MÉXICO, D.F.,
(apro).- El Estado mexicano ha institucionalizado la tortura como método de
investigación en las instancias de impartición de justicia, afirmaron
estudiantes y profesores de El Colegio de México al referirse al caso de los 43
normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde el pasado 26 de septiembre en
Iguala, Guerrero.
Además, reprobaron
la forma en que la información ha sido presentada a los familiares de los
desaparecidos y a la sociedad en general.
“El montaje
discursivo de la Procuraduría General de la República (PGR) es contradictorio:
la lógica oficial alienta, sin comprobar, la idea de que los normalistas fueron
salvajemente asesinados, pero su conclusión es que continuarán en calidad de
desaparecidos”, puntualizan en un comunicado.
La información
presentada por el procurador Jesús Murillo Karam, subrayan, “no cumple aún con
la exigencia de conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos, los
motivos de su sustracción y la suma de personas involucradas, con miras hacia
su detención y castigo”.
Dicha información,
agregan, proviene de líneas de investigación limitadas e incompletas, y se basa
exclusivamente en confesiones de personas detenidas por su presunta
participación en los hechos. “Las confesiones no pueden ser consideradas como
única prueba concluyente y en México su contundencia está totalmente diluida”.
En el documento,
firmado por 62 profesores e investigadores y 216 alumnos, la comunidad de El
Colegio de México dice que el Estado mexicano “ha institucionalizado la tortura
como método de investigación en las instancias de impartición de justicia,
hecho que ha sido ampliamente documentado por diversos diagnósticos nacionales
e internacionales”.
Añade: “Sin presumir
que éste sea el caso y sin descartar la información de las declaraciones de los
detenidos, somos enfáticos en la necesidad de demostrar, a través de pruebas
científicas, objetivas y rigurosas, si los restos encontrados corresponden a
los 43 normalistas desaparecidos o no”.
Los firmantes se
dicen convencidos de que la presentación de argumentos y materiales no
concluyentes y contradictorios tiene como único fin desmovilizar las acciones
de protesta.
Y sostienen que el
gobierno mexicano y sus instituciones “se han mostrado indolentes ante la
situación emocional de los familiares de los 43 normalistas, y en distintos
momentos han promovido especulaciones de diversa naturaleza, abonando al
tratamiento sensacionalista del caso”.
Prosigue: “La forma
en que la Procuraduría relata hechos de tortura, vejación y sufrimiento físico
y emocional a los que los estudiantes podrían haber sido sometidos, es decir,
sin poder comprobar si fue así o no, es un acto de innegable violencia
psicológica, sobre cuyas intenciones nos cuestionamos. Nuestra exigencia no es
que las evidencias se oculten o maticen, sino que sean presentadas a la
sociedad cuando el caso haya sido rigurosamente resuelto y su difusión atienda
protocolos de crisis humanitaria”.
En su comunicado,
los docentes y estudiantes del Colmex también se declaran indignados ante “la
postura negligente e insensible” del presidente Enrique Peña Nieto, frente a
las circunstancias críticas del país. “Consideramos que su insistencia en
realizar una gira internacional de trabajo, mientras el país se debate entre el
dolor, la incertidumbre y la ira, es del todo inoportuna, imprudente e
indolente”.
En este contexto,
reivindican el derecho a la movilización social pacífica y solidaria. “No
permitiremos que las provocaciones lanzadas desde distintos niveles de
gobierno, ya sea de manera frontal o a través de grupos de choque a su
servicio, nos detengan, como han intentado hacerlo en manifestaciones
recientes”.
Por ello, exigen un
alto total e inmediato a las hostilidades del gobierno, detenciones
arbitrarias, amenazas, represión en cualquiera de sus formas, a la
criminalización de la protesta social y a cualquier otro intento por inhibir el
derecho a la libre expresión de la ciudadanía.
(PROCESO/ La
Redacción/ 14 de noviembre de 2014)
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