FUNCIONARIO CABEÑO EN RAPIÑA

La captura del coordinador de Protección Civil Municipal del XI Ayuntamiento de Los Cabos, Joaquín Téllez Álamo, acusado del delito de robo por la PGJE, evidencia la grave falta de control en la administración del alcalde José Antonio Agúndez Montaño

Los Cabos,  Baja California Sur.-Al momento de ser detenido -el  28 de septiembre de 2014-, Joaquín Téllez Álamo, coordinador de Protección Civil Municipal del XI Ayuntamiento de Los Cabos, tenía en su vivienda 200 artículos robados en negocios y supermercados de Cabo San Lucas.

De acuerdo a un reporte, las primeras indagatorias de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) exhibieron que “el funcionario municipal estuvo coordinando el pasado 16 de septiembre, parte del saqueo y pillaje de las tiendas Walmart y Sam’s Club, a bordo de un automóvil de color blanco, con logotipos oficiales, utilizando un aparato de radiocomunicación, cuando estacionado y en circulación, operaba desde la colonia El Arenal en Cabo San Lucas”.

Los propios vecinos del servidor público, e inclusive algunos trabajadores del responsable del sistema de Protección Civil Municipal, fueron los encargados de echarlo de cabeza, ofreciendo información y datos que llevaron al hallazgo de la mercancía sustraída ilícitamente, lo cual derivó en su captura.

La Agencia del Ministerio Público del Fuero Común recibió la información detallada en torno al caso y, de inmediato, inició la investigación, bajo el número de averiguación previa CSL/611/AMP5/2014.

La Policía Ministerial del Estado y la Unidad de Información e Inteligencia de la PGJE comenzaron el trabajo de ubicación de los artículos robados en un negocio particular del funcionario, después, en una vivienda en la colonia Miramar, y finalmente, en su domicilio particular, que se localiza en el exclusivo fraccionamiento El Tezal, en Cabo San Lucas.

Una vez ubicados y con los elementos en la mano, la Procuraduría General de Justicia del Estado requirió al servidor público, quien al verse descubierto, entregó lo siguiente:

01.- Una motocicleta color verde, marca Itálika.

02.- Cinco muebles para planchar.

03.- Cuatro bombas para inflar.

04.- Dos andaderas de color rosa.

05.- Seis llantas.

06.- Un equipo de sonido marca Nakazaki.

07.- Una estructura metálica.

08.- Dos sandwicheras.

09.-  Tres reproductores DVD.

10.- Una parrilla eléctrica.

11.- Cuatro vajillas.

12.- Tres carpetas de piel.

13.- Dos baterías de cocina.

14.- Dos abanicos para techo.

15.- Cinco cafeteras.

16.- Cinco mangueras de color verde.

17.- Un forro de asiento para vehículo.

18.- Una plancha.

19.- Tres hornos de microondas.

20.- Tres bocinas.

21.- Dos tablas para la playa.

22.- Dos raquetas.

23.- Dos limpiaparabrisas.

24.- Dos máquinas pulidoras.

25.- Un esmeril.

26.- Una bomba de aire eléctrica.

27.- Un costal de box de color negro.

28.- 60 cajas de juguetes.

29.- Tres bancos para barra.

30.- Un horno eléctrico.

31.- Dos cajas de ropa.

32.- Dos cajas de zapatos.

33.- Un camastro.

34.- Un condensador de aire acondicionado.

35.- Un asador de color negro.

36.- Una bicicleta de color rosa con cabeza de dinosaurio.

37.- Cinco galones de detergentes.

38.- Un extractor de jugos.

39.- Un exprimidor.

40.- Una patineta de color verde.

41.- Un peltre de color negro.

42.- Una tostadora, un bote de basura y ocho películas.

En suma, 156 artículos robados.

El funcionario del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, fue presentado y fichado en la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común, para después aparecer en una lista de 8 de los 62 saqueadores que, al cierre de edición, habían sido detenidos por la PGJE en Los Cabos.

Según datos recabados por ZETA, el servidor público no pisó la cárcel, únicamente fue presentado a rendir su declaración en torno al origen de los artículos. De acuerdo con su testimonio, “la mercancía había sido entregada por agentes de la Policía Estatal Preventiva y de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, los cuales habían sido recuperados después de haber sido sustraídos de algunos comercios, tras el paso del huracán ‘Odile’”.

Téllez Álamo se deslindó de haber participado en hechos delictivos, al justificar que si tenía mercancía robada en su hogar, fue porque tomó la decisión de “brindar mayor seguridad a los objetos, debido a las condiciones en que se encuentran nuestras oficinas de la coordinación de Protección Civil Municipal, por los daños causados por el huracán”.

En su declaración, comentó que la mercancía fue colocada en una habitación adjunta a su domicilio particular, y una vez que pasara la contingencia -explicó-, “iba a ser entregada a la autoridad correspondiente”.

Inclusive señaló que “no había entregado la mercancía en tiempo y forma, dado que seguíamos con la evaluación de daños, apoyo en entrega de despensas, revisión de escuelas y comercios, entre otras actividades en horarios extra, incluyendo sábados y domingos”.

El funcionario municipal agregó que el tiempo no le alcanzó porque “como cualquier ciudadano, tuve daños en mi negocio y en mi casa, por lo que tuve que realizar los trabajos de limpieza y reconstrucción”, además de reconocer: “Si bien es cierto, la autoridad municipal no reaccionó en los saqueos, sí se hizo un buen trabajo de prevención y auxilio a la población cuando pasó el huracán ‘Odile’”.

Obviamente, el primero en negar que agentes de la Policía hayan entregado mercancía robada para su resguardo al coordinador de Protección Civil Municipal, fue el propio comisario de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Guillermo Marrón Rosas.

“No es autoridad competente”, dijo tajante, para añadir: “Nunca entregamos ningún objeto para su resguardo a él, porque nosotros lo sabemos, y menos para que guarde los artículos en su casa; en dado momento tendría que haber sido en una oficina pública”.

El jefe policiaco retó que “sí (Téllez) dice haber recibido objetos de policías municipales, que exhiba los inventarios o diga cómo recibió o dónde se entregó, porque ya checamos con comandantes y mandos del sector, y nadie le entregó nada al señor.

“En nuestros archivos no obra nada de manera oficial, pero si hay algún elemento que haya entregado algo, seguramente fue a título personal, y cualquiera que haya sido tendrá que responder ante la justicia, por no hacer algo que no estaba dentro de sus facultades”, detalló Marrón Rosas.

En virtud del escándalo, Joaquín Téllez Álamo, quien además fungía como coordinador de la precampaña a alcalde y gobernador de los hermanos Narciso y José Antonio Agúndez Montaño, e integrante del Grupo Los Cabos, fue separado de su cargo público de manera temporal, por la Contraloría Municipal de Los Cabos.

Según el Órgano de Control Interno, el gobierno municipal no prejuzga al funcionario, quien habrá de ser suspendido temporalmente con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, hasta en tanto, la PGJE no resuelva en definitiva su situación jurídica.

“No habrá tolerancia para ningún funcionario público que haya formado parte de los actos reprobables en días pasados, por lo que independientemente de la investigación ministerial, iniciamos un proceso de investigación en contra del servidor público”, expuso la Contraloría en un comunicado de prensa.

Desde el punto de vista del psicólogo Édgar García, el comportamiento del coordinador de Protección Civil Municipal de Los Cabos, es “una actitud que exhibe a servidores públicos sin escrúpulos, valores y educación en tiempos de una tragedia, donde quedan en evidencia los graves vacíos de control del alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño.

“La conducta retrata de cuerpo entero a la clase política que gobierna Los Cabos, donde lo menos interesa es la vocación de servicio”, explicó a pregunta de ZETA.

OTROS IMPLICADOS

La rapiña gubernamental no solo fue exclusiva de la coordinación de Protección Civil Municipal de Los Cabos.

Los otros implicados son comandantes, subcomandantes y agentes de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, incluso un regidor y un dirigente del Sindicato de Burócratas.

Desde hace un par de semanas la PGJE recaba información, por lo que logró hacerse de un set fotográfico de patrullas repletas de mercancía robada.

En las imágenes se observa a policías que resguardan y cuidan celosamente decenas de artículos y productos extraídos ilícitamente de las cadenas comerciales Soriana, City Club y Walmart en Cabo San Lucas y San José del Cabo.

En el juego de imágenes se observan pantallas de plasma, estéreos, abanicos, aires acondicionados, computadoras, llantas, bolsas de ropa. Se aprecian también los rasgos físicos de los agentes de seguridad que habrían participado entre el 15 y el 19 de septiembre en el saqueo y pillaje de negocios, tiendas de convivencia y supermercados, tras el devastador paso del huracán “Odile” por Los Cabos.

En base al set fotográfico, las unidades oficiales identificadas hasta ahora y presuntamente utilizadas en los actos de rapiña son:

* DST-863, del Sector 5.

* DST-753, de Tránsito.

* DST, con número ilegible, del Sector 1.

Las fotografías son parte de las evidencias que la PGJE ha reunido en el inicio de las investigaciones de los saqueos a negocios y supermercados, y pretende acusar formalmente a los implicados en los delitos de robo a lugar cerrado y a negocio.

Al cierre de esta edición, la Unidad de Información e Inteligencia de la Procuraduría del Estado había logrado identificar los primeros rostros de servidores públicos involucrados en los hechos delictivos:

* Víctor Manuel Cota Burgueño. Comandante de Vialidad y Tránsito de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal en Cabo San Lucas.

* Enrique Cosío González. Subcomandante de la Policía.

* Alberto Pérez Castillo, agente.

Las primeras investigaciones de la PGJE determinan que el modus operandi de los policías, fue “en el punto más álgido de los saqueos, se colocaron a bordo de unidades oficiales en el perímetro de negocios, tiendas de convivencia y supermercados saqueados por una turba enardecida; comenzaron a detener personas con cosas de valor, retiraban los artículos y los echaban en las cajuelas de las patrullas”.

Según las pesquisas, los elementos de la corporación “soltaban a los responsables y los dejaban ir, y seguían quitando productos a la gente hasta llenar las unidades oficiales, entonces se retiraban del lugar y llegaban otras patrullas a repetir el procedimiento”.

Los propios gerentes y empleados de las cadenas comerciales atestiguaron los hechos y en determinado momento llegaron a pensar que los artículos serían devueltos por la Policía, ya que el acuerdo con la gente que saqueó los establecimientos comerciales, era que solamente podrían sacar víveres, agua e incluso ropa.

Sin embargo, pasaron más de 15 días y nadie regresó.

Por el contrario, según datos recabados por la PGJE, una buena parte de la mercancía recuperada fue a parar a casas de policías y viviendas de familiares, algunas fueron llevadas a bares, comercios y almacenes, cuyo paradero poco a poco se ha venido develando con las últimas detenciones.

En virtud de la presión ejercida, la Procuraduría ha tenido numerosas llamadas sobre el abandono de artículos y productos robados en vía pública, logrando la detención de personas que siguen apareciendo fotografiadas durante el punto crítico del saqueo, evidenciadas en Facebook mediante una cuenta denominada “Los Traidores de Los Cabos”.

LAS REACCIONES

El caso de la rapiña gubernamental ha despertado la ira de la sociedad cabeña, sobre todo porque -de acuerdo con el dirigente de la organización civil Sociedad Organizada Sudcaliforniana (SOS), Armando Sánchez Salcido- “el presidente municipal (José Antonio Agúndez Montaño) y hasta la Policía nos abandonaron a nuestra suerte y nos dejaron a merced de toda clase de criminales en el punto más álgido de los saqueos, la única presencia que hizo la Policía Municipal fue para unirse a los delincuentes y uniformados, y con patrullas oficiales, saquearon negocios y supermercados. Ahí están las fotografías que no me dejan mentir.

“Tenemos un fracaso completo y rotundo del gobierno municipal y estamos en un vacío de autoridad espantoso, a tal grado que tuvieron que venir las fuerzas federales y militares para lograr lo que hasta al día de hoy no están haciendo las autoridades municipales”, expresó.

Para el líder de la organización ciudadana, resulta “patético” y hasta “digno de dar lastima” que el alcalde cabeño haya salido decir “ya podamos estar tranquilos por la presencia de federales y militares”, reconociendo de esa manera su incapacidad como gobernante.

Agregó que el comisario de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Guillermo Marrón Rosas, “es un jefe policiaco inexistente, porque cada quien hace lo que quiere, y aunque hay una gran cantidad de muy buenos policías, los malos son los que prevalecen y controlan la corporación; no tiene la capacidad de entender que está totalmente rebasado, y quienes estamos pagando las consecuencias de todo eso, somos los propios ciudadanos”, acusó Sánchez Salcido.

Para el representante de SOS, la crítica hacia la autoridad municipal es prácticamente de toda la sociedad cabeña, lo cual quedó demostrado cuando en el peor momento, la ciudadanía tomó las calles y colocó barricadas en sus colonias, rechazando así la actuación de la Policía Municipal.

Sin tapujos, pidió que el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, renuncie de una vez al cargo, derivado del nacimiento de un movimiento social que al cierre de esta edición, exigía la destitución del edil, al no demostrar “más que ineptitud, omisión y ve tú a saber si haya hasta complicidad”, aseveró el líder de la organización civil.

“Ojalá las fuerzas federales y militares no se vayan a ir todavía, como comprometió el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, porque si eso pasa, esto se va a poner terrible, la sociedad ya está hasta la madre de todo esto. Ya estamos hartos de que esto esté fuera de control, porque estuvieron asaltando hasta a los choferes de los camiones, pasajeros, taxistas, comercios, joyerías, supermercados… hasta a turistas a plena luz del día y en pleno centro del destino turístico. Es un fracaso. Estamos ahorita sin gobierno municipal en Los Cabos”, remató Armando Sánchez.

Cabe destacar que desde el 20 de septiembre, un grupo de ciudadanos creó una cuenta en la red social Facebook, bajo el nombre “Destituyan a Tony Agúndez”, donde las primeras 700 personas agregadas criticaron duramente la ausencia del alcalde de Los Cabos en los primeros cuatro días de la contingencia, tras el paso del huracán “Odile”.

Los ciudadanos expresaron que “en tiempos de crisis es cuando un pueblo depende más de sus gobernantes, y el nuestro brilló por su ausencia”.

“Seamos el ejemplo de la comunidad en México, la que no dejamos que un empleado de sus votantes nos use para cobrar un cheque que no se ganó. Seamos los primeros en destituir a un funcionario público que no trabaja como debería y hagamos saber nuestro coraje”, transcribe la introducción de la cuenta en red social.

(SEMANARIO ZETA/ Gerardo Zúñiga Pacheco/ 08 de Octubre del 2014 a las 12:00:00)