La falta de vigilancia en transacciones bursátiles, el vacío de Estado y la “asociación mafiosa” entre gobierno y criminales impide detectar cómo y a través de quiénes los cárteles compran estos bonos.
Ciudad de México, 29 de
noviembre (SinEmbargo).- Los cárteles de la droga en México tienen parte de la
responsabilidad en la abultada deuda pública, gracias a la compra de bonos y al
poco control que existe sobre quiénes compran estos instrumentos, advirtió
Edgardo Buscaglia, Director del International Law and Economic Development
Center e investigador principal en Derecho y Economía en la Universidad de
Columbia.
Afirmó que el poco control
que existe en los sistemas bursátiles sobre quiénes son los tenedores de bonos
de deuda del sector público, y la falta de herramientas que permitan a la
ciudadanía “auditar” constantemente al a funcionarios y gobiernos, permiten
este tipo de inversión ilícita.
“Es necesario hacer una
auditoría a la deuda pública – que en el caso de México supera los 7 billones
de pesos– porque no en pocas ocasiones estos grupos criminales son los que
compran, a través de empresas o personas ‘legales’ estos bonos que coloca el
gobierno”, expresó en entrevista con SinEmbargo.
“La deuda pública son pedazos
de papel que se venden en un mercado y si el mecanismo de compra venta no es
transparente ni está debidamente regulado, la colocación de bonos del gobierno
a tasas obscenas, en muchos casos, son un ejemplo muy claro de que son usados
[los bonos] por empresas vinculadas con los cárteles”, expresó.
–¿Estamos hablando de que
bonos de deuda del gobierno están en manos de los cárteles?
–Así es, a través de empresas
legales, de bonos legales; cuando ves que la deuda publica aumenta
exorbitantemente, como sucedió en Coahuila o Chiapas, te vas a dar cuenta que
la delincuencia organizada se convierte en tenedores de bonos. Entre un 20 y 40
por ciento de las transacciones que hace la delincuencia organizada son
financieras, el resto son transacciones criminales no financieras, respondió.
EL VACÍO DE ESTADO
Los cárteles de la droga invierten en
bonos del gobierno y nadie los detiene, reclama Buscaglia. Foto: Luis Barrón,
SinEmbargo
Explicó que en la economía,
la delincuencia organizada invade dos espacios: el de las empresas que producen
bienes tangibles y mercados financieros. “La delincuencia organizado desde sus
distintos mercados invade, en gran medida, las compañías agropecuarias en las
que la familia de Guzmán Loera [El Chapo] tiene muchas propiedades… es una
telaraña muy compleja que involucra a actores políticos y a empresarios
legalizados”.
“México ha progresado de a
poquito, cumpliendo con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Internacional, pero en la economía real, que alcanza al otro 60 por ciento de
las transacciones criminales, hay un vacío de Estado porque no hay regulaciones
que impidan que sigan transfiriéndose propiedades, a través de notarios, a la
delincuencia organizada, como hacían los Zetas, que te iban a visitar y te
decían: ‘si no me escrituras esta propiedad mañana con este notario, te matamos
a toda tu familia’ y todo esto no se está investigando porque el gobierno se
niega a realizar recomendaciones patrimoniales a través de la minería de datos
–un campo de las ciencias de la computación que intenta descubrir patrones en
grandes volúmenes de conjuntos de datos–. Si esa minería de datos la llevas el
DF, te vas encontrar grandes transacciones patrimoniales criminales”, expresó
el experto en temas de seguridad.
Lo anterior, continuó, es
ejemplo de que el lavado de dinero producto del narcotráfico no sólo se da a
través de grandes empresas o instituciones financieras como los bancos HSBC y
Citibank –ambos envueltos en escándalos relacionados con el dinero de los
cárteles de la droga– sino también vía los gobiernos.
“Existe siempre ese pacto de
impunidad mafiosa, que he venido diciendo desde hace varios años, que impide
que otros países implementen mecanismos como en Colombia, y eso permite que no
haya corresponsabilidad entre los países para que no se activen este tipo de
mecanismos”, lamentó.
MEXICO ES UNA GANGA PARA LOS CÁRTELES
México vive un vacío de Estado que hace
al país barato para la operación de los cárteles, dijo Buscaglia. Foto: Luis
Barrón, SinEmbargo
En su más reciente libro
Lavado de Dinero y Corrupción Política, Buscaglia cita una investigación de los
científicos Walker y Unger, quienes concluyeron que desde Sinaloa se habían
presuntamente realizado transacciones por mil 100 millones de dólares hacia
Estados Unidos, tan sólo en 2008, es decir poco más de 11 millones de dólares
diarios.
El informe precisa que los
lavadores diseñaron cajas especiales, del tamaño de la ventanilla de una caja
de banco, para que los cajeros pudieran llevar los recursos directo a la bóveda
de la sucursal en cuestión.
Por otro lado, expuso, el
vacío de Estado que existe en México, hace al país uno de los más baratos para
los grupos de la delincuencia organizada y lamentó que hasta ahora, el gobierno
priista no haya mostrado disposición para cambiar las cosas, a pesar de que el
Presidente se ha comprometido a implementar unidades de investigación
patrimonial autónomas de todos los estados.
En el caso de México,
reprochó el hecho de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tenga
funciones muy acotadas para analizar la deuda pública, lo que impide que se
establezca quiénes, cómo, cuándo y dónde adquirieron los bonos de deuda del
gobierno.
“Tampoco hay
corresponsabilidad en aplicar los mecanismos penales: en México existe la
negligencia criminal que es tan alevosa que no castiga a los bancos que tiene
transacciones ilícitas, pero también la ASF debería involucrarse más para
investigar la deuda pública en todos los niveles de gobierno”, dijo en
entrevista.
En su libro, Buscaglia hace
referencia a que desde 1994 existen análisis de miles de expedientes judiciales
en los que dan cuenta de las ventajas comparativas que tiene el crimen
organizado en al menos 111 países.
Uno de los mecanismos para
evitar el lavado de dinero en el que consideró que México ha fallado es el
establecimiento de mecanismos de auditoría ciudadana, es decir, que un solo
ciudadano, y no un grupo de personas de la sociedad civil, puedan en cualquier
momento, establecer a través de información pública el origen y la ruta del
dinero tanto de los gobiernos de cualquier nivel como del de servidores
públicos.
A pesar de que existen
organizaciones civiles que ya han tratado de dar seguimiento al tema de
transparencia de las finanzas públicas, afirma que estos esquemas son limitados
y el “vacío de Estado” facilita el ocultamiento de información.
Puso ejemplos como el de
Brasil en ciudades como Porto Alegre, la Asamblea Ciudadana es la encargada de
auditar el presupuesto público, “la sociedad mexicana se tiene que juntar para
hacer algo más para que se comience a ver qué políticos son los que van a
resistirse”.
A juicio de Buscaglia, una
auditoría ciudadana, aplicada por personas capacitadas por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) sería la verdadera Revolución Zapatista
Mexicana, porque permitiría auditar temas para confirmar cuestiones como el que
8 de cada 10 pesos de las campañas políticas son de procedencia ilícita.
(SIN EMBARGO.MX/ Juliana Fregoso/
noviembre 29, 2015 - 00:02h)
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