Juez ordena millonario embargo a exfuncionarios
Por más de 2.000 millones de dólares a nueve ex
funcionarios del gobierno acusados de actos de corrupción para
beneficiar a una empresa extranjera.
SAN SALVADOR, El Salvador.— Un
juez de los tribunales de El Salvador ordenó el viernes hacer efectivo
el embargo por más de 2.000 millones de dólares a nueve ex funcionarios
del gobierno acusados de actos de corrupción para beneficiar a una
empresa extranjera.
El juez Séptimo de Instrucción, Miguel García Argullo, también
ordenó embargar bienes de las sociedades Enel Green Power S.p.A. y Enel
Green Power El Salvador S.A de C.V.
El Tribunal notificó la orden al Centro Nacional de Registros de la Propiedad, al Registro Público de Vehículos Automotores y a la Superintendencia de Valores por si tienen títulos valores a su nombre, y a los diversos bancos del sistema financiero nacional para que congelen los bienes y cuentas de los procesados.
Se ordenó además el rastreo de cuentas bancarias internacionales a fin que se puedan congelar.
La Fiscalía General de la República pidió el embargo por más de 2.000 millones de dólares para nueve exfuncionarios de gobierno y las dos sociedades acusados de actos de corrupción para beneficiar a una empresa extranjera para la explotación geotérmica en El Salvador.
De los más de 2.000 millones de dólares, se giró instrucciones para hacer efectivo el embargo hasta por 37,9 millones de dólares a Guillermo Sol Bang, expresidente de la estatal Comisión Ejecutiva del Río Lempa —encargada de los recursos hidroeléctricos del país_, acusado de peculado en las negociaciones y suscripción de contratos con la empresa italiana Enel Green Power.
Al exministro de Economía Miguel Lacayo se le hará un embargo por la misma cantidad, se informó.
Lacayo, que fue ministro de Economía en el gobierno del presidente Francisco Flores (1999-2004), está acusado de instigación al peculado.
También se harán embargos por 948,3 millones de dólares a cada una de las sociedades Enel Green Power S.p.A. y Enel Green Power El Salvador S.A de C.V.
A Jorge José Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Thomas Roy Hawk Baker les impondrán un embargo de 15,1 millones de dólares.
A los imputados José Ricardo Palomo Déneke y José Vicente Machado Calderón se les impondrá un embargo de 8,4 millones de dólares.
Según la fiscalía, en las negociaciones con la empresa italiana hubo un perjuicio económico para el Estado de casi 2.000 millones de dólares.
Durante la administración de Flores en 2002, Enel suscribió un contrato con la CEL que le permitía obtener una mayor participación accionaria en LaGeo, una subsidiaria de la Comisión, a medida que inyectara inversión al país.
El contrato establece que la empresa extranjera tiene derecho a que sus inversiones se conviertan en acciones, lo que deja abiertas las puertas para que Enel se transforme en socio mayoritario de LaGeo.
El gobierno salvadoreño se opuso a las pretensiones de Enel alegando que de esa manera los italianos tendrían el control de la producción geotérmica.
Con los 120 millones de dólares que pretendía invertir, Enel tomaría el control de LaGeo, que en 2012 obtuvo ganancias por 140 millones de dólares.
Enel ha demandado al gobierno salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, instancia del Banco Mundial, para que se cumpla el contrato que la fiscalía salvadoreña investiga.
El Tribunal notificó la orden al Centro Nacional de Registros de la Propiedad, al Registro Público de Vehículos Automotores y a la Superintendencia de Valores por si tienen títulos valores a su nombre, y a los diversos bancos del sistema financiero nacional para que congelen los bienes y cuentas de los procesados.
Se ordenó además el rastreo de cuentas bancarias internacionales a fin que se puedan congelar.
La Fiscalía General de la República pidió el embargo por más de 2.000 millones de dólares para nueve exfuncionarios de gobierno y las dos sociedades acusados de actos de corrupción para beneficiar a una empresa extranjera para la explotación geotérmica en El Salvador.
De los más de 2.000 millones de dólares, se giró instrucciones para hacer efectivo el embargo hasta por 37,9 millones de dólares a Guillermo Sol Bang, expresidente de la estatal Comisión Ejecutiva del Río Lempa —encargada de los recursos hidroeléctricos del país_, acusado de peculado en las negociaciones y suscripción de contratos con la empresa italiana Enel Green Power.
Al exministro de Economía Miguel Lacayo se le hará un embargo por la misma cantidad, se informó.
Lacayo, que fue ministro de Economía en el gobierno del presidente Francisco Flores (1999-2004), está acusado de instigación al peculado.
También se harán embargos por 948,3 millones de dólares a cada una de las sociedades Enel Green Power S.p.A. y Enel Green Power El Salvador S.A de C.V.
A Jorge José Simán Zablah, Pedro José Escalón Pacas, Julio Alberto Olano Noyola, Carlos Jacinto Chavarría Aguilar y Thomas Roy Hawk Baker les impondrán un embargo de 15,1 millones de dólares.
A los imputados José Ricardo Palomo Déneke y José Vicente Machado Calderón se les impondrá un embargo de 8,4 millones de dólares.
Según la fiscalía, en las negociaciones con la empresa italiana hubo un perjuicio económico para el Estado de casi 2.000 millones de dólares.
Durante la administración de Flores en 2002, Enel suscribió un contrato con la CEL que le permitía obtener una mayor participación accionaria en LaGeo, una subsidiaria de la Comisión, a medida que inyectara inversión al país.
El contrato establece que la empresa extranjera tiene derecho a que sus inversiones se conviertan en acciones, lo que deja abiertas las puertas para que Enel se transforme en socio mayoritario de LaGeo.
El gobierno salvadoreño se opuso a las pretensiones de Enel alegando que de esa manera los italianos tendrían el control de la producción geotérmica.
Con los 120 millones de dólares que pretendía invertir, Enel tomaría el control de LaGeo, que en 2012 obtuvo ganancias por 140 millones de dólares.
Enel ha demandado al gobierno salvadoreño ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a las Inversiones, instancia del Banco Mundial, para que se cumpla el contrato que la fiscalía salvadoreña investiga.
(EL MEXICANO/ AP/ viernes, 11 de abril de 2014 05:46 p. m.)
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