Una cadena de sentencias en favor de manifestantes
encarcelados evidenció la recurrente violación a las garantías
individuales que se padece en la capital del país desde que Miguel Ángel
Mancera y Enrique Peña Nieto llegaron al poder. Según dos amparos, la
policía de la Ciudad de México realizó detenciones arbitrarias y los
jueces locales entablaron procesos de paja contra al menos cinco
activistas.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La obstinación del Gobierno del Distrito
Federal (GDF) por mantener presos a manifestantes sigue haciendo crisis.
Sin entrar al fondo de las irregularidades procesales, dos amparos
evidenciaron que, desde el auto de formal prisión, la autoridad violó
las garantías constitucionales de los detenidos y no aceptó las pruebas
con que los inculpados intentaban demostrar su inocencia.
En entrevista, defensores, familiares y amigos que han integrado
comités de apoyo para los prisioneros, consideran que el amparo es
apenas una esperanza. Dicen estar convencidos de que el gobierno de
Miguel Ángel Mancera ha convertido a los procesados en “referentes de la
criminalización de la protesta social”, es decir, en “presos políticos y
de conciencia”.
El pasado 7 de marzo, Luz María Ortega Tlapa, titular del Juzgado
Octavo de Amparo en Materia Penal, resolvió que fue inconstitucional el
auto de formal prisión que el Juzgado Cuadragésimo Penal del Distrito
Federal dictó contra el joven Ilia Adad Infante Trejo el 10 de octubre
de 2013. La tarde del viernes 4 el muchacho obtuvo su libertad.
Posteriormente, la misma juez constitucional resolvió en el mismo
sentido los amparos promovidos por Iribar Ibinarriaga Ramírez, Adrián
Gutiérrez Miguel, Víctor Efrén Espinoza Calixto y Salvador Reyes
Martínez –quienes junto con Infante Trejo fueron capturados el pasado 2
de octubre durante las protestas conmemorativas por la masacre de
Tlatelolco en 1968–.
Otros dos muchachos –arrestados también aquella jornada, José Daniel
Palacios Cruz y Abraham Cortés Ávila– están a la espera de una
resolución similar. Al cierre de esta edición, el Juzgado Penal
capitalino sólo había ejecutado el amparo de Infante Trejo y todos los
demás indiciados permanecían en el Reclusorio Norte.
Los acusados fueron aprehendidos en avenida Reforma durante un
operativo en el que la policía capitalina detuvo a decenas de jóvenes y
que concluyó con la consignación de los mencionados, así como del
activista Alejandro Bautista.
Conforme a los testimonios de los inculpados, difundidos por Proceso
en sus ediciones 1933 y 1943, aquel 2 de octubre un numeroso grupo de
personas, la mayoría menores de edad, fue rodeado por granaderos y
acorralado frente al edificio número 93 de Paseo de la Reforma. Por esa
razón, los atrapados fueron conocidos como “los encapsulados de Reforma
93”.
En entrevista telefónica, Ilia Adad expone que ese día, luego de
varias horas de llevarlos por diferentes lugares y patios, un mando
policiaco que se encontraba en instalaciones de la delegación Gustavo A.
Madero seleccionó a los siete jóvenes hoy encarcelados, a quienes les
dijo: “Ustedes van a ser los pagadores del desmadre”.
El 10 de octubre siguiente se les dictó el auto de formal prisión por
ataques a la paz pública, daño doloso en propiedad privada en pandilla y
ultrajes a la autoridad. Para esa determinación el juez se basó en los
dichos de dos policías y no aceptó pruebas de descargo por parte de los
implicados.
Entre las irregularidades que aún no se resuelven está la
manipulación del material probatorio. El abogado defensor Rubén Díaz
mostró a este semanario dos videos: En el original se ve a Abraham
Cortés lanzando una botella de refresco que ni siquiera impacta en la
línea de granaderos. En cambio, en la grabación editada que la fiscalía
presentó al juzgado se ve a Cortés arrojando el envase, pero en vez de
dejar correr la toma se intercambia por otra de un policía en llamas.
Sentencias expeditas
Los amparos concedidos a los “encapsulados de Reforma 93” se
emitieron luego de una andanada de sentencias que, en dos casos, han
sido confirmadas por magistrados capitalinos:
Alejandro Bautista y Jorge Mario González García fueron sentenciados
en enero a cinco años y siete meses de prisión, por lo que no alcanzan
libertad condicional. Ambos apelaron sus sentencias, pero la Quinta Sala
Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal las
confirmó, al primero, el 6 de marzo, y al segundo, el 21 (Proceso 1943).
Bautista encabezó en los últimos años un movimiento de los pueblos
originarios del sur de la Ciudad de México. Su organización rechaza
proyectos urbanísticos públicos y privados que implican el despojo de
tierras en diferentes comunidades de la delegación Tlalpan. El joven no
tiene antecedentes penales y en su activismo ha utilizado siempre la vía
judicial, pues ha interpuesto al menos 11 denuncias penales contra
autoridades delegacionales y capitalinas, incluido el anterior jefe de
gobierno, Marcelo Ebrard.
Fue detenido el 2 de octubre, mientras videograbada los disturbios de
encapuchados y las agresiones de policías. Se le acusó de ataques a la
paz pública en pandilla y ultrajes a la autoridad. No existen pruebas de
sus presuntos delitos, sólo la declaración de dos policías. En
contraparte, él quiso aportar videos que demuestran su inocencia, pero
no se los aceptaron.
Jorge Mario González se opuso a las reformas que el rector José Narro
Robles impulsó en la UNAM y, después de ser agredido por porros en
febrero de 2013, fue expulsado por el Tribunal Universitario, que ni
siquiera lo llamó ni le concedió el derecho a ser escuchado.
Los cargos que actualmente enfrenta se basan en los dichos de dos
policías que, no obstante, admitieron no haberlo visto causar destrozos y
que lo detuvieron porque lo señalaron “unos pasajeros”. Esos
transeúntes no fueron identificados ni llamados a declarar. No hay
denuncia por daños en propiedad privada ni por lesiones, e inclusive un
peritaje de la procuraduría capitalina demostró que no existían los
daños ni se perpetraron las detonaciones que se le achacan.
El 2 de octubre, el exalumno del CCH Naucalpan viajaba en un autobús
de transporte público que fue abordado por agentes ministeriales. Esos
uniformados detuvieron a González, a César Uriel Cruz, Irene Pérez
Villegas, Astlali Cabrera, Cristian Cardona, Carlos Berquin, Guillermo
Mejía, José Luis Ramírez y Leonel Aguilar.
Todos fueron consignados y encerrados en el Reclusorio Oriente. Se
les concedió enfrentar el juicio en libertad, con la excepción de Jorge
Mario, porque la juez Marcela Ángeles Arrieta lo calificó como un
individuo de “peligrosidad social” debido a su asiduidad a las
protestas.
A partir de ese día y por casi dos meses, el varón de 23 años realizó
una huelga de hambre durante la cual fue objeto de tratos crueles,
inhumanos y degradantes, lo mismo que en su recuperación, según sus
abogados y Jorge Martínez Valero, enfermero del reclusorio de Tepepan.
La magistrada Celia Marín Sasaki ratificó la sentencia de Jorge Mario
González, pero fue ella quien lo sentenció a prisión, cuando aún era
juez.
Ese hecho fue mencionado por el abogado Guillermo Naranjo, quien
encabeza la defensa de González y de Gabriela Hernández, conocida en
redes sociales como Luna Flores. Ella fue arrestada a finales de octubre
por supuestamente agredir a policías en la marcha conmemorativa de
Tlatelolco… a pesar de que existen videos donde se le observa sentada
(Proceso 1943).
A Hernández se le negó un amparo contra el auto de formal prisión, y
el pasado 1 de abril la juez Arrieta la sentenció a un año y tres meses
de prisión y a pagar una multa de 19 mil pesos por ultrajes a la
autoridad. Permanecerá en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, pues a
pesar de ser un delito leve, la juez Arrieta decidió que la muchacha
era de “peligrosidad social”.
Los argumentos para etiquetarla así fueron la frecuencia con que
asiste a marchas y la mención de una nota periodística que, sin fuente
identificable y rechazada por el gobierno capitalino, la ubica como una
de las anarquistas más peligrosas de México.
Para el abogado Naranjo y el catedrático José Enrique González Ruiz
–especialista en derechos humanos de la UACM y asesor de la causa de
Jorge Mario González–, el delito de ataques a la paz pública y la
calificación de peligrosidad social no son otra cosa más que la
reedición de la “disolución social”.
Consigna política
Criminalizados por diferentes medios de comunicación, agredidos y
perseguidos en diversas marchas, integrantes del Frente Oriente fueron
sentenciados a cuatro años y siete meses de prisión el pasado 28 de
febrero.
El Frente Oriente es una organización surgida del movimiento
#YoSoy132, posteriormente enfocada a los procesos asamblearios en
barrios del este de la Ciudad de México, señaladamente en Iztapalapa. En
los meses previos a la captura de sus dirigentes, ese grupo se había
opuesto a una reforma reglamentaria en la UNAM y al Plan Urbano que el
gobierno capitalino apuntala en la delegación, arguyendo que afectará a
diversas comunidades y barrios.
Sin pruebas, Freddy Rosete Arizpe, Diego Mora Cardoso, Carlos Vázquez
Martínez, Diego Jacob Lara, Carlos Esteban Jiménez Martínez y Luis
Barrera Fuente, la mayoría integrantes del Frente Oriente, fueron
sentenciados por los cargos de ataques a la paz pública, ultrajes a la
autoridad y daños a la propiedad con dolo.
Manuel Rangel Preciado, juez penal del Distrito Federal, desestimó
numerosas evidencias aportadas por los jóvenes, quienes el pasado 10 de
junio participaron y fueron detenidos en la marcha conmemorativa de la
masacre de estudiantes en 1971, conocida como El Halconazo.
En su edición 1922, Proceso dio a conocer el encausamiento que, entre
otras cosas, consiste en imputarles la breve retención de un
funcionario capitalino, Pedro Bello, a quien un grupo de jóvenes le
propinó unos manotazos. Bello había sido señalado como uno de los
responsables de las represiones emanadas del gobierno de la Ciudad de
México, consistentes en espionaje, registro fotográfico y marcaje
personal a manifestantes.
Los videos expuestos en el juicio demuestran que la mayoría de los
imputados no participó en la retención. El propio Bello admitió que no
todos se habían involucrado en las protestas.
Durante el litigio, la defensa demostró que no había denuncia ni
peritajes que acreditaran los daños en propiedad privada o mobiliario
urbano. Aun así, fueron sentenciados por los delitos que se han
convertido en el común denominador para encarcelar manifestantes:
ultrajes a la autoridad, daño en propiedad con dolo y ataques a la paz
pública en pandilla.
La sentencia dictada por el juez Manuel Rangel Preciado permite
conmutar la pena de cárcel por 45 días de trabajo comunitario o el pago
de 106 mil pesos, aunque los indiciados no se pueden salvar de la
suspensión de derechos políticos por un año.
A pesar de tratarse de una sentencia leve, el pasado 28 de marzo los
activistas presentaron una apelación. En entrevista el pasado 2 de
abril, Luis Barrera y Carlos Esteban Jiménez expusieron que no aceptarán
la conmutación, la multa y mucho menos la suspensión de sus derechos
políticos por dos motivos: primero porque son inocentes y no hubo
pruebas para condenarlos; luego, porque implicaría admitir que la
protesta social pueda ser objeto de pesquisas judiciales.
En el otro extremo se ubica Jesse Alejandro Montaño Sánchez, conocido
en las redes sociales con el apelativo de Jamspa, popular desde 2012
por encaramarse a la Estela de Luz en diferentes manifestaciones.
El 21 de febrero, Jamspa fue sentenciado a 10 años y ocho meses de
prisión, sin posibilidad de permutar la pena. Se le acusa de “portación
de objetos aptos para agredir” en las protestas del 1 de septiembre de
2013 contra el primer informe de Enrique Peña Nieto. Según el Ministerio
Público, el joven llevaba una bomba molotov, aunque lo que se ve en los
videos es un megáfono.
Tres días después de la sentencia, Jamspa fue detenido porque, una
vez más, se trepó a la Estela de Luz durante una manifestación el 24 de
febrero, que exigía la libertad de los presos políticos. Desde lo alto
del monumento, Montaño lanzó cartulinas en las que se leía: “Mancera
represor” y “Protestar es un derecho”.
/ 11 de abril de 2014)
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