La delincuencia organizada tiene
repartidos todos los municipios de Guerrero o se los disputa, pero se fortalece
aún más con extorsiones a los presidentes municipales y a los constructores que
realizan obras del gobierno. Los más afectados, como siempre, son los
pobladores. Por eso cobran dimensiones alarmantes las denuncias de dirigentes
del PRD sobre los presuntos acuerdos del gobernador priista Héctor Astudillo
con el crimen organizado para intercambiar apoyos electorales por impunidad.
MÉXICO, DF (Proceso).-
Convulsionado por el hallazgo de decenas de fosas clandestinas y la
desaparición de los estudiantes normalistas, el estado de Guerrero enfrenta un
“reacomodo” del crimen organizado a partir de que el priista Héctor Astudillo
llegó a la gubernatura el pasado 6 de junio.
Además, los nueve grupos criminales
que se disputan el territorio siguen exigiendo a los alcaldes entrantes un
“derecho de piso” de 15% de los fondos que les entrega la federación; de lo
contrario comienzan las amenazas, el cierre de los establecimientos que tengan
y, finalmente, sus vidas penden de un hilo.
Es el caso del presidente
municipal perredista de Pungarabato, Ambrosio Soto, quien le arrebató el
municipio al PRI en junio pasado. Apenas asumió el cargo, Los Caballeros
Templarios –que según un documento oficial
no dominan esa zona– le exigieron 3 millones de pesos. Soto se negó a
pagar.
Después de casi dos meses
recibió la amenaza: o entregaba el dinero o “clausuraban” dos de sus comercios.
El mensaje de texto fue el siguiente:
Buenaz nochez sr komo ezta? Oiga d favor ze le pidió d
favor qce arrime a platikar, noc aarrimo, ez en buen plan i usted no kiere, me
komenta mi apa q para mañana lunes kiere loz 3 millonez akordadoz, ia ez mucho
tiempo, d lo kontrario si paza un día zera lo doble.
Soto volvió a negarse. El
pasado lunes 23 Los Caballeros Templarios cerraron las dos refaccionarias del
alcalde.
En entrevista con Proceso,
Soto recuerda que cuando Carlos Navarrete era presidente nacional del PRD, le
sugirió denunciar el caso ante Renato Sales, comisionado Nacional de Seguridad.
Así lo hizo y el funcionario se comprometió a tomar medidas preventivas, pero
nada ocurrió. Ante la inacción de la autoridad federal, Soto puso “a
disposición de la dirigencia nacional” del PRD la presidencia municipal, aunque
sigue despachando en Ciudad Altamirano,
en Pungarabato.
Agustín Basave y Beatriz
Mojica, presidente y secretaria general del PRD, solicitaron a la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República
medidas cautelares para el alcalde, además de hacer responsables a las
autoridades federales de la vida de Soto y su familia.
Para este año la federación
destinó a los 81 municipios de Guerrero poco más de 4 mil millones de pesos a
través del Ramo 33. Si los extorsionadores demandan una cuota del 15%, esto
implica que el gobierno federal “subsidia” al crimen organizado con 600
millones de pesos.
Esto, además de la cuota de
50 mil a 100 mil pesos que los delincuentes exigen a los pequeños comerciantes y
al 20% que se les exige a los constructores por las obras estatales y federales
que realizan en los municipios, como admiten algunos empresarios que pagan la
extorsión con tal de seguir trabajando.
(Fragmento del reportaje que se publica
en la revista Proceso 2039, ya en circulación)
(PROCESO / JESUSA CERVANTES/ 28 DE
NOVIEMBRE DE 2015)
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