CHARO, Mich. (apro).- Cemeí
Verdía, primer comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y
coordinador general de las autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana
y Chinicuila, confía en su excarcelación.
Este lunes se desahoga su
apelación contra el proceso penal 82/2015 por el delito de homicidio calificado
–del que ya antes fue juzgado y dejado en libertad–, en la Quinta Sala Penal
del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, adscrita al magistrado Marco
Antonio Flores Negrete.
Desde el interior del Centro
de Reinserción Social (Cereso) David Franco Rodríguez, conocido como Mil
Cubres, el líder indígena de 35 años visto como el comandante de guardias
civiles de mayor peso en la región tras la detención de José Manuel Mireles se
muestra tranquilo y con entusiasmo.
“Ya confío que ya me voy”,
expresó sonriendo. “Soy inocente, me podrán acusar de mil cosas pero de ninguna
van a comprobar nada, porque yo sé lo que hago”, dijo quien encabezó la toma de
Ostula, municipio de Aquila, en febrero de 2014, después de cuatro años de
estar bajo el yugo del cártel de los Caballeros Templarios que dejó en la
comunidad seis comuneros desaparecidos y 34 ejecutados en un periodo de cinco
años.
Al excoordinador de
autodefensas y comunitarios de Michoacán se le acusa del homicidio calificado
de Argel Mejía Valdovinos ocurrido el 25 de mayo del 2015 tras la emboscada que
éste y cinco individuos más realizaron en su contra en la carretera costera de
Aquila, con un saldo de uno de sus escoltas muerto.
Esto provocó que el nahua y
otros guardias civiles persiguieran a los atacantes en la sierra, lo que
terminó en un enfrentamiento con un saldo de cuatro atacantes muertos, entre
ellos Mejía, y cuatro heridos.
“Afortunadamente desde que yo
llegué no ha habido muertes, las únicas muertes han sido las del atentado que
yo tuve”, comenta sobre la emboscada.
Y si bien, dice, se logró la
expulsión de Los Templarios “son los más interesados en regresar a Michoacán
porque saben de sus riquezas. Ellos ya han probado eso”.
El dirigente indígena es
actualmente el defensor más combativo del territorio nahua integrado por una
cabecera y 22 rancherías, y se ha enfrentado al cártel que explotó ilegalmente
su territorio rico en minerales, también contra pequeños propietarios de La
Placita que pretenden despojarlos de mil 200 hectáreas de terreno costero, así
como contra saqueadores de madera preciosa que explotan su árbol de sangualica,
en peligro de extinción.
Respecto de su lucha contra
las mineras el dirigente que estudió hasta sexto de primaria expone: “Yo
desperté a las comunidades y les dije que ellos eran los dueños, que para
poderlas explotar tienen que negociar con ellos, no nomás llegar y decir que
‘es mío’”.
Sobre el saqueo de la madera
acusa: “el gobierno está dentro, nos dimos cuenta, hay retenes de la Marina y
de federales y vemos cómo embarcan. Los intereses del gobierno fue lo peor,
haber tocado los intereses del gobierno”.
Su representante legal Ignacio
Mendoza sostiene que la reclusión de Verdía es “de carácter político” porque
–afirma— en el proceso penal 82/2015 “se fabricó un delito y se violaron las
garantías de los derechos humanos”.
De igual modo, abunda, se le
acusó de portación de arma exclusiva del Ejército, del robo de seis rollos de
alambre al Ayuntamiento de Aquila y de delitos electorales en la modalidad de
quema de urnas pero de todas esas acusaciones Verdía fue liberado.
LA DETENCIÓN DEL LÍDER NAHUA
Al pequeño productor de
papaya se le detuvo “en flagrancia” por portación de dos armas de uso exclusivo
del Ejército, la mañana del 19 de julio de 2015 en La Placita, municipio de
Aquila. Esas armas se las dio el gobierno al ser integrado como parte de la
Fuerza Rural, por lo que estaban registradas ante la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena).
“Yo las tenía en mi
resguardo, esas me las dieron de la Secretaría de Seguridad Pública (…) no eran
nuestras, eran armas que pertenecían a la Secretaría”, recuerda Verdía.
Relata el día de su detención:
“Yo estaba almorzando en una
fondita en la que preparan muy sabroso, por cierto, cuando llegaron militares,
policías ministeriales y marinos. Lo que alcancé a percibir es que eran como
unos cien”.
Cuenta que vio en torno suyo
una movilización inesperada y lo arrestaron haciéndole una llave en el cuello,
luego lo subieron a un helicóptero militar que lo trasladó primero a un cuartel
militar y después a instalaciones que piensa eran de la Procuraduría General de
Justicia (PGJ) del estado.
Afirma que nunca le mostraron
una orden de aprehensión ni le dijeron de qué lo acusaban, sólo le mostraban
una hoja.
“Les decía que me dieran la
hoja para leerla. No conozco pero tampoco soy tarugo, y llegando a Morelia les
dije que cuál era mi bronca”. No le respondieron, dice, por lo que considera
que su detención fue un montaje.
“Y cuando me doy cuenta
dicen: ‘nadie lo quiere recibir’, o sea, nadie se quería aventar el tiro”,
subraya.
IMPUNIDAD LEGAL
Debido a que fue detenido por
portación de armas exclusivas del Ejército, delito de carácter federal, se le
trasladó al Centro de Readaptación Social (Cefereso) número 4, en Nayarit.
No obstante, el abogado
Mendoza refiere que desde el 11 de junio de 2015 ya había una orden de
aprehensión contra Verdía por el homicidio calificado de Mejía, delito del
fuero común con mayor peso penal que el de portación de arma exclusiva del
Ejército, por lo que debieron trasladarlo a un penal estatal no federal.
“La estrategia era hacerle lo
mismo que a Manuel Mireles”, dice del dirigente de las autodefenesas recluido
en el Cefereso 11 de Sonora por el mismo delito de portación de arma exclusiva
del Ejército, “querían dejarlo en un penal federal pudriéndose dos años”,
afirma.
El abogado dice que pese a
que lograron la liberación de Verdía por ese delito, el Cefereso de Nayarit
“retardó por más de ocho horas su salida privándolo ilegalmente de su libertad
en espera de que llegara la Policía de Michoacán para traerlo a Morelia”, tiempo
en el que “cumplimentaron las órdenes de aprehensión por los delitos de robo y
por el de homicidio”.
La juez del Juzgado Cuarto
local con sede en Morelia, Amalia Herrera Arroyo le dictó auto de libertad el 4
de agosto al desechar pruebas que se integraron tras su consignación, entre
otras, declaraciones de los imputados, como lo argumentó en el “Auto de
libertad por falta de pruebas para procesar”, en posesión de la reportera.
Sin embargo el expediente
regresó al MP y éste solicitó al Juzgado Segundo local girar una nueva orden de
aprehensión contra Verdía. Una vez cumplimentada la orden el Juez Primero Penal
en Morelia Arnulfo Torres Delgado, en apoyo del Juzgado Segundo, aceptó dichas
pruebas y en el “Auto que resuelve la situación jurídica de Cemeí Verdía
Zepeda” resolvió su “auto de formal prisión” el 9 de septiembre de 2015.
En el documento judicial
citado, del que también se tiene copia, el juez Torres determinó con ambigüedad
la culpabilidad de Verdía:
“El inculpado Cemeí Verdía
Zepeda fue quien, de manera probable, intervino en la privación del ofendido
Argel Mejía Valdovinos, pues se presume de la misma forma que tenía motivos
suficientes para mediante el uso de un arma de fuego realizar un acto de
represalia contra quien precisamente había tratado de privarlo de la vida”.
Su defensa apeló la
resolución y este lunes presenta sus alegatos al magistrado Flores Negrete para
que se revise la actuación del juez Torres y resuelva su liberación.
LA ESPERA
Verdía considera que su
liberación es “inminente” y una vez que lo logre dice que planea continuar
cosechando papayas y seguir al frente de sus responsabilidades como comandante
de la guardia rural de Aquila.
Reconoce que sería
“preocupante” si no sale libre:
“No queremos pleito con el
gobierno pero no sabemos si el gobierno quiere pleito con nosotros. Ahora hay
una bomba a punto de estallar. No sólo es el caso de Cemeí, está el caso del
magisterio, el de los normalistas, hay un estado a punto de volver a estallar”,
advierte.
APOYO A CEMEÍ
Héctor Zepeda Navarrete,
comandante de la Fuerza Rural de Coahuayana, conocido como “Comandante Tetos”,
quien participó en el enfrentamiento en el que murió Mejía, comentó en
entrevista telefónica que este lunes cerrarán la Carretera Federal 200, en el
punto de Xayakalan, para exigir la liberación de Verdía.
“Él no ha cometido ningún
delito, fue un enfrentamiento en el que nos mataron a un compañero y nos
hirieron a cuatro”, dice.
Esa misma carretera fue
bloqueada en tres puntos distintos a lo largo de 15 kilómetros por comuneros de
Ostula y de rancherías costeras de Aquila el 19 de julio, tras la detención del
líder nahua,para exigir su liberación.
Militares arrollaron los
retenes y en el poblado de Ixtapilla provocaron la muerte del niño Edilberto
Reyes García, de 12 años, y lesionaron a seis personas más, hechos que hasta el
momento permanecen impunes.
Mendoza por su parte dice que
el magistrado Flores Negrete tendrá 10 días hábiles para resolver la apelación,
aunque después del 18 de diciembre “sale de vacaciones y nadie puede firmar”.
La espera por la resolución, en tal caso, se alargará.
(PROCESO/ REPORTAJE ESPECIAL/ LAURA CASTELLANOS / 14 DE DICIEMBRE DE 2015)
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