Ministros,
funcionarios de alto rango y empresarios protagonizan el mayor escándalo de
corrupción de la última década en Brasil, en un caso que incluso podría
amenazar las aspiraciones reeleccionistas de la mandataria Dilma Rousseff. Se
trata del abuso, desde el poder, de los recursos de la empresa estatal
petrolera, cuyas ganancias se repartían políticos y partidos.
RÍO
DE JANEIRO (Proceso).- La brasileña es una sociedad acostumbrada a los
escándalos políticos: es rara la semana en la cual no aparezca en las primeras
planas alguna turbia trama que involucre a funcionarios, partidos políticos o
empresas.
Pero
la tormenta desatada hace unas semanas por el descubrimiento de una maquinaria
de lavado y desvío de dinero por medio de Petrobras, la empresa nacional
petrolera de Brasil, no deja de crecer y amenaza con gangrenar la campaña para
las elecciones presidenciales del próximo 5 de octubre.
Fundada
en 1953, Petrobras fue desde sus inicios una empresa estatal con metas
ambiciosas. Ya era importante para los gobiernos en turno, pero su papel
político fue catapultado en 2006, cuando Brasil entró al selecto club de
potencias petroleras al hallarse en sus costas yacimientos profundos con
enormes reservas de crudo.
En
su informe anual de 2013, la Agencia Internacional de la Energía estimó que,
gracias a esos yacimientos, Brasil puede convertirse en uno de los 10 mayores
productores de crudo para 2015, si hace las inversiones necesarias.
Quien
en 2006 era mandatario –y supuestamente aspiraría a otro periodo presidencial
en 2018–, Luiz Inacio Lula da Silva, afirmó que esos pozos provocarían un
vuelco en la balanza energética de Brasil al convertirlo de importador en un
gran exportador. Los ingresos de la explotación del crudo, dijo, irían a parar
fundamentalmente a las clases desfavorecidas, en forma de salud pública y
educación, dos de los retos más apremiantes del país.
Su
sucesora, actual presidenta y candidata a la reelección, Dilma Rousseff, puso
encima de la mesa una cifra que iría destinada a esos dos sectores: los
ingresos equivalentes a 75% del total de regalías y a 50% de la venta de
petróleo.
Para
acometer esa tarea –que beneficiaría sobre todo a la base social del Partido de
los Trabajadores (PT), el cual se atribuye el mérito de haber elevado el nivel
de vida de 50 millones de personas al estándar de clase media en una década–,
Brasil y Petrobras deben invertir una suma colosal: 102 mil millones de
dólares, confirmó la presidenta de la petrolera, María das Gracas Foster, el 2
de junio pasado.
Esa
cantidad es necesaria porque el petróleo recién descubierto no es de fácil
acceso: está a profundidades de hasta siete kilómetros y bajo una capa de casi
2 mil metros de sal del lecho marino. El objetivo es utilizar esas reservas
para duplicar la producción petrolera actual, pasando de unos 2 millones de
barriles diarios de crudo a 4.2 millones en 2020.
Esa
revolución ha atraído a cientos de empresas de todo el planeta a Río de
Janeiro, capital petrolera de Brasil, las cuales no sólo pelean por tener
acceso a los yacimientos por medio de duras licitaciones, sino que también
compiten por suministrar todo tipo de material y servicios asociados con la
exploración y explotación del crudo. El negocio en juego es multimillonario y,
según lo revelado en las últimas semanas, la clase política gobernante –que
controla la petrolera, al ser el Estado el mayor accionista– no está dispuesta
a renunciar a sacar tajada. Al menos algunos.
CONFESIONES
El
frenesí de inversiones y licitaciones generado por el boom de los hidrocarburos
estaba siendo aprovechado por algunos para enriquecerse por conducto de las
operaciones de Petrobras con otras empresas, como se evidenció el 14 de mayo
pasado cuando el Senado abrió una investigación al respecto.
Una
comisión mixta de 13 legisladores fue creada para esclarecer una de las
operaciones más turbulentas en torno a la petrolera: La adquisición en 2006 de
50% de una refinería en Pasadena (California) por 360 millones de dólares,
cuando 100% de la infraestructura había sido comprada un año antes por la belga
Astra Oil por 42.5 millones de dólares, según datos publicados por el Senado y
Petrobras.
El
costo total de la operación fue mayor, pues por decisión judicial en 2008 la
petrolera tuvo que adquirir el resto de la refinería. Petrobras acabó
desembolsando mil 180 millones de dólares por la instalación, más de 27 veces
el costo de ésta en 2005.
Por
si faltaran elementos para una novela, la entonces presidenta del Consejo de
Administración de Petrobras era la hoy presidenta Rousseff.
Con
este expediente, las denuncias por sobrefacturación, pago de propinas a
funcionarios de Petrobras y corrupción en general no han dejado de crecer en
los últimos meses.
No
ha ayudado que la comisión senatorial encargada de interrogar en audiencias
públicas a personajes clave de la trama se haya revelado como una farsa: un
video hecho con cámara oculta mostró que varios de los senadores de la comisión
e integrantes de la coalición política gobernante estaban enviando
anticipadamente las preguntas a los interrogados.
A
la opinión pública sólo le queda la esperanza de que la investigación judicial
–que avanza en paralelo a los trabajos del Senado– lleve a resultados concretos.
Pero
el caso dio un vuelco el 29 de agosto pasado, cuando uno de los hombres clave
en la trama, Paulo Roberto Costa, director de Abastecimiento y Refinación de
Petrobras entre 2004 y 2012 –y preso desde marzo pasado– decidió hablar. Sus
declaraciones, publicadas en exclusiva por la revista Veja el miércoles 10, han
sido como un torpedo a la línea de flotación de la formación que ha gobernado
Brasil los últimos 12 años –el PT– y a la gestión de la propia Petrobras,
considerada poco menos que patrimonio nacional por los brasileños.
Costa
asegura que, para lograr ser suministrador de Petrobras, toda empresa debe
pagar a partidos políticos y a sus miembros destacados un porcentaje –en torno
a 3%– de los contratos firmados. Asimismo dice que funcionarios de Petrobras
–entre ellos él mismo– utilizan esas transacciones para enriquecerse con
comisiones de contratos con precios inflados.
Entre
los implicados figurarían el tesorero del PT, Joao Vaccari Neto; el ministro de
Minas y Energía, Edison Lobao; el presidente del Senado, Renan Calheiros; e
incluso Eduardo Campos, candidato del Partido Socialista Brasileño (PSB)
fallecido en un accidente aéreo el 13 de agosto pasado.
Según
lo revelado hasta la fecha, al menos un ministro, tres gobernadores, 25
diputados y seis senadores habrían sido señalados por Costa. El monto de lo
desfalcado entre mayo de 2004 y abril de 2012 alcanzaría, según la misma
fuente, mil millones de dólares.
“Petrobras
ha sido manejada por el gobierno a su antojo y por eso se encuentra en esa
situación”, dice a Proceso Rodrigo Constantino dos Santos, director del
Instituto Liberal de Río de Janeiro y uno de los economistas más críticos con
la gestión petrolera del Ejecutivo.
Mientras
el PT contiene la respiración y cruza los dedos para que Costa no implique a
Lula o a Rousseff, los ataques políticos no han dejado de venir de todos los
frentes. Marina Silva, candidata del PSB y probable contendiente frente a
Rousseff, arremetió el martes 9 contra la mandataria: “Quien mantuvo a toda esa
cuadrilla que está acabando con Petrobras es el actual gobierno, que dejó que
todos esos desmanes sucedieran en una de las empresas más importantes del
país”.
Sin
embargo las encuestas no muestran que Rousseff esté afectada: en la del martes
23 realizada por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística la
candidata del PT lidera con 36% de la intención de voto la primera ronda de las
elecciones, contra 27% de Silva.
Ante
las posibles consecuencias, algunos personajes de renombre han tomado
precauciones.
Foster,
presidenta de Petrobras y mujer de confianza de Rousseff, habría traspasado por
medio de donación varios inmuebles a familiares en vísperas de que un tribunal
dictaminara su investigación por supuesta implicación en el escándalo de
Pasadena.
Así
evita, si la encuentran culpable, tener que abonar con sus propiedades parte de
los 792 millones de dólares que la fiscalía estima sobrefacturados a la
empresa.
Por
si fuera poco, la donación de inmuebles –revelada por la prensa el 22 de
agosto– también afectaría a otro antiguo alto ejecutivo investigado: Nestor
Cerveró, director del Área Internacional de Petrobras hasta hace unos meses.
Todo ello despierta sospechas de continuas filtraciones de la justicia a la
política que impiden depurar verdaderamente responsabilidades.
El
de Pasadena puede no ser el único escándalo reciente de Petrobras, que ya tiene
el mérito de haber protagonizado el mayor caso de corrupción en Brasil de la
última década.
El
Tribunal de Cuentas de Brasil también analiza la construcción de la refinería
Abreu y Lima, en Pernambuco, pues el precio de la obra, inicialmente de 2 mil
millones de dólares, llegó a 18 mil millones.
El
Tribunal estima que en la construcción de la refinería, con capacidad para 230
mil barriles diarios y que empezaría a funcionar en noviembre próximo, hubo
sobrefacturación.
(PROCESO
/ REPORTAJE ESPECIAL/ ANDRÉS CARVAS/ 4 DE OCTUBRE DE 2014)
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