El lunes pasado The New York
Times, el periódico más influyente en el mundo -porque representa los intereses
del país más poderoso del mundo-, publicó un editorial donde critica al
Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto por “haberse resistido tercamente a
la rendición de cuentas”. El editorial intriga por lo inusual de su contenido
reduccionista, sesgado y, sobre todo, por la inusual pobreza en su calidad de
información. El editorial tiene, sin embargo, un dardo envenenado: que el
Gobierno acepte que el grupo de expertos internacionales, coadyuvante en la
investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014 se
inmiscuya en forma irrestricta y absoluta en el sistema de justicia mexicano.
Es decir, que el Estado mexicano se subordine a leyes internacionales.
El precedente se encuentra en
Guatemala el año pasado, luego de que en 2012 el gobierno guatemalteco y la
Organización de las Naciones Unidas crearon la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala como un órgano independiente para apoyar a las
instituciones de procuración y administración de justicia en la investigación
de los grupos paramilitares y los aparatos
clandestinos de seguridad. La Comisión, encabezada por el venezolano Iván
Velásquez, se metió rápidamente en otros temas, como la investigación de
corrupción en el sistema aduanero, que produjo la renuncia del presidente Otto
Pérez Molina y su captura, acusado de encabezar la organización criminal que
cometió esos delitos. En una entrevista con la agencia rusa Novosti en agosto pasado, Michael Mörth, uno
de los artífices de la Comisión, dijo que cuando fue concebida, “siempre la
entendimos como un modelo que se puede expandir en América Latina o países
donde no hay estado de derecho. No tengo ni la menor duda de que una CICIG
sería muy útil en México y Honduras”. Una parte de ese deseo-estrategia, ya se
cumplió. El presidente hondureño, Juan
Orlando Hernández, aceptó el año pasado la propuesta de sus opositores para
instalar una comisión similar a la guatemalteca que enjuicie a los involucrados
en actos de corrupción, y está terminando de afinar los detalles de ello con
funcionarios estadunidenses que, como en Guatemala, son los arquitectos del
modelo jurídico transnacional.
México es lo que aún les
falta en el diseño revelado por Mörth. El Times de Nueva York se puede plantear
como una hipótesis de trabajo, es la segunda parte del engranaje. “No es
demasiado tarde para el Gobierno reconocer que su investigación estuvo mal
hecha y le dé a los investigadores internacionales acceso incondicional al
personal del Gobierno”, concluye el editorial del Times. “Esto puede ser muy poco para salvar la
reputación de Peña Nieto, pero es lo menos que puede hacer por las víctimas de
una de las peores atrocidades de derechos humanos en México en la historia
reciente”. El editorial motivó una respuesta de la coordinación de Prensa
Extranjera y Marca País de la Presidencia, encabezada por Paulo Carreño, quien
en una carta que aún no publica el
periódico, refutó cada uno de los puntos que, sin el balance y la objetividad
que caracteriza muchos de los otros contenidos del diario, fueron planteados en
el editorial.
Esa opinión fue firmada por
el Consejo Editorial, que de acuerdo con personas que conocen su conformación
actual, lo integran 18 personas bajo la dirección de un veterano periodista,
Andrew Rosenthal, hijo de uno de los directores leyenda que ha tenido el
diario. Pero a diferencia de otros tiempos en que en su staff había
intelectuales o periodistas con experiencia de campo, el actual Consejo Editorial no cuenta con nadie
que tengan conocimiento de México. Sólo hay un latinoamericano de origen
colombiano que, sin embargo, nunca ha vivido fuera de Estados Unidos.
El editorial no se refirió a
ninguna información reciente, ni está contextualizado o entró como efeméride.
De hecho, en los últimos 45 días el Times sólo publicó cinco noticias
relacionadas directamente con México, ninguna vinculada con los temas del
editorial. Personas que conocen la elaboración de este editorial dijeron que no
participaron los dos responsables de los temas
internacionales, sino quienes se encargan de los asuntos domésticos, lo
que es importante porque cambia totalmente el destino de las audiencias. ¿A
quién iba dirigido, entonces?
Al Gobierno del presidente
Barack Obama, no, porque es precisamente su Administración la que puso a andar
la estrategia. ¿A los aspirantes a la Casa Blanca en este mes que empiezan la
campaña presidencial? Es posible. La tercera parte del engranaje son los grupos
de interés que inciden en el Capitolio, que ya comenzaron a operar tras el
editorial. Uno de ellos, la Oficina en Washington
para América Latina, conocida por sus siglas WOLA, distribuyó el miércoles un
comunicado de prensa en donde pidió, como prueba de voluntad política para
resolver el caso de los normalistas de Ayotzinapa, que México acepte que los
expertos extranjeros tengan privilegios legales extraordinarios. La intentona
estadunidense por sobreponerse a la soberanía
mexicana ha tenido eco en México en sectores de izquierda y de derecha,
pero su éxito o fracaso depende de las élites en el poder: si no se fracturan,
la presión interna será débil; si se fracturan, ganará Washington. Es un debate
complejo y sofisticado. ¿Las diferencias con el Gobierno de Peña Nieto son
suficientes para aceptar que las pretensiones de subordinación de Estados Unidos son un costo inferior a los
beneficios? Esta es la pregunta de fondo sobre lo que el editorial del Times
sugiere. Ya veremos en qué campo cada mexicano quiere pelear.
(ZOCALO/ COLUMNA “ESTRICTAMENTE PERSONAL”
DE RAYMUNDO RIVA PALACIO/ 11 DE ENERO 2016)
No hay comentarios:
Publicar un comentario