Jalisco
y Nuevo León son las únicas entidades del país que no tienen una legislación
completa que combata la discriminación. Desde el 2004, ocho iniciativas de Ley
en la materia se han presentado ante el Congreso local, con avances a
cuentagotas
"Ya
sabemos el tipo de consejos donde el ejecutivo es el representante, es una
función realmente inoperante”
Gerardo
Moya
Experto
en Derechos Humanos.
Aunque
desde hace una década han sido presentadas ante el Congreso local ocho
iniciativas de Ley para combatir la discriminación en Jalisco, el avance en la
materia es lento.
Los
diputados locales acaban de dar visos de legislar en la materia, al aprobar una
propuesta que conjuga varios puntos de las anteriores, que en estos momentos está en comisiones.
Sin
embargo, el nimio avance se ve opacado por las debilidades de la propuesta
aprobada apenas en mayo pasado.
“Nadie
quiere invertirle en el tema de la discriminación”, dice en entrevista Gerardo
Moya García, académico del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente (Iteso), experto en Derechos Humanos.
El
que las autoridades decidan no invertir en el tema, es uno de los principales
factores para que Jalisco aún no cuente con una legislación en ese sentido.
La
entidad, junto con Nuevo León, son las
únicas en el país que no cuentan con una legislación completa que combata el
problema.
Por
el poder legislativo local han pasado al menos ocho distintas iniciativas sobre
discriminación; en 2014 hubo un ligero avances cuando el diputado priista Jaime
Prieto logró que actos de ese tipo se penalizaran.
Así,
los “delitos contra el honor”, referentes a aquellos discriminatorios en
Jalisco, contemplan sanciones de entre seis meses y tres años de prisión, de 30
a 150 días de trabajo comunitario, y multas de hasta 100 días de salario
mínimo.
Pero
nadie, hasta ahora, ha sido castigado por discriminación en el estado.
De
acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), la
tipificación ha sido ineficaz: hasta 2013 ni un solo caso había sido a favor de
quien presentaba una denuncia bajo esa figura jurídica.
El
cuarteto de iniciativas que se ha conjuntado en una sola en Jalisco, derivó en
el dictamen aprobado el 11 de mayo pasado, al interior de las Comisiones de
Desarrollo Humano; Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y
Reglamentos, Equidad de Género, y Derechos Humanos.
Pero
a este dictamen se han sumado voces críticas como la del propio Gerardo Moya,
también integrante del Colectivo Jalisco Incluyente (CJI) –organización que
desde 2004 impulsó la primera iniciativa en la materia–, quien señaló tres
aspectos deficientes de la presente propuesta.
CONSEJO AMARRADO AL GOBERNADOR
El
primer punto que adolece la iniciativa se concentra en la conformación de un
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco, el
cual contaría con ocho consejeros de instituciones públicas y cuatro consejeros
ciudadanos, éstos últimos propuestos por el gobernador en turno.
El
dictamen establece también que el mandatario estatal sería el que presidiera
dicho órgano.
“Ya
sabemos el tipo de consejos donde el ejecutivo es el representante, es una
función realmente inoperante, no es deseable ni siquiera que esté ahí, en ese
sentido”, expresa Moya García.
Muy
diferente es la propuesta, explica Moya, del CJI, que propone la creación de un
consejo integrado en su mayoría por una ciudadanía electa por la propia
ciudadanía, que además cuente con un pago fijo.
“No
puedes estar ocho horas dedicado a un tema si no tienes una remuneración que
sea digna, aunque estés muy interesado en la problemática”, manifiesta Gerardo
Moya, pues agrega que las atribuciones de los consejeros que la propuesta
actual contiene son muchas para ser ejercidas de forma gratuita con eficiencia
y eficacia.
La
integración del consejo, según el dictamen aprobado hasta ahora, señala que las
reuniones del mismo deberán ser cada tres meses, lo cual para el experto
significa que será inoperante.
Dicho
modelo contrasta con la propuesta que desde un año después de la conformación
del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) –en 2003– se ha
tratado de impulsar, y que contempla la creación de un instituto con
presupuesto propio que, según los estimados del propio CJI, no superaría los 6
millones de pesos, además de contar con un carácter de organismo autónomo.
Un
instituto antidiscriminación en Jalisco se dedicaría a acciones de prevención y
de diagnóstico del problema, y de revisión a entidades públicas y privadas que
fomenten la no discriminación, no así de remitir quejas ante jueces
municipales, encargados de sancionar como actos administrativos, ese tipo de
acciones discriminatorias.
FACULTADES INOPERANTES
Entre
otros de los puntos inoperantes de la propuesta se encuentra el que la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) sea la responsable de llevar los
procedimientos de quejas por discriminación en la entidad, lo cual es un hecho
redundante, pues es una facultad que ya posee.
“Ya
tienen obligación de hacer eso de acuerdo con su Ley, tú vas a la comisión y te
tiene que recibir por violación al derecho a la igualdad”, expresa Moya.
Asimismo,
a la CEDHJ se le estarían otorgando atribuciones que serían invalidadas por su
carácter original de sanción, pues sólo puede fungir como defensor de la
sociedad ante los servidores públicos y no ante particulares.
“La
comisión, de acuerdo con su propia Ley, no puede recibir quejas por actos
violatorios que cometan particulares. Simplemente es una competencia, no
puede”, explica el académico del ITESO.
Y
es que la CEDHJ tendría que declinar su atribución y enviar a los quejosos ante
los jueces municipales o los ministerios públicos porque la facultad de sanción
a particulares tendría que reformarse desde el ámbito federal.
SIN VOLUNTAD POLÍTICA NI INFORMACIÓN
Parte
de que las legislaturas inicien y terminen sin aprobar una Ley estatal contra
la discriminación es la falta de voluntad política por parte de las fracciones
en el Congreso local, de acuerdo con Gerardo Moya.
“Lo
que les interesa es aprobar otras cosas porque la presión de otro tipo de
intereses de índole económico y político, en general, en las legislaturas están
siempre por encima de los intereses para legislar para bienestar social, en
términos amplios.
“Mientras
más legislaturas pasan, más presión tienen porque no hay una ley en Jalisco en
contra de la discriminación, entonces van a sacar este tipo de cuestiones”,
manifiesta Gerardo Moya.
En
cuanto a las cifras el experto reconoce que la ausencia de un interés político
ha dejado de lado los datos para hacer un diagnóstico sobre el tema de la
discriminación en la entidad.
Concluye
que a partir de ahora se debe trabajar en aportar los requerimientos necesarios
para que haya una ley adecuada al panorama de la discriminación en Jalisco,
pues aunque se hayan conjuntado las cuatro iniciativas de esta Legislatura, el
aporte de la sociedad civil no se ha puesto sobre la mesa.
Reporte
Indigo buscó a la diputada Fabiola Loya, de la fracción de Movimiento
Ciudadano, una de las autoras de las iniciativas en la materia, pero nunca
respondió a la solicitud de entrevista.
(REPORTE
INDIGO/ JONATHAN ÁVILA/ Miércoles 22 de julio de 2015)
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