Señor director:
A través de esta carta quiero
hacer la pública la agresión que sufrí el pasado miércoles 4 en mi domicilio de
la Ciudad de México en el contexto de mi actividad como periodista de investigación.
Tengo 20 años ejerciendo el
periodismo y durante los últimos cinco, en represalia por mi trabajo –enfocado
en temas de corrupción, abuso de poder y crimen organizado–, yo y mi familia
hemos sido blanco de agresiones y actos de intimidación. En al menos tres
ocasiones han participado personas armadas.
Todos estos hechos los he
denunciado formal y oportunamente ante la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal (FSP/B/T2/2671/10-12), la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH/5/2010/6756/Q) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos
cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General
de la República (A.P.045/FEADLE/2011 y A.P. 179/FEADLE/2013).
En ninguno de los expedientes
abiertos por la FEADLE ha habido avances que lleven al esclarecimiento de los
hechos y la detención de los responsables, pese a la Recomendación General No.
20 sobre “agravios a periodistas y la impunidad imperante” emitida el 19 de
agosto de 2013 por la CNDH. Respecto a mi caso específico, marcado con la clave
V 146, este organismo señaló la ineficiencia y negligencia de las autoridades
en las investigaciones de los actos de represalia que he sufrido a consecuencia
de mi trabajo de periodismo de investigación.
El 21 de diciembre de 2013 un
grupo de al menos 11 hombres armados, que dijeron ser de la Policía Federal y
Zetas, tomó control de la calle donde vivo, en la zona conurbada del Distrito
Federal. Irrumpieron en el conjunto habitacional, amagaron a mis vecinos con
armas para preguntarles cuál era mi domicilio y entraron violentamente a mi
casa.
Yo no estaba en ese momento
ahí pero en la acción se llevaron y golpearon a uno de mis escoltas, al que
abandonaron a varios kilómetros de distancia. Si bien la FEADLE cuenta desde
ese día con videos, retratos hablados, testimonios y elementos para realizar
una investigación, hasta ahora no hay ninguna persona detenida.
Debido a este tipo de
agresiones, la última evaluación aplicada en 2014 por el Mecanismo para la
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodismo de la
Secretaría de Gobernación determinó que mi situación es de “riesgo
extraordinario”.
Como los agresores se
encuentran impunes y el riesgo es inminente, en agosto de 2014 me vi obligada a
buscar alternativas para poner a salvo a mi familia y lograr condiciones de
seguridad para continuar con mi labor periodística. Actualmente me encuentro en
Estados Unidos, colaboro con el Programa de Periodismo de Investigación de la
Universidad de California y alterno mi estancia en México conforme a mis
necesidades de trabajo y seguridad.
La agresión del miércoles 4
fue perpetrada a plena luz del día. Mi domicilio fue violentado por un grupo de
al menos cuatro personas que viajaban en un vehículo de modelo reciente: el
conductor, una mujer y otros dos hombres.
Pese a que notaron la
presencia de cámaras de seguridad, la mujer y los dos últimos sujetos allanaron
el conjunto habitacional donde vivo y dejaron sus rostros visibles. Aunque
permanecieron largo tiempo en mi domicilio, no se robaron ningún objeto de
valor material.
Este incidente ocurre en el
marco de la investigación periodística que realizo desde noviembre de 2014
sobre el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro
Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, perpetrado el 26 de septiembre de 2014, y la
desaparición de 43 de ellos.
Como producto de esa
investigación, del 14 diciembre de 2014 al 25 de octubre pasado he publicado en
la revista Proceso, Univisión, Telemundo y The Huffington Post una serie de
reportajes que implican a instituciones de seguridad e inteligencia del
gobierno de México en los ataques contra los normalistas, ya sea de manera
activa o presencial.
Asimismo, con base en
peritajes médicos de la propia PGR, revelé que fueron torturados y/o golpeados
la mayoría de los detenidos acusados por el ataque y desaparición de los
estudiantes. Todo esto ha contradicho la llamada “verdad histórica” en torno al
caso construida por la PGR (Proceso números 1989, 1990, 1996, 2015, 2027, 2028,
2029 y 2034, entre otros).
También me encuentro
realizando la investigación periodística sobre
la fuga de Joaquín Guzmán Loera del Cefereso No. 1 ocurrida el 11 de
julio de este año. El reportaje, publicado en agosto pasado, reveló información
que la Segob ocultó acerca de la huida, como la existencia del video con audio
en el que antes y durante la evasión de Guzmán Loera se escuchan golpes de
metal contra el cemento, sin que ningún funcionario impida que se concrete el
escape.
El capo gozaba de un trato
privilegiado en la prisión del Altiplano desde varios meses antes de la fuga, y
al menos desde marzo el gobierno de México tenía información de que empleados
de Guzmán Loera querían conseguir los planos del penal. También he mencionado
el presunto involucramiento de autoridades de la Policía Federal y del Centro
de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en el plan de evasión.
Por la agresión del miércoles
4 la FEADLE abrió la averiguación previa AP/120/FEADLE/2015. Me consta que las
autoridades tienen informacion importante para detener a los agresores, así
como esclarecer el móvil de la agresión y la magnitud de ésta, pero hasta ahora
la Fiscalía no tiene ningún avance en tal sentido.
De entrada, no se
emprendieron acciones inmediatas, elementales en cualquier investigación de
esta naturaleza, para obtener y preservar evidencias, no se ha tomado en cuenta
el contexto de las investigaciones que estoy realizando ni las agresiones
anteriores, y tampoco se han revisado los expedientes de 2011 y 2013 que tiene
la FEADLE. Todos estos elementos de juicio provienen de la información que me
fue proporcionada por la propia Fiscalía.
De hecho, me comuniqué
directamente con Ricardo Nájera, titular de la FEADLE, quien el 12 de noviembre
último me confirmó que no han avanzado en las investigaciones. Con una actitud
lejana a la de un funcionario responsable de atender a víctimas del delito, el
fiscal me advirtió que yo debía confiar en que estaban haciendo su trabajo, lo
cual él mismo aceptó no haber hecho, y sentenció que me darán la “verdad
histórica” de lo que pasó en mi casa.
Esta frase alude de manera
inequívoca a la “verdad histórica” de la PGR sobre el caso de los normalistas,
la cual he cuestionado en mi trabajo de investigación. Me preocupa que este
mensaje del fiscal responsable de resolver los casos de agravios a periodistas
signifique que usa su cargo para tomar revancha contra las publicaciones que le
incomodan a él o la dependencia donde trabaja. Esta actitud representa
claramente un contrasentido en el trabajo de servidor público.
Sin la posibilidad de conocer
la magnitud o gravedad de lo ocurrido, las hipótesis sobre el móvil ni las
diligencias practicadas, me es imposible tomar las medidas de seguridad para
salvaguardar mi integridad y la de mi familia.
En México los crímenes contra
periodistas son una brutal realidad; más de cien de ellos han sido asesinados
en la última década y la mayoría de los casos siguen impunes. Tan sólo en lo que
va de 2015 han ocurrido los homicidios de siete periodistas: Rubén Espinosa,
Gerardo Nieto, Armando Saldaña, Abel Manuel Bautista, Filadelfo Sánchez, Juan
Mendoza y Moisés Sánchez.
El miércoles 18 solicité a la
procuradora general de la República, Areli Gómez González, así como a otras
dependencias del gobierno federal, que cumplan con su trabajo de manera
imparcial, se haga una investigación rápida y eficaz para esclarecer los hechos
y se sancione a los responsables.
Durante mucho tiempo he
luchado por no ser un número en la lista de periodistas asesinados. Las
agresiones que he sufrido a lo largo de cinco años han afectado mi vida y la de
mi familia por completo. Pese a eso, no voy a abandonar las investigaciones que
estoy realizando porque son asuntos de interés público sobre los que la
sociedad merece estar informada.
Atentamente
ANABEL HERNÁNDEZ
(PROCESO/
REPORTAJE ESPECIAL/ ANABEL HERNÁNDEZ/ 22 DE NOVIEMBRE 2015)
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