Después de sufrir un accidente a bordo
de un autobús de la empresa agrícola MS, los jornaleros heridos fueron llevados
a dicha compañía, sin dar parte a las autoridades. Por otro lado, elementos de
seguridad allanaron el domicilio del vocero de la agrupación Erlinto Miguel
Martínez, ubicado en la colonia Francisco Villa
El autobús número 27
propiedad de la empresa agrícola MS (San Marcos) inició su ruta a las 5 de la
mañana en la colonia Lázaro Cárdenas pasando por ejidos y asentamientos donde
hasta 40 jornaleros abordaban la unidad.
La mañana del 22 de agosto el
vehículo no llegó hasta las instalaciones de la compañía en el Ejido Nueva
Odisea, siete kilómetros al este de la carretera Transpeninsular. A las 6:15,
poco antes de la entrada al trabajo, misteriosamente el chófer del camión dio
reversa unos 200 metros, cayó en una zanja y volcó.

Agustina M. tiene 19 semanas
de embarazo, también iba a bordo de la unidad 27. Es pequeña, delgada, de tez
oscura, se nota su personalidad alegre, aunque su vida y la de su hijo
estuvieron en riesgo, sólo sufrió golpes en la cabeza. Según fuentes de San
Quintín, aun conmocionados se los llevaron a la empresa para que cumplieran su
jornada de trabajo.
En pleno accidente el
conductor del camión avisó a los patrones, quienes optaron por llevarlos a la
empresa evadiendo la responsabilidad de dar parte a la autoridad municipal o
federal. Tampoco pidieron atención de emergencia para los jornaleros
lesionados, en la Dirección de Seguridad Pública Municipal no existe un parte o
un peritaje que determinen el motivo del accidente.
Ya en las instalaciones de la
compañía uno a uno los jornaleros fueron llevados en vehículos particulares a
la clínica 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), teniendo que
hacer el mismo recorrido de varios kilómetros hasta llegar al pie de carretera.
Veinte de ellos se quedaron a trabajar.
Fidel Sánchez Gabriel, uno de
los voceros de la Alianza de Jornaleros, lamentó que los empresarios traten de
esa manera a los trabajadores y mencionó que ésta es una prueba de que a los
patrones “solo les importa el dinero”
Refirió que falta mucho para
que los dueños de los negocios agrícolas vean a los jornaleros como un “ser de
carne y hueso que siente”, porque hay millones de dólares de por medio.
SECRETARÍA DEL TRABAJO
Desde el día del accidente la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), tiene inspeccionada a la
empresa SM, a quien le dio algunos días de gracia para entregar documentación a
la autoridad estatal, indicó la delegada de la dependencia en Ensenada,
Guadalupe Barraza Chiquete.
En una de las visitas hechas
en los últimos días a la agrícola en San Quintín, el personal detectó
violaciones de tipo administrativo por incumplir con el pago de la prima
dominical, así como el pago doble por laborar el 16 de septiembre, día inhábil.
Para la funcionaria es
complicado hacer una declaración sobre los motivos que llevaron a los
operadores de SM a no dar parte a la policía municipal sobre el incidente.
“El motivo por el que la
empresa decidió llevarlos a la empresa es porque ahí tienen una enfermería,
porque cuando el chófer se dio cuenta que el accidente no causó mayor problema
se los llevó”, detalló conforme a las declaraciones levantadas en el lugar de
los hechos.
Una de las funciones de la
dependencia es verificar que los accidentados estén afiliados al Seguro Social,
y aunque detectaron que los expedientes
de cinco jornaleros estaban en proceso, se les dio atención médica.
“Fui personalmente al IMSS
para ver cómo estaba la situación y la integridad física de los trabajadores,
no había problemas de salud mayores, solo contusiones y por lo tanto ninguno
ameritó hospitalización”.
PUEDE SER GRAVE
El Secretario de Gobierno,
Jesús Jaime González Agúndez, señaló que según la reglamentación se trata de
una falta administrativa en perjuicio de la empresa agrícola y transportista,
“pero puede ser un delito grave porque hay lesionados a los que se les impidió
que presentaran su querella”.
Incluso si hubo daño o se
perdieron objetos que llevaran consigo, también es delito, advirtió el
funcionario. Dijo que la orden fue girada al director de Transporte del
Ayuntamiento y a la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), quienes
están en la etapa de investigación, donde buscan que el camión tenga permiso
para circular, seguro de vida para terceras personas, que de comprobarse se
pueden imponer sanciones económicas considerables, primero hay que comprobar
que el accidente existió, pues no hay ningún dato oficial, pronunció.
“De manera formal, no de
dichos, y en su momento hay que requerir a la empresa ya que se verifique qué
camión es, cuántas personas llevaba y confirmar que cada una de las personas
estén sanas y no haya querellas que presentar”.
Lucila Hernández,
representante de las mujeres jornaleras en la zona de Los Pinos, cerca del
Ejido Nueva Odisea, dijo que la versión que a ella le dieron fue que una vez
que la unidad volcó, sacaron a la gente, y que durante el día los jornaleros se
sintieron mal y fue cuando los trasladaron al Seguro Social con golpes no tan
graves.
Tras el movimiento levantado
por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal para la Justicia
Social, del que fue parte, Lucila asegura que las cosas en los ranchos agrícolas
del sur de Ensenada siguen tal cuales.
“No ha cambiado nada, los
patrones le ponen en el expediente del IMSS como enfermedad general. Todo sigue
igual, yo creo que está peor porque ahora hay represalias”, contestó molesta
por la situación de los trabajadores migrantes.
ENTREGA ARMA POR VALES, ALIANCISTA
Los voceros de la Alianza
siguen con la lucha. El viernes 25 de septiembre ya entrada la noche se
reunieron con funcionarios municipales y federales en la comunidad Nueva San
Juan Copala, en la colonia Vicente Guerrero, pero esta vez no para tratar los
temas laborales que aquejan a sus representados, sino sobre seguridad pública.
Lo que motivó el encuentro
fue que tres días antes, el martes, elementos de seguridad del Ejército
mexicano o municipales –hasta ese momento lo desconocían– habían entrado a la
vivienda ubicada en la colonia Francisco Villa, allanaron el domicilio del
vocero de la agrupación Erlinto Miguel Martínez. De la casa sacaron un arma
calibre 22, ahora en poder de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA),
quien ofreció despensa por el revólver.
El coronel del 67 Batallón en
San Quintín, Daniel Lugo Salinas quedó mal parado frente a los jornaleros,
quienes le recriminaron faltas graves hacia los ciudadanos y durante su
exposición mencionó que todo se trató de un “error” que se debe reparar.
“Estamos trabajando, es lo único que le puedo decir”, respondió a secas el
comandante.
El encuentro se prolongó por
varias horas, hasta el anochecer, y los representantes de trabajadores
agrícolas expresaron ser blanco de detenciones frecuentes e injustificadas por
parte de agentes municipales.
Sobre la irrupción en el
domicilio del vocero se sabe que no hubo detenidos y que al parecer fueron tres
policías municipales los que entraron al domicilio sin autorización. El
director de Seguridad Pública Municipal, Enrique Villarreal Montemayor,
advirtió que no solapará a ningún oficial de la corporación y que someterá a
los oficiales.
“El acuerdo básico es que si
hay cualquier cosa que esté fuera de derecho, o de los parámetros legales, se
va a proceder, no vamos a tapar a nadie, nunca lo hemos hecho y no lo vamos a
hacer ahora”, respondió cansado el titular tras varias horas de reunión en la
comunidad.
Mientras el síndico
procurador, Iván Barbosa Ochoa, declaró que con la queja van dos versiones, la
primera es que entraron a su domicilio, y la segunda que lo intervinieron
cuando caminaba por la vía pública con el arma oculta en una prensa.
“Di instrucciones para que se
abra la investigación por oficio una vez que tuve conocimiento. Si hay
elementos tenemos que iniciar el proceso en contra de los elementos, en este
caso de Seguridad Pública Municipal”, expuso.
El síndico ponderó que no le
corresponde a él la suspensión de los elementos municipales, sino a la Comisión
Disciplinaria de Seguridad Pública.
Debido a que los pobladores
que simpatizan con el movimiento de jornaleros manifestaron su rechazo a que
los policías involucrados en este hecho continúen patrullando, se giró la
instrucción para que sean removidos de zona en tanto que se esclarece caso,
presuntamente de allanamiento de morada, delito
tipificado en el Código Penal de Baja California con una sanción de seis
meses a tres años.
“PERMANECER EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE”
En el Reglamento de Tránsito
para el Municipio de Ensenada, artículo 200 se menciona que los conductores de
vehículos y los peatones implicados en un accidente de tránsito, en el que
resulten personas lesionadas o fallecidas, deberán proceder de las siguientes
maneras:
I.- Permanecer en el lugar
del accidente para prestar o facilitar asistencia al lesionado o lesionados y
procurando se dé aviso a la autoridad competente, para que tome conocimiento de
los hechos.
II.- Cuando no se disponga de
atención médica, inmediatamente, los implicados no deberán remover o desplazar
a los lesionados, a menos que ésta sea la única forma de proporcionarles
auxilio oportuno o facilitar atención médica indispensable para evitar que se
agrave su estado de salud.
III.- Tomar las medidas
indispensables mediante señalamientos preventivos y encauzamiento de la
circulación, para evitar que ocurra otro accidente.
VI.- Cuando el propietario de
un vehículo tenga conocimiento de que éste ha participado en un accidente,
estará obligado mancomunadamente con su conductor a dar aviso correspondiente.
(SEMANARIO ZETA/ REPORTAJEZ/Lorena Lamas
/ Fotos. Lorena Lamas/ 05 de Octubre del
2015 a las 12:00:42)
No hay comentarios:
Publicar un comentario