Grupo
México gestionaría la mina de Aznalcólla, en Sevilla. Foto: ElDiario.es.
Ciudad
de México, 6 de agosto (SinEmbargo).– El 16 de marzo pasado, la Junta de Andalucía
otorgó al consorcio conformado por Minorbis (filial de Magtel) y Grupo México
los derechos de explotación de la mina Aznalcóllar en Sevilla por un periodo de
30 años. Sin embargo, de acuerdo con información obtenida por el diario El
Confidencial, integrantes de la junta ahora niegan que la minera mexicana se
haya presentado al concurso de licitación.
Al
tiempo que en España se investigaba el proceso de concesión de la mina que
desde el principio mostró irregularidades, Grupo México, propiedad del segundo
hombre más rico del país, Germán Larrea, enfrentaba acusaciones por el derrame
en la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Sonora, que justo hoy cumple un
año.
Hace
unos meses, cuando el Gobierno de Andalucía adjudicó los derechos de
explotación de la mina lo hizo al consorcio. Así está afianzado en diversos
documentos para la solicitud de la concesión, que incluso mostraron los
logotipos de ambas empresas.
“Se
puede comprobar también que en toda la documentación que presenta la entidad
adjudicataria del concurso siempre aparecen los logotipos de las dos empresas,
tanto el de Grupo México como el de Minorbis”, explicó la defensa jurídica de
Emerita Forbes Manhattan, la compañía que compitió también por la adjudicación
y perdió.
El
escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla y al que
tuvo acceso el diario español indica que funcionarios o autoridades que
redactaron y aportaron documentos sobre el caso podrían estar ante la comisión
de los delitos de falsedad en documento público, como de prevaricación y
delitos contra la Administración de Justicia.
“Resulta
también claro y evidente que, en todos los documentos aportados a este juzgado
en los que se afirma que la única entidad licitadora era Minorbis, se está
faltando de forma consciente y deliberada a la verdad, alegando un hecho
evidentemente falso. Hay que tener en cuenta que dicha documentación en la que
se falta a la verdad se elabora no por personas imputadas, sino por
funcionarios que emiten informes y actos administrativos en los que se supone
que deben respetar la legalidad y la veracidad de los hechos, y que
conscientemente tratan de perjudicar a una de las partes con su versión
falsificada”, argumentan las defensa de la perdedora del concurso.
Apenas
esta semana, el Consejo de Gobierno andaluz cesó a la directora general de
Industria, Energía y Minas, María José Asensio Coto, una de las siete personas
involucradas en el delito de prevaricación.
Asimismo,
la defensa de Emerita Forbes Manhattan critica que pese a que la Junta de
Andalucía había paralizado la concesión de la mina “no existe ningún tipo de
suspensión, y todo sigue como si tales decisiones no se hubieran tomado”.
OTRAS
IRREGULARIDADES
En
junio pasado, el diario El Mundo, en una nota firmada por Chema Rodríguez,
publicó que el consorcio no cumplía ni un solo de los requisitos establecidos
en el procedimiento de concesión y que posiblemente falsificó documentos y aun
así consiguió la licitación debido a que pagó un millón de euros para que
interviniera a su favor en el concurso de adjudicación.
Incluso,
entre los documentos que la Dirección General de Industria, Energía y Minas de
la Junta envió al juzgado está una factura emitida por Minorbis –filial de
Magtel– a AMC Mining Iberia S.L.U. –filial de Grupo México– “por un importe de
1 millón 210 mil euros”. La cual fue presentada, aseguró el diario, como
”honorarios por servicios de coordinación previa” a AMC Mining Iberia “para el
desarrollo e impulso del proyecto de explotación de la reserva minera
Aznalcóllar”.
La
factura del más de un millón de euros “aparenta ser una comisión en toda regla
por las gestiones realizadas para lograr la adjudicación de la mina ante la
Junta, con la que según los investigadores de la Unidad de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, Magtel tenía relaciones
privilegiadas”, afirmó el diario.
Los
investigadores también detectaron otras irregularidades, entre ellas, que no se
cumpla la exigencia de aportar el informe expedido por la Oficina Consular de
España en México respecto a la capacidad de la multinacional minera. O que no
se satisfaga el requerimiento de detallar el compromiso de inversión de cada
una de las partes.
Además,
de acuerdo con la defensa de Emerita Forbes Manhattan, el hecho que no se haya
parado la concesión es un “grave riesgo” para la seguridad de las personas y el
medio ambiente.
“El
resultado y consecuencia de la comisión del delito sería la adjudicación del
concurso, al igual que todos los actos que se derivan de ella (como la
aceptación) estarían viciados de nulidad, por traer causa de un delito. Es por
ello que al derecho de esta parte interesa que por parte de Su Señoría, se
acuerde como medida cautelar la inmediata suspensión provisional tanto de la
resolución de 25 de febrero de 2015, dictada por Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Junta de Andalucía, por la que se adjudica el concurso a
Minorbis- Grupo México, así como de la posterior aceptación por Minera los
Frailes SL”, dijo a El Confidencial.
GRUPO
MÉXICO EN SONORA
A
raíz del derrame en la mina Buenavista del Cobre en Sonora, Grupo México fue
investigado por el caso. Una investigación realizada por SinEmbargo descubrió
que los siete alcaldes y sus familiares de los municipios afectados cobraron
cheques jugosos por resarcimientos de acuerdo con la lista de beneficiarios del
Fideicomiso Río Sonora.
También
obtuvieron cuantiosas sumas varios políticos del Partido Acción Nacional (PAN)
y Revolucionario Institucional (PRI) de renombre y peso en Sonora, de acuerdo
con la información entregada por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a este medio digital.
La
información da cuenta de 536 millones 382 mil 249 pesos con 49 centavos – de
los 2 mil millones de pesos del Fideicomiso– que fueron entregados al 16 de
junio de este año, excluyendo los datos de las personas que recibieron
resarcimientos por concepto de salud, por considerarlos información
clasificada.
El
listado comprende con nombre y apellido los beneficiarios por concepto de
Proagro, Progan, Unidades Económicas, Tomas de Agua, Cultivos y Pescadores.
(SIN
EMBARGO.MX/ Redacción / agosto 6, 2015 - 13:46h)
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