Raymundo Riva palacio
¿Quién le dijo al
presidente Enrique Peña Nieto que la desaparición de 43 normalistas de
Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre no era un tema de competencia federal?
¿Quién le sugirió deslindar a su gobierno de un delito que puede constituirse
en un crimen de lesa humanidad? La respuesta se encuentra dentro de su despacho
en Los Pinos, donde durante días recibió información de su gabinete de
seguridad de que era un delito del fuero común. Lo reiteró hace dos semanas el
secretario de Gobernación y lo ratificó el procurador general el viernes, en
una desafortunada conferencia de prensa. La realidad es que timaron al
Presidente y alguien en su equipo lo expuso.
Lo que sus
funcionarios le informaron sobre los hechos en Iguala provocó que el 9 de
octubre declarara a la prensa que el Gobierno de Guerrero debía asumir su
responsabilidad sobre los hechos en Iguala. Que asuma “las responsabilidades
que corresponden a los gobiernos locales”, precisó. La Secretaría de
Gobernación estuvo informada desde el primer momento de lo que sucedía en
Iguala. Una hora después de ser informado –a las 22 horas- de lo que pasaba la
noche del 26 de septiembre, el Gobernador con licencia Ángel Heladio Aguirre le
informó por teléfono al subsecretario Luis Enrique Miranda. Aún así, cuando la
Fiscalía de Guerrero pidió respaldo a la Policía Federal y al 27 Batallón de
Infantería horas más tarde para controlar a los policías municipales, se la
negaron.
Esto fue lo último
de una omisión prolongada, porque la realidad es que desde meses atrás, lo que
sucedía en Iguala era de competencia federal. En mayo pasado la Fiscalía
General de Guerrero entregó un expediente y una declaración ministerial a la
PGR donde acusaba al entonces alcalde José Luis Abarca de homicidio, y
describía el modus operandi con que actuaban las policías de Iguala y Cocula
como parte de “Guerreros Unidos”. La PGR simplemente lo ignoró.
La acusación contra
Abarca se centraba en el asesinato de Arturo Hernández Cardona, en 2013, un
episodio ampliamente socializado hoy, que el procurador Jesús Murillo Karam
negó públicamente tener conocimiento oficial de él. El procurador mintió. Tras
el asesinato de Hernández Cardona y otros siete perredistas, el militante de
ese partido René Bejarano intervino en el caso y lo federalizó. Meses después,
el fiscal de Guerrero Iñaki Blanco acusó a Abarca del homicidio y entregó el
expediente a la PGR para su consignación.
La PGR había pedido
la investigación de Hernández Cardona al mes de su asesinato, pero no hizo
nada. En junio de este año, el subprocurador de Guerrero, Víctor León
Maldonado, preguntó al titular de la Unidad de Investigación de Delitos en
Materia de Secuestro de la PGR, Alberto Ramírez, cuándo consignarían a Abarca
por el homicidio. Antes que termine el mes, respondieron, porque estaban
esperando la ampliación de declaraciones de un testigo para consolidar el caso.
Ese testigo parece ser José María Chávez Magaña, “El Pony”, jefe de “La
Familia” Michoacana en el Estado de México y capturado en junio.
“El Pony” estableció
la relación de Abarca con Joaquín “El Chapo” Guzmán, y declaró en la
Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada
que estaban confrontados por un préstamo que le hizo Guzmán que nunca le pagó.
Como consecuencia, después de que Guzmán fue detenido, dijo “El Pony”, su
sobrino se vengó y secuestró a su suegra, la madre de su esposa María de los
Ángeles Pineda Villa, a quien videograbó y distribuyó la entrevista clandestina
por YouTube. La suegra de Abarca admitió la participación de sus hijos en el
crimen organizado y lo acusó a él y al ex gobernador de recibir dinero de delincuentes.
La PGR no hizo nada
contra Abarca. Después de casi cuatro meses de inacción en SEIDO, Blanco le
insistió el 24 de septiembre a Ramírez, de la PGR, cuándo iban a consignar al
alcalde de Iguala. La respuesta fue similar a la que dio en junio: en breve.
Dos días después de ese intercambio, sucedieron los hechos en Iguala. Abarca y
su esposa se fugaron el 30 de septiembre, pese a estar vigilados por la policía
estatal, y hasta la fecha aún no se sabe quién los ayudo a evadir a la
justicia.
Pero la paralización
de la PGR durante todos esos meses permitió que Guerreros Unidos continuara sus
operaciones en colusión con las autoridades municipales en Iguala, en un
entorno de impunidad que alimentó la actitud de Murillo Karam y de los
responsables de la SEIDO –su titular Rodrigo Archundia fue removido en octubre
y remplazado por Hugo Ruiz, muy cercano a la subprocuradora Mariana Benítez,
mano derecha del procurador. No fue la única negligencia de Murillo Karam.
En mayo de 2014, la
PGR recibió de la Fiscalía de Guerrero una declaración ministerial donde
describían con detalle el modus operandi de las autoridades de Iguala y Cocula
con Guerreros Unidos. Fue como una premonición de lo que sucedería en
septiembre, de la cual se hablará en este espacio el martes, como parte de toda
la documentación que prueba que lo que pasaba en Iguala desde hace tiempo era
de competencia federal, no del orden común, como hicieron creer el Presidente
de la República.
IGUALA: EL ENGAÑO AL PRESIDENTE (II)
En mayo de 2014, la
Fiscalía de Guerrero remitió a la PGR la declaración ministerial de Ernesto
Pineda Vega, como parte de la documentación que aportó al procurador Jesús
Murillo Karam, sobre la presunta participación del ex alcalde de Iguala, José
Luis Abarca, en homicidios y vínculos con la delincuencia organizada. Pineda
Vega, quien está preso en Acapulco acusado de secuestro, describió con detalle
el modus operandi de las autoridades municipales de Iguala y Guerreros Unidos,
en un relato premonitorio de lo que sucedería en septiembre, cuando asesinaron
a seis personas y desaparecieron a 43 normalistas de Ayotzinapa.
La declaración de
Pineda Vega, quien trabajó con el líder de izquierda Arturo Hernández Cardona
asesinado en 2013, nunca fue tomada en cuenta por la PGR. De haberle puesto
atención en aquél momento, las posibilidades de impedir la desaparición forzada
de los normalistas que ha puesto de rodillas al gobierno de Enrique Peña Nieto,
probablemente serían muy altas. Se puede alegar que de haberse actuado en su
momento, lo sucedido la noche del 26 de septiembre habría disparado en
automático la participación federal y haberlo salvado de esta crisis.
En su declaración de
tres páginas, Pineda Vega afirmó que fue detenido porque dio entrevistas a los
medios tras el asesinato de Hernández Cardona donde denunciaba a la banda
Guerreros Unidos. “Este grupo de gentes han secuestrado a innumerable número de
personas y desaparecido a otras tantas”, dijo al ministerio público. “Uno de
los que recuerdo (es) Luis Pacheco y su esposa… a quienes secuestraron en…
marzo de este año. El motivo fue porque secuestraron a su hijo que era policía…
y le fueron a reclamar al director de Seguridad Pública Municipal, Felipe
Flores Velázquez, y al presidente municipal… Abarca que les entregaran a su
hijo”.
Pineda Vega –sin
parentesco con la esposa del alcalde y los fundadores de Guerreros Unidos–,
describió en su declaración a la organización criminal. Dijo que Abarca y
Flores Velázquez –prófugo tras los hechos en Iguala–, instruyeron a Mario
Casarrubias, –”El M”, a quien se identifica como fundador de la banda–, y a su
hermano Rafael, de secuestrar a los esposos Pacheco. Pineda Villa identificó a
los Casarrubias como “el brazo armado del presidente municipal y del director
de Seguridad Pública, (que) también forman parte de la organización de los
Guerreros Unidos”.
En la declaración
mencionó a varios de los actores criminales que han surgido en las
investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Entre ellos se encuentran los hermanos conocidos como “Los Peques”, a quienes
se denunció como participantes en la represión a los estudiantes, y a quien
Pineda Vega identificó por sus nombres –Tilo, Osiel, Orbelín, Mateo y Salvador
Pedraza Salgado– y dio sus direcciones. Pero sobre todo, mencionó a criminales
que jugaron un papel central en la violencia contra los jóvenes. Los
principales son los identificados por los testigos de los hechos de septiembre,
Gildardo López Astudillo, el “Gil”, conocido también como “El May”, señalado
como la persona que recibió a los normalistas de manos de los policías, y “El
Chucky”, a quien señaló Pineda Vega como el jefe de sicarios de la banda, y
mencionado como la persona que dio la orden de matar a los normalistas y
llevarlos a las fosas de Pueblo Viejo, donde encontraron hace unos días seis
osamentas que el procurador Murillo Karam dice que muy probablemente
pertenezcan a algunos de los estudiantes desaparecidos.
No fueron los únicos
en la estructura criminal que señaló Pineda Vega. En la declaración ignorada
por la PGR, Pineda Vega incluyó los nombres de funcionarios municipales y
autoridades ejidales y describió, desde entonces, cómo trabajaban las policías
de Iguala y Cocula para Guerreros Unidos, bajo las órdenes, aseguró, de Abarca.
Bajo esa estructura jerárquica, la organización criminal operaba, de acuerdo
con la declaración ministerial de Pineda Vega, en un tándem para acciones de
secuestro y extorsión.
“La Policía
Municipal levanta a las víctimas y ellos entregan a Guerreros Unidos y después
estos se encargan de negociar su rescate”, declaró. Dijo que la cuota de
extorsión a los comerciantes era de 10 a 20 mil pesos mensuales, y los únicos
establecimientos exentos de esos pagos eran el Centro Joyero, el centro comercial
y la farmacia “Guadalajara”, propiedad de Abarca y su esposa, María de los
Ángeles Pineda Villa, a quien llamó una “mujer poderosa” y “comadre” de
narcotraficantes. ¿Por qué la PGR no hizo nada con esa declaración? Tampoco
abrió una investigación, pese a que Pineda Vega incluyó acusaciones directas
contra Abarca por los asesinatos síndico Justino Carbajal, sobrino del ex
alcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, y del líder comunitario Rafael
Ochoa.
La respuesta a la
omisión de la PGR puede encontrarse en la misma racional del porqué si sabía la
operación criminal de políticos, policías y Guerreros Unidos en Iguala y Cocula
incurrió en tan flagrante negligencia. Pero no sólo falló ese aparato de
procuración de justicia. Los servicios de inteligencia civiles y militares del
Estado Mexicano sabían desde hace meses lo que sucedía en Iguala y de la
responsabilidad de su alcalde, pero tampoco hicieron nada. Ni siquiera, en
ambos casos, le informaron al presidente Peña Nieto lo que sabían. La
responsabilidad de la barbarie, como se verá en otros textos, es más amplia de
lo que parece.
IGUALA: EL ENGAÑO AL PRESIDENTE (III)
La recomendación al
presidente Enrique Peña Nieto de encapsular la desaparición forzada de 43
normalistas de Ayotzinapa al declarar que los hechos en Iguala eran un asunto
que debían arreglar los guerrerenses, regaló 15 días a grupos políticos y
armados dentro y fuera de la ley, que avizoraron que a través de una causa
legítima podían comenzar una rebelión. El mes que discutieron en Los Pinos si
convenía o no presionar al gobernador Ángel Heladio Aguirre a pedir licencia,
les facilitó el incendio del estado. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, repitió erróneamente que el crimen era del fuero común, sin
entender él, ni Aurelio Nuño, el jefe de la Oficina de la Presidencia, que en
Iguala no sólo se había cometido un crimen, sino que empezó la contrarreforma
nacional.
Actuar como Poncio
Pilatos las dos primeras semanas en Guerrero es el mayor error político de Peña
Nieto y de su gobierno, que envuelto por la endogamia política de su
Presidencia, no le permitió ver a él ni a su equipo que la insurrección social
en el corazón de la cuenca del descontento fue alimentado, probablemente en
forma inopinada, por el grupo compacto en su entorno. El punto de inflexión
para entenderlo que se vive en Guerrero fue la captura de la maestra Elba
Esther Gordillo en febrero de 2013, con el argumento que eliminarla como líder
del magisterio, allanaría al camino de la reforma educativa.
Desde el interior
del gobierno advirtieron que el análisis era equivocado, y que si creían que
meter a la cárcel a la maestra era la solución, no entendían su rol en el
magisterio. Como sucede regularmente en la burbuja donde está encerrado el
Presidente, descalificaron las opiniones. Cuando fue detenida, le sugirieron a
Osorio Chong que en esa coyuntura se capturara también a los jefes de la
Coordinadora, un docena de maestros disidentes principalmente en Oaxaca, y con
el liderazgo descabezado, iniciar su renovación. Se hizo lo contrario.
Desde la Secretaría
de Gobernación, por intermediación del subsecretario del ramo, Luis Miranda
-compadre del Presidente-, empoderaron a la Coordinadora magisterial.
De cinco entidades
donde operaban, Miranda, con el respaldo de Osorio Chong y Nuño, la creció a
23, y obligaron a varios gobernadores a darles interlocución. Les regalaron
plazas, contra lo que establece la reforma educativa, y más de 12 mil millones
de pesos. Poder y dinero, lo que nunca imaginaron antes, por la gracia de Los
Pinos y Bucareli.
El alegato ante el
Presidente era que así tendrían controlada a la oposición magisterial. En
Michoacán llevaron la racional al extremo. Por sugerencia del comisionado para
la Seguridad y el Desarrollo, Alfredo Castillo –que depende de facto de Nuño-,
se designó como subsecretario de Educación Básica a Rafael Mendoza Castillo,
ideólogo de la Coordinadora, y que quiere la abrogación de la Reforma
Educativa. Esta semana, los maestros disidentes michoacanos iniciaron protestas
con el pretexto de la desaparición de los normalistas, sumándose a la rebelión,
que públicamente encabeza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la
Educación de Guerrero (CETEG), la que en el mes de indecisiones del gobierno de
Peña Nieto, articularon a la oposición social y al frente de masas de los
movimientos armados.
Uno de los
documentos -de marzo de 2014- que analizaron, establece en el mapa de riesgos
lo que la vinculación entre el magisterio disidente y la guerrilla, que llaman
“subversión”, podía generar en el estado.“No hay vínculos orgánicos entre el
magisterio disidente de Guerrero y la subversión”, sostiene, pero a través de
las relaciones personales, probaba los enlaces y el trabajo coordinado entre
sus líderes. Su existencia generaba alerta, y en el documento se anticipan
entre los riesgos:
1.- Pueden desviar
recursos económicos para las organizaciones subversivas y su frente político
(que incluyen organizaciones de derechos humanos y policías comunitarios).
2.- La confluencia
del magisterio y subversión en el Movimiento Popular Guerrerense pueden detonar
escenarios de confrontación.
3.- Proliferación y
escalamiento de conflictos sociales en diversas regiones de la entidad por
actores CETEG-subversión.
La información les
había llegado de Guerrero, pero no se alertó al Presidente. Por razones
desconocidas, dieron carpetazo a todo el trabajo y desde hace más de cuatro
meses, no se reúne el grupo. El equipo que hacía seguimiento de los movimientos
armados prácticamente se desintegró y se dejaron sueltos los cabos que hoy
mueven las manos violentas en el estado. Son públicos, visibles y altamente
activos quienes hoy tienen arrinconado al Presidente y al Gobierno.
Lo sabían en el
Gobierno, pero no hicieron nada entonces, ni, parece, ahora.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter:
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GUERRERO: EMPEZÓ LA INSURRECCIÓN (IV Y FIN)
Las imágenes dan la
vuelta al mundo. El salón de sesiones del Congreso de Guerrero en llamas. Las
sedes del PRI y el PAN, destrozadas. Ataques a propiedad de multinacionales y
las vías de comunicación cercenadas. Las autoridades estatales no despachan en
sus oficinas porque están tomadas, y gobiernan a salto de mata. Hay una
insurrección en curso en Guerrero, que pretende la creación de un ente autónomo
de la Federación.
Bajo la causa
legítima de la aparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, grupos antisistémicos
están operando activamente en el estado y proyectando caos, ingobernabilidad, y
un gobierno arrodillado. Un documento del CISEN indica que el EPR y el ERPI,
junto con sus organizaciones fachada, que se encuentran en el frente de masas,
que moviliza la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG),
las policías comunitarias y una parte del clero radical, impulsan la
consolidación de “La línea de la Esperanza”.
Este proyecto
comprende el corredor indígena que cruza Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde los
maestros disidentes de la Coordinadora son la parte más activa de esta
insurrección. Los municipios donde se concentra la fuerza de la insurrección
son Acatepec, Ahuacuotzingo, Ajuchitán del Progreso, Ayutla, Coyuca de Catalán,
Malinaltepec, Metlátonoc, Olinaláy Tecoanapa, donde operan las guerrillas del
EPR, el ERPI, Tendencia Democrática Revolucionaria del Ejército del Pueblo, el
Comando Justiciero 28 de Junio, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del
Pueblo. El EPR, fundado en 1996, en el aniversario de la matanza de Aguas
Blancas, es quien aglutina al movimiento armado que tras varios años de
esfuerzos, hoy está unificado.
Tras los hechos en
Iguala se reactivaron y comenzaron a emitir comunicados con una frecuencia como
nunca antes en su historia. Se puede alegar que en la crisis política y el
pasmo del Gobierno federal en actual, observaron condiciones para su lucha. Los
comunicados tienen como propósito la propaganda, pero en términos estratégicos,
son utilizados para comunicarse con sus células y darles instrucciones. La
violencia contra objetivos específicos comenzó después que se difundieron los
comunicados. Trasiniciarse la insurrección, la frecuencia de ellos disminuyó
notablemente.
La falla en el
diagnóstico sociopolítico de lo que se había detonado detrás de la causa
legítima de los normalistas desaparecidos, se sumó a la todavía incapacidad
gubernamental para entender que los retos en Guerrero tienen varios frentes.
Tampoco ha sido del todo comprendido en los medios mexicanos y mucho menos en
los internacionales. La violencia no tiene que ver directamente con los sucesos
de Iguala, aunque personas vinculadas estrechamente con los familiares de las
víctimas, forman parte del frente de masas guerrillero.
Los maestros y el
clero radical, articulados dentro de estas organizaciones fachada, son quienes
organizan la violencia callejera en acciones que pueden ser consideradas de
propaganda armada. Es decir, trabajan en la proyección de imágenes de ausencia
de gobierno, inestabilidad y caos, que contribuyan al debilitamiento del Estado
y a forzar que el gobierno federal pierda el consenso para gobernar y que en su
desesperación, incurran en una represión generalizada que sólo alimentará aún
más la lucha rebelde.
La CETEG la encabeza
Ramos Reyes Guerrero, quien está relacionado con el Ejército de Liberación
Nacional, una escisión del EPR que secuestró al abogado panista Diego Fernández
de Cevallos en 2010. Opera desde Tlapa de Comonfort, en la Región de la Montaña
y tiene como lugartenientes, vinculados también con las guerrillas, según el
CISEN, a los maestros Pedro Eligio Cabañas en Cualac –hermano de Lucio Cabaños,
el dirigente guerrillero histórico-, Taurino Rojas, simpatizante del EPR, en
Metlatónoc, y Florencio Andreu Castañeda, en Olinalá. Otros líderes del
magisterio disidente, como Minervino
Morán, que fue pieza activa en la toma de la ciudad de México por los maestros
el año pasado, es simpatizante del ERPI.
Morán pertenece al
Frente Popular Revolucionario (FPR), organización paraguas y fachada de la
guerrilla, que encabeza Omar Garibay Guerra, y que se encuentra dentro del
Movimiento Popular Guerrerense (MPG),del que es líder Ubaldo Segura Pantoja,
dirigente de la Unión Social Independiente de Pueblos Indígenas, que es un
frente del EPR, donde participa activamente Bertoldo Martínez Cruz, que dirige
el Frente de Organizaciones Democráticas de Guerrero y el Comité Contra la
Tortura y la Impunidad, al que vincula el CISEN con el ERPI.
En el MPG, cuya
función central es articular los vínculos a nivel nacional, está el Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que dirige Abel Barrera, y cuyo
asesor jurídico, abogado de los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, es
Vidulfo Rosales, quien ha participado en actos de organizaciones fachada del
ERPI. También se encuentra la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero,
donde cuando menos tres de sus dirigentes son jefes del ERPI, Ernesto Gallardo,
comandante Neto, Gonzalo Torres, comandante Gonzalo, y Crisóforo García,
comandante Guerrero, y la Red Guerrerense de Derechos Humanos, que encabeza
Manuel Olivares, defensor y adoctrinador en Ayotzinapa, señalado por las
autoridades como simpatizante del ERPI.
El árbol de la
insurrección en Guerrero no es algo nuevo. Lo sabían los órganos de
inteligencia del Estado Mexicano y no se hizo nada. Tampoco alertaron al
presidente Enrique Peña Nieto lo que se cocinaba en Guerrero. La desaparición
de los normalistas significó el detonante para que empezara la marcha de esa rebelión
contra las instituciones que, hoy, tienen desbordado al centro del país.
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
twitter:
@rivapa
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