WASHINGTON
(apro).- El gobierno de Barack Obama pidió de manera enfática al de Enrique
Peña Nieto que autoridades civiles no militares investiguen exhaustivamente el
incidente ocurrido en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el pasado 30
junio en el que elementos del Ejército mexicano fusilaron presumiblemente a 21
civiles.
“Como
en todos los casos donde las fuerzas de seguridad hacen uso de la fuerza letal,
creemos que es imperativo que exista una revisión creíble de las circunstancias
y que las autoridades civiles apropiadas lleven a cabo esas investigaciones”,
planteó Jeff Ratkhe, portavoz del Departamento de Estado.
Luego
de que la agencia AP y la revista Esquire Latinoamérica tumbaron la versión
oficial al presentar evidencias contundentes sobre una probable ejecución
extrajudicial, la administración de Obama se sintió obligada a intervenir
indirectamente sobre el asunto.
“Hemos
visto los reportes recientes y le estamos dando seguimiento a este caso”,
advirtió el vocero del Departamento de Estado.
El
gobierno de Obama está legal y técnicamente obligado a que se realice una
investigación del caso de Tlatlaya, debido a su papel de proveedor de equipo
militar, financiamiento económico, de tecnología, asesoramiento de inteligencia
y logística para las fuerzas de seguridad de México bajo la llamada Iniciativa
Mérida.
Por
ello Obama está obligado a establecer ante el Congreso federal estadunidense
que toda asistencia que proporciona al gobierno mexicano para combatir al
crimen organizado no se involucra en actos de violación a los derechos humanos,
sobre todo los cometidos por el Ejército o la Marina mexicanos.
“Desde
junio venimos siguiendo este caso, y hemos alentado al gobierno de México a que
lo investigue, pero también tenemos entendido que varias entidades mexicanas lo
están haciendo”, subrayó Rathke.
A
los pocos días de ocurrida la matanza de Tlatlaya, registrada a un kilómetro
del poblado San Pedro Limón, la agencia de noticias estadunidense Associated
Press (AP) fue la primera en reportar que, de acuerdo con testimonios de
pobladores, los soldados mexicanos no mataron a las 22 personas en un
enfrentamiento a tiros.
El
despacho de la AP apuntaba a que los soldados mexicanos habían detenido a un
grupo de jóvenes y que los metieron a una bodega, donde después fusilaron a los
presuntos delincuentes.
Esta
semana la revista estadunidense Esquire, en su edición para México y
Latinoamérica, abonó sobre el asunto con una entrevista a una joven que
sobrevivió a lo acontecido en la bodega de la población de San Pedro Limón.
La
joven sobreviviente, a quien Esquire protegió no revelando su identidad, narró
que los soldados únicamente mataron a un joven durante el enfrentamiento, pero
después los presuntos delincuentes se rindieron.
La
sobreviviente destacó que, pese a la rendición de los jóvenes, éstos fueron
desarmados y llevados a la bodega, y que incluso, antes, los militares habían
ejecutado a una joven menor de edad con disparos en el pecho.
En
la bodega, la joven aseguró a la revista estadunidense que los soldados
fusilaron sin piedad a 21 jóvenes, y que las muertes no ocurrieron en una
refriega, como sostienen el gobierno y Ejército mexicanos.
“Como
socios de México estamos comprometidos en la lucha contra el crimen
transnacional organizado, y claro que para nosotros está vigente el marco de la
Iniciativa Mérida, la cual tiene respaldo bipartidario en el Congreso; es por
ello mantenemos un diálogo de alto nivel con México”, remató el portavoz del
Departamento de Estado.
HRW, LA PEOR MASACRE
El
director de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo este
viernes 19 de septiembre que si es cierto el testimonio de una madre que dice
que su hija fue asesinada por el Ejército mexicano en un incidente ocurrido a
finales de junio que dejó a 21 muertos más, “nos encontraríamos frente a una de
las más graves masacres ocurridas en México“.
“Es
muy importante que mantengamos la presión sobre las autoridades para que pronto
produzcan la información para que sea examinada por el público en México”, dijo
Vivanco a The Associated Press.
La
víspera, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que
investiga las circunstancias del enfrentamiento entre el Ejército y presuntos
narcotraficantes en junio pasado, a pesar de que en un principio hizo caso
omiso con el argumento de que eso correspondía a las autoridades federales.
(RIODOCE/
REDACCION/ septiembre 19, 2014)
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