El doctor José Manuel Mireles Valverde ríe, llora, se emociona y
suelta una carcajada cuando su abogada Talía Vázquez Alatorre le cuenta
las muestras de apoyo que está recibiendo a raíz de su detención, cuando
se entera que la gente se está rapando la cabeza en señal de
solidaridad. En seguida, con entereza y convicción, reconoce que la
cárcel, era un escenario previsto en su actividad como autodefensa y
lanza la definición de su situación: Soy un preso político.
El preso número 5557 del Centro Federal de Readaptación Social
(Cefereso) 11 ubicado en Hermosillo, Sonora, luego de que el juez
federal Armando Wong le dictó auto de formal prisión en la causa penal
137/2014, junto a sus tres escoltas Javier Reyes Magaña, Salvador
Mendoza García y Gerardo López Casillas, por los presuntos delitos de
“portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y contra la
salud, en su modalidad de narcomenudeo en la variante de posesión simple
de mariguana y cocaína”.
Delitos que, según su defensa, son falsos: Estamos en contra del auto
de formal prisión por dos cosas: una, por las graves violaciones al
debido proceso y otra, por las declaraciones de los funcionarios
públicos que lo colocan como preso político, dice en entrevista con La
Jornada la abogada Talía Vázquez Alatorre, quien cuenta los detalles de
su visita de una hora a su defendido en la prisión.
La defensa del doctor Mireles prepara el amparo, la apelación y
paralelamente una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH): Tenemos 15 días hábiles para ir contra el auto de formal
prisión, mientras el juicio sigue, pero pretendemos llegar hasta
instancias internacionales como la CIDH, donde ya iniciamos el trámite.
Alfredo Castillo no cumple
De acuerdo con el expediente de manifestaciones para resolver la
situación jurídica del doctor Mireles, al que ha tenido acceso La
Jornada, el abogado Salvador Molina Navarro hace un alegato sobre la
obediencia al derecho y la justificación de las autodefensas con base en
un análisis presentado por el académico Jaime Cárdenas, donde
argumentan la inimputabilidad contra los procesados debido a que
pertenecían a un conocido movimiento social como el de autodefensas de
Michoacán.
La defensa considera que el doctor y sus tres escoltas son víctimas
de una detención ilegal, realizada sin orden de aprehensión y sin
tratarse de un caso de flagrancia o de urgencia, lo cual contraviene el
artículo 16 constitucional. Argumentan que el doctor Mireles Valverde
sufrió actos de tortura y existe una omisión del juez, al no investigar
los hechos, además de que no se le permitió hacer la debida llamada a un
defensor dentro del plazo señalado por la ley y las pruebas presentadas
por la autoridad fueron sembradas, lo cual las convierte en falsas e
ilícitas.
Señalan que la tortura, como la que fueron víctimas los inculpados,
incluso desde su detención, agravándose aún más en la persona de José
Manuel Mireles Valverde, pues fue vendado sin motivo ni justificación
alguna, haciéndole creer que lo lanzarían al mar, incluso impidiendo su
comunicación inmediata como es derecho inalienable, anula todas y cada
una de las pruebas que el Ministerio Público pudiera recabar en la etapa
de investigación, dice el texto de los alegatos a favor del doctor
Mireles, que consta de 55 páginas.
Entre los argumentos presentados, está el de legítima defensa, propia
y colectiva, debido a que el gobierno no ha garantizado la seguridad en
Michoacán.
De aquí el estado de necesidad en la que se encuentra la sociedad al
carecer de seguridad jurídica por parte de las fuerzas del Estado.
Resulta evidente la falta de la seguridad jurídica en que se encuentran
los habitantes de diferentes sectores de la población; se encuentran
desprotegidos ante los atentados contra su integridad, tanto fisca como
patrimonial, por las organizaciones de crímenes organizados. A
consecuencia de ello y como reacción a un ataque a su integridad física y
patrimonial, se encuentran en la plena necesidad de defender por sí y
colectivamente sus bienes. De ahí se desprende el resultado de la
conducta que se emplea para salvaguardar los bienes de la población, al
posesionarse de cualquier medio de defensa que le sea factible, para
repeler las agresiones de sus transgresores.
La defensa insiste que el doctor Mireles es un preso político debido a
que han sido funcionarios como el comisionado para la Seguridad en
Michoacán, Alfredo Castillo, y el secretario de Gobernación, Miguel
Ángel Osorio Chong, quienes han declarado que el detenido está preso por
no haber cumplido los acuerdos del mes de mayo.
La abogada Talía Vázquez precisa: “Quien no cumplió ninguno de los
acuerdos fue Castillo. No liberó a los 517 presos de los grupos de
autodefensas, tan solo en Michoacán; tampoco liberó a Hipólito Mora
antes del 10 de mayo. Y, sobretodo, no cumplió con el arresto de La Tuta
y tampoco restableció el estado de derecho. No pasó nada. Quien rompió
el pacto fue Alfredo Castillo y no el doctor Mireles. Esto también
demuestra que es un preso político”.
Tomado de La Jornada.
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