mujeres: Nadia Dominique Vera Pérez, Alejandra
Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martin. La primera era una
activista que también huía de amenazas de muerte por su labor en Veracruz.
Nadia acusó directamente al
gobierno de Javier Duarte si le sucedía algo. La joven tenía miedo. Se sentía
amenazada.
De acuerdo con Édgar Cortez,
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), las
recomendaciones de la CNDH, funcionan de “manera relativa”.
“Desde 2011 todas las
comisiones de derechos humanos son autónomas. En el caso de Veracruz por
ejemplo, con la recién electa presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado Namiko [Matzumoto], hasta antes de llegar al cargo, estaba trabajando
con el Gobierno del estado, parece difícil que con una trayectoria de varios
años de colaboración con el Gobierno, el hecho de que la elijan presidenta, le
de un perfil de autonomía. Es más probable que esté preocupada en mantener una
buena relación y poca confrontación con el gobierno del estado”, dice.
El investigador explicó que
en general hay pocas recomendaciones y que en la mayoría de los casos no tienen
seguimiento. A pesar de que la CNDH cuenta con suficientes recursos económicos
y humanos.
“Terminan siendo procesos muy
formales, el Gobernador dice que ya cumplió, pero no hay un proceso exigente
para que se hagan acciones. Por ejemplo la Comisión recomienda que se capacite
al personal y el gobierno dice ‘sí ya los voy a capacitar’”, indica.
Cortez aseguró que la mejora
a los derechos humanos en México, tendría que ir de la mano con el combate a la
impunidad, a la corrupción y con la rendición de cuentas.
“Si no tenemos estas piezas
juntas, estamos en un ciclo donde hay una denuncia de un caso, una
recomendación y luego tenemos otro caso, pero si no se modifican las causas que
han generado esas violaciones, no pasa nada”, detalla.
(SINEMBARGO.MX/ SHAILA ROSAGEL / ENERO
29, 2016 - 00:00H)
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