Es un elemento clave en la muerte de 22
personas, señalan fuentes castrenses
El
teniente de la tropa podría ser condenado hasta a 30 años de cárcel en el fuero
militar
Tanto
en el fuero militar como en el federal, en la investigación, sobre los hechos
ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, estado de México, se ha dejado de
lado un elemento clave: la participación de un coronel, quien estaba al mando
de los soldados que actuaron en el presunto ajusticiamiento de 21 personas.
De
acuerdo con fuentes castrenses consultadas, el coronel llegó al lugar una hora
después del enfrentamiento y, hasta el momento, no ha sido vinculado en ninguna
de las indagatorias.
Sin
embargo, por ser el responsable directo de los soldados que participaron en el
tiroteo y en la muerte de los 22 presuntos delincuentes (21 de ellos habrían
sido ajusticiados, según una testigo presencial), llama la atención que hasta
la fecha el oficial no haya sido vinculado con los hechos.
Trascendió
que aun cuando no tuvo participación directa en lo sucedido, por estar al mando
de los soldados referidos podría ser objeto de sanciones tanto del fuero de
guerra como de la justicia federal.
Por
otro lado, se dijo que los ocho militares que son investigados por esos hechos
(a quienes ya se les dictó auto de formal prisión en el fuero castrense)
continuarán detenidos en el Campo Militar Número Uno hasta que les sea dictada
sentencia definitiva. Tres de ellos están en espera de que un juez federal los
someta a proceso por homicidio y lo que resulte, cuando pasarían, de
encontrarlos culpables, a una cárcel federal.
En
relación con las acusaciones contra el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez y
los siete soldados sujetos a proceso en el fuero de guerra, fuentes
extraoficiales señalaron que el oficial podría ser sentenciado hasta a 30 años
de cárcel por infracción de deberes y desobediencia, sólo en el ámbito
castrense, sin tomar en cuenta la acusación de homicidio calificado y lo que
resulte que le imputó la Procuraduría General de la República (PGR).
En
tanto, los siete elementos de tropa tendrían que ser absueltos de los delitos
del orden militar, en razón de que ellos, al no tener mando, no pueden ser
objeto de esas acusaciones.
Por
otra parte, fuentes oficiales confirmaron que el día en que ocurrió el tiroteo
y la muerte de los presuntos delincuentes, los últimos en llegar a la escena
del incidente fueron los peritos y los agentes del Ministerio Público de la
Procuraduría General de Justicia del Estado de México.
Antes
que ellos arribó un grupo de elementos de la Armada de México dedicados a
auxiliar en labores de seguridad pública en la entidad mexiquense, quienes se
limitaron a definir un cerco de seguridad perimetral, pero no tuvieron nada que
ver con el levantamiento de los cadáveres ni con la recolección de pruebas o
testimonios.
La
información sobre la actuación de los marinos y de los peritajes hechos por la
procuraduría mexiquense ya obran en el expediente de la investigación que abrió
la PGR, pero también, ya fueron turnados a la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, la cual presentaría en los primeros días de noviembre su informe sobre
estos hechos, según prometió hace unos días el ombudsman nacional, Raúl
Plascencia.
(LA JORNADA/ JESÚS ARANDA/ VIERNES 3 DE
OCTUBRE DE 2014, P. 10)
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