ABARCA: ESLABONES PERDIDOS

La captura de José Luis Abarca despertó expectativas universales para conocer el paradero de 43 jóvenes que fueron secuestrados en Iguala el 27 de septiembre y que no se sabe qué pasó con ellos. Apostar a que las declaraciones de Abarca permitan descubrir su paradero y suerte, es ignorar, en el caso que admitiera ser culpable de los delitos que se le imputan mediáticamente –está preso sólo por homicidio y delincuencia organizada-, cómo operan las líneas de mando en las organizaciones legales y criminales. Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, acusados de la desaparición, pueden declararse inocentes y difícilmente se les podrá probar responsabilidad en el caso de la desaparición de los jóvenes porque falta el eslabón perdido.

La línea de mando en una estructura organizacional tiene diferentes niveles. Pensar que Abarca y Pineda Villa hablaron con decenas de policías para ordenar el secuestro de los jóvenes y entregárselos a “Guerreros Unidos”, no tiene mucha lógica. Para que sean juzgados por ese crimen tendrían que confesar su delito o ser inculpados por el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, quien en la cadena de mano, hablando en términos hipotéticos, es quien debió haber recibido esa instrucción de ambos o uno de los dos. Flores Velázquez, que está prófugo, es el eslabón perdido en el caso de la desaparición de los normalistas, y la pieza clave real para saber qué pasó con ellos.

Sin él o sin una confesión –que podría ser lograda únicamente mediante incentivos para la pareja-, Abarca y Pineda Villa podrían salir bien librados de ese delito mediante el uso del precedente judicial en un caso similar, el del crimen del secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, en 1994. El fiscal Pablo Chapa acusó del asesinato a Raúl Salinas de Gortari, y al diputado federal, Manuel Muñoz Rocha, de reclutar a los asesinos. Muñoz Rocha desapareció desde entonces y se desvaneció el eslabón que podría, en juicio de Chapa, inculpar a Salinas de Gortari. La defensa del hermano del ex presidente utilizó el recurso de “condominio funcional del hecho”, con lo que recuperó la libertad.

Levantar expectativas que la captura de Abarca resolverá el misterio de Iguala es contraproducente para el presidente Enrique Peña Nieto, quien señaló esta semana que esperaba que la detención permitiera esclarecerel paradero de los normalistas de Ayotzinapa. Generar ese discurso de esperanza es un error, porque aumenta presión a la demanda de que se resuelva de manera clara y contundente la desaparición.

Plantear mecánicamente que Abarca y Pineda Villa llevarán a los normalistas, es colocar un reloj de cuenta regresiva sobre el Gobierno. La única manera que pudieran saberlo, si nos atenemos a la lógica de la cadena de mando, es que hubieran sido informados de su paradero, lo que significaría reconocimiento de culpabilidad. Si sabe el matrimonio que tienen posibilidades de salir libres de ese delito, ¿qué ganarían confesando su culpa? Si la confiesan, se puede seguir en la misma línea de argumentación: ¿negociaron con el Gobierno federal sentencias a cambio de la identificación de aquellas personas que pueden llevar a los investigadores a los normalistas? Las preguntas son retóricas y en ningún caso dejan bien al Gobierno. ¿Quién podría saber, que identificara a la mente maestra de la desaparición, que 56 policías y jefes y sicarios de “Guerreros Unidos” en sus declaraciones ministeriales no pudieron hacerlo? Fuentes federales que han tenido acceso a información de las primeras declaraciones de Abarca y su esposa, dicen que no han hablado del tema de los normalistas porque, aseguran, afirman desconocer qué sucedió con ellos.

De cualquier forma, si las preguntas retóricas tuvieran respuestas positivas para el Gobierno, cada día que pase será una losa más sobre la espalda del Presidente, a quien le irán contando las horas que sigan sin aparecer los normalistas. Peña Nieto decidió asumir toda la carga de la indignación gubernamental y de la entrega de resultados a México y al mundo, porque ya dejó de ser un tema restringido a los familiares de las víctimas y de la atención única de las organizaciones de los derechos humanos. Por tanto, la demora en encontrarlos irá consumiendo el capital político invertido donde aun si sumara refuerzos en el Gobierno para amortiguar las críticas, ya no es posible inocularlo de la responsabilidad política.

La captura de Abarca y Pineda Villa jamás debió haber provocado un discurso de esperanza, a menos que el Presidente tenga información de que el ex alcalde y su esposa sí están en condiciones de aportar los datos para le eviten una nueva derrota política en Los Pinos.

Pero si esto fuera así, se puede argumentar, significaría que su entrega fue pactada y no resultado de la investigación que se informó. ¿Lo fue? Es una duda que asalta, aunque probablemente no fue así.

Es posible que el Presidente alimentara las expectativas porque, como ha sucedido en todo este caso que llega casi al mes y medio, no lo han asesorado bien o la gente en quien confía, le sigue aportando información que no tiene muchas asideras con la realidad, derivado de una falta de oficio y experiencia, que los llevan a olvidar que los actos de fe no son compatibles con los actos de Gobierno.

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ABARCA: EL EFECTO CORRUPTOR

El Presidente se encuentra solo en su defensa nacional e internacional de que su gobierno respeta los derechos humanos. Este martes se refirió en un discurso a que la detención del ex alcalde de Iguala y su esposa, acusados por la PGR de ser los autores intelectuales del asesinato de seis personas y la desaparición de 43 jóvenes estudiantes, había sido –enfatizó- con apego a la Ley, y agregó que esperaba que con esa captura se esclareciera lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa. Horas después, el Gabinete de Seguridad y en particular la PGR, pusieron en riesgo el caso en contra de José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Vila, al abrirle la puerta al llamado efecto corruptor.

La escalera a ese alegato comenzó con las fricciones dentro del Gabinete de Seguridad, o el protagonismo de algunos de sus integrantes, que le regaló a los defensores del matrimonio, la posibilidad de que puedan ser puestos en libertad. Comenzó con la entrega de fotografías del matrimonio en el momento de su captura al periódico “Reforma”, que de inmediato lo publicó en su sitio de internet. En consecuencia la PGR, que fue tomada por sorpresa por esa filtración que salió de su control, empezó a repartir a quien lo pidiera las fotografías y el video de la captura, que fueron transmitidas en la noche en los noticieros estelares de televisión, en cadena nacional.

La forma como se manejaron las imágenes de Abarca y Pineda Villa, puede ser utilizada con total solidez por sus abogados defensores, que podrán alegar el efecto corruptor que le permitió recuperar la libertad a Florence Cassez el 23 de enero de 2013, cuando la Suprema Corte de Justicia, en un fallo garantista, determinó que a la ciudadana francesa, sentenciada por secuestro, se le habían violado sus derechos fundamentales. A juicio de la Primera Sala de la Corte, la vulneración de estos derechos del acusado puede provocar en determinados supuestos la invalidez de todo el proceso.

Según lo establecido por la Primera Sala a partir del dictamen presentado por el ministro Arturo Zaldívar, entre las circunstancias que se consideran dentro del efecto corruptor, se encuentran que “la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven a la falta de fiabilidad de todo el material probatorio”, y que “la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte en forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión”. Esto conduce a que se vulnera la presunción de inocencia como regla de trato, por lo que el acusado no recibe un juicio justo.

En una de sus afirmaciones centrales, sostiene: “Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra. Sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo”.

En el caso de Cassez, la recreación de su captura, definido genéricamente como un “montaje” para la televisión, permitió a su defensa alegar que al presentarla ante las cámaras antes de ser sentenciada y exponerla públicamente como responsable de un hecho delictivo, se le condenó antes de tiempo. La Primera Sala determinó también en el dictamen sobre la francesa, que no fue tratada como inocente, por lo que se afectó su defensa y se alteró la evolución del proceso. El caso del matrimonio Abarca se encuentra dentro de los parámetros establecidos por la Suprema Corte de Justicia hace casi dos años.

Las fotografías y video de Abarca y Pineda Villa fueron entregadas para su difusión a la opinión pública y sus nombres revelados, así como también los detalles de su captura. Sin freno o filtro alguno, se les identificó como culpables –en voz de la PGR-, a lo cual se añadió la declaración del presidente Enrique Peña Nieto que su detención lleve a conocer el paradero de los normalistas desaparecidos. Es decir, el Presidente emitió su veredicto de culpabilidad, sin que sus asesores legales le explicaran con anterioridad los alcances que podrían tener palabras como las que pronunció.

Una tesis adicional que utilizó la Primera Sala para la liberación de Cassez, se basó en que la violación a la presunción de inocencia que pudiera influir en un proceso judicial, incluye “cualquier opinión sobre la culpabilidad del detenido”, y el hecho de que “alguien hubiera identificado al detenido”, como sucedió con el discurso del Presidente y las imágenes filtradas a Reforma y distribuidas posteriormente en forma masiva por la PGR.

El matrimonio Abarca se encuentra detenido por tres delitos de homicidio, y aún no se les finca responsabilidad penal por el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Sin embargo, ya fueron juzgados públicamente por ello. Ningún asesor en Los Pinos alertó al Presidente hablar en esos términos, ni tampoco hubo el cuidado institucional que impidiera que los medios en México y el mundo, prácticamente sentenciaran al matrimonio antes que empiece el juicio. Los abogados del Gobierno están en entredicho. Mucho discurso sobre el Estado de Derecho, pero mucha fragilidad jurídica para defenderlo. El Presidente, definitivamente, no lo merece.

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LA CAPTURA DE LOS ABARCA

Seguimiento y trabajo de inteligencia. Esas son las vertientes por las cuales se logró capturar al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, jefa de plaza de la banda Guerreros Unidos, acusados por la PGR como los autores intelectuales del homicidio de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa a finales de septiembre. La detención de la pareja fue confirmada por Twitter a las 4:49 de la mañana del martes por José Ramón Salinas, director de Información de la Policía Federal. El mensaje de 15 palabras no aportó detalles, pero se asumió que la operación se efectuó esta misma madrugada. Sin embargo, pese a la información oficial, no están claros los detalles.

Tres fuentes de inteligencia y dos fuentes políticas dijeron al portal Eje Central el 23 de octubre pasado, que la pareja fue detenida en un hotel de Xalapa, Veracruz, por un comando de la Marina con apoyo de la PGR. Dos diarios nacionales informaron lo mismo en sus sitios, pero por petición de la PGR aceptaron retirar la noticia. Oficialmente, la PGR desmintió esa versión. La información de esa captura mencionaba que la pareja se había quedado con unos amigos en Puebla, que fueron detenidos posteriormente, y cuyas declaraciones permitieron localizar a los Abarca en Xalapa.

Información de policías locales dieron fuerza a la versión rechazada por la PGR. En un fraccionamiento en Angelópolis, la zona más moderna de Puebla, agentes federales catearon un casa a la cual días después, de acuerdo con vecinos, mantenían bajo vigilancia. No se informó de ese operativo. Sin embargo, fuentes policiales dijeron que Abarca había sido visto por agentes locales quienes, al no recibir la confirmación para su captura –por más insólito que parezca, en casos de alto impacto este es un procedimiento de rutina, contrario a lo que procedería de manera natural, que es detener a quien se busca–, se le dejó ir. Cuatro días después de la publicación en Eje Central, uno de los líderes del PRD confirmó que habían sido detenidos en Veracruz. La PGR mantuvo su rechazo a la versión.

Poco se supo en los días posteriores, salvo declaraciones aisladas sobre la certeza de que ni Abarca ni su esposa, habían salido del país. El procurador general Jesús Murillo Karam dijo que la operación para detener a la pareja comenzó a las dos y media de la mañana. Horas después, fuentes federales dijeron que también participaron el Cisen y la Secretaría de la Defensa Nacional.

Fuentes de la PGR dijeron a periodistas que la captura fue por una denuncia de unos vecinos, que dieron el nombre del dueño de la modesta casa que rentaban los Abarca, lo que resultó falso. La versión de la PGR dio una dirección en la calle Jalisco en una de las colonias de esa populosa delegación, mientras que en la Policía Federal se insistió que la captura había sido en la calle de Cedros, en otra colonia de esa misma demarcación.

En ambos casos, periodistas que visitaron las dos casas se encontraron con lo mismo: no había señales de nada, ni nadie de los vecinos pudieron dar cuenta de una operación policial esa madrugada. Más raro aún, ninguna de las dos casas estaba asegurada por las autoridades, un procedimiento de rutina para recolectar evidencias y realizar los peritajes que se integran a la averiguación previa. Murillo Karam agregó que la casa donde se escondían daba la apariencia de estar abandonada, lo que es altamente extraño, pues nadie que quiere pasar desapercibido se mete en un inmueble donde cualquier movimiento, por menor que sea, despierta curiosidad y atención.

En cualquier caso, la detención de la pareja no deja de ser un golpe que necesita el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en estos momentos de desasosiego, y que le da un poco de oxígeno a sus investigaciones sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos. No necesariamente las declaraciones del matrimonio permitirán conocer el destino de ellos, a menos que como dijo una fuente de inteligencia hace 15 días, estuvieran secuestrados. No hay información verificable que permita suponer que están con vida, o muertos, secuestrados o escondidos. Lo que es cierto es que 56 declaraciones de policías y delincuentes detenidos por este caso, no han aportado información que permita revelar el misterio de Iguala.

Pero la transparencia sobre la captura es vital para el caso contra de los Abarca. Si la detención fue hace días, el caso en su contra podría encontrar dificultades para procesarlos, ante una posible violación del debido proceso. Pero al mismo tiempo, si la captura fue previamente a este martes y los declararon en su momento, las autoridades podrían tener toda la radiografía criminal y de protección institucional para proceder en contra de todos los responsables.

Vaya paradoja. Ante tan altos niveles de impunidad, arriesgar el debido proceso para llegar al fondo como exigió el Presidente, parecería el mejor camino. Aplicar la ley de manera garantista, puede abrir las puertas a que la impunidad prevalezca, si no en la pareja, en sus protectores y padrinos. Qué desgracia es esta realidad mexicana, donde la incredulidad abreva de las contradicciones de las propias autoridades, que se manejan en un mundo lleno de opacidad y sospecha, ante la falta de un verdadero Estado de Derecho.

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LA CARA OSCURA DEL EJÉRCITO

La barbarie de Iguala está pasando a la fase donde la Secretaría de la Defensa tiene qué responder qué es lo que está haciendo en este país. La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre está directamente relacionada con el Ejército, cuyo 27º Batallón de Infantería, enterado de lo que estaba sucediendo, en lugar de actuar de inmediato para proteger a la población civil bloqueó los accesos y las salidas de esa ciudad, con lo que contribuyó a una matanza y al secuestro.

Pero la historia de ese Batallón no empieza y termina esa noche. La pregunta es qué tanto sabían de la colusión institucional y criminal, qué tanto protegían los militares mismos a la delincuencia organizada o, si la forma como actuaban en la región forma parte de una estrategia de depuración social.

El Batallón 27º de Infantería nació en los 70, como consecuencia de la respuesta del Estado Mexicano a las guerrillas de Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas –que se formaron en la Normal de Ayotzinapa- en la zona de Tierra Caliente. Entre 1968 y 1974 el Ejército desplegó la estrategia de la Guerra de Baja Intensidad para aniquilar a los movimientos armados y sus frentes políticos, y su doctrina está detallada en un reporte secreto del Pentágono de 1986. El Batallón tiene su sede en Iguala, y sus antecedentes de integración e infiltración con la sociedad, hacen imposible pensar que no supieran qué sucedía en su vecindario.

El área militar bajo responsabilidad era el centro de operaciones de “Guerreros Unidos” que desde 2011, cuando sus líderes terminaron su relación con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva, se apropió de la vida cotidiana en esa zona de Tierra Caliente. Este año se descubrieron en su zona de vigilancia fosas clandestinas, primero en Taxco y recientemente en Iguala. ¿Tampoco sabían de ellas? La inteligencia militar en México tiene un despliegue nacional y su característica es que es humana. No hay mejor termómetro social que el militar, por la información directa. Esto permite alegar que el jefe del Batallón, el coronel José Rodríguez Pérez, estaba al tanto de todo lo que sucedía, pero o no actuó, o sus órdenes fueron para proteger a los criminales. En cualquier caso, tiene que responder.

Un testimonio publicado por el periódico “El Sur” el 15 de octubre pasado, revela que la noche del 26 de septiembre, el Ejército y la Policía Federal acordonaron el área para impedir la presencia de civiles mientras policías y criminales reprimían a los normalistas a dos kilómetros de su base. Los normalistas fueron atacados dos veces a las 9 de la noche, y no respondieron. Tres horas después volvieron a atacarlos y tampoco se presentaron. Ahí fue cuando secuestraron a los 43 que están desaparecidos. Cuando pidieron explicaciones los padres de las víctimas al coronel Rodríguez Pérez, respondió: nos enteramos “al último”.

El coronel es un militar reconocido, y encabezó la parada militar del 26 de septiembre en la Zona Militar en Chilpancingo, lo que sólo se da a los oficiales de confianza y que se busca promover. Su relación con las autoridades de la región era frecuente. También conocía, por las informaciones de prensa –si no se quiere incluir los reportes de inteligencia que debieron pasar por sus manos-, que con quienes convivía tenían vinculaciones con criminales. ¿Por qué no se hizo nada? Su pasividad con la certidumbre dentro de los aparatos de inteligencia del Estado Mexicano que la Normal de Ayotzinapa, es una fuente de guerrilleros, acusación rechazada por los sectores sociales y señalada como una estrategia del Estado para criminalizar la protesta civil. La pregunta ahora es si el coronel tuvo la autorización para que mediante la tolerancia a criminales, fueran estos quienes se encargaran de la lucha contra los normalistas.

Esta estrategia no sería novedosa. El Ejército armó y protegió a grupos paramilitares en Michoacán que iniciaron la guerra contra “Los Caballeros Templarios”, y sin manchar las manos de las instituciones y sin causarle ninguna baja –uno de los objetivos de esta Administración-, fueron aniquilando a ese cártel y matando o entregando a sus líderes. En Nuevo León sus unidades han abatido a personas en plena persecución, disparándoles desde el aire. En Tlatlaya, varios oficiales y soldados están acusados de asesinar a un grupo de personas, vinculados al crimen organizado. Iguala suena mucho a la Tierra Caliente michoacana y a las zonas rojas de conflicto con criminales. También suena a la Iguala de los 70. ¿Limpieza de criminales en una zona del país, y uso de criminales en otras regiones para eliminar grupos sociales incómodos?

Las dudas llevan a conclusiones ominosas. Pueden y deben responderse. Próximamente el general secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, se reunirá en secreto con la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, para conocer del caso de Ayotzinapa. Es una gran oportunidad para aclarar las dudas o frenar, si el caso de la depuración social es una estrategia, frenarla.

La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional citó al secretario de la Defensa Nacional, al general Salvador Cienfuegos, para que informe lo que el Ejército sabe del caso de los normalistas de Ayotzinapa y la situación de violencia en Tierra Caliente, a raíz del hallazgo de fosas en diferentes partes de Guerrero.

Asimismo, diputados y senadores se volverán a reunir esta semana con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

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LA DISPUTA POR LA NACIÓN

Bajo el paraguas de una causa legítima –que aparezcan vivos los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados por la policía de Iguala en septiembre-, está en marcha la disputa por la nación. Es un camino largo y lento, pero el motor está caminando al haberse abierto las condiciones para un cambio del modelo de gobierno, hacia uno alternativo que quiere modificar la estructura del poder. El Gobierno alterno que se pretende es popular e independiente al orden institucional que se vive. El principio de este final, como lo conciben organizaciones sociales y radicales, se encuentra en Guerrero.

No está claro que el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete compacto tengan claro lo que enfrentan, como demostró el diseño del encuentro con los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, donde una reunión de 90 minutos se volvió en una sesión de más de 300 minutos, y tras obligarlo a firmar la minuta de los acuerdos ante la amenaza que no se irían de Los Pinos sin esa rúbrica, ofrecieron una conferencia de prensa para descalificar el documento por “insuficiente”. Sus asesores no vieron venir ese desenlace. Suena inverosímil, pero el contexto que soslayaron era el plan de acción insurreccional que ayudaron a confeccionar algunos de los invitados por Peña Nieto.

Este plan no es secreto. Quedó establecido en los “acuerdos, tareas y pronunciamientos” de la II Asamblea Nacional Popular realizada el pasado 24 de octubre en las instalaciones de la Normal de Ayotzinapa, donde participaron 73 organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, populares, de derechos humanos y representantes de diversas regiones del país.

La declaración más importante es la definición de los hechos en Iguala como un “crimen de Estado”, por lo cual, afirman, deben ser juzgados el Presidente, el secretario de Gobernación, el procurador general, el ex gobernador y el fiscal general de Guerrero, además del ex alcalde de Iguala, su esposa y el ex secretario de Seguridad Pública local, que están prófugos.

La Asamblea ha confirmado con acciones sus declaraciones. Pedía hace una semana la desaparición de los poderes de Guerrero, sin importar que Ángel Heladio Aguirre se retirara del cargo. Este miércoles atacaron Casa Guerrero, la sede del poder estatal, y demandaron la desaparición de poderes.

El costo de oportunidad para el desorden y la anarquía es cero, porque las instituciones y sus policías están paralizadas, rehenes de una realidad que no parecen alcanzar a comprender.

La Asamblea dijo que darían “golpes certeros” al poder económico y político del régimen actual, mediante el bloqueo a las empresas trasnacionales, la toma de edificios públicos, alcaldías, medios de comunicación, puertos y aeropuertos, saboteando las elecciones del próximo año si los normalistas no aparecen. En la Asamblea se pidió que a nivel nacional se atacara directamente a empresas como Coca-Cola, Pepsi y Bimbo. Este miércoles, se atacaron vehículos de Coca-Cola en Guerrero, y se han venido tomando la autopista hacia Acapulco y medios de comunicación. Con respecto a las alcaldías, tienen ocupadas más de 20.

El propósito de todo es avanzar “hacia la constitución de un solo movimiento nacional unitario que coordine y organice todas las acciones a nivel nacional e internacional, para lo que urge a todos los sindicatos, organizaciones sociales y políticas, a los campesinos, estudiantes y movimientos urbanos, a incorporarse “de inmediato a este proceso de lucha”. Este planteamiento es, en síntesis, un llamado a la insurrección nacional, que comenzaron a deslizar los grupos guerrilleros en sus continuos comunicados durante el último mes. Los movimientos armados consideran que las condiciones para el levantamiento fueron creadas en Iguala, y han venido anunciando que se preparen para la lucha.

En la conferencia de prensa que ofrecieron los padres de los normalistas, representantes de Ayotzinapa y activistas por derechos humanos tras la reunión con el Presidente, el fraseo de varios de ellos se puede ubicar en el contexto de los comunicados guerrilleros. Puede ser coincidencia o no. Sin embargo, si se realizan análisis de contenido de discursos públicos, el mismo lenguaje y objetivo se puede encontrar en los maestros de la Coordinadora en Guerrero –vinculada con la disidencia magisterial-, en Oaxaca y en Michoacán, así como también en algunos de las facciones más radicales del PRD y de Morena. La lucha contra las instituciones y el cambio de todas ellas porque representan a “la mafia del poder”, es el discurso recurrente del ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Por la vía de la fuerza, los grupos que buscan el cambio drástico en Guerrero están avanzando encuentran la respuesta del Gobierno federal de inyectar recursos para contener la inquietud.

Lo mismo hizo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1994 cuando se alzó el EZLN, y las condiciones se mantienen igual o peor que en ese entonces, mientras los zapatistas mantienen la declaración de guerra contra el Estado mexicano. Veinte años después está en marcha un nuevo alzamiento en Guerrero, distinto al de Chiapas, pero más efectivo y más violento.

La parálisis gubernamental sugiere una tendencia: la expansión de esta disputa por el poder. Pero en algún momento el Presidente se dará cuenta del proyecto político alterno que enfrenta, que encontró su salida en las desapariciones forzadas de Iguala.

La solución, entre menos capacidad política demuestre y más se demore, irá dejando cómo única posibilidad la fuerza ante la descomposición social, que nadie, comenzando por la Presidencia, debe querer emplear.

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PARTIDOS, FRANQUICIAS PARA CRIMINALES

Andrés Manuel López Obrador está acosado porque no puede responder con argumentos por qué cuando le entregaron un expediente de José Luis Abarca, y sus vinculaciones criminales, ignoró las acusaciones sin permitir que le perturbaran el alma. Abarca, Alcalde de Iguala, era protegido de Lázaro Mazón, ex alcalde del mismo municipio y senador, de donde se incorporó al gobierno de Ángel Heladio Aguirre como secretario de Salud. Mazón, el principal operador de López Obrador en Guerrero, era su precandidato a la gubernatura hasta que Iguala se convirtió en el estudio de caso de la narcopolítica en México.

Abarca, respaldado hasta el final por el PRD, es acusado de ser co-responsable de la muerte de seis personas y la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, junto con su esposa María de los Ángeles Villa Pineda, que de acuerdo con las informaciones, ordenó a la Policía Municipal que los detuviera y entregara a la banda criminal “Guerreros Unidos”. Villa Pineda era consejera estatal del PRD y jefe de plaza de esa banda, que surgió de la diáspora del cártel de los hermanos Beltrán Leyva en 2011, y que se expandió en Guerrero y Morelos de la mano de alcaldes y políticos en los dos estados y, según las investigaciones, del empresario Federico Figueroa, hermano del cantautor Joan Sebastian, su publirrelacionista y gestor ante las élites de la región.

La desaparición forzada de los normalistas exhibe hoy el entramado político que otorga protección a la delincuencia organizada. López Obrador es embestido por sus pares y los medios por negligencia, en el mejor de los casos, pero no es el único de su clase que está en el caldero del Diablo. Está lejos de ser el único responsable en la construcción de una narcopolítica en México abierta, cínica, descarada e impune. Todos los partidos lo son, al convertir quién-sabe-cuántos distritos y municipios en franquicias que compraron los criminales.

Iguala será el ícono de esa descomposición y búsqueda sin escrúpulos del poder, pero apenas si es un ejemplo de cómo la clase política mexicana permitió -y sigue haciéndolo- entreverar al crimen con la política. Alcaldes, funcionarios y policías de 13 municipios de Guerrero, están siendo investigados por la PGR por su presunta colaboración con “Guerreros Unidos”. Pero la investigación tiene que ampliarse y profundizarse, cuando menos en el principio, en contra de esa banda criminal y de sus archienemigos en la región, “Los Rojos”.

“Guerreros Unidos” no sólo contaba con alcaldes y políticos a su servicio en Guerrero, sino en el vecino Morelos. Uno de los casos más claros se encuentra en Amacuzac, donde el alcalde Noé Reynoso, que gobierna bajo la bandera del Partido Verde, ha sido vinculado al empresario Figueroa. Reynoso está enfrentado políticamente con el ex alcalde y hoy diputado local Alfonso Miranda, que representa al PT, y contra quien el fiscal de Morelos pidió al Congreso un juicio de procedencia en su contra por presuntos crímenes. Fracasó el fiscal. Hace tres semanas, rechazaron su petición.

Miranda es tío de Santiago Mazari, apodado “El Carrete”, que es el jefe de plaza en Amacuzac de la banda de “Los Rojos”, otra derivación de los Beltrán Leyva, que controlan Chilpancingo, la capital de Guerrero, y señalado en declaraciones ministeriales por Sidronio Cassarrubias, uno de los jefes de “Guerreros Unidos” detenido hace dos semanas y reproducidas por la prensa, como el responsable de una célula de 17 normalistas de Ayotzinapa que trabajaban para “Los Rojos”, con quien están en abierto enfrentamiento por plazas y territorios en las dos entidades. La afirmación de Casarrubias coincide con las declaraciones de los policías de Iguala que dijeron que la orden de detener y entregar a “Guerreros Unidos”, era únicamente contra 17 normalistas.

Hay muchos Igualas en el país, pero se puede comenzar con la erradicación de la narcopolítica en Guerrero y Morelos. El Estado Mexicano no puede permitir que las organizaciones criminales sigan escalando hacia el poder, como en Colombia, donde al arquetipo de la narcopolítica universal, Carlos Lehder, el primer gran capo colombiano, fundó un partido político –para incidir en leyes-, financió a una de las cinco guerrillas en ese país que atacaron directamente a los jueces –que querían extraditar a los narcos colombianos-, y abrió la puerta para que otros barones del crimen, como su socio Pablo Escobar, vieran en la política el mejor blindaje para su negocio.

Iguala es la metáfora colombiana, y México entrará al túnel de las pesadillas que fue Colombia en los 80 y 90 a menos que el Gobierno recoja aquella experiencia y entienda que en juego está el futuro mexicano.

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UNA EPIDEMIA LLAMADA IGUALA

La nación está horrorizada y en muchas sociedades avanzadas en el mundo no alcanzan a comprender que en Guerrero policías municipales recibieron órdenes de criminales para asesinar a personas y secuestrar a decenas de jóvenes y “desaparecerlos”.

Tampoco alcanza la imaginación para medir la dimensión del hecho que en una parte de ese estado surgieran fosas clandestinas como si fueran franquicias de la delincuencia organizada.

Quién podría dudar que las instituciones mexicanas tienen un corazón criminal, y que el problema de Guerrero es un drama nacional. Lo único menos malo, dicho cínicamente, es que podría estar peor.

Las policías municipales se encuentran en el pozo de las instituciones mexicanas, y en el polo más abandonado de la cadena de seguridad del Estado mexicano. Su única atribución legal es imponer infracciones y sancionar administrativamente a los ciudadanos por delitos no más graves que orinar en la vía pública. Por diseño y definición, no pueden combatir a los criminales, a quienes sólo pueden afectar si los atrapan en flagrancia. Las únicas policías que tienen la atribución legal de combatir el crimen son los judiciales y los ministeriales, que significan el 6.3% de la fuerza federal. El monstruo que han creado los gobiernos en este país es la Policía Municipal, cuya arquitectura y operación estimula la corrupción.

Los policías municipales son vistos por muchos sectores como una extensión de la delincuencia.

No faltan razones objetivas a quienes así los juzgan, pues cuando no reciben dinero de los criminales para que los protejan, se encuentran en tan grande desventaja, que la percepción generalizada es que están comprados y al servicio del crimen. Los datos fortalecen la idea.

El 60% de los policías locales del país gana menos de 4 mil pesos mensuales, y la mitad de estos apenas sí perciben 33 pesos diarios. Las organizaciones criminales invertían en 2011, de acuerdo con datos de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, mil 200 millones de pesos mensuales para pagar policías y protección. Pero eso no es el único problema crónico que vive la seguridad del país.

En México hay 430 mil policías, de los cuales 42.5% aproximadamente se reparten en los 2 mil 457 municipios que hay en el país. Bueno, afirmar que se “reparten” en tan optimista como exagerado. Cuatrocientos de esos municipios no tienen un solo policía, lo que no debería de extrañar demasiado, puesto que sólo 12 de los 31 estados tienen policía en todos sus municipios. El 26% del total de policías se localizan en 25 municipios de 16 estados, lo que se vuelve más dramático cuando se analiza la capacidad de  la fuerza operativa.

De las poco más de 2 mil policías municipales, el 88% de esas agrupaciones cuenta con menos de 100 elementos, y más de la mitad de ese total tiene 20 agentes o menos. En algunos casos no pueden cubrir los turnos regulares, y menos aún en casos de enfermedad o vacación. El argumento más sencillo que se esgrime cuando se hablan generalidades de las policías municipales es que actúan bajo la regla de la plata o el plomo. Si fuera sólo por miedo o por corruptos, la solución sería menos compleja de lo que es. Pero no es tan simple.

El problema en México es de diseño institucional. Si el 42.5% de las policías en el país son municipales, y si el número de delitos del fuero común rozan el 92% del total, ¿por qué las policías federales tienen el 80% del presupuesto y las municipales y estatales se tienen que pelear el 20% restante? En 2009, cuando el entonces secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, estaba en su cruzada por el mando único de la policía, propuso en el Congreso que desaparecieran los policías municipales.

En una comparecencia en el Congreso argumentó que la delincuencia organizada había sustentado su operación no sólo en la violencia extrema, sino en la corrupción institucional.

A ello, agregó, “se suma el deterioro estructural de las policías, las cuales durante décadas fueron abandonadas, se dejó de invertir en ellas, se dejó de desarrollarlas, se dejó de cuidarlas y se dejó de castigarlas en aquellos casos donde sus elementos faltaran a su deber”. Quien lo enfrentó de manera más abierta fue el PRD, pero el tema del mando único naufragó por la oposición del PAN, principalmente, que veía en ese nuevo diseño la pérdida del control presupuestal en las alcaldías, donde está su fortaleza política, y cuyo presupuesto para seguridad lo manejaban políticamente.

Las condiciones en que operaban las policías municipales en Iguala y Cocula, y falta del mando único, pese a existir un convenio en Guerrero en ese sentido, contribuyó a toda la cadena de violaciones constitucionales que se dieron de manera pública en el estado desde la noche del 26 de septiembre pasado. ¿De haber existido otro diseño institucional se habrían evitado los excesos cometidos? La pregunta es retórica y de respuesta hipotética.

Lo que es cierto es que si se mantiene el andamiaje de las policías municipales como hoy en día, lo que se vio en Iguala y Cocula no serán casos de excepción, sino realidad imperante en este país, donde la barbarie institucional es parte del paisaje nacional.

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