¿Dónde
quedó la responsabilidad del alto mando del Ejército que aseguró en dos
comunicados oficiales que la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México,
había sido originada por un tiroteo entre soldados y presuntos secuestradores?
¿Dónde
quedó la responsabilidad de los mandos superiores, desde el coronel que era su
comandante hasta el comandante de la Región Militar en esta cadena de desatinos
y errores?
¿Quién
es el responsable de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)
mantuviera durante casi tres meses un discurso público de que la actuación de
los soldados estuvo apegada a derecho y que no había delito qué perseguir?
En
este asunto, alguien mintió o alguien fue omiso en investigar hechos que, desde
que se hicieron del conocimiento público el 30 de junio pasado, llamaron la
atención de propios y extraños por el elevado número de muertos.
Mandos
castrenses admiten que antes de que la revista estadunidense Esquire publicara
el testimonio de una presunta testigo, quien afirmó que los soldados
ajusticiaron a 21 personas, después de haberse rendido, al interior de las
fuerzas armadas había la inquietud de que algo raro había sucedido. Y sin embargo
la Sedena mantuvo el discurso oficial de que todo se hizo conforme a derecho.
En
aquel momento, el alto mando castrense no dudó en mantener su postura, pasando
por alto irregularidades obvias como el incumplimiento de los Protocolos de
Actuación que rigen la actividad de los militares en operativos y los
Protocolos sobre uso de la fuerza.
La
Procuraduría del Estado de México tampoco cumplió con su obligación de llevar a
cabo una investigación profesional sobre lo que ocurrió, porque los peritos
mexiquenses no se dieron cuenta que la escena del crimen fue alterada y que en
lugar de tiroteo ocurrió un ajusticiamiento, si nos atenemos a la versión de
los hechos dada a conocer por el procurador Jesús Murillo Karam cuando informó
que tres de los ocho militares involucrados serían acusados de homicidio doloso
"y lo que resulte".
Lo
menos que se puede decir es que hubo omisiones e incapacidad de autoridades
militares y civiles en este asunto y que, por lo tanto, hay mandos y
autoridades que no cumplieron su deber y que también deben ser llamados a
cuentas.
Porque
sería impensable que el alto mando hubiera tenido conocimiento de todo y
hubiera ocultado los hechos.
DESCONTENTO DE LA TROPA
Un
elemento adicional y preocupante es la reacción de elementos de tropa y de sus
esposas y familiares por la detención de los ocho soldados.
Las
redes sociales se convirtieron en el foro de denuncia, en el que miles de
personas (gran parte vinculadas de alguna u otra manera a las fuerzas armadas)
consideran que el alto mando del Ejército traicionó a los soldados, que los
dejó solos y, sobre todo, que no ha asumido ninguna responsabilidad ni auto
crítica por lo sucedido.
El
otro blanco de las quejas es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH) la cual, señalan los quejosos, se limita a defender a los delincuentes y
restringe los derechos de los militares que cumplen con la encomienda, impuesta
por gobiernos panistas y priístas, de asumir labores de seguridad pública que
no les corresponde y para las cuales no fueron entrenados ni capacitados.
Pareciera
que la tropa se siente desamparada, que está entre la espada y la pared porque
siente que no tiene apoyo de sus superiores, quienes no asumen responsabilidad
alguna.
A
qué grado llegó el descontento que algunos inconformes convocaron a una marcha
para el 11 de octubre próximo para exigir la libertad de quienes llaman
"héroes", por combatir a la delincuencia que azota al país.
Pareciera
descabellado, pero al interior de las fuerzas armadas hay quienes consideran
que, aun y cuando los soldados en cuestión fueran declarados culpables de
homicidio, y otros agravantes, el Ejército Mexicano tiene la obligación moral
de velar por las esposas y los hijos de éstos, de no dejarlos desamparados.
De
lo contrario, afirmaron, el golpe moral que sufriría la tropa sería enorme y,
en consecuencia, la moral al interior del Ejército Mexicano que costó tanto
levantar en los últimos años, sufriría un impacto negativo incalculable.
NUEVO FRACASO DEL CJF
Después
que sólo dos de 53 secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) pasaron la primer etapa del Concurso de Oposición
para la Designación de Jueces de Competencia Mixta con el que se pretendía elegir
a 25 jueces, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se vio obligado a emitir
una nueva convocatoria para tratar de cumplir con el mandato de designar a los
primeros jueces de competencia mixta que se especializarían en el nuevo sistema
penal.
El
resultado fue pésimo, de un número similar de aspirantes que habían tomado
parte en el primer Concurso, sólo 16 superaron la calificación mínima requerida
de 8.5.
En
total, 18 secretarios de Estudio y Cuenta (los dos del primer examen y los 16
del segundo) pasaron a una segunda etapa del Concurso de oposición.
La
situación obligó al CJF a bajar sus pretensiones, ya no serán 25 los juzgadores
elegidos, ahora serán únicamente 15, porque por disposición interna, el número
de aspirantes debe ser mayor que las los lugares en juego.
Pareciera
que la única salida para elegir jueces es la de bajar los estándares de
calidad, ¿será?
LA AUSENCIA DEL MINISTRO SERGIO VALLS
La
ausencia recurrente del ministro Sergio Valls en las sesiones de pleno y de la
segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe hacer
reflexionar al Congreso de la Unión sobre la necesidad de que reducir la
votación calificada para determinar la invalidez de una norma.
Durante
las sesiones en las que el pleno resolvió 60 acciones de inconstitucionalidad
en contra de la legislación electoral de más de una docena de entidades, fueron
muchos los casos en los que la mayoría que consideraba inconstitucional un
precepto se quedó a un voto de lograr su objetivo.
Es
difícil adivinar cómo hubiera votado Valls -quien en los dos últimos meses ha
asistido de manera esporádica a las sesiones de pleno y sala, debido a una
enfermedad- en esos casos. Pero es evidente que al no estar presente, las
posibilidades de anular una norma fueron menores.
En
la segunda sala hay asuntos cuya resolución se ha aplazado por que falta el
voto decisorio de Valls, incluso, en más de una ocasión, un ministro de la
primera sala ha tenido que ir a votar a la segunda sala para desempatar una
votación.
No
es la primera vez que la Corte sufre por la ausencia prolongada de alguno de
sus miembros. En años anteriores pasó algo similar con el extinto Humberto
Román Palacios.
El
Congreso debe modificar la ley para que la mayoría calificada que determine la
invalidez de una norma dependa del número de ministros presentes, no de ocho
votos como lo establece la ley actualmente.
O
de lo contrario, debe ajustarse las tuercas para que cuando un ministro no esté
en condiciones para continuar con el cargo, exista un mecanismo ágil para
sustituirlo en sus funciones, ya sea de manera temporal o definitiva.
La
intensa labor que desarrolla la Suprema Corte exige la presencia de 11
ministros de tiempo completo.
(LA
JORNADA/ JESÚS ARANDA/ VIE, 03 OCT 2014
09:02)
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