Luego de la auditoría del ORFIS al
último año de gobierno de Carlos Bustamante Anchondo, se puede saber que el
priista encabezó una administración de saqueo: desvíos multimillonarios,
empresas, familias, trasportistas, deudores, amigos y funcionarios beneficiados
ilegalmente, son, entre muchos, los daños por el paso del septuagenario sobre
el ayuntamiento de Tijuana
(EDICIÓN IMPRESA) Como pocos
dictámenes de fiscalización en el estado, el de Carlos Bustamante Anchondo en
su último año del trienio en el ayuntamiento de Tijuana, es extenso, claro e
incriminatorio.
Son cientos de millones de
pesos indebidamente gastados, empresas de reciente creación que recibieron
cantidades millonarias sin justificar, concesiones ilegales a transportistas,
cobros de licencias de alcoholes sin ingresar, cantidades millonarias sin
reportar, contratación de despachos irregularmente, en fin, una larga lista de
anomalías que conforman las cuentas públicas del ex presidente municipal.
A decir del Dictamen 241 que
emitió la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado,
realizado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California
(ORFIS), las irregularidades cometidas en el último ejercicio fiscal del ex
alcalde priista deben turnarse a las autoridades para que se “finquen
responsabilidades”.
El jueves pasado, los
diputados locales votaron en el sentido con el que se dictaminaron las cuentas
públicas del 2013 de Tijuana: negativo. Excepto la Cuenta Pública de Ingresos y
cuenta pública, las demás “no se aprueban”.
El largo dictamen está
compuesto por 67 páginas, más de 26 mil 500 palabras que describen las
observaciones hechas al gobierno municipal de Bustamante y negadas por el
Congreso. La revisión abarca del primero de enero al 31 de diciembre del 2013.
El documento que tendrá que
ser publicado en el portal del Poder Legislativo explica que se tomó en cuenta
a los “servidores públicos” del ayuntamiento y que se les notificó tanto al ex
alcalde como a los entonces tesoreros, Antonio Dueñas Soto y Sergio Rosete
Weben. Incluso, ambos fueron citados para comparecer en diciembre del 2014.
2 EMPRESAS, 37 MILLONES “SIN BENEFICIO”
En la administración de
Bustamante, el ORFIS detectó dos empresas –entre muchas más– que recibieron
cantidades millonarias de manera irregular y sin haber obtenido algún
beneficio.
Collect de México, S.A. de
C.V. y Allie Alianzas Estratégicas recibieron pagos por 35 millones 887 mil 46
pesos. 17 millones 792 mil y más de 19 millones 94 mil pesos, respectivamente.
El documento del Congreso describe los hallazgos: “no fue proporcionada
evidencia sobre las acciones de cobro (del predial) que las empresas llevaron a
cabo a cada contribuyente, por los cuales el ayuntamiento les pagó la
contraprestación”.
A decir de la versión de
ayuntamiento las empresas realizaron “únicamente la entrega de volantes, cartas
invitación para regularizar y escritos donde hacían saber al contribuyente de
su adeudo”.
El Órgano de Fiscalización
concluyó: “no se proporcionó información que justifique la contratación y pago
de estas empresas…No se obtuvo ningún beneficio al contratar a estas empresas
debido a que fue mayor el pago efectuado por sus servicios por un monto de $35
millones 887 mil 046 pesos; contra el incremento en la recaudación del impuesto
predial del ejercicio 2013 en relación al 2012, el cual ascendió a
$21’251,608”.
Además “el Ayuntamiento adjudicó
de manera directa los contratos a las empresas antes mencionadas, debiendo
hacerlo mediante licitación pública”, explica el documento.
Y por si fuera poco Allie
Alianzas Estratégicas, S.A.P.I. de C.V, se creó “21 días antes de la
celebración del contrato”, entre otras irregularidades en la adjudicación
directa como que le fue proporcionada “información confidencial”, sin que se le
haya exigido requisito de privacidad y protección de datos personales.
45 MILLONES EN CÁMARAS “SIN EVIDENCIA”
El ayuntamiento realizó pagos
durante el ejercicio 2013 por 45 millones 32 mil 833 pesos a la empresa Global Sight, S.A. de C.V., por
el servicio de mantenimiento y soporte técnico para los equipos que hacen
funcionar el Sistema Integral del Centro de Mando y Forma Urbana.
Según la auditoría del
contrato de la empresa con el municipio celebrado el primero de diciembre de
2012, solo se encontró “evidencia del servicio de mantenimiento de algunas
cámaras de vigilancia, sin embargo no se mostró evidencia que sustente la
recepción del servicio sobre el resto del equipo”.
La fiscalización descubrió
que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal reportó 423 cámaras de las
cuales “62 presentan algún tipo de desperfecto” y la empresa informó al
municipio que de 48 cámaras a las que dieron mantenimiento “24 presentan algún
tipo de falla”.
22 MILLONES VENTAJOSOS PARA LOS ARNAIZ
Otro de los hallazgos en la
fiscalización detalla sobre “la venta de un terreno por parte del Ayuntamiento
a la empresa Fraccionamiento Arnaiz, S.A. de C.V.” por un importe de 22
millones de pesos.
Ese recurso sería “destinado
al Programa de Apoyo a la Vivienda” distribuidos en montos para de “apoyo” de
30 mil pesos “para todas aquellas personas que desearan obtener una vivienda
dentro de las diversas opciones que ofrece el mercado por parte de los
desarrolladores inmobiliarios”.
Sin embargo, añade el
documento: “el Ayuntamiento llevó a cabo dicho programa únicamente con la
empresa Fraccionamiento Arnaiz, S.A. de C.V.…durante el ejercicio todos los
apoyos fueron para los adquirientes de vivienda en el desarrollo urbano creado
por dicha empresa”. Sumando (además de los 22 millones), un total de 7 millones
789 mil 572 pesos.
En otra observación se da
cuenta que el ayuntamiento “omitió recaudar ingresos” por 3 millones 52 mil
pesos por “intereses moratorios generados por la falta de pago oportuno” de los
Arnaiz. Además de haber omitido el registro de ingresos por un importe de
millones 800 mil pesos por parte de la misma empresa. Solo se tiene registro de
16 millones de pesos.
25 MILLONES SIN LICITAR Y EN CHEQUES “SIN JUSTIFICAR”
La auditoría arrojó que el
gobierno de Beatamente adquirió “bienes y servicios” por 14 millones 928 mil
964 pesos de los cuales “no se efectuó licitación pública” violando el
Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos.
Asimismo se otorgaron cheques
“diversos Funcionarios y Empleados” por un importe de 10 millones 276 mil 845
pesos. Entre éstos, “sin justificación alguna, un monto de 5 millones 31 mil
123 pesos fueron reintegrados mediante depósitos bancarios en efectivo, con un
atraso de hasta 293 días”.
Durante los ejercicios 2011 y
2012 el ayuntamiento “fue objeto de la misma observación”, describe el dictamen
“habiendo expedido cheques a favor de diversos Funcionarios y Empleados por un
monto de $13’700,000 y $6’925,000…con un atraso de hasta 328 días”.
152 MILLONES EN BIENES SIN ACLARAR
El Congreso del Estado
registró igualmente irregularidades en el patrimonio del ayuntamiento de
Tijuana. Por ejemplo, los bienes inmuebles bajo el resguardo de Bustamante
ascendieron a más de mil 36 millones 251 mil pesos, sin embargo, dice el
documento: “el Padrón proporcionado por Oficialía Mayor a la misma fecha
asciende a $884 millones 057,515; determinándose una diferencia no aclarada de
más en registros contables por un monto $152’193,984”.
Además, continúa el análisis:
el ayuntamiento no formalizó propiedades de varios predios que fueron donados
por empresas fraccionadoras, “mismos que están registrados en cuentas de orden
a un valor de $3 mil 009 millones 140 mil 357”.
Otras irregularidades es que
en diversos predios que el ayuntamiento desincorporó (los subastó) “no
determinan ni justifican en forma literal que dichos bienes hubiesen dejado de
ser útiles para la prestación de un servicio público y/o que no hubiesen sido
factible utilizarlos para algún otro aprovechamiento en beneficio de la
comunidad, siendo estos requisitos indispensables para justificar y sustentar
la desincorporación”.
ESTACIONAMIENTO, OTRO FRACASO DE MILLONES
Un apartado en el dictamen de
fiscalización sobre la concesión a favor de la empresa denominada
“Administradora de Obras y Concesiones, S.A. de C.V.”, para la construcción y
operación del estacionamiento en Palacio Municipal.
El contrato que firmó
Bustamante fue ventajoso para la empresa donde es socio Fernando Beltrán,
promotor de espectáculos en el box. Al ORFIS se ocultó el acta de inicio de
operación del estacionamiento donde se establece, entre otras cosas, “la
vigencia de la concesión otorgada”.
Pero la empresa con la
confabulación del gobierno invadió terrenos ajenos, calles y paraderos de
transporte público, “sin acreditar la necesidad que había para otorgarse en
concesión y sin garantizar el libre, seguro y expedito tránsito”.
Bustamante autorizó la
construcción del estacionamiento incluso en terrenos “propiedad de Gobierno del
Estado…sin proporcionar documento de asignación o en su caso, de las gestiones
realizadas por el Ayuntamiento para la liberación de dichas superficies”, dice
el dictamen.
Fue tan mal elaborado el
contrato que el municipio no posee póliza de seguro contra riesgos, accidentes
y siniestros en general, ni tampoco se proporcionó las fianzas de garantía, de
operación y de vicios ocultos, por ello, actualmente con el estacionamiento
clausurado –luego de que se descubrió que fue construido de manera irregular y
con errores de ingeniería– por representar un riesgo de colapso, la
administración en turno se dice incompetente para ejercer alguna acción contra
la empresa beneficiada por Bustamante.
Existen otros contratos que
operan en la irregularidad y benéficos para empresas en operaciones de negocios
y obras. Por ejemplo para la empresa “Asociación de Propietarios de Plaza
Financiera Río Tijuana” (Presidente, Bernabé López Bernal) que se concesionó el
uso para un estacionamiento público.
MILLONES REGALADOS
En el tema del predial el
ayuntamiento reportó 109 millones de pesos por rezagos de impuesto en predial,
de esa cantidad se revisaron únicamente 10 millones de pesos en los cuales se
descubrió que el ayuntamiento subsidió pagos por 7 millones de pesos “sin
contar con la autorización del Congreso del Estado”, detalla el dictamen del
ORFIS. Es decir, solo registró de ingresos 3 millones de pesos.
ALCOHOLES Y BASURA, OTROS MILLONES PARA TERCEROS
El mismo dictamen da cuenta
que hubo un descontrol desde la Secretaría de Gobierno (dirigida en ese año por
Alcides Beltrones y Obed Silva), pues se autorizaron 623 permisos eventuales
para la venta, almacenaje y consumo público de bebidas alcohólicas, de los
cuales en 216 casos se exentó del pago de derechos.
Del resto, 407 permisos, “no
fue posible verificar la correcta recaudación”, narra el documento del ORFIS y
no se encontró el registro de los ingresos.
El caso del relleno sanitario
concesionado desde el 2003 para GEN (Promotora Ambiental de la Laguna, S.A. de
C.V.) estuvo fuera de control dejándole de cobrar ingresos millonarios. Por
poner solo un ejemplo, no se les cobró el 6 por ciento de la totalidad de los
ingresos percibidos por las actividades llevadas a cabo en el relleno
sanitario.
Entre otras, el gobierno de
Bustamante –explica la auditoría– “no proporcionó documentación que muestre las
gestiones realizadas para la recuperación de cuenta por cobrar por un importe
de 1 millón 061 mil 940 pesos” a GEN.
ILEGAL TRASPORTE PÚBLICO
El ORFIS descubrió que en el
último año de Bustamante se reconocieron 10 concesiones otorgadas por el
Gobierno del Estado las cuales dejaron de tener validez desde el 2002. Además
sin ningún fundamento legal recaudó un millón 200 mil pesos “por concepto de
revalidación y ampliación de parque vehicular”, incluso a las concesiones que
habían dejado de tener validez.
En la administración de
Bustamante en 2013 estuvo enfrente de la Dirección de Trasporte el priista
Carlos Manuel Luna Herrera, anteriormente fue Bernardo Sánchez Ríos, otro de
los beltronistas en el gobierno priista.
NO COBRÓ MILLONES DE POLICÍA COMERCIAL
Bustamante dejo de recuperar
la prestación del servicio de vigilancia policíaca. Reportó cerca de los 19
millones de pesos en servicios sin cobrar, beneficiando a Jorge Hank Rhon pues
parte de la deuda fue para cubrir los servicios de seguridad en los partidos de
los Xolos.
Además de encontrarse un
millón de pesos en diferencias de reportes e ingresos sin aclarar.
MUCHAS, MUCHAS MÁS…
El descuido y las
irregularidades en todas las áreas del ayuntamiento de Bustamante van también
desde la negligencia y nulas inspecciones para garantizar la sanidad en la
carne destinada para venta y consumo en los rastros municipales.
En las concesiones de
arrastre y almacenamiento de vehículo, lo mismo. Se dejaron de recaudar miles
de cientos de pesos. En las revisiones mecánicas se repite el comportamiento de
discordancia.
En el remate de carros, el
ORFIS detectó que el ayuntamiento remató vehículos con reporte de robo además
de no mostrar las ventas reales o con expedientes irregulares.
ASESORES MILLONARIOS
El ayuntamiento también
contrató de manera ilegal a diversos despachos de asesores devengando millones
de pesos sin que se justificaran, pues se les pagó para que realizaran tareas
de las diferentes secretarías del gobierno.
Por ejemplo, se contrató a la
empresa Vázquez Nava y Consultores, S.C., por un monto de 7 millones 917 mil
pesos por asesoría en programas productivos de inversión. El despacho lo fundó
María Elena Vázquez, ex contralora en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Se pagó también a María
Teresa Vallejo Pérez por 116 mil 550 pesos por trabajos que al igual que el
despacho de Vázquez, le correspondía hacer a la secretaría de Finanzas,
dirigida por Rufo Ibarra, actualmente delegado de economía.
Se pagó al Grupo de
Especialistas Políticos, S.C., un monto de más de 6 millones, “observándose que
los contratos no especifican para qué tipo de recursos se lleva a cabo la
gestión ya existen los convenios de colaboración con las dependencias estatales
y federales para la obtención de recursos”. El ORFIS califica esa contratación
millonaria como “innecesaria”.
Otra asesoría se dio para
Gerencia Política y Consultoría, S.C por “asesoría y servicios necesarios para
elaborar y poner en práctica una estrategia de comunicación” por un millón y
medio de pesos. Beneficiando a Edgar Manuel González Contreras, ex titular de
la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República y ex coordinador de
Asesores de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud del gobierno
federal.
Los asesores sin justificar
son muchos, por ejemplo para Gustavo Almaraz, amigo y cercano al ex alcalde. En
todos los casos –señala el Órgano de Fiscalización– por actividades que le
correspondían al gobierno.
CONTRATÓ INMOBILIARIA EN LUGAR DE EXPERTOS EN
VIOLENCIA INFANTIL
Un contrato para Interbac
Promotores S. de R.L. de C.V., que preside Rafael Licéaga Campos, obtuvo un
millón 550 mil pesos del recursos en Subsemun: “observándose que el giro de
esta empresa son los servicios inmobiliarios como indica su acta
constitutiva…siendo que la normatividad del Subsemun establece que el proveedor
del servicio deberá ser especialista en temas de infancia, con trabajo
comprobado en temas de violencia en diversos ámbitos donde se produce la
violencia infantil”.
Las irregularidades en la
aplicación de los recursos federales también se cuentan por decenas. Una
recurrente es que nunca ejercieron presupuestos que se destinó en beneficio a
la ciudad.
Es más, el mismo dictamen reveló
que Bustamante benefició a su hijo en tema de espectaculares y carteleras,
mercado que se encuentra fuera de control, pues mayoría presenta
inconsistencias e irregularidades.
Son solo unas de las
observaciones hechas por el Poder Legislativo al manejo del gobierno del
priista y su gabinete.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/ Isaí Lara
Bermúdez / Fotos. Ramón T Blanco V / archivo/
14 de Diciembre del 2015 a las 12:00:37)
No hay comentarios:
Publicar un comentario