PODER JUDICIAL, NUEVAS CONTROVERSIAS

La primera semana de noviembre, el pleno de magistrados deberá elegir al nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, mientras en el Congreso del Estado se involucran temas relacionados con el Poder Judicial en decisiones que parecen mezclar lo político con lo judicial. Proponen eliminar línea que divide el perfil del Poder Ejecutivo del Judicial para obtener una magistratura

A menos de un mes de que se renueve la presidencia en el Poder Judicial, después de casi ocho años encabezado por María Esther Rentería, surgen nuevos puntos de controversia:

* La insistencia de los magistrados para obtener un “haber de retiro”, equivalente a una jubilación.

* La propuesta del diputado Fausto Gallardo para añadir dos años al periodo que deben estar en el cargo los consejeros ciudadanos de la Judicatura, beneficiando a los hankistas Andrés Garza y Carlos Jiménez, con seis años en lugar de cuatro; además, proponen que al término puedan ser ratificados por otros seis años.

* En la misma propuesta, eliminar de los requisitos para ser magistrado, una línea: “No haber sido titular de una dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o municipal”, con lo que abrirían la puerta a que funcionarios, políticos de carrera o chambistas, pudieran entrar al Tribunal Superior de Justicia, en lugar de los colegiados que tradicionalmente llegan.

Con las 17 firmas de los magistrados se turnó al Congreso del Estado una iniciativa para crear lo que llaman “haber de retiro”, una suerte de pensión, jubilación, para cuando dejen el cargo.

En la justificación hablan de fortalecer la “autonomía e independencia” del Poder Judicial, y refieren lo sucedido con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obtuvieron un “haber de retiro” -por supuesto, con esto una seguridad económica-, ya que la pensión, aprobada en la Ley Orgánica, es de carácter vitalicio y al 100 por ciento los primeros dos años, luego al 80% “durante el resto del tiempo”.

Los ministros que han completado el tiempo en el cargo reciben mensualmente alrededor de 250 mil pesos. Los magistrados locales perciben 107 mil 260 pesos con 76 centavos al mes.

La propuesta se firmó tras una sesión de Pleno y está fechada el 30 de junio de 2014. Fue sellada de recibido en el Congreso local el viernes 4 de julio.

Pero no es la única propuesta controversial. El 11 de septiembre, por Oficialía de Partes se recibió la presentada por el diputado por el Partido Verde Ecologista de México, Fausto Gallardo, donde propone que los consejeros de la Judicatura -los dos “ciudadanos”, el tercero lo propone el gobernador- aumenten el periodo para el cual fueron electos, de cuatro a seis años, con derecho a ser ratificados. Además, que los actuales -quienes terminan el cargo el 30 de noviembre- extiendan su periodo hasta 2016. Se trata de los priistas Carlos Jiménez y Andrés Garza, quienes reciben mensualmente 108 mil 395 pesos con 94 centavos.

Pero en la propuesta del diputado del Partido Verde hay un pequeño párrafo que de aprobarse, abriría la puerta para que personajes fuera del Poder Judicial pudieran ser electos como magistrados, lo cual incluso se presta para interpretarse con dedicatoria, sobre todo en función del compadrazgo de kikistas y hankistas.

En la parte relativa al Artículo 60 Constitucional, sobre los requisitos para ser magistrados del Poder Judicial, actualmente se lee en la fracción VIII, “no haber ocupado cargo de elección popular, ni haber ocupado cargo de dirigencia de algún partido político, o haber sido titular de una dependencia o entidad de la administración pública federal, estatal o municipal”. Todo este último párrafo pretenden eliminarlo.

“Las reformas que se han propuesto al Congreso del Estado en ocasiones tienen tintes políticos o dedicatorias personales hacia algún grupo determinado”, considera de entrada el ex presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Fernando Rosales, quien amplía:

“Las reformas a leyes y constituciones tiene que ser vistas y analizadas objetivamente, esto es, que existe una carrera judicial que se debe respetar. Soy de la idea  que quienes deben ocupar los cargos, deben ser integrantes del propio Poder Judicial, sin demeritar que afuera haya abogados de gran trayectoria”, esto en alusión a que no existe en la Ley Orgánica la carrera judicial, lo cual debería ser tema prioritario para los diputados.

Menciona también que a partir de las reformas constitucionales, se ha hecho énfasis en los derechos humanos, por lo que ahora, con esas garantías, cualquier persona tendría el mismo derecho de concursar  para ser magistrado.

 “El decir que cualquier persona puede llegar a ser magistrado es de riesgo, porque no conoce la carrera judicial, de actuario, secretario, juez. Imagínate que llegue un político a ser magistrado, pones en riesgo los criterios de la administración de justicia”, considera el experimentado abogado, quien enfatiza que el Poder Judicial no debe politizarse.

CREAR LA FIGURA

El diputado presidente de la Comisión de Justicia, Juan Manuel Molina, afirma que el “haber de retiro” es una figura que existe en 22 estados de la República, aunque con diferentes esquemas, esto en función de la pauta marcada por ministros de la Suprema Corte, quienes no solo se van con esa pensión, sino además, con chofer y otras canonjías. “Ahí me parece que es excesivo, y es vitalicio”, comenta Molina, postulado por el partido Movimiento Ciudadano.

En el caso local, comenta que se han manejado comentarios de manera equivocada, que desde la pasada Legislatura se creó un fideicomiso para el “haber de retiro”, con documentos avalados por el Órgano de Fiscalización, donde se establece que ellos lo que solicitan es el 55% de lo que estuvieran percibiendo al momento de retirarse. Y que los magistrados no lo están solicitando de manera vitalicia, sino que fenezca a los 80 años de edad.

Molina explica que para acceder a ese fideicomiso se necesita la Reforma Constitucional, mencionando además que no se puede hacer un rasero por igual para todos los magistrados. “Hay gente que tiene 40 años en el Poder Judicial, han resuelto miles de asuntos y han dado seguridad jurídica a muchas personas, han alejado de la sociedad  verdaderos delincuentes o le han devuelto la libertad a personas”.

El legislador cachanilla refiere puntos clave, por ejemplo, el que si quieren el beneficio de un “haber”, existe un fideicomiso al que deben aportar. Incluso propone que si hay magistrados que pese a completar su ciclo legal, quieren seguir en el Poder Judicial, puede  crearse la figura de Magistrado en Retiro, y turnarlos al Instituto de la Judicatura  como investigador, conferencista o docente.

En cuanto a la controversia si los magistrados son empleados o patrones, Molina alude la reforma a la Ley de Servicio Civil, donde se les excluye como trabajadores junto con diputados y gobernador.

Menciona una facultad “perdida” en la Constitución local, donde se establece que el Congreso puede aprobar pensiones a personas que hayan prestado servicios importantes al Estado. “¿Tendrán un derecho? -se auto pregunta y responde-, es de analizarse, cualquier persona que haya prestado un servicio tiene derecho a que se le remunere esa situación. Hay magistrados que van a durar hasta los 70 años, pero otros van a durar 15, hay un magistrado que tiene que cumplir 40 años de carrera judicial y otro que tiene 18. ¿Podrás darle lo mismo?”, plantea.

Se le comenta que por todos esos años ya se les ha pagado bastante, a lo que el diputado indica que es necesario elaborar una “propuesta que no costara”, con un esquema donde se aproveche la experiencia, pero además, aporten al fideicomiso. “Si no, veo un esquema complicado”, y aclara que de no concretarse la Reforma Constitucional, el fideicomiso no puede ser tocado.

En el caso de los consejeros de la Judicatura, Molina afirma que la propuesta apenas llegó a la Comisión de Justicia el viernes 26 de septiembre, pero lo que hace más “ruido” es el tema de los artículos transitorios, donde plantean se extienda el nombramiento hasta 2016. “Cuando entraron, la Constitución decía que no podrían ser reelectos, si se quedan, ¿sería una reelección?”, inquiere.

“También menciona el tema que duren seis años y con posibilidad a reelección, punto que no ha encontrado símil en otros estados, aparte que no en todos los estados existe ese Consejo, y en entidades como Chihuahua -pioneros en el Nuevo Sistema de Justicia- no hay Consejo de la Judicatura”.

Hay otro elemento que tiene que ver con los tiempos, ya que en este mes tendrían que emitir la convocatoria para elegir a los nuevos consejeros que asumen a fines de noviembre. “Este tema ya ha generado ruido en el Poder judicial, entre magistrados, funcionarios y jueces. Los Colegios de Abogados que han enviado documentos se han manifestado en contra”, concluye Juan Manuel Molina.

MAGISTRADO VÁZQUEZ Y EL HABER DE RETIRO

En el caso del “haber de retiro”, el magistrado Víctor Vázquez se remite a lo sucedido con los ministros de la Corte y lo estipulado en la Constitución Federal. “Con base en eso, nosotros estamos pidiendo ese ‘haber de retiro’, hay aproximadamente quince estados que ya lo tienen”, señala.

De igual manera, expone la conformación de un fideicomiso -ya con presupuesto- y creado por Decreto, por lo que ahora plantean que el punto se eleve localmente a rango constitucional.

Sobre el tema si los magistrados son empleados o patrones, Vázquez se refiere a un criterio de la SCJN, donde “encarnan” al Poder Judicial, “no somos empleados, lo representamos”, dice, para añadir que por disposición de la Constitución, buscan tener los mismos derechos de los ministros.

Se le comenta que ellos como magistrados no han hecho una aportación a un fondo de retiro -similar a lo que harían en ISSSTECALI, por ejemplo- y asegura no poder responder en ese momento, dado que tendría que revisar las bases que se tuvieron para mandar la propuesta.

De la idea popular que la mayoría de la población vive en situación precaria, y en ese contexto los magistrados quieran una pensión vitalicia y al 100%, explica que hay tres tipos de magistrados: los que dejarán la función al cumplir 70 años, los que la dejan luego de cumplir 15 años de servicio y, en tercero, los últimos nombrados que no han pasado una ratificación, lo cual debe suceder al cumplir los primeros seis años.

Vázquez nombra casos de magistrados que han estado toda la vida en el Poder Judicial, por lo que infiere, merecen ese tipo de pensión.

En el caso de los consejeros de la Judicatura, considera que alargar el periodo “es cuestión de interpretación”, ya que se pospone dos años la selección y convocatoria para los nuevos, y que en esos dos años se implemente lo que se pretende mejorar.

Concretamente se le pregunta si está o no de acuerdo con la propuesta, y responde con un “no lo veo mal…”.

GALLARDO, RATIFICACIÓN

Por su parte, el diputado de PVEM e inicialista en el tema de los consejeros, Fausto Gallardo García, así lo explica:

“Cada vez la ciudadanía busca mayor transparencia en los procesos, ahora se acerca el periodo de renovación de los consejeros, lo que busco es establecer un procedimiento más claro para la designación”, dice en referencia a efectuar exámenes teóricos, meritorios, de oposición, psicométricos. “Si lo hacemos de esta forma nos dará mayores elementos para los legisladores que garantizaran que se dé una designación más justa, sobre todo que se está designando a las personas por la capacidad”.

De la ampliación a dos años, opina que a la actual Legislatura le quedan dos años, periodo en el cual tendrían que hacer las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial que establecerían estos preceptos.

Según Gallardo, se propone la ratificación porque busca la profesionalización de los funcionarios, y en cuanto al tema político y la presunta filiación “hankista” de los dos actuales consejeros, dice que “lo están politizando, el espíritu real es llevar a cabo mecanismos de mayor transparencia. Yo no pertenezco a ninguna corriente política, ni hankista ni priista; yo soy  legislador que se debe a la voluntad de la ciudadanía, y es a ellos a los que les doy los resultados. Es una simple propuesta…”, finaliza.

MENDÍVIL NO ESTÁ DE ACUERDO

A su vez, René Mendívil, coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional en el Congreso local, asegura tener conocimiento de la propuesta del “haber de retiro”, aunque no sabe el alcance de la iniciativa, ya que no ha sido turnada al grupo parlamentario del tricolor para su análisis correspondiente.

“Es un tema que necesitamos valorar con mucha objetividad, pero también con mucha responsabilidad”, detalla el priista, quien de manera personal, no está de acuerdo en que deba destinarse un “haber de retiro”.

De la propuesta relacionada con los consejeros de la Judicatura, se limita a declarar que “se está solicitando la opinión del área correspondiente”.

Por su parte, el diputado panista Cuauhtémoc Cardona estima que hay varios temas que involucran el Poder Judicial, por lo que vale la pena revisar junto con ellos una forma más integral, toda la estructura, la agenda de ese Poder.

“Por lo menos hay dos propuestas que extraordinariamente han entrado por Oficialía de Partes, ni siquiera se han presentado de manera verbal, no ante las Comisiones o el Congreso. Una tiene que ver con el ‘haber de retiro’ que manda el Tribunal, y otra con el asunto de los consejeros de la Judicatura, que es una iniciativa del diputado Fausto Gallardo”, explica Cardona, para agregar que se han planteado algunas ideas para llevar una agenda mucho más integral. Cita ejemplos como el de la diputada panista Mónica Bedoya, quien propuso el que las notificaciones judiciales puedan ser vía internet.

CARDONA, MAYOR TRANSPARENCIA EN TRIBUNAL

“A mí me parece que el Tribunal tiene que ir a que sus sesiones sean públicas, como lo hace la Corte a nivel nacional. Me parece que el Poder Judicial tiene que transitar ya a espacios de mayor transparencia”, sostiene Cardona Benavides.

En el caso del “haber de retiro”, refiere el mandato de carácter federal, aunque declara no estar de acuerdo ni convencido con ese beneficio. En contraparte, propone revisar la movilidad de los magistrados del Poder Judicial -pone el ejemplo de que los nuevos nombramientos sean por 15 años-, lo cual debe revisarse.

 “Me parece que eso interrumpe la propia carrera judicial, aunque nosotros nos manifestamos por revisar esta parte de la movilidad, pero de común acuerdo“, y en el caso del consejo de la Judicatura, estima necesario revisar la conveniencia de la existencia de ese organismo. “Más que por una aprobación fast track vía transitorio, como pretende el diputado Fausto Gallardo, haría un replanteamiento, si vale o no la pena el tener un Consejo de la Judicatura”, concluye el panista.

EL LABERINTO EN LOS JUZGADOS PENALES

En el edificio de los Juzgados Penales en Tijuana, los que están a un lado de la penitenciaría, nada es lo que parece. Las prisas por concluir una obra antes que la Presidenta del Tribunal, María Esther Rentería, deje de serlo en la primera semana de noviembre 2014, han trastocado la vida laboral y el orden del trabajo en el tercer piso, en el primero y hasta en el sótano.

Resulta que, según comentan empleados de esos Juzgados, “antes de irse la licenciada María Esther quiere inaugurar los juzgados de narcomenudeo, entonces hay obra por todos lados en el tercer piso, ella viene dos, tres veces por semana a ver los trabajos. Lo que quiere es que terminen en los primeros días de noviembre para poder inaugurar el juzgado y poner una placa con su nombre, el del gobernador Vega y algún diputado”.

Y efectivamente, el caos de alambres, varilla, ductos, tabla roca, cemento, yeso, clavos, polvo y pegamento está por todos lados.

Cuando se construyó el edificio, en la tercera planta se ubicaron estratégicamente dos departamentos, el administrativo y el de informática. Para este último se realizaron labores especiales como el cableado por los techos de ahí al resto del edificio para manejar la red central y las comunicaciones internas. El primer cambio vino cuando se aprobaron los juzgados para adolescentes.

Entonces la licenciada Rentería cambió a los administrativos al primer piso, dejó a los de informática en un rincón –costaba mucho cambiar la infraestructura de las redes internas– y abrió espacio en el tercer piso para los juzgados para adolescentes.

Pero hace unas semanas otra vez el cambio. Sacó a los juzgados para adolescentes del tercer piso y también a los de informática. Para ahí, en toda la planta tercera, construir los juzgados para narcomenudeo. A los de informática los cambió a la planta baja, a un pequeño espacio que antes estaba destinado para las copiadoras, mientras los juzgados para adolescentes los instaló en la misma planta baja en lo que era la sala de juntas.

En los cambios para acomodar los juzgados, los servicios administrativos y de contraloría, terminaron en el sótano del edificio. A un lado del estacionamiento, en una oscura bodega habilitada como estrechas oficinas, están los administradores y los encargados de la contraloría. Los expedientes financieros, de quejas y otros documentos, están apilados en la pared del estacionamiento donde los vehículos son estacionados en batería.

En el mismo estacionamiento pero tras los automóviles, se encuentran sillas, archiveros, cajones, y otros muebles que por el momento no tienen cabida en el edificio debido a la construcción. Los argumentos que dicen los empleados les han dado para tanto cambio, es que no hay presupuesto y en el mismo espacio deben acomodarse todos.

En el Juzgado para Adolescentes no fue tan fácil el cambio debido a los procesos que se llevan, además que la sala de juntas no contaba con el acondicionamiento para llevar a cabo las audiencias, pues en la planta tres incluso tenían celdas especiales para los menores que se presentaban a declarar. “No recibieron de entrada las instalaciones, se detuvieron algunos procesos, porque la licenciada Rentería quería que aceptaran el cambio sin estar en condiciones las instalaciones para mover todo el Juzgado desde el tercer piso. Finalmente hicieron los cambios y hace unos días se hizo el movimiento”.

Así, a marchas forzadas, con parches y documentación arrinconada en el estacionamiento, se lleva a cabo la habilitación de los Juzgados para narcomenudeo.

(SEMANARIO ZETA/ Sergio Haro Cordero/08 de Octubre del 2014 a las 17:25:00)