José Manuel Mireles, quien fuera jefe de todas las
autodefensas de Michoacán, fue capturado porque osó cuestionar la
estrategia anticrimen del presidente Enrique Peña Nieto en esa entidad,
asegura Ana Valencia, esposa del médico. El trato que su compañero ha
recibido, abunda, está lleno de irregularidades: Ha sido maltratado,
humillado y lo han intentado engañar; no le hicieron prueba antidoping
pese a que lo acusan de poseer droga para consumo personal, y aunque su
juicio se desahoga en Uruapan, Michoacán, lo trasladaron a Hermosillo,
Sonora.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con un amplio operativo militar y policiaco,
José Manuel Mireles fue detenido, esposado y encapuchado la tarde del
26 de junio mientras comía una pierna de pollo en la comunidad de La
Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Horas antes había
recibido mensajes por radio y teléfono: sus allegados le advertían que
se estaba preparando un golpe en su contra. Pensó que éste provendría de
Los Caballeros Templarios, pero se trataba de una acción del gobierno
federal, que lo detuvo por haber “desafiado al Estado”, según palabras
del comisionado Alfredo Castillo.
Luego de un par de visitas al penal de alta seguridad de Hermosillo,
Sonora, Ana Valencia, esposa de Mireles, asegura que a su esposo le
pusieron una trampa, y le manda un mensaje al presidente Enrique Peña
Nieto:
“Mi esposo es un luchador social, no un criminal. Se equivocaron de
persona. Si no les gustó lo que estaba diciendo, no debieron haber hecho
las cosas así, inculparlo por droga… Jamás van a ganar porque no es
narcotraficante ni adicto a las drogas ni asesino. Es un luchador
social, un líder de años, aquí y en Estados Unidos.”
Para Ana Valencia, su marido es un preso político. Considera que lo
detuvieron porque le dijo al presidente que no estaba de acuerdo con su
estrategia anticrimen en el estado de Michoacán.
“A la mejor no supo medir lo que hablaba en televisión, pero hizo uso
del derecho de expresión que tenemos todos. Que el señor presidente
recuerde que le ayudó a limpiar 90% de Michoacán; que tome en cuenta
eso, que le ayudó a hacer más bien que mal. Le pido que le den
oportunidad de defenderse como debe de ser, porque el hecho de que el
juicio esté en Uruapan, y él en Hermosillo, es un desgaste moral y
económico, y no somos personas ricas”, abunda la señora.
Entrevistada telefónicamente el jueves 3 por la noche, asevera que su
compañero permanece en una celda pequeña, “como si fuera caja fuerte,
con una puerta de metal de varias pulgadas de grosor, por la que le
pasan la comida a través de un orificio. No tiene comunicación con
nadie”. Aunque se enteró de que ya lo están tratando de su diabetes,
apunta que aún lo ve mal porque la alimentación es poca.
(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1966, ya en circulación)
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