MÉXICO,
D.F. (apro).- El presidente de la Confederación Patronal de la
República Mexicana (Coparmex), Juan Pablo Castañón, señaló que el costo
estimado del crimen en el país alcanza 215 mil millones de pesos, cifra
que representa 1.34% del Producto Interno Bruto (PIB).
Durante una reunión con el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestros, Renato Sales, el líder patronal prendió las luces de alerta ante la violencia que azota al país.
“Se trata de dinero y recursos que dejan de invertirse en la economía, que desplazan inversión productiva y que sin duda limitan nuestra capacidad para desarrollarnos”.
Añadió:
“El tema es tan sensible que no podemos hablar sólo de recursos e inversiones, ni siquiera de eventuales daños a las empresas, sino del sufrimiento de muchas familias y personas. Sin seguridad no hay desarrollo”, subrayó en el hotel Hotel Hyatt Regency de esta ciudad.
Asimismo, recordó que en los últimos tres meses la mayoría de especialistas del sector privado consultados por el Banco de México consideraron a la inseguridad como el principal obstáculo del crecimiento de la economía en los próximos meses.
“La economía de muchas regiones está afectada, no sólo por las consecuencias de los delitos mismos, sino por los gastos de prevención que tienen que realizar empresas y ciudadanos”, sostuvo.
Pero no sólo los economistas tienen esa percepción sobre la violencia en el país. Prácticamente siete de cada 10 mexicanos considera que vivir en su ciudad es “inseguro”, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Precisó que en el primer trimestre del año 65% de la población manifestó haber modificado sus hábitos por temor a sufrir algún delito, por lo que ahora evita portar objetos de valor, en tanto que 50.8% cambió su rutina de caminar por los alrededores de su vivienda después de las ocho de la noche.
Pero más allá de la percepción de los mexicanos, la Coparmex señaló que los altos índices de violencia pueden afectar en las llamadas “reformas estructurales”, que apuntalarían el crecimiento económico del país.
Juan Pablo Castañón fue al grano: “El efecto positivo de las reformas energética, financiera, de telecomunicaciones o incluso de la político-electoral, podría diluirse si no somos capaces de lograr la plena recuperación y restauración del estado de derecho, ahí en las regiones donde hace falta”.
Y confió en que a la brevedad opere de manera plena la plataforma tecnológica del sistema único de información criminal, a fin de lograr una mayor efectividad de las acciones de prevención, investigación y erradicación del secuestro.
Por lo pronto, el organismo patronal colabora con las autoridades mediante la creación de observatorios ciudadanos del delito, que “pueden ayudar a dar seguimiento a los delitos de alto impacto, basados en el sistema nacional de información, a fin de medir la incidencia delictiva por regiones en todo el país”, dijo Castañón.
Dichos observatorios, apuntó, tienen la función de hacer diagnósticos y evaluaciones objetivas de los resultados y la eficacia de las estrategias y acciones gubernamentales; ubicar patrones de la delincuencia y detectar zonas con mayor incidencia; valorar si las estrategias de combate a la delincuencia van por buen camino, y corregir donde sea necesario.
(RIODOCE/
Durante una reunión con el titular de la Coordinación Nacional Antisecuestros, Renato Sales, el líder patronal prendió las luces de alerta ante la violencia que azota al país.
“Se trata de dinero y recursos que dejan de invertirse en la economía, que desplazan inversión productiva y que sin duda limitan nuestra capacidad para desarrollarnos”.
Añadió:
“El tema es tan sensible que no podemos hablar sólo de recursos e inversiones, ni siquiera de eventuales daños a las empresas, sino del sufrimiento de muchas familias y personas. Sin seguridad no hay desarrollo”, subrayó en el hotel Hotel Hyatt Regency de esta ciudad.
Asimismo, recordó que en los últimos tres meses la mayoría de especialistas del sector privado consultados por el Banco de México consideraron a la inseguridad como el principal obstáculo del crecimiento de la economía en los próximos meses.
“La economía de muchas regiones está afectada, no sólo por las consecuencias de los delitos mismos, sino por los gastos de prevención que tienen que realizar empresas y ciudadanos”, sostuvo.
Pero no sólo los economistas tienen esa percepción sobre la violencia en el país. Prácticamente siete de cada 10 mexicanos considera que vivir en su ciudad es “inseguro”, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Precisó que en el primer trimestre del año 65% de la población manifestó haber modificado sus hábitos por temor a sufrir algún delito, por lo que ahora evita portar objetos de valor, en tanto que 50.8% cambió su rutina de caminar por los alrededores de su vivienda después de las ocho de la noche.
Pero más allá de la percepción de los mexicanos, la Coparmex señaló que los altos índices de violencia pueden afectar en las llamadas “reformas estructurales”, que apuntalarían el crecimiento económico del país.
Juan Pablo Castañón fue al grano: “El efecto positivo de las reformas energética, financiera, de telecomunicaciones o incluso de la político-electoral, podría diluirse si no somos capaces de lograr la plena recuperación y restauración del estado de derecho, ahí en las regiones donde hace falta”.
Y confió en que a la brevedad opere de manera plena la plataforma tecnológica del sistema único de información criminal, a fin de lograr una mayor efectividad de las acciones de prevención, investigación y erradicación del secuestro.
Por lo pronto, el organismo patronal colabora con las autoridades mediante la creación de observatorios ciudadanos del delito, que “pueden ayudar a dar seguimiento a los delitos de alto impacto, basados en el sistema nacional de información, a fin de medir la incidencia delictiva por regiones en todo el país”, dijo Castañón.
Dichos observatorios, apuntó, tienen la función de hacer diagnósticos y evaluaciones objetivas de los resultados y la eficacia de las estrategias y acciones gubernamentales; ubicar patrones de la delincuencia y detectar zonas con mayor incidencia; valorar si las estrategias de combate a la delincuencia van por buen camino, y corregir donde sea necesario.
(RIODOCE/
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